Cada vez somos
más los que comprendemos la importancia y urgencia de hacer cumplir
el artículo 41 de la Constitución: todos los habitantes gozan del
derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones
futuras.
Una prueba de
ello es lo ocurrido recientemente en Río Negro. En mayo su
gobernador anunció desde China la construcción de una planta
nuclear en su provincia, al tiempo que el presidente ratificaba una
serie de inversiones del gigante asiático acordadas por la gestión
anterior. Lo que no se imaginaba Weretilneck es que a los tres meses
iba a verse obligado a desistir del proyecto.
Apenas llegada la
noticia, la unión de asambleas patagónicas empezó una campaña de
oposición a la instalación de la central en la región. A su vez,
el párroco de la catedral de Viedma, a partir de la preocupación
que le expresaban los vecinos, abrió las puertas de su iglesia para
la reunión inaugural de la Asamblea No Nuclear, a la que asistieron
cientos de personas.
Mientras el
Ejecutivo provincial descalificaba duramente a los primeros en
reaccionar, el rechazo crecía exponencialmente. A los pocos días ya
se habían juntado miles de firmas. El reclamo tuvo su auge el 9 de
agosto con marchas multitudinarias en varias ciudades. El principio
del fin de la planta estuvo marcado por las PASO: los candidatos del
oficialismo salieron terceros, con el 18 % de los votos. A las dos
semanas, el gobernador sorprendió con un mensaje en el que
comunicaba su decisión indeclinable de no autorizar la central en su
jurisdicción. Luego envió a la Legislatura un proyecto de ley,
aprobado en cuestión de horas, cuyo artículo 1 explicita la
prohibición de plantas nucleares en la provincia. O sea, el pueblo
rionegrino le torció el brazo al gobierno provincial, nacional y
chino.
Quedó comprobado
otra vez que la voluntad popular es más potente que cualquier poder
político y económico, por más corruptos e inescrupulosos que éstos
fuesen.
Es de esperar que
este compromiso ciudadano se vuelva contagioso y que desde cada
rincón del país nos plantemos en contra de las plantas con un
rotundo: "En la Argentina no", de manera que las
autoridades se sientan forzadas a rescindir los contratos de las dos
centrales nucleares con los chinos, se dispongan a desmantelar las de
Atucha I y II, y la de Embalse, y que, en cambio, se aboquen a
maximizar la generación de energía renovable para superar el 20 % en
2025 (el mínimo establecido por ley para ese año).
Esto sólo
sucederá si la mayoría nos involucramos e informamos sobre el tema.
Podemos buscar en Internet el libro Energía nuclear: una historia de engaños, ocultamiento y abandono (de la ONG Bios), o una conferencia
de Pablo Lada (del MACH) para interiorizarnos sobre los efectos
devastadores de las nucleoeléctricas (los nefastos impactos de la
minería del uranio y los peligrosos residuos radiactivos que
persisten por miles de años) así como otros riesgos (accidentes o
atentados). También nos enteraremos de lo cara que es esta energía
y que dista mucho de ser "pacífica" (así se la
promociona), ya que sus materiales fisibles (uranio y plutonio) son
los requeridos para fabricar armas nucleares.
Ojalá haya
llegado la hora de que nuestra participación activa se convierta en
la solución de los demás conflictos socioambientales que siguen
agravándose.
Fuente:
Pedro Moreno, Contra las centrales nucleares, 27/09/17, La Nación. Consultado 02/10/17.
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