¿Planificamos o cortamos las calles?

por María Luz Cammisa

Tres años después de la sanción de la ley número 10.208 de política ambiental de Córdoba, una norma que contempla la participación ciudadana en la planificación del territorio, en la evaluación de los proyectos para el desarrollo sustentable y el derecho a la información ambiental, los conflictos se incrementan día a día.

Aprobada en 2014 con el mayor consenso político y social, la ley intentaba dar respuesta a los conflictos sociales que generó la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de Monsanto en Malvinas Argentinas y la falta de control en las actividades de fumigación de campos cercanos a barrio Ituzaingó. Pero no alcanzó para evitar que vecinos en las calles reclamaran ser escuchados antes de que llegaran las topadoras, como sucedió con los proyectos del Distrito de las Artes en el ex Batallón N° 141, las plantas de enterramiento de residuos sólidos urbanos de Villa Carlos Paz y Cormecor SA, el dique en el arroyo Carapé, etcétera.

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático es la autoridad de aplicación, pero desvirtúa la ley cuando la emplea de forma parcial, cuando no promueve la participación en las audiencias públicas, cuando sus funcionarios dificultan el acceso a los expedientes y, más aún, cuando dicta una resolución como la 077/16, que altera el proceso de evaluación ambiental y coloca a los ciudadanos en el rol de técnicos que aporten argumentos a los miembros de la Comisión Técnica Interdisciplinaria, eximiendo a las autoridades gubernamentales de dar razones de sus decisiones de cara a los cordobeses.

El Gobierno provincial omite con excusas técnicas presentar el EIA de obras públicas, como es el caso de la llamada reconversión de las rutas E-53 y E-66 en autovías. Nos impide conocer el valor de los árboles talados y omite el EIA del nuevo tramo de la avenida de Circunvalación, mientras arremete contra el bosquecito nativo que reclamaban cuidar quienes se preparan para ser nuestros guardaparques.

Hace algunos meses, el gobernador Juan Schiaretti anunció el Plan Director de Sierras Chicas, y los municipios del corredor elaboran sus proyectos de ordenamiento urbano en un esfuerzo de coordinación que podríamos celebrar sólo si las autoridades nos incluyen en el proceso y si se cumple con la presentación de todos los EIA según prescribe el artículo 15 de la ley.

En un marco democrático y de respeto a los derechos humanos, las normas que regulan el uso y ocupación del suelo en un espacio donde conviven sectores con intereses contrapuestos deben diseñarse a partir de la participación institucionalizada de todos los actores, bajo el arbitrio del Estado como garante de transparencia, legalidad y administración de los recursos para su implementación.

Si persiste la actitud de nuestros funcionarios de aplicar con parcialidad las normas, de convocar a la ciudadanía sólo para cumplir formalidades y de negarse a debatir con amplitud las obras que impactan en nuestra calidad de vida, a pesar de todas las bondades de la ley, seguiremos en la calle.

María Luz Cammisa es magíster en Formulación, Evaluación y Administración de Proyectos de Inversión (UNC)

Fuente:

María Luz Cammisa, ¿Planificamos o cortamos las calles?, 07/07/17, La Voz del Interior. Consultado 11/07/17.