El viaje del
presidente Mauricio Macri a China desconoce el costo ambiental y
social a mediano y largo plazo que tendrán las inversiones que busca
atraer para proyectos cuestionados como las mega represas Kirchner y
Cepernic sobre el río Santa Cruz.
por Andrés
Nápoli
El presidente
Mauricio Macri está en China procurando afianzar las relaciones, y
concretar las ansiadas inversiones. Un viaje que desconoce el costo
ambiental y social que tendrán estos fondos a mediano y largo plazo.
Los miles de millones de dólares en importación tecnológica tienen
el fin de generar más energía de fuentes cuestionadas a nivel
mundial como la nuclear y la hidroeléctrica de grandes represas.
Ello traerá consecuencias en la agenda ambiental del país, e
importantes limitaciones al diseño de un desarrollo estratégico y
realmente sustentable de la matriz energética nacional.
En tal sentido,
el Presidente entregará a su par asiático el Estudio de Impacto
Ambiental que habilitaría la construcción de las mega represas
Kirchner y Cepernic sobre el río Santa Cruz. Un proyecto que hoy
está paralizado, por no cumplir con el procedimiento de Evaluación
de Impacto Ambiental establecido por las leyes.
Los estudios
desarrollados por las adjudicatarias de la obra y controlados por
Santa Cruz presentaron importantes falencias. Entre ellas, estudios
de impacto deficientes, imposibilidad de acceder a la información
sobre nuevos estudios y alternativas propuestas, y ausencia de
instancias de participación ciudadana. Ello llevó, en diciembre de
2016, a que la Corte Suprema de Justicia emitiera una medida cautelar
por la cual suspendió la construcción de las represas hasta tanto
no se cumpla con el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental
y se realice la audiencia pública en el ámbito del Congreso de la
Nación.
La historia de
construcción de estas represas no es reciente. Comenzó en los 50,
pero nunca fue considerada viable. A partir de 2007, inició un
oscuro proceso licitatorio que, cinco años más tarde, adjudicó su
construcción a Electroingeniería, Hidrocuyo y Gezhouba, atado a un
gravoso esquema de financiamiento por parte del Gobierno chino. Este
se inclina fuertemente a favor de los acreedores, imponiendo cargas
financieras enormes al Gobierno argentino si los proyectos se
modifican o cancelan.
Ahora bien, los
aspectos que, en el pasado, impidieron la consideración de este
proyecto como viable siguen vigentes. Por un lado, por su elevado
costo de construcción y la necesidad de hacer importantes
inversiones en obras de infraestructura conexa. Asimismo, el bajo
nivel de prioridad que estas ocupan dentro del menú de las fuentes
de hidrogenaría disponibles, que las sitúan 11° y 21° entre 30
emprendimientos.
Por otro lado, el
elevado impacto ambiental que su construcción y puesta en
funcionamiento generarán sobre toda la cuenca del río Santa Cruz,
que encierra, entre otros aspectos, un frágil ecosistema en el que
convergen el Glaciar Perito Moreno, espacios naturales que albergan
más de 170 sitios arqueológicos y una serie de delicados hábitats
donde anidan algunas de las aves endémicas más emblemáticas de la
Patagonia como el Maca Tobiano.
Pese a las
falencias que el caso presenta y a la luz de la decisión adoptada
por la Corte, el Gobierno dispuso la renegociación del contrato con
las adjudicatarias, readecuando el proyecto con el fin de restarle
potencia (1.740 MW a 1.290 MW) y reducir tres turbinas de producción.
Así, sostienen, se minimizarían los impactos ambientales. Sin
embargo, no se han dado a conocer aún los fundamentos técnicos que
avalan lo expuesto anteriormente, ni cuáles son las medidas que se
implementarán para evitar las nefastas consecuencias ambientales.
No se trata de
emprolijar el proyecto o sus efectos mediante adaptaciones técnicas,
sino de abrir un proceso transparente, participativo e informado
donde se estudie de manera genuina y sin condicionamientos externos
la viabilidad energética, económica, ambiental y social del
proyecto, y las alternativas existentes.
Si el Gobierno
busca diversificar la matriz energética de forma seria y
sustentable, debe promover la federalización de las renovables, que
motivará la creación de empleo y generará mejor energía
(acompañada por un programa de eficiencia) con la misma inversión
($ 4.714 millones). La producción de energía es un bien necesario e
imprescindible para el desarrollo de las sociedades, pero no puede
realizarse a cualquier costo.
Fuentes:
Andrés Nápoli, No se puede generar energía a cualquier costo, 17/05/17, El Cronista. Consultado 20/05/17.
No hay comentarios:
Publicar un comentario