El ministro de Agua y Ambiente, Fabián López, presentó ante las comisiones legislativas el proyecto del Ejecutivo. Críticas opositoras.
La nueva Ley de Ambiente de la Provincia enviada por el Poder Ejecutivo a la Provincia contempla instrumentos de participación ciudadana previos a la instalación de emprendimientos que puedan afectar el medio ambiente, pero estos mecanismos no tendrán carácter vinculante.
Así lo confirmó ayer el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia, Fabián López, al presentar al proyecto de Ley Nº 13428/E/14 a los legisladores de las comisiones de Asuntos Ecológicos, Asuntos Institucionales y de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables. Los mecanismos de consulta previstos son la Audiencia Pública o la consulta popular, esta última según lo que contemple la carta orgánica del municipio donde se produzca el hecho a consultar.
López ratificó lo anunciado por José Manuel de la Sota en la inauguración d las sesiones ordinarias, el 1 de febrero pasado, y explicó que la reglamentación de la ley establecerá qué actividades ameriten la consulta a los vecinos, y el mecanismo para estos casos. Es decir, no todas las iniciativas serán sometidas a audiencias de vecinos, sino que eso sería decidido por la autoridad de aplicación de la ley.
La iniciativa, parida a la luz del extenso conflicto suscitado a raíz de la llegada de Monsanto a la provincia de Córdoba, complementará los presupuestos mínimos de la Ley General del Ambiente N° 25.675. El proyecto, cuyo tratamiento comenzó ayer, aspira a “actualizar y modernizar la legislación de la Provincia de Córdoba complementando la ley de presupuestos mínimos nacionales”, dijo el ministro, quien estuvo acompañado por el secretario de Ambiente, Germán Pratto.
Según explicó López, uno de los elementos más importantes del proyecto es el proceso de ordenamiento territorial ambiental de la Provincia, que servirá de marco al desarrollo de otras herramientas ambientales.
Con respecto a los mecanismos de consulta ciudadana, Lopez indicó que “que la evaluación del impacto ambiental propiamente dicha no es solamente la evaluación del impacto sobre el ambiente de determinadas acciones del hombre, sino también la evaluación de la conciencia social y de la obtención de la licencia social que deben tener determinadas actividades, proyectos o impactos que se generan sobre el ambiente”.
Por otra parte, el proyecto contempla el concepto de “evaluación ambiental estratégica”. “Lo que se pretende hacer es que, precisamente, en el momento en que se presenta un estudio de impacto ambiental determinado, también se presente un plan de gestión ambiental que vaya determinando las distintas medidas que se vayan a ir tomando a lo largo del tiempo”, señaló.
Críticas de la oposición
El legislador del Frente Cívico, Santiago Clavijo, reclamó al Gobierno que aclare “por qué autorizó la instalación de Monsanto en una zona en que el Código de uso del suelo es para actividades agropecuarias no contaminantes”, y “por qué se autorizó un emprendimiento inmobiliario en la zona de Candonga, en donde la Ley de Bosques, determina que es “zona roja” de protección ambiental”. Tras el comienzo del debate en comisión de la nueva Ley de Ambiente, el legislador juecista sostuvo que “sigue sin quedar claro” la cuestión del estudio de impacto ambiental y de la participación ciudadana. “La participación ciudadana no puede quedar librada a la autoridad de aplicación porque estamos hablando de reconocer un derecho en la ley; si está sujeto a la interpretación de un funcionario no estamos reconociendo un derecho”, resaltó.
Fuente:
Ambiente: audiencias públicas y consultas populares por iniciativas no serán vinculantes, 12/03/14, La Mañana de Córdoba. Consultado 12/03/14.
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