Ayer se realizó la presentación penal en la Unidad Judicial Nº
4. El fiscal deberá establecer si la planta productora de bioetanol incurrió en
delito de contaminación ambiental y, en el pedido de trasladar la empresa lejos
de barrio San Antonio.
Vecinos Unidos en Defensa del Ambiente Seguro (Vudas) de
Barrio San Antonio, en la ciudad de Córdoba, denunciaron penalmente por
contaminación ambiental a la empresa productora de bioetanol perteneciente a la
firma Porta Hnos SA.
Los firmantes de la denuncia penal son patrocinados por el abogado Darío Ávila, quien señaló que la presentación se realizó ayer antela Unidad Judicial
Nº 4, y que es posible que la misma recaiga en la fiscalía de José Mana.
Los firmantes de la denuncia penal son patrocinados por el abogado Darío Ávila, quien señaló que la presentación se realizó ayer ante
En diálogo con La Mañana , Ávila dejó entrever que los vecinos podrían
constituirse en querellantes particulares, en caso de que el fiscal
interviniente entienda que hubo delito y dé curso a la denuncia. En ese caso,
el abogado querellante de los vecinos sería Antonio Martínez, el mismo abogado
del juicio contra los productores agropecuarios por la contaminación de barrio
Ituzaingó Anexo.
Ávila expresó que para la denuncia se tuvo en cuenta varios
informes. Por un lado, la información provista por la propia empresa que
requirió de una auditoría ambiental. En ella “se reconoce que durante el
proceso de fermentación, pueden producirse la liberación de componentes en el
ambiente (ácido acético, alcohol etílico) y también dióxido de carbono, que
compite con oxígeno. Eso puede explicar el dolor de cabeza que expresaron los vecinos
sentir en horarios nocturnos, levantándose exaltados”, explicó el letrado.
Asimismo, la ficha epidemiológica de esos componentes,
sumado a un relevamiento epidemiológico que los habitantes del barrio San
Antonio solicitaron a la “Red Universitaria de Ambiente y Salud / Médicos de
Pueblos Fumigados”, permitieron fundamentar la denuncia penal.
Según se precisó, “a partir de la puesta en funcionamiento
de la planta, en febrero de 2012, los vecinos comenzaron a experimentar
patologías de diversa índole y consideración (alergias, gastritis, irritación
en los ojos, tos, asma, dolor de cabeza, etcétera), situación que determinó a
formular las correspondientes denuncias y pedidos de informes en distintas
oficinas administrativas municipales y/o provinciales, sin que hasta la fecha
las mencionadas autoridades hubiesen adoptado ninguna medida eficaz en
resguardo y protección de su salud”.
Ante esa supuesta inacción denunciada por los vecinos, y
ante el incremento de las patologías, la “Red Universitaria de Ambiente y Salud
/ Médicos de Pueblos Fumigados” realizó un relevamiento sanitario y ambiental
en el barrio, que encaró un equipo de profesionales de la salud coordinados por
Medardo Ávila Vázquez.
Según el mismo, ”más de la mitad de las personas -el 53 %-
tiene estos problemas: conjuntivitis, ojos rojos, cefaleas, cuadros de
gastritis, dermatitis, y sobre todo problemas respiratorios”, indicó Medardo
Ávila Vázquez. En tanto, un 43 % de los vecinos padece de cefaléa crónica
-fuerte dolor de cabeza permanente- cuando la tasa de prevalencia que reconoce la Organización Mundial
de la Salud es
menor del 2 %, aseveró el especialista.
Es por esto que los vecinos promovieron una denuncia penal,
por entender que la actividad desplegada en la Planta “ha contaminado, de
un modo peligroso para su salud, el aire y el medio ambiente en general”,
amparándose en el artículo 55 de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, que tipifica
como delictivas aquellas actividades que puedan contaminar o poner en riesgo la
salud de los vecinos, según explicó el abogado patrocinante Darío Ávila.
Cese de los efectos del delito
La denuncia penal solicita además a la Justicia que disponga el
inmediato cese de los efectos del delito y ordene el traslado de la planta a un
lugar adecuado a sus fines, lejos de la zona residencial donde actualmente
desarrolla su actividad.
Si bien la presentación judicial tomó la forma de denuncia
penal y no de recurso de amparo, el pedido formulado tiende a que la decisión
del fiscal tenga quizás los efectos de una medida cautelar.
“En verdad, pensamos en un recurso de amparo. Pero tuvimos
en cuenta la resolución del Tribunal Superior de Justicia en la acción que se
realizó por la planta de Monsanto en Malvinas Argentinas, quitándole
legitimidad a los vecinos para accionar. Es por eso que preferimos presentar la
denuncia penal, basándonos en los pasos tomados con el caso de contaminación de
barrio Ituzaingó Anexo”, dijo Ávila.
En ese contexto, confirmó que los vecinos se constituirán en
querellantes particulares para colaborar en el proceso de instrucción la semana
próxima, y que Martínez será el abogado que los patrocine.
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