por Mauro Fernández
Argentina sufre una adicción alarmante. Desde hace 63 años,
el país invierte miles de millones de dólares en la industria nuclear. ¿El
resultado? Abastecer sólo el 4,7 % de la demanda eléctrica nacional -de acuerdo
a los datos de la compañía administradora del mercado eléctrico de 2012. A pesar de que los
millonarios aportes no han logrado encender demasiadas luces, la dirigencia
política está empecinada en seguir sacando dinero del bolsillo de los
ciudadanos para financiar esta energía cara, sucia y peligrosa -y que en
Argentina está 100 % subsidiada.
La semana pasada, el ministro de Planificación, Julio De
Vido, anunció que los argentinos pagaremos 42 mil millones de dólares para
fomentar una fuente de energía que pone en peligro nuestra estructura social,
nuestros territorios, e incluso nuestras vidas, como hemos visto luego de los
desastres nucleares de Chernobyl y Fukushima. Y lo peor es que nadie nos
preguntó si estamos de acuerdo. Una tecnología tan peligrosa no puede avanzar a
espaldas de la población.
A más de dos años del desastre nuclear de Fukushima, miles
de japoneses siguen sin poder regresar a sus hogares y la usina colapsada sigue
contaminando el agua del Océano Pacífico con sucesivas fugas de radiactividad.
Hoy, la tercera economía global avanza hacia una desnuclearización completa
para la década de 2030. Sin embargo, nuestro país niega las devastadoras
evidencias de esta tecnología y promete un crecimiento exponencial de su
capacidad atómica bajo el falso paradigma de “seguridad nuclear”.
Las autoridades a cargo de determinar las causas del
desastre nuclear concluyeron que lo que generó las condiciones para que
Fukushima ocurra fue la debilidad y la connivencia del regulador nuclear; el
rol del terremoto y el tsunami fue el de disparador. En Argentina la situación
no es muy distinta. La falta de transparencia de la Autoridad Regulatoria
Nuclear se evidencia, por ejemplo, cuando permite que se instale un nuevo
reactor en la Central
Nuclear Embalse, en Córdoba, sin llamar a audiencias públicas
ni exigir un estudio de impacto ambiental. Un accidente nuclear puede ocurrir
en Córdoba, donde pretende extenderse la vida útil de esta planta que no sería
aceptada en muchos países por sus similitudes con el reactor de Chernobyl.
Además, luego de Fukushima, la Agencia Internacional
de Energía Atómica convocó a todos sus Estados miembro -entre ellos Argentina- a solicitar auditorías por parte de sus pares para cotejar y mejorar las
medidas de seguridad nuclear. Aunque más de 40 países ya lo han hecho -incluso
países sin usinas atómicas operativas, como los Emiratos Árabes Unidos-,
Argentina todavía no solicitó esta revisión.
Los anuncios de De Vido no pueden pasar desapercibidos. En
Greenpeace somos conscientes que no hay energía nuclear segura, pero la mejor
forma para transitar el abandono de esta tecnología sin descuidar a la
población es cumpliendo los máximos estándares de seguridad, con transparencia
regulatoria y participación pública. Argentina no cumple ninguna de estas
condiciones.
Greenpeace propone una transición hacia fuentes de energía
renovables. Una opción más limpia, segura y actualmente más económica, como
hemos demostrado en nuestro escenario energético para el año 2050.
Mauro Fernández es integrante de la campaña de Clima y Energía de Greenpeace.
Fuente:
Mauro Fernández, Argentina y su debilidad nuclear, 07/07/13, Infobae. Consultado 07/07/13.
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