martes, 9 de abril de 2013

Forestaciones caídas en 2012 agregan riesgo de incendios

Preocupa el millón de árboles que los vientos derribaron en octubre y noviembre pasados, sobre todo en Calamuchita. Sólo la mitad de esa madera pudo ser extraída.

por Fernando Colautti

La estación seca se aproxima y, como cada año, obliga a repensar el modo de prevenir y controlar los incendios rurales, que sobre todo en las zonas foretadas serranas, generan serios daños ambientales, económicos e hídricos. De mayo a octubre, el menor régimen de lluvias y las heladas invernales que secan los pastizales generan una combinación de riesgo.

Para este año, se agrega una alarma adicional. En octubre y noviembre pasados, dos temporales dejaron por el suelo más de un millón de árboles en las sierras, sobre todo en forestaciones de pinos del valle de Calamuchita. Gran parte de esa madera, ya seca, sigue allí y representa un riesgo adicional de inicio y propagación de fuego.

Marcelo Zornada, jefe del Plan Provincial de Manejo del Fuego, admitió que ese punto será central en el diagnóstico “para la estrategia operacional” que se definirá en las próximas semanas “junto a los coordinadores regionales de bomberos voluntarios”. Según Zornada, a fines de abril se tendrá además un informe de perspectivas climáticas para el año.

De los últimos 20 años, 2012 fue el de menor superficie quemada en Córdoba, con 10.100 hectáreas. Las inusuales lluvias caídas en invierno y primavera explican ese resultado.

Desde la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba, su presidente Juan Carlos Saharrea apuntó que “2012 fue tranquilo en incendios forestales” pero que 2013 “puede ser de alto riesgo en las regiones donde cayeron muchos árboles meses atrás”.

Se rescató la mitad. Carlos Morales, integrante de la Cámara de la Madera de Córdoba y dueño de un aserradero en Villa General Belgrano, precisó que se extrajo, aproximadamente, la mitad de los pinos que cayeron el año pasado. “Lo que queda sin retirar ya está muy degradado. Pero fue buena la cantidad que se pudo utilizar; todos los aserraderos de la zona usaron estos meses esa madera”, resumió Morales. “Sin ninguna duda, la suciedad con que quedan los campos constituye focos de propagación de incendios y vamos a pasar unos meses con mucho temor”, añadió.

Según apuntó, el Ministerio de Agricultura está trabajando ahora en esa cuestión.

“Todavía se está extrayendo algo de madera caída, estimo que llegaremos al 50 o 60 % del total caído”, opinó a su vez el ingeniero agrónomo Fernando Martínez, asesor de varios campos forestados en Calamuchita. Martínez estimó que se podría haber sacado más, “pero no se dieron las condiciones”. Enumeró que las lluvias, los caminos en mal estado, la falta de ayuda estatal y la carencia de camiones influyeron en que la mitad de la madera caída quedara en los campos. También dijo que el retraimiento de la economía bajó el consumo de madera y la actividad de los aserradores este año.

“Si se producen incendios en los lugares donde se extrajo lo caído podrán ser controlables, pero si se propagan en los muchos sectores serranos donde no se sacó esa madera van a ser incontrolables e inaccesibles”, advirtió Martínez.

Unos 60 millones de pesos al año

Pagamos todos. El “impuesto al fuego”, que se abona con la factura de energía, recaudaría más de $ 60 millones anuales.

El reparto. El 10 % va a los 165 cuarteles de bomberos voluntarios: unos $ 3.300 por mes a cada uno (6 millones anuales). Otros 27 millones van a cuarteles para prevención y control de incendios rurales: son $ 20.600 por mes a 60 cuarteles de zonas de riesgo y 10.200 pesos a los otros 105. Con eso pagan una retribución mensual de $ 2.100 a unos 700 bomberos.

Obra social. Casi 2 millones por año se paga por la cobertura de la obra social Apross para los 5.500 bomberos voluntarios.

Resto. Los restantes 25 millones son destinados a gastos en incendios, vehículos, aviones, ­difusión, capacitación, etcétera.

Bomberos piden discutir el destino de fondos del Plan del Fuego

La Federación de Bomberos Voluntarios reclama más recursos del “impuesto al fuego” para reequipar los cuarteles.

El Plan Provincial de Manejo del Fuego se sostiene con el impuesto que desde 2005 pagan todos los cordobeses con la facturación de energía. Hoy, los usuarios residenciales abonan 5,25 pesos por mes, los comercios 6,20 y los grandes consumidores 220. Esos valores se mantienen desde 2011.

Juan Carlos Saharrea, presidente la Federación de Bomberos, graficó: “Recibimos los mismos recursos fijos que en los últimos años, pero los gastos de cada unidad crecieron notoriamente. Por ejemplo, 
un borceguí que costaba 280 pesos hace un año hoy sale más de 400, y así con todo”.

La federación viene insistiendo para que se cumpla la promesa del Gobierno provincial de transparentar los números del plan. “No sabemos cuánto exactamente recauda este impuesto. El valor no aumentó, pero sí la cantidad de usuarios aportantes. Nos dijeron que los bomberos participaríamos de la mesa de decisión para definir el destino de los fondos, pero eso no se concretó nunca”, marcó Saharrea.

El directivo admitió que desde que se creó el impuesto los bomberos se reequiparon, pero señaló que esperan participar en la discusión del gasto. Recordó que en 2011 se debería haber completado el aporte para que cada uno de los 165 cuarteles incorporara una autobomba. “Estamos en 2013 y faltan unos 25”, indicó. También precisó que esperan, desde hace más de un año, el inicio de un prometido recambio de camionetas. Con el plan, cada cuartel recibió una entre 2005 y 2011. “Pero las primeras están muy deterioradas y hace tiempo anunciaron iniciar un recambio que se demora”, dijo.

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Fuentes:
Fernando Colautti, Forestaciones caídas en 2012 agregan riesgo de incendios, 09/04/13, La Voz del Interior.

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