Más allá de la ley provincial, los municipios generan sus
ordenanzas que procuran ajustarse a la realidad de sus comunidades. Pero siguen
los reclamos por depósitos y comercios que funcionan en pleno centro.
por Patricia Rossia, Ignacio Castro y Héctor Amaya
Problemas de salud, alteraciones y malformaciones en
anfibios de lagunas de la zona y fuertes emanaciones vuelven a ser temas
recurrentes que siguen sumando al debate sobre los riesgos de los agrotóxicos,
aun de aquellos considerados de banda verde.
En Berrotarán, tras una protesta de vecinos, el gobierno
municipal emitió una resolución determinando una zona de resguardo ambiental
que procura evitar las fumigaciones a metros de viviendas. Así también lo hizo
General Cabrera adhiriendo a la ley provincial de Agroquímicos.
En tanto, en Ucacha, el biólogo Fernando Carezzano advirtió
sobre la existencia de ranas con distintas malformaciones, que serían causadas
por restos de agroquímicos que contaminan los espejos de agua de la región.
Aunque con mayor conciencia, el tema sobre el uso de estos
productos continúa generando polémica en los pueblos. La confrontación de
intereses en ocasiones pone freno a la aplicación de legislaciones u ordenanzas
que buscan evitar el uso de agrotóxicos en proximidades de las comunidades.
La mayoría de las poblaciones del sur cordobés es
agrodependiente y el límite entre campo y barriadas sólo lo demarcan las
calles, de allí los constantes reclamos por contaminaciones. Asimismo, los
depósitos y comercios que trabajan con estos productos en su mayoría se
encuentran dentro de las calles centrales de cada comunidad, así como también
la circulación de aplicadores o camionetas transportando bidones amplían el
debate.
Mientras la ley provincial de Agroquímicos (Nº 9164) da un
marco regulatorio al tema, a cada municipio le queda la responsabilidad de
adecuarla a la realidad de sus comunidades. En ese camino son varias las
poblaciones que han promulgado ordenanzas complementarias, y otras están en
vías de hacerlo, pero siempre intentando encontrar el equilibrio entre la
necesidad de cuidar el medio ambiente y la salud y la economía de las
comunidades, que es netamente agrodependiente.
Huinca Renancó, el modelo
Huinca Renancó es precursora en cuanto al control sobre el
uso de agroquímicos; sin embargo, la gestación y la posterior aprobación de la
ordenanza llevó un largo período de unos cinco años.
La misma surgió ante una cierta necesidad de aportar más
control sobre el uso de pesticidas en la ciudad y sus inmediaciones. Para esto,
la entonces directora de Ambiente en el año 2006 comenzó a trabajar en un
proyecto que ampliara la ley provincial Nº 9164 en aspectos débiles, en los que
se hacía necesario reforzar la normativa.
Otro de los temas a resolver fue la existencia de unos siete
depósitos de agrotóxicos dentro del radio urbano y la circulación de máquinas
aplicadoras en la ciudad.
De esta forma, a fines del año 2011 se aprobó por unanimidad
la ordenanza local 1221/11 “Control sobre depósitos, almacenamiento,
comercialización y aplicación de productos químicos o biológicos de uso
agropecuario en el radio urbano y zona de resguardo ambiental”.
A partir de ese momento, Huinca Renancó se convirtió en la
decimosegunda localidad de la provincia en contar con una ordenanza local que
regule el tema de agroquímicos, con la creación de una zona de resguardo
ambiental de unos 250
metros más allá de los límites del radio urbano con el
fin de resguardar la salud de los vecinos ante las fumigaciones periurbanas;
además, se puso un plazo (sobre el cual quedan seis meses) para que los
depósitos de agroquímicos se retiren de la ciudad y se prohibió la circulación
de máquinas aplicadoras por el radio urbano.
Desde su reglamentación, la ordenanza tiene cierta
resistencia principalmente desde sectores relacionados con la comercialización
y la utilización de productos químicos de uso agropecuario que reclaman en
primer lugar sobre la salida de la localidad en cuanto a los depósitos por los
inconvenientes económicos que esto generaría, pero también cuestionan los otros
dos puntos de control y el ingreso de maquinarias.
El control de la normativa es principalmente ejercido por
los vecinos, que con sus testimonios e incluso documentos fotográficos alertan
sobre el incumplimiento de los artículos de la ordenanza y hoy, sin dudas, son
los actores principales que inciden para que esta normativa sea respetada en
bien de la salud y el medio ambiente.
En Berrotarán, tras el reclamo de vecinos de un barrio y la
elevación de un petitorio con más de un centenar de firmas, el Ejecutivo
municipal promulgó la última semana una resolución que estableció una “zona de
resguardo ambiental” en un radio de 200 metros alrededor de la localidad, a partir
del límite de las plantas urbanas del municipio, donde no se autorizará y no será posible la
aplicación de ningún tipo de producto agroquímico de uso agrícola. Asimismo, a
través de la misma resolución, se creó también una Comisión mixta de
seguimiento y estudio en la aplicación de la ley provincial de Agroquímicos Nº
9164.
Sumadas las últimas incorporaciones, en todo el territorio
cordobés son una veintena las localidades que tienen ordenanzas propias.
Primeros pasos hacia la regulación
Del Campillo
Fue una de las primeras localidades que inició el proceso de
cuidados ambientales impidiendo el estacionamiento y/o tráfico de máquinas
pulverizadoras en el casco urbano.
Las Vertientes
Tanto el municipio como el Concejo Deliberante trabajaron
para la promulgación de una ordenanza que prohíba fumigar a no menos de 500 metros del casco
urbano. Asimismo, se acordó sancionar una ordenanza de adhesión a la ley 9164.
Adelia María
Las Acequias
En esta localidad se instalaron dos silos de malla tejida
para que los productores rurales arrojen allí sus envases sin contaminar
banquinas o cursos de agua.
Coronel Moldes
A mediados de este año, en el Concejo se comenzó a debatir
un proyecto para regular las fumigaciones y ubicación de depósitos. Pero
surgieron numerosos aspectos no contemplados que dieron lugar a reclamos de
vecinos.
Asimismo, hay un inconveniente difícil de salvar: la
ubicación del Aero Club (allí se cargan los aviones), que se encuentra a metros
del tanque de agua que distribuye el líquido a toda la comunidad y a unos 200 metros de dos
importantes barrios. Ante la necesidad de rever y hacer un análisis más
profundo de la situación, los ediles decidieron que el tema será retomado en el
2013.
Achiras
El Ejecutivo municipal promulgó una ordenanza con la cual
fija una zona de resguardo ambiental, prohibiendo la fumigación en toda la
cuenca de los arroyos que drenan agua hacia la presa Achiras, declarada reserva
hídrica y de flora y fauna. Los cursos de agua comprendidos dentro de la
legislación son los arroyos Los Coquitos y Achiras.
Los ambientes de lagunas y arroyos, en serio riesgo
Según el biólogo Carezzano hay malformaciones en ranas por
contaminación. A su vez, un trabajo de una investigadora de la UNRC asegura que el avance de
los ecoagrosistemas son letales para los anfibios.
Las leyes vigentes en torno al control de agroquímicos
muestran algunos flancos débiles, entre los cuales se encuentra la falta de
información respecto a la situación de las escuelas rurales -rodeadas de campos
cultivados-, las lagunas y los arroyos.
Sobre el primer punto, fueron docentes de colegios próximos
a Villa Huidobro quienes alzaron la voz de alerta. Es que las fumigaciones
aéreas, en determinadas épocas del año, exponen a los chicos a los agrotóxicos
que se esparcen, así como contaminan las fuentes de agua.
Respecto de la situación de arroyos y ríos, fue el biólogo
Fernando Carezzano quien advirtió sobre la existencia de ranas con malformaciones en lagunas próximas a
Ucacha. La investigación que viene realizando este investigador junto a otros profesionales
de la Universidad
de Córdoba abona la idea de que estas alteraciones son consecuencia de la
contaminación por agroquímicos.
En épocas de lluvia, por el propio desnivel de los terrenos,
o las mismas napas arrastran a los cursos de agua desechos de agroquímicos de
los campos; asimismo, aparecen bidones flotando en los espejos de agua.
Deterioro ambiental
Un estudio de la Universidad de Río Cuarto también revela el grado
de deterioro ambiental que hay en la región central de la provincia por el
avance de la agricultura y la ganadería.
La investigación la realizó la doctora Clarisa Bionda,
investigadora de la
Universidad de Río Cuarto y becaria de Conicet, y parte de
los resultados son expuestos en la página de web de la UNRC.
La misma demuestra que el avance de los “agroecosistemas”
produce efectos letales en especies de anfibios, lo cual refleja un grado de
deterioro ambiental importante en la región central de Córdoba. “A través de
este estudio buscamos evaluar de qué manera la acción del hombre afecta las
poblaciones de las ranas y los sapos”.
La bióloga manifestó que los agroecosistemas generan
ambientes inestables para los anfibios, ya que son lugares en donde se modifica
el paisaje producto de la actividad agrícola- ganadera y de las consecuencias
de la no rotación de cultivos. “Esto implica que año tras año existan cada vez
menos números de especies y en menor cantidad, es decir, se ve afectada su
demografía y habría que analizar si esto podría llevar a la extinción de las
especies”, dijo Bionda.
El estudio adquiere especial importancia puesto que los
anfibios son considerados bioindicadores, es decir, organismos que sirven para
evaluar variaciones en la calidad ambiental, ya que poseen características
morfofisiológicas particulares, y requerimientos de hábitats acuáticos y
terrestres en condiciones óptimas, siendo más susceptibles que otros
vertebrados ante un cambio producido en
su entorno (contaminación, cambios de temperatura, períodos de sequía,
sobrepastoreo, etcétera). Bionda dijo que los muestreos fueron realizados en
cuatro sitios ubicados en los alrededores de Río Cuarto.
En febrero comenzaría en Córdoba el segundo juicio por
fumigaciones
por Lucía Maina
Se trata de un hecho ocurrido en Colonia Tirolesa en un
sembradío de papa. Así lo informó Darío Ávila, querellante en la causa de
barrio Ituzaingó. En diálogo con El Puntal de Río Cuarto, el abogado analizó los cambios
provocados hasta ahora por el primer fallo que consideró como delito la
aplicación de agroquímicos.
El fallo judicial emitido por la Cámara Primera del
Crimen de la Ciudad
de Córdoba en agosto pasado, que condenó a un productor y un aplicador por
fumigaciones ilegales en barrio Ituzaingó Anexo, ha generado profundos cambios
y debates en torno de esta problemática. El abogado Darío Ávila, querellante de
la causa del barrio cordobés que se convirtió en histórica, analizó en diálogo
con El Puntal de Río Cuarto las repercusiones que esta sentencia ha tenido hasta ahora en la
provincia y señaló que en febrero comenzaría un segundo juicio por aplicación
de agroquímicos en la localidad de Colonia Tirolesa.
Durante su visita a Río Cuarto, en el marco de una jornada
organizada por la UNRC ,
Ávila destacó que el fallo de barrio Ituzaingó se ha transformado en una
importante herramienta para los vecinos que se ven afectados por las
fumigaciones, quienes a partir de ahora pueden acudir a la Justicia. Esto es
lo que ocurrió en Colonia Tirolesa, donde el productor Néstor Conci habría
aplicado un insecticida peligroso para la salud a sólo 20 metros de una zona
poblada y actualmente se encuentra imputado por el delito de contaminación
ambiental.
A este caso, que sería juzgado en febrero próximo, se suma
una nueva denuncia por una fumigación que se llevó a cabo en la localidad de
Villa Ciudad Parque. “Allí ya está interviniendo el fiscal de Río Tercero, el
doctor Carvallo, quien ha imputado al productor y lo ha hecho basándose en los
considerandos y fundamentos del fallo de Ituzaingó, es decir, aplicando la ley
nacional de Residuos Peligrosos”, precisó el abogado cordobés.
Una bisagra
- ¿Qué cambios observa a partir del juicio de Ituzaingó en
relación con la problemática de las fumigaciones y el derecho ambiental?,
consultó El Puntal de Río Cuarto al especialista.
- Evidentemente, el fallo de barrio Ituzaingó para quienes
venimos peleando con esta problemática ha significado un quiebre, una bisagra.
A partir de allí, el primer hecho significativo que ha generado, y que uno lo
ve en la práctica diaria, es la importancia de que un tribunal haya decidido que
las fumigaciones, cuando afectan la salud pública, constituyen un delito.
Eso es fundamental y les otorga a los vecinos una
herramienta muy eficaz para defender sus derechos porque con anterioridad a este hecho, ante una
agresión que podían padecer los vecinos con motivo de una fumigación, la
posibilidad que les quedaba era hacer una denuncia en el municipio, en la
policía o en el Ministerio de Agricultura, que es el órgano de aplicación de la
ley fitosanitaria.
Lamentablemente nunca se le ha dado respuesta a ese tipo de
reclamos, ahora, a partir de este fallo, se pueden obviar esas instancias, que
a mi criterio han sido absolutamente ineficaces para dar respuestas a los
problemas de la gente, y pueden acudir directamente a una instancia judicial y promover
una denuncia ante una fiscalía.
Asimismo, el querellante del juicio llevado adelante por las
Madres de barrio Ituzaingó destacó que la sentencia ha generado avances en
diversos municipios “a partir de la iniciativa que están tomando los propios vecinos,
como está ocurriendo ahora aquí en Río Cuarto”. En este sentido, señaló que en
el último tiempo grupos de ciudadanos de diversas localidades han presentado
proyectos de ordenanza para alejar las fumigaciones de zonas urbanas.
“El fallo ha sido un disparador porque evidentemente los
intendentes no quieren verse involucrados en cuanto al grado de responsabilidad
que ellos tienen como funcionarios públicos para preservar la salud de los
vecinos”, agregó.
Concientización
- ¿Cómo ve la situación actual del interior de Córdoba y de
Río Cuarto en cuanto a esta temática?
- La veo como una movida muy auspiciosa, porque el fallo ha
trascendido el barrio Ituzaingó, que a partir de esto hemos logrado visibilizar
un problema que durante mucho tiempo se trató de ocultar y que la ciudadanía ha
tomado mucha conciencia y esa es nuestra mayor fortaleza. Cuando el ciudadano
reconoce que tiene derechos, que tiene que reclamar por ellos y en la medida
que reclama obtiene resultados, como en el caso de Ituzaingó, eso es muy
alentador porque evidentemente es lo que nos va a permitir seguir llevando
adelante la necesidad de rediscutir el modelo y las normas.
Al referirse a Río Cuarto, Ávila valoró el modo en que la UNRC está abordando este
problema: “Es muy saludable que las instituciones públicas, y principalmente
las universidades, no solamente se manifiesten con la problemática, sino
también que fijen posición política porque discutir el modelo es discutir todas
estas cuestiones”, dijo el abogado.
En el mismo sentido, destacó la labor que vienen realizando
los vecinos que integran la
Asamblea por un Río Cuarto Sin Agrotóxicos en relación con la
concientización y la visibilización de esta problemática.
Por otro lado, Ávila cuestionó la ley de Agroquímicos
vigente en Córdoba, así como las normas equivalentes en otras provincias del
país: “Todas mantienen una matriz muy similar, que es permitir la utilización de
estos productos clasificados como grado 3 y 4 que son los de menos toxicidad en
cercanías de la población. Lo que nosotros hemos demostrado es que seguir
permitiendo la actividad en estas condiciones afecta al medio ambiente y a
través de ello a la salud de la población”.
Y agregó que una de las mayores falencias de estas normas es
que no consideran el problema de la deriva, el cual implica que “factores
climáticos como la humedad, la temperatura y el viento inciden sobre la
fumigación dándole una característica de incontrolable”.
“Los ingenieros agrónomos tienen una cuota de
responsabilidad sobre este modelo”.
El abogado Darío Ávila también se refirió a la polémica
desatada a raíz de la reciente imputación de cinco ingenieros agrónomos en lo
que se conoce como “causa madre” del barrio Ituzaingó Anexo, donde se
investigan las fuentes de contaminación del barrio.
En los últimos días, las imputaciones a estos profesionales
por parte del fiscal Carlos Matheu generaron cuestionamientos de parte del Colegio
de Ingenieros Agrónomos de la
Provincia de Córdoba y de entidades rurales.
Al respecto, el abogado subrayó: “Me parece que es una
decisión muy importante que toma el fiscal porque evidentemente los ingenieros
tienen una cuota de responsabilidad sobre este modelo porque son quienes
principalmente lo sostienen”.
Y agregó: “No olvidemos que el Colegio de Ingenieros
Agrónomos en su momento participó en la redacción de la ley provincial de
Agroquímicos, que tiene una matriz eminentemente productiva y no contempla
ningún criterio de protección ni ambiental ni sanitario. Los propios ingenieros
que elaboran la ley son los que después venden los productos agrotóxicos, son
los que aparecen firmando las recetas fitosanitarias y en algunos municipios
autorizando las fumigaciones”.
Una de las reacciones que despertó el involucramiento de
ingenieros agrónomos en la causa de Ituzaingó fue el hecho de que los mismos
sean juzgados basándose en la ley de Residuos Peligrosos y no en la ley
provincial de Agroquímicos.
Ante ello, Ávila sostuvo: “Ellos plantean algún tipo de
conflictos entre normas de carácter administrativo porque les resultan más
beneficiosas a sus intereses, porque evidentemente no es lo mismo cometer una infracción
administrativa que un delito”.
Según indicó el abogado, hasta ahora cualquier violación a
la ley de Agroquímicos se sancionaba con una multa o un decomiso. De este modo,
el fallo de Ituzaingó “ha generado una preocupación porque pueden verse
imputados por un hecho ilícito y hace que actúen así en forma corporativa”,
dijo en relación con las declaraciones realizadas por asociaciones de
productores e ingenieros agrónomos.
De cualquier manera, cabe destacar que tras una apelación de
los condenados en la causa del barrio cordobés, aún se espera que el Tribunal
Superior de Justicia se expida sobre la validez del fallo que considera como
delito a las fumigaciones que afecten la salud.
Fuente:
Patricia Rossia, Ignacio Castro y Héctor Amaya, Amplían las zonas de prohibición para las fumigaciones periurbanas, 16/12/12, El Puntal de Río Cuarto.
Los ambientes de lagunas y arroyos, en serio riesgo, 16/12/12, El Puntal de Río Cuarto.
Lucía Maina, En febrero comenzaría en Córdoba el segundo juicio por fumigaciones, 16/12/12, El Puntal de Río Cuarto.
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