por Javier Cámara
La radicación de Monsanto en la localidad de Malvinas
Argentinas y de otras empresas, cuya actividad es cuestionada por grupos
ambientalistas, en la provincia ha sido encarada por el Gobierno provincial
como una política de Estado. Tanto es así que la gestión delasotista declara,
abiertamente, que fue ella la que invitó a la multinacional a radicarse en
Córdoba.
La decisión ha generado un consenso bipartidario (Unión por
Córdoba y la UCR )
a favor; y ha dividido a la oposición en tres posturas.
Mientras el radicalismo apoya la instalación de la planta de
semillas de maíz por parte de Monsanto -sobre todo porque el intendente de
Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, es radical-, el juecista Frente Cívico y el
bloque unipersonal del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) la
rechazan.
En un plano intermedio se puede ubicar a las bancadas
unipersonales de Encuentro Vecinal y de Consenso Córdoba, cuyos integrantes
condicionan su apoyo a que estudios técnicos ofrezcan garantías de que el
emprendimiento no afectará la salud de la población ni al ambiente.
La disparidad de criterios políticos es aún mayor entre las
fuerzas con representación legislativa sobre la idea de realizar una consulta
popular para definir si Monsanto debe o no radicarse en Malvinas Argentinas.
Opiniones. Este diario formuló la siguiente pregunta a los
referentes de las fuerzas políticas opositoras con representación legislativa:
¿Está su partido, a favor o en contra de la radicación de Monsanto y de otras
empresas relacionadas con la actividad agroquímica, que son cuestionadas por
grupos ambientalistas y que ha sido afrontada como política de estado por el
Gobierno provincial?
Frente Cívico. El senador nacional Luis Juez, líder del
principal partido de oposición en la provincia, respondió: “Estamos
decididamente en contra de estas radicaciones porque son un negocio horroroso y
peligroso, un negocio que promete 400 puestos de trabajo para hoy pero
larguísimos años de hambre para mañana; un negocio que demuestra que la
presidenta Cristina Kirchner y el gobernador De la Sota se pelean por el poder,
pero se juntan y son socios para hacer negocios”.
Asimismo, consideró: “El progresismo del proyecto nacional y
popular de Cristina queda al margen cuando se trata de negocios. El negocio de
Monsanto, una empresa que ha sido corrida de varios países del mundo, es como
la megaminería: destruye, enferma, contamina. Estamos en contra de estas
políticas porque creemos que no les convienen ni a la provincia ni al país. Por
eso acompañamos el rechazo de las personas que se han movilizado para resistir,
tal como lo hicimos en soledad, años atrás, cuando los vecinos de barrio
Ituzaingó comenzaron a manifestarse”.
UCR. Por este sector, respondió el presidente del bloque
radical, Luis Brouwer de Koning, quien consulta todo con el intendente de Córdoba,
Ramón Mestre.
“La radicación de estos emprendimientos es parte de una
política nacional y provincial”, apuntó. “Yo vengo de Río Tercero donde hay
industria química, y puedo decir que no hay nada absolutamente inocuo, pero con
controles se brindan garantías. Hoy, gran parte de la actividad productiva del
país depende de la biotecnología, que mejora los niveles productivos. El
denominado boom sojero tiene que ver con eso y ha servido para solventar el
modelo económico del Gobierno nacional; por eso esto es una política de Estado,
e ir en contra de eso es complicado de defender”.
Hacia el final, consideró: “Ante las dudas y temores de la
gente hay que decir que si se cumplen las normas, no tiene que haber
inconvenientes. El intendente de Malvinas, que es de nuestro partido, está
haciendo todo para que se cumplan las leyes y los controles”.
FIT. Liliana Olivero, legisladora del Frente de Izquierda y
los Trabajadores, respondió: “Estamos completamente en contra de estas
radicaciones y acompañamos la resistencia de la asamblea de vecinos de Malvinas
Argentinas que está movilizada. Esto no sólo es una política de estado
provincial, sino también nacional; similar a la que trajo los call centers que
son emprendimientos dadores de trabajo de bajísima calidad y de alto riesgo
para la salud humana. Se aprovechan de la gente necesitada de trabajo y, como
muestran los antecedentes internacionales, terminan transgrediendo las leyes
laborales y ambientales. No es una casualidad que hayan elegido Malvinas donde
hay un altísimo índice de desempleo o subempleo. Nosotros estamos por un modelo
de desarrollo que no atente contra la salud de las personas, ni contra el
medioambiente”.
Encuentro Vecinal. El legislador Aurelio García Elorrio
señaló: “No se puede otorgar autorización para la instalación de Monsanto si
antes no se obtienen todas las garantías nacionales e internacionales que
acrediten que no se producirán perjuicios para la vida humana. Cuando hay
riesgo de daño, hasta que ese riesgo no esté absolutamente descartado, no es
éticamente lícito continuar. Estamos de acuerdo con que el Gobierno provincial
busque radicación de empresas, pero queremos empresas que ofrezcan certezas de
que respetan las normas, la salud humana y el ambiente. Yo tengo dudas sobre
las actividades de Monsanto, por sus antecedentes”.
Consenso Córdoba. El legislador Rubén Borello, quien se
distanció del juecismo y formó un bloque propio que suele apoyar al
oficialismo, señaló: “Estoy a favor de todo lo que implica agregar valor a las
materias primas que se producen. Pero la radicación de estos emprendimientos no
puede ser a cualquier precio. Estoy en contra de los fundamentalismos, pero el
nombre de Monsanto de por sí implica tomar resguardos mayores. Hace falta mejor
comunicación y un control que asegure que no habrá riesgos”.
No creen que la consulta pública sea lo más relevante
Consultado sobre este punto, el senador Luis Juez respondió:
“Es necesario preguntarle a la gente si quiere o no a Monsanto, pero más necesario
aún es informarle acerca de qué es y qué hizo Monsanto en otros países; de
dónde los han echado, su relación con la fabricación de armas de guerra
prohibidas, y los perjuicios ambientales que ha provocado en distintos lugares
del mundo”.
Por su parte, el radical Luis Brouwer de Koning, opinó: “Es
la propia población de Malvinas Argentinas la que debe evaluar si se hace o no
algún tipo de consulta”.
Liliana Olivero, legisladora del Frente de Izquierda y de
los Trabajadores consideró: “Respeto la decisión de la asamblea de vecinos,
pero creo que estos instrumentos (audiencias públicas), al no ser mecanismos
vinculantes, no suelen ser del todo efectivos, porque los gobiernos terminan
haciendo lo que quieren. El resultado dependerá del grado de movilización del
pueblo”.
En tanto, Aurelio García Elorrio, de Encuentro Vecinal,
sostuvo: “La consulta popular no resolverá todo el problema porque habrá
afectados que no votarán, entre ellos, los niños”.
Para el exjuecista Rubén Borello, la radicación de Monsanto
es un tema técnico que no debe ser politizado. “Hay organismos capaces de hacer
informes técnicos serios e independientes, y con esos informes debería bastar
para llevar tranquilidad a la gente”.
En la legislación provincial, la metodología de
participación ciudadana está descripta en el artículo 15º del decreto N° 2.131
sobre “Impacto ambiental”, firmado por el gobernador José Manuel de la Sota el 3 de noviembre de
2000, durante su primera gestión como gobernador.
Fuentes:
La oposición, dispersa sobre Monsanto, 15/10/12, La Voz del Interior.
No creen que la consulta pública sea lo más relevante, 15/10/12, La Voz del Interior.
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