No habrá otro siglo

No alcanzan los 100 años de archivo de La Gaceta para documentar los estragos que la industria viene causando sobre el medio ambiente de la provincia y la región. Existen antecedentes de fines del siglo XIX, durante la gobernación de Próspero García (1890-1893) que dan cuenta de que los ingenios azucareros ya tenían prohibido arrojar sus desechos a los cursos naturales de agua.

Setenta y cinco gobernaciones después de García, la cuenca Salí-Dulce -que abarca desde Salta hasta Córdoba- ha sido devastada.

Distintos gobiernos han dictado exhortos y advertencias, han firmado decretos y han aprobado leyes para la conservación del hábitat. Su cumplimiento ha sido casi nulo y sólo en tan escasas excepciones que carece de sentido nombrarlas. Los resultados hablan por sí solos y contradicen cualquier argumentación que con rostros de piedra esgrimen los funcionarios de turno.

Esta última administración, la de José Alperovich, que transita su tercer mandato y está próxima a cumplir nueve años en el poder, carga sobre sus espaldas con más leyes, decretos, advertencias y resoluciones judiciales que todas las anteriores juntas y, paradójicamente, es la que ha roto todos los récords de contaminación ambiental.

"El año pasado exhortamos a la Secretaría de Medio Ambiente a intensificar los controles porque creemos que el problema se acentúa todos los años", afirmó el 23 de julio pasado Hugo Cabral, defensor del Pueblo de la provincia, en referencia a la quema ilegal de cañaverales y al enorme daño que causa todos los años, entre junio y diciembre.

Mientras el gobernador y sus funcionarios ambientales insisten en que están trabajando fuerte, Cabral, quien lejos de ser opositor es un fiel alperovichista, les dijo no. No se está cumpliendo con la ley 6.253 (1991) que en su artículo 38 prohíbe la quema de cañaverales, norma ampliada por las leyes 7.459 (2004) y 7.873 (2006), por las cuales los ingenios además no pueden recibir caña quemada y obliga al ejecutivo a erradicar esta práctica de todo el territorio provincial.

La quema de caña está además tipificada como delito en el artículo 186 del Código Penal, castigando con prisión o reclusión a los responsables.

Las cenizas ensucian casas, patios, plazas, ropa tendida recién lavada, ingresan a los ojos y a los pulmones, triplican las enfermedades respiratorias y duplican los accidentes de tránsito por falta de visibilidad en las rutas. Generan entre 20 y 60 cortes de luz por temporada por incendios bajo los tendidos de alta tensión, los que en algunos casos afectaron a varias provincias. Las aguas envenenadas, no sólo por los ingenios, sino por decenas de industrias y hasta por la estatal SAT que arroja a los ríos aguas servidas sin tratar de varias ciudades, asesinan miles de peces, degradan el suelo y cada año extinguen especies de flora y fauna y modifican para siempre el ecosistema.

Es cierto que las industrias generan fuentes de trabajo y millones en ganancias, pero habría que ver si no son más los millones que gasta el Estado (nosotros) y la población en salud, limpieza, accidentes y daños irreversibles. Poco más de un siglo nos ha bastado para arrasar con riquezas naturales que han tardado millones de años en desarrollarse. Tal vez nos queden 100 años más (según algunos científicos bastante menos) para seguir saqueando los recursos naturales sin devolver nada a cambio y sin cuidarlos.

Dentro de un siglo, cuando habitemos el "Desierto pútrido de la República", al menos nos quedarán los archivos del diario y la memoria para recordar quiénes fueron los responsables del exterminio.

Fuente:

• No habrá otro siglo, 28/07/12, La Gaceta.