Denuncian irregularidades en la Comisión que aprobó el aviso de proyecto de “Monsanto”

El programa televisivo ADN mostró anoche que la CTI incumplió con la legislación vigente al ser conformada sólo por cuatro miembros, algunos de ellos contratados o personal de la Secretaría de Ambiente, y no por representantes de cada estamento del Estado.

El programa de investigación periodística ADN (Canal 10) mostró anoche un informe en el que da cuenta de irregularidades que se habrían incurrido en la aprobación del aviso de proyecto de la empresa Monsanto, para comenzar a construir la planta acondicionadora de granos en Malvinas Argentinas.

El informe, del cual participó el biólogo Raúl Montentegro, mostró cómo estuvo integrada la Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI) que le “abrió la puerta” a Monsanto para poder instalarse en Córdoba.

Según se denunció en el programa que conduce Tomás Méndez, durante la primera gestión de José Manuel de la Sota se creó la  CTI que es la comisión que autoriza todos los proyectos de grandes corporaciones como lo es Monsanto.

Si bien el artículo 14 de la Ley 9156 marca claramente que la CTI tiene que estar integrada por representantes de todos los organismos del Estado Provincial, la investigación de ADN reflejó que desde 2008, esa comisión es conformada por personal de la Secretaría de Ambiente, “no sólo algunos funcionarios sino que incluye a contratados”, indicó Montenegro.

El presidente de  la Fundación para la defensa del Ambiente (Funam), afirmó también que la comisión no sólo cuenta con baja capacidad técnica sino que además que “es ilegal”.

“Es casi una escribanía ambiental. El mismo mecanismo empleado en el caso Monsanto, se repitió con la planta de Epec en Villa Carlos Paz y con la autorización del vertedero del Cormecor en Bouwer, Porta o Candonga”, señaló el biólogo.

Sólo cuatro técnicos

La Comisión Técnica Interdisciplinaria para la Evaluación del Impacto Ambiental, fue creada dentro del marco de la Ley Provincial Nº 8789/99 Estatuto de Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado.

La CTI tiene por función primordial “evaluar técnicamente los potenciales impactos producidos sobre el ambiente por los proyectos de obras y acciones públicas y privadas a desarrollarse en el ámbito de la Provincia de Córdoba, así como la previsión de incorporación, en dichos proyectos, de medidas de mitigación o el desarrollo de obras y acciones complementarias para atenuar dichos impactos”.

Esta Comisión está integrada por representantes técnicos de organismos públicos del Poder Ejecutivo provincial y Entes descentralizados del Estado Provincial con experiencia en la temática ambiental.

En el informe del programa  ADN, se afirmó que en el caso de la autorización del aviso de proyecto de la multinacional Monsanto, no hubo representantes ni del área de Salud ni de Desarrollo Social que formaran parte de la CTI. “Son contratados que no generan problemas; un grupo que no respeta la normativa y ponen en juego la salud de las personas”, afirmó Montenegro.

“En el caso puntual de Monsanto, sólo cuatro personas fueron las que firmaron la autorización”, afirmó Montenegro y nombró al técnico Alejando Natalicio (“no le conocemos antecedentes”), el ingeniero Duilio Padula (“un contratado que ya no se encuentra en el área”), el doctor en Ciencias Biológicas  Jorge Elía (“que es personal de planta de la Secretaría de Ambiente”), y el abogado Abel Anuzis, (“que es el jefe del CTI”).

“Yo diría que después de esto, el secretario de Ambiente de la Provincia debería presentar su renuncia al cargo”, concluyó Raúl Montenegro.

De la Sota: A protestar a la Casa Rosada

José Manuel de la Sota sostuvo que las marchas deberían hacerse frente a la Casa Rosada porque fue Cristina Fernández quien “se mostró feliz por la llegada de Monsanto”. “Los trajeron ellos, sería bueno que le reclamen a ella”, agregó. Y dijo que si la empresa “contamina no debe estar”. Qué tendrá para decir hoy el mandatario, cuando se denunció que se amañó a la CTI para permitir el desembarco de la semillera transnacional.

Audiencia pública sí, consulta popular no

El fallo de la jueza de Conciliación de 4ª Nominación, Graciela Escudero de Fernández, rechazando el amparo de los vecinos y confirmando que Monsanto puede continuar con la de construcción civil de su planta, trajo como consecuencia que tanto el municipio de Malvinas Argentinas como las autoridades de la multinacional hayan abierto la puerta para la realización de una audiencia pública, pero no “consultas vinculantes”. 

Adrián Vilaplana, gerente de asuntos corporativos e institucionales de Monsanto, señaló ayer a Cba24n que “la audiencia pública puede ser una medida muy interesante para descomprimir esta situación (...) Es importante aclarar las dudas de los vecinos y los grupos ambientalistas”, señaló.

Por su parte, el intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, manifestó a Radio Universidad que “de acuerdo a lo que determine el estudio de impacto ambiental, se hará lo que se tiene que hacer (…) La ley dice que, si se llama, podría hacerse una audiencia pública, no una consulta popular. Nosotros nos regimos por la Ley Provincial no la Ley Nacional”.

Piden la investigación penal del titular de Ambiente de la Provincia

La presentación será realizada hoy a la Justicia de Córdoba por la Funam tras la investigación del programa ADN sobre la Comisión que aprobó la radicación de Monsanto. La medida no sólo será por la planta de Malvinas Argentinas, sino que incluye además el pedido de investigación del proyecto inmobiliario de Candonga, el vertedero de Calamuchita, el Rally Dakar y la planta Dioxitex en Alta Córdoba, entre otros.

El titular de la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), Raúl Montenegro, irá hoy a la Justicia de Córdoba para pedir la investigación penal del secretario de Ambiente de la Provincia, Luis Federico Bocco, en el marco de las irregularidades denunciadas anoche en un nuevo programa de ADN sobre la Comisión que autorizó la radicación de Monsanto.

Según confirmó Montenegro a La Mañana Digital, la presentación no sólo será por Monsanto, sino que incluirá el pedido de investigación por la radicación del proyecto inmobiliario de Villa Candonga, el vertedero de Calamuchita -construido con fondos del Plan Provincial de Manejo del Fuego-, la radicación de la planta Dioxitex en Alta Córdoba, la estación transformadora de San Antonio de Arredondo y Carlos Paz, la obra del circuito del Rally de Villa Carlos Paz y el Dakar, entre otros.

Se trata de todos los proyectos aprobados por la Comisión Técnica Interdisciplinaria (CTI) creada durante la primera gestión del gobernador José Manuel De la Sota para autorizar todas las iniciativas de grandes corporaciones como lo es Monsanto.

“El pedido de investigación penal está dirigido al secretario de Ambiente de la Provincia, Luis Federico Bocco y será seguido en los próximos días por un pedido administrativo de nulidad de todos estos proyectos”, dijo Montenegro y agregó que la denuncia “podría ser extendida a la Justicia Federal” una vez iniciada las investigaciones.

Concretamente, “se le pide a la Justicia de Córdoba que investigue si hay delito por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”, aseguró el titular de Funam.

Fuente:

Denuncian irregularidades en la Comisión que aprobó el aviso de proyecto de “Monsanto”, 10/10/13, La Mañana de Córdoba. Consultado 10/10/13.

Piden la investigación penal del titular de Ambiente de la Provincia, 10/10/13, La Mañana de Córdoba. Consultado 10/10/13.