El histórico Acuerdo de Escazú entra oficialmente en vigor

por Fermín Koop

BUENOS AIRES, 22 abr 2021 (IPS) - El Acuerdo de Escazú, el primero de la región sobre ambiente de América Latina y el Caribe, entró oficialmente en vigor este jueves 22 luego de la ratificación de 12 países de la región. Su puesta en marcha permitirá garantizar el acceso a la información ambiental, proteger a los defensores ambientales y asegurar la participación pública en decisiones ambientales.

El acuerdo fue aprobado en 2018 en el marco de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), luego de un proceso de seis años de negociación. Su entrada en vigor requirió la ratificación de por lo menos 11 países, meta que se vio superada en 2020 con la ratificación de Argentina y México.

Su entrada en vigor coincide con la celebración del Día Internacional de la Madre Tierra, que se realiza en muchos países cada 22 de abril.

“La norma para importar basura es inconstitucional; va a caer”

Un profesor de la Licenciatura en Ambiente y Energías Renovables de la UNVM explicó detalladamente los alcances de la normativa publicada en el Boletín Oficial con la firma del presidente, al tiempo que proporcionó una mirada ilustrativa en materia de residuos y medio ambiente.

Luis Tuninetti, referente de la organización ambientalista Eco-Sitio, dijo ayer a El Diario que la decisión de China de dejar de importar basura es el origen de la situación que se ha planteado en el país, señaló sus peligros y brindó elementos que le permiten confiar en que el decreto presidencial quedará sin efecto.

“El artículo 41 de la Constitución Nacional tendría que ser la base de toda la política ambiental en la República Argentina; de allí debería desprenderse la legislación en la materia. Y no es lo único que no se ha tenido en cuenta al redactar el Decreto 591/2019: en el Derecho Ambiental existe el principio de progresividad, lo que implica que no se puede legislar para menos, es decir, se puede aumentar el nivel de los controles y no disminuirlos, por lo que los pedidos de inconstitucionalidad que ya se han presentado van a tener asidero; la norma dictada es inconstitucional; va a caer...”, expresó Tuninetti en el inicio de la conversación con un periodista de este medio.

Greenpeace: la diputada Burgos está cajoneando la Ley de Delitos Forestales

La organización ambientalista denunció que la diputada María Gabriela Burgos está demorando la Ley de Delitos Forestales en el Congreso de la Nación. El proyecto fue presentado por Greenpeace junto a organizaciones campesinas e indígenas hace casi un año y está trabado en la comisión de Legislación Penal que preside la representante jujeña.

“Es inadmisible que haya pasado casi un año y la Comisión de Legislación Penal no lo haya tratado. Mientras su votación se demora, los desmontes ilegales y los desalojos de comunidades campesinas e indígenas, avanzan”, advirtió Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.

El proyecto establece una pena de 2 a 10 años de prisión a quien sin autorización ocasione intencionalmente el desmonte, incendio, cambio de uso de suelo o la destrucción de bosques nativos. También penaliza, con cárcel de 2 a 6 años, a quien ayude a cometer esos delitos a través de la provisión de maquinaria o conocimiento técnico, académico o científico. Las penas se incrementan para el funcionario que forme parte del delito o autorice desmontes violando las normas vigentes.

“Grandes productores agropecuarios y desarrolladores inmobiliarios violan la Ley de Bosques y no tienen condena: simplemente se les cobra una multa insignificante en relación al dinero que ganan a costa de la destrucción de los bosques. En muchos casos es clara la complicidad de los funcionarios en la violación de la normativa. El Congreso debe sancionar de forma urgente la Ley de Delitos Forestales para terminar con esta impunidad”, afirmó Giardini.

Imputan a 53 empleados municipales por derrame de líquidos cloacales

Los dependientes de la planta depuradora de Bajo Grande recibieron la acusación de "contaminación ambiental dolosa" en el marco del prolongado conflicto gremial. Es porque realizaron asambleas y dejaron de hacer mantenimiento durante 14 días.

por Francisco Panero

El fiscal de Instrucción Carlos Matheu imputó el delito de "contaminación ambiental dolosa" a 53 empleados municipales de la planta depuradora de líquidos cloacales de Bajo Grande, ubicada al sudeste de la ciudad de Córdoba.

El reproche legal del instructor es porque los dependientes que pertenecen al Sindicato de Empleados Municipales (Suoem) habrían dejado de hacer mantenimiento durante 14 días -según reza la acusación- y en ese lapso no realizaron las correspondientes tareas.

El fiscal Matheu se basó en una constatación realizada por el Ceprocor a partir de un análisis en el vertido de los líquidos cloacales al Suquía, que arrojó una presencia total de 430 mil unidades de bacterias coliformes (por 100 mililitros) cuando lo habitual debe ser de 5.000.

Ediles de Monte Maíz aprobaron limitar las fumigaciones a 800 metros de zona urbana

Anoche en sesión del Concejo Deliberante comenzaron a tratar la ordenanza propuesta por la Red de Prevención Monte Maíz. Se aprobaron seis artículos, entre ellos la creación de una “zona de resguardo ambiental” de hasta un radio de 800 metros como máximo en algunos sectores y 500 metros como mínimo en otros.

por Gabriela Yalangozian

El Concejo Deliberante de la localidad de Monte Maíz aprobó anoche por unanimidad 6 de los 28 artículos del proyecto de Ordenanza presentado por la Red de Prevención de esa localidad en abril pasado.

Desde esa organización, calificaron el hecho como “un logro inmenso de un grupo de vecinos que reclaman desde hace tiempo por la influencia devastadora de los agroquímicos sobre la salud humana”.

Si bien el martes próximo continúa la votación artículo por artículo, entre los seis que fueron aprobados anoche se destaca el número 2: “Créase una "zona de resguardo ambiental" conformada a partir del límite exterior o más extremo de la planta urbana o núcleos poblacionales de esta localidad y hasta un radio de 800 metros como máximo en algunos sectores y 500 metros como mínimo en otros”.

Monsanto: Vecinos presentaron querella contra dos jueces

Denunciaron por presunto prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público a Nora Garzón de Bello y a Humberto Sánchez Gavier. Es porque entienden que no posibilitaron el acceso a información pública.

por Mariano Bergero

Vecinos de Malvinas Argentinas que se oponen a la instalación de la planta de la multinacional Monsanto denunciaron penalmente en la mañana del miércoles a los jueces de la Cámara Contencioso Administrativo Nora Garzón de Bello y a Humberto Sánchez Gavier.

La querella también alcanza a la secretaria letrada de ese tribunal, Susana Osella. En los mismos términos se realizó una presentación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

En esta denuncia, que está vinculada a la causa por el libre acceso a la información iniciada por el colectivo "Malvinas Lucha por la Vida" contra la Provincia en la que reclamaron al gobierno conocer todo lo actuado en el marco del proceso de instalación de Monsanto, se asegura que los jueces, en el marco de esta causa, manipularon "ilegítimamente el proceso", notificando correctamente a una de las partes (la Provincia) y parcialmente a los ambientalistas, impidiéndole a éstos acceder a la información requerida ya que sí había sido puesta a dispocisión.

Lorenzetti: "El ambiente es una cuestión casi ajena a los que gobiernan"

Durante la presentación de la Oficina de Justicia Ambiental, el titular de la Corte Suprema lamentó que los conflictos ambientales latentes en el país "no tienen una trascendencia del día a día y no merecen estar en la agenda cotidiana", y consideró que los dirigentes políticos son "culturalmente primitivos" por no prestar atención a esas problemáticas.

"No hay una contradicción entre la lucha por la igualdad y la lucha por el ambiente, sino mas bien una relación de complementariedad. Debemos solucionar los dos temas al mismo tiempo", reclamó Lorenzetti, quien convocó para la presentación a jueces, científicos, artistas -entre ellos, Nacha Guevara y Ricardo Mollo- y niños que vivían a la vera del Riachuelo, cuyo saneamiento es el caso emblema del máximo tribunal en relación con el medio ambiente.

"En la Argentina nos sorprende a cada rato algo que pasa, pero si nos detuviéramos a mirar, casi todas las sorpresas son predecibles porque hay muchísimas negligencias", aseguró en relación a la limpieza de la cuenca Matanza-Riachuelo.

El magistrado analizó que "la gobernabilidad actual no se ocupa de este tema porque básicamente está estructurada para responder a lo inmediato. Los sistemas actuales, el estatuto de poder de la Argentina, responde a las elecciones y ningún gobernante está dispuso a imponer costos actuales para beneficios futuros de mediano y largo plazo". Y resumió: "Se ocupan de las próximas elecciones y no de las próximas generaciones".