Nucleoeléctrica y los costos de la energía nuclear | 1.° parte

El secretario de Energía de la Nación, Eduardo Chirillo, reunido con el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi. El miércoles 3 de enero de 2024. Crédito: Secretaría de Energía de la Nación.

Por Cristian Basualdo

El secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, aseguró que el Gobierno no privatizará Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA), la empresa estatal que opera las centrales nucleares en nuestro país. Chirillo, un abogado especialista en temas energéticos, abrió las exposiciones en el debate desarrollado en el Congreso Nacional por el proyecto de ley denominado “Bases y Puntos de Partida para la libertad de los argentinos”, mejor conocido como ley ómnibus. “Respecto de la pregunta que me hacían de Nucleoeléctrica creo que el tema está resuelto”, manifestó el funcionario, y a continuación explicó que “la prohibición de no privatizarla está resuelto en el artículo 37 de este proyecto, que asegura al Estado tener la acción de oro, de manera que ese tema está resuelto”.

El Artículo 11 de la ley ómnibus, sustituiría al Artículo 37 de la Ley 24.804, Ley Nacional de la Actividad Nuclear, por el siguiente: “Artículo 37. A los fines de las privatizaciones señaladas en el Artículo 36, se constituirán sociedades anónimas, en las cuales el Poder Ejecutivo nacional podrá conservar una (1) acción con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la actividad”.

Nucleoeléctrica es una sociedad anónima cuyo capital accionario es del Estado Nacional, 79 % del Ministerio de Economía, 20 % de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), y 1 % de la empresa estatal Emprendimientos Energéticos Binacionales SA.

Se especuló que la visita del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, pudo haber influido en la decisión del Gobierno de no privatizar Nucleoeléctrica. “Las centrales nucleares tienen un factor de seguridad y de actividad controlada que acaso son las más reguladas en el mundo. Y, por lo tanto, requiere una interacción muy grande con el sector público” dijo Grossi en una entrevista a La Nación, y agregó “hasta qué punto vos podés lograr un modelo que sea compatible con eso, no sé. Porque requiere mucha inversión en materia de seguridad. Entonces, no sé, un privado que vaya a comprar eso”.

Antes de conocerse la decisión del Gobierno, Página/12 publicó una nota titulada “Otra vez el asalto a las joyas de la abuela”, afirmando que Nucleoeléctrica “recibió cero transferencias del Estado en los primeros tres trimestres del año y tuvo ingresos propios por 145.398 millones de pesos, fue además superavitaria por 125.732 millones de pesos en el período. Es una empresa ejemplo y cuesta entender las razones para privatizarla”.

A continuación, un análisis apoyado en documentación muestra que la empresa estatal es opaca en lo que se refiere a costos, y está lejos de ser superavitaria.

Antes que nada, es necesario aclarar que Nucleoeléctrica se encuentra dividida administrativamente y financieramente en dos unidades, una denominada NASA Operativa, que se encarga de la administración de las centrales nucleares, y la otra denominada Unidad de Gestión de Proyectos Nucleares (UGPN), que se encarga de los proyectos de inversión en ejecución.

Las cuentas corrientes de NASA Operativa son integradas por el ingreso por la venta de energía producida por las centrales nucleares, siendo su cometido el de cubrir financieramente los costos de producción (el Decreto PEN 1540/1994 establece esta norma).

La Unidad de Gestión de Proyectos Nucleares se financia con créditos no reembolsables del Tesoro Nacional, y tiene planteadas inversiones en los siguientes proyectos de construcción: la cuarta central nuclear (Proyecto IVCN o Proyecto Hualong), la quinta central nuclear (Proyecto VCN o Proyecto CANDU), el Proyecto Extensión de Vida de la Central Nuclear Atucha I (PEVCNA I), el Proyecto Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (Proyecto ASECG II), y el Proyecto Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Quemados I (Proyecto ASECQ I).

Este plan nuclear, disfuncional para las capacidades presupuestarias y financieras de la Argentina, le sirve al lobby nuclear local para justificar el drenaje de recursos del Tesoro Nacional.

En una nota dirigida a la Secretaría de Energía de la Nación, de fecha 17 de noviembre de 2022, el por entonces presidente del Directorio de Nucleoeléctrica, José Luis Antúnez, advirtió que “existe una diferencia de 20:1 entre los valores de las necesidades previstas y el disponible actual y futuro”, según los cronogramas planteados para cada proyecto y las cifras otorgadas como crédito presupuestario destinado a Nucleoeléctrica, lo que genera “un escenario de ejecución imposible”.

El año pasado, mediante la Decisión Administrativa N.º 4/23, el Gobierno Nacional le asignó a Nucleoeléctrica la suma de $ 10.300.000.000 (pesos diez mil trescientos millones) en concepto de transferencias de capital no reintegrables, con el objeto de financiar las obras relativas a proyectos de inversión a cargo de la empresa.

Entre enero y septiembre de 2023, Antúnez envió 15 notas a la Secretaría de Energía solicitando financiación, en una de fecha 20 de enero de 2023, señaló que, en cumplimiento de lo normado por la Resolución 10/23 del Ministerio de Economía, “se certifica la inexistencia de fondos de libre disponibilidad en los términos definidos en su Artículo 1º” para la atención de los proyectos de inversión IVCN, PEVCNA I, ASECG II, y ASECQ I.

La edición 2023 del World Nuclear Industry Status Report (WNISR2023) calculó que aproximadamente el 45% de la capacidad nuclear mundial es de propiedad estatal. Las industrias nucleares se sienten más cómodas en organizaciones controladas por el Estado y apoyadas por el erario público.