El contrato suscripto el 1 de febrero del año pasado entre Nucleoeléctrica SA y la Corporación Nuclear Nacional de China, por la provisión “llave en mano” de un reactor Hualong One para instalar en Lima, provincia de Buenos Aires, como Atucha III, está plagado de irregularidades.
Por Juan Vernieri
Vamos a detallar someramente esas irregularidades:
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El contrato no ha sido suscrito por los países: la República Popular China y la República Argentina, sino por dos empresas de propiedad de ambos estados.
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Se ha efectuado una denuncia penal contra el firmante argentino, por haber firmado en abierta violación a leyes nacionales.
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La compra se efectuó sin el más mínimo requisito legal, no hay licitación, ni compulsa de precios.
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Antes de comprometer el inicio de una obra, normalmente se realiza un estudio de factibilidad técnica, económica, financiera, ambiental y de tarifas, para establecer los beneficios de la inversión y en cuánto tempo se la recupera con su producido, en este caso, de energía. No hubo tal estudio de factibilidad, al menos no se divulgó.
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No hay indicios que se haya cumplido con el Artículo 2do Decreto 338/17 que exige un dictamen favorable de la SIGEN previo a la firma. No estaban los avales en la Ley de Presupuesto. No intervino el Congreso.
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No se sabe si se ha efectuado o no el estudio de impacto ambiental. No se han divulgado los resultados del estudio.
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No se han suscrito ninguno de los dos contratos a los que está sujeta la iniciación de la obra: a) Convenio financiero y b) convenio con la CNEA de transferencia de tecnología para la fabricación del combustible.
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No está claro cómo se pagaría el crédito que debían otorgar bancos chinos, no se mostró siquiera un compromiso formal de los bancos. Quedó pendiente el contrato con bancos chinos que aportarían el 85 % de los 8.300 millones de dólares que vale el reactor. Sin tener asegurada la financiación, de nada sirve la suscripción del contrato comercial.
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Como una palpable demostración que el país no está en condiciones económica-financieras para encarar tan costosa y prescindible obra, Argentina, en abril, solicitó a los bancos chinos que financiaran completamente la construcción, o sea el 100 %. Todavía no trascendió respuesta alguna.
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A todo esto hay que agregar que el ingeniero Antúnez se atrevió a suscribir contratos con dos empresas para realizar movimientos de suelo de fundación del reactor, tareas que ya se han iniciado y han devengado deuda con los contratistas que, aparentemente, el ministro de economía se ha negado a cancelar.
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No parece haberse evaluado la inversión comparándola con otros proyectos de energía, lo cual es previo a cualquier decisión. No se conoce que haya un plan general de energía en el cual se contemple la inversión.
Está claro: Nucleoeléctrica suscribió el contrato solo para favorecer al lobby nuclear local.
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