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| Crédito: Nucleoeléctrica Argentina. |
No fueron los países, China y Argentina, los que el 1 de febrero del año pasado suscribieron un contrato por la instalación de un reactor nuclear en Lima, provincia de Buenos Aires, que se denominará Atucha III.
Por Juan Vernieri
El documento fue rubricado por las autoridades de Nucleoeléctrica Argentina SA y la Corporación Nuclear Nacional de China.
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) lo consideró un hecho histórico, representaba una nueva oportunidad para fortalecer e integrar al sector nuclear. Sin embargo, fuentes muy informadas manifestaron que el proyecto “nadie sabe si va a avanzar o no”.
La suscripción coincidió con el viaje del presidente Alberto Fernández a China y la posterior inserción de Argentina en la “ruta de la seda”. La firma se realizó de manera virtual, estuvieron presentes el gobernador Axel Kicillof, el embajador chino en Argentina, Zou Xiaoli, su par argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, el subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, Federico Basualdo, y el vicepresidente de la CNEA, Diego Hurtado de Mendoza, entre otras autoridades y funcionarios de los dos países. No obstante, si bien estuvieron presentes las autoridades mencionadas, insisto, no fue el país ni la República Popular China (Zhonghua Renmin Gongheguo) quienes lo suscribieron.
La firma del contrato sugería que la construcción de Atucha III era inminente, pero en realidad la firma dejaba traslucir apuro, improvisación y, más que nada, una intencionalidad publicitaria.
Además de la persistente opinión contraria de buena parte de los científicos argentinos, el contrato que firmó Nucleoeléctrica, adolece de una serie de imperfecciones que hacen muy incierta su concreción.
No está claro cómo se pagaría el crédito que debían otorgar bancos chinos, no se mostró siquiera un compromiso formal de los bancos. Quedó pendiente un contrato con bancos chinos que aportarían el 85 % de los 8.300 millones de dólares que vale el reactor. Sin tener asegurada la financiación, de poco sirve la suscripción del contrato comercial.
Como una palpable demostración que el país no está en condiciones económicas-financieras para encarar tan costosa y prescindible obra, Argentina, en abril, solicitó a los bancos chinos que financiaran completamente la construcción, o sea el 100 %. Todavía no trascendió respuesta alguna.
A los 8.300 millones, deben agregarse intereses, seguros, y otras tarifas que llevan el importe que debe afrontar el país a unos 13.000 millones de dólares, siempre y cuando el proyecto no se demore.
No hay indicios que se haya cumplido con el Decreto 338/17, que exige un dictamen favorable de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), previo a la firma, ni estaban los avales en la Ley de Presupuesto. No intervino el Congreso y no se ha efectuado el pertinente Estudio de Impacto Ambiental. No se han suscrito ninguno de los dos contratos a los que está sujeta la instalación del reactor: a) Convenio financiero y b) Convenio con la CNEA de transferencia de tecnología para la fabricación del combustible.
No obstante estas falencias, el ingeniero José Luis Antúnez, presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. irresponsablemente se atrevió a dar inicio al movimiento de suelos, es decir, a las excavaciones de fundación, rubro importante.
Antúnez, envió el 17 de noviembre pasado una nota dirigida a la secretaria de Energía, Flavia Royón, para reclamar una asistencia del Tesoro de 271 millones de pesos mensuales para cubrir con los pagos a las dos empresas contratistas que están trabajando en la fundación del reactor Atucha III. No se conoce respuesta a ese pedido de fondos.
La precariedad financiera de Nucleoeléctrica repercutió en la UOCRA, que recientemente llamó a un paro de actividades por falta de pago a las contratistas que tienen a su cargo el movimiento de suelo. No hay certezas sobre el curso de los próximos acontecimientos. El despido de los operarios involucrados es una posibilidad concreta porque el Ministerio de Economía, que conduce Sergio Massa, ya le avisó a Antúnez que no está dispuesto a seguir financiando de manera irrestricta todos los proyectos del área nuclear.
De lo expuesto se advierte que la concreción de la obra del reactor es a todas luces incierta. Si finalmente no se construyera, ¿qué haremos con el pozo que quedará? ¿Fue una obra irresponsable?
Será clave ver si Massa autoriza el giro de los fondos para descomprimir el conflicto con las contratistas, para saber si Antúnez sigue teniendo respaldo político y si Atucha III se concretará en lo inmediato.
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