Los técnicos falsos de la Central Nuclear Embalse

Central Nuclear Embalse. Foto: Nucleoeléctrica Argentina SA.

Por Cristian Basualdo

Nucleoeléctrica Argentina SA sostiene que los peligros que entraña cualquier accidente nuclear y la probabilidad de que estos se produzcan, se pueden reducir aún más con la formación y cualificación de la mano de obra, entre otras medidas[1]. La idea se puede resumir así: Si todo el mundo cumple las reglas en todas partes, las centrales nucleares son seguras. Este relato se desestabiliza por las irregularidades que trascienden desde la misma empresa estatal.

Tal es el caso del concurso interno 2089/18, mediante el cual Nucleoeléctrica buscó cubrir dos vacantes de supervisor mecánico de campo en la Central Nuclear Embalse. Dicho concurso tenía como requisito contar con el título máximo de estudios secundarios con orientación en áreas técnicas.

En virtud de dicha convocatoria, Sergio Gabriel “Pato” Navarro (49) y Jorge Enrique Duarte (63), ambos empleados de Nucleoeléctrica domiciliados en la localidad de Embalse, presentaron ante la Sección Incorporaciones sus curriculum vitae conteniendo los certificados analíticos de estudios. La comisión examinadora advirtió que tenían las mismas autoridades firmantes, iguales folios, notas y promedios, a pesar de ser extendidos por diferentes instituciones educativas, la única diferencia eran los datos personales.

La gerencia de Recursos Humanos de Nucleoeléctrica remitió un informe a las autoridades emisoras de los certificados, quienes informaron que Navarro nunca había cursado estudios en la Escuela Técnica N.º 15 de Maipú, en Buenos Aires, y que no le habían expedido el certificado. Mientras que el Instituto Luis Huergo, de Buenos Aires, informó que el certificado a nombre de Duarte no se correspondía con los emitidos por ese establecimiento, detallando otras irregularidades documentales. Por su parte, el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires precisó que los certificados no se correspondían en su forma y contenido con los otorgados por aquellas instituciones y que las firmas no concordaban con las registradas en el ministerio.

La investigación administrativa interna comprobó que los analíticos falsos fueron presentados por los dos empleados ante la compañía en 2013, según los legajos personales de ambos trabajadores. En razón de ello, cobraron un ítem salarial “suplemento por estudios realizados” desde noviembre de 2013 hasta agosto de 2018, en perjuicio patrimonial al Estado nacional (por este ítem Duarte percibió 566.463 pesos, mientras que Navarro percibió 524.819 pesos). Estas irregularidades derivaron en una denuncia penal del fiscal nacional de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas ante la Fiscalía Federal de Río Cuarto. En 2021, el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, los procesó como presuntos autores de los delitos de uso de documento público adulterado y defraudación a la administración pública por más de un millón de pesos (entre ambos).

La defensa apeló ante la Cámara señalando que la investigación no acreditó la participación de los imputados en las maniobras y que no habían surgido elementos probatorios que corroboraran que no hubieran efectivamente cursado los estudios. A fin de intentar sostener su postura, indicó que el juez no evaluó la posibilidad de que hubieran sido engañados por las instituciones en las que cursaron de modo remoto y que, luego, esas mismas organizaciones les hubieran entregado los certificados apócrifos.

La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, integrada por Graciela Montesi, Eduardo Ávalos e Ignacio Vélez Funes, dictó sentencia el 7 de noviembre de 2022. Montesi coincidió con los argumentos del juez Ochoa. “El contenido de estos certificados, que dan por aprobadas todas las materias del ciclo básico industrial y habilitan al título de técnico mecánico, fue utilizado por los encartados para inducir a error a la administración pública y obtener una remuneración que no les correspondía”, afirmó.

“De las actuaciones administrativas incorporadas, es posible corroborar, a través del informe de la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación, la falsedad documental acerca de las características espurias de los dos certificados”, puntualizó.

La vocal destacó que fueron los propios imputados los que presentaron los certificados en dos instancias ante la empresa: para cobrar el plus por título, en 2013 y hasta 2018, ocasionando un presunto perjuicio patrimonial para el Estado; y en el marco del concurso para acceder a un puesto jerárquico.

Rechazó, además, el planteo defensivo de que eventualmente los empleados pudieron haber sido engañados por los colegios con certificados falsos, ya que no existen evidencias para sostener esa hipótesis. “Resulta contrario a la lógica y la sana crítica racional conjeturar que, tratándose de dos instituciones distintas, hayan coincidido en hacer documentos exactamente iguales, casualmente, respecto de estos encartados”, expresó.

“Es posible advertir que los imputados se valieron de la falsedad contenida en los documentos por ellos utilizados para engañar a la autoridad administrativa y, valiéndose del error, lograron la disposición patrimonial perjudicial a través del cobro de un plus dinerario en sus salarios durante un extenso período”, señaló.

Por unanimidad, la Cámara confirmó los procesamientos.

Referencia:

1. Ver: Reporte Integrado de Nucleoeléctrica Argentina SA - Comunicación de progreso 2021 - Pacto Mundial, pg. 58.