Una nueva historia revela que los reguladores federales aseguraron sistemáticamente a los estadounidenses que los riesgos de un accidente masivo eran “increíblemente pequeños”, incluso cuando sabían que no tenían pruebas suficientes para demostrarlo.
por Daniel Ford
Mantener buenos registros es una regla cardinal de la burocracia, y en las agencias gubernamentales ocultar rutinariamente los sensibles, y suprimir totalmente los más embarazosos, es el imperativo general imperante. En Estados Unidos, las personas externas con recursos y persistencia, como los activistas y los periodistas, pueden intentar utilizar la palanca legal de la Ley de Libertad de Información para sacar los datos. Pero hay una manera más fácil de ver los secretos del gobierno e incluso de examinarlos con tranquilidad: basta con ser nombrado historiador oficial del gobierno. Hay cientos de ellos trabajando para las distintas agencias federales de Estados Unidos, con un salario y beneficios decentes. Su trabajo consiste en examinar, con rigor académico, las pruebas en bruto de los archivos, para determinar lo bien o mal que una agencia ha llevado a cabo su misión. Como estas historias suelen publicarse, por entregas, mucho después de los acontecimientos que describen, las agencias se relajan de alguna manera. Permiten que estudiosos internos, casi independientes, hurguen en sus asuntos, publicando potencialmente información que habría puesto de rodillas a la agencia si se hubiera revelado de forma más oportuna.
Thomas Wellock, antiguo profesor de la Universidad Central de Washington, se convirtió en historiador de la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos (NRC) hace más de una década. Aportó sus conocimientos al trabajo -formación en ingeniería, experiencia en pruebas de reactores nucleares y un doctorado en historia por Berkeley- y, en marzo de 2021, publicó el sexto de una serie de volúmenes autorizados sobre cómo la agencia, y su predecesora, la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos (A.E.C.), han regulado la energía nuclear civil. “Safe Enough? A History of Power and Accident Risk” es un relato refrescante y sincero de cómo el gobierno, a partir de los años cuarenta, abordó la cuestión de fondo planteada en el título del libro. Los técnicos de la A.E.C. daban por sentado que los “accidentes catastróficos” eran posibles; la pregunta clave era: ¿Cuáles eran las posibilidades? El libro de Wellock sugiere que, aunque muchos funcionarios creían que las probabilidades eran muy bajas, nadie sabía con certeza cuán bajas eran ni podía demostrarlo científicamente. Incluso mientras se construían las centrales, las cifras utilizadas por los funcionarios para describir la probabilidad de un accidente se basaban en “conjeturas de expertos o en cálculos que a menudo arrojaban resultados absurdos”, escribe. El carácter de “conjetura” de estos análisis nunca fue reconocido con franqueza ni por el público ni por las juntas de concesión de licencias de la agencia, que tenían la responsabilidad legal de determinar que las centrales individuales de todo el país eran lo suficientemente seguras como para ser aprobadas para su funcionamiento.
El programa de construcción nuclear de Estados Unidos se derrumbó hace décadas, en parte debido a los excesos crónicos de costos, pero todavía hay noventa y dos reactores nucleares envejecidos que funcionan en Estados Unidos, y muchas empresas de servicios públicos quieren ampliar sus licencias originales de cuarenta años por otros veinte años. En todo el mundo hay más de cuatrocientos reactores en funcionamiento, la mayoría de los cuales utilizan diseños estadounidenses, o similares, de los años sesenta y setenta, que tienen fallos documentados que no son fáciles de corregir. Los reactores nucleares de Fukushima Daiichi, en Japón, por ejemplo, donde se produjeron fusiones en 2011, fueron diseñados por General Electric (G.E.); hay treinta y una plantas de la misma cosecha básica de G.E. que operan actualmente en los Estados Unidos. Wellock revela registros internos que describen problemas de seguridad específicos y potencialmente urgentes, aún sin resolver, que pertenecen directamente a muchas de las centrales nucleares que operan a favor del viento de los principales centros de población. Es posible que algunos de los operadores extranjeros que confían en los diseños de los reactores estadounidenses lean su libro y se pregunten si existe una política de reembolso.
En los últimos años, cuando la mitigación del cambio climático se convertió en una gran prioridad, algunos expertos en política energética han defendido que deberíamos volver a construir centrales nucleares, o al menos que el gobierno federal patrocine la investigación de nuevos tipos de reactores con mejores características de seguridad y rendimiento. En principio, la energía nuclear sigue siendo una tecnología atractiva, suponiendo que se pueda resolver el problema de la disposición de los residuos radiactivos a largo plazo. Sin embargo, mis propios estudios sobre la seguridad de los reactores -que incluyen artículos redactados conjuntamente con el físico del M.I.T. y premio Nobel, Henry Kendall, ya fallecido, y varios libros basados en extensos reportajes para esta revista- han llegado a la conclusión de que la contribución potencial de la energía nuclear a la energía limpia se ha visto comprometida por los atajos de seguridad tomados por la industria y por la laxa regulación gubernamental de las prácticas de seguridad cotidianas en las centrales. (Yo aparezco en el libro de Wellock, en parte porque fui director ejecutivo de la Union of Concerned Scientists -organización que se convirtió en “el crítico más eficaz de la energía nuclear”, escribe Wellock- de 1972 a 1979). El estudio de la historia de Wellock, que muestra que el gobierno se equivocó con respecto a la energía nuclear, podría ser útil para averiguar lo que la Administración Biden tiene que hacer bien si quiere intentar revivir las perspectivas de la energía nuclear. Su libro también nos lleva a preguntarnos si esa reactivación es deseable, dado que existen tecnologías para aprovechar el sol y el viento que no plantean problemas de seguridad desalentadores en primer lugar.
Átomos para la Paz, el programa federal de energía nuclear de la posguerra, anunciado por el presidente Dwight Eisenhower en 1953, pretendía convertir las espadas en arados. La energía nuclear se presentó como la fuente de energía del futuro, que se suministraría a un precio “demasiado barato para medirlo”. Al principio, fue difícil que el programa despegara, en gran parte porque el carbón, la fuente dominante para la producción de energía en Estados Unidos, ya era barato y abundante. Pero una combinación de presiones del gobierno y de precios a la baja por parte de los fabricantes de centrales nucleares hizo que en los años sesenta se creara un vagón nuclear. (En los años setenta, un ejecutivo de la empresa de servicios públicos Florida Power & Light me dijo que su empresa había adoptado la energía nuclear para que sus dirigentes no se vieran avergonzados en el campo de golf por otros directores generales que sí lo habían hecho). A principios de los años setenta, la A.E.C. predijo que en el año 2000 habría mil reactores nucleares en funcionamiento en el país, una estimación que resultó estar equivocada en un mil por ciento, más o menos.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la construcción de reactores nucleares era competencia exclusiva de los militares. El gobierno, señala Wellock, pensó que podía resolver, o al menos eludir, los mayores problemas de seguridad de la tecnología construyendo reactores en el desierto del Estado de Washington, “en medio de la artemisa y las serpientes de cascabel”. Pero las empresas de servicios públicos, deseosas de evitar la construcción de costosos tendidos eléctricos de larga distancia, abogaron más tarde por situar las centrales nucleares más cerca de sus clientes en zonas urbanas. A principios de los años sesenta, la empresa neoyorquina Consolidated Edison (Con Ed) propuso construir una gran central nuclear en Ravenswood, Queens -que ahora forma parte de Long Island City- a unos tres kilómetros de Times Square. Hubo protestas, entre ellas la del ex presidente de la A.E.C., David Lilienthal, y el proyecto fue rechazado. Sin embargo, Con Ed siguió desarrollando un complejo de centrales nucleares en Indian Point, cerca de Croton-on-Hudson, a unos sesenta kilómetros de distancia. Los principales asesores de la A.E.C. se preguntaron si esos reactores podían funcionar con seguridad tan cerca de las áreas metropolitanas. Wellock cita documentos internos que muestran que, en un borrador de carta escrita a finales de los años sesenta, el principal comité de seguridad de reactores de la A.E.C. advertía a los máximos responsables de la agencia que, a menos que se desarrollara una nueva tecnología de refrigeración de emergencia, los futuros reactores nucleares eran “adecuados sólo para emplazamientos rurales o remotos”.
El planteamiento de los emplazamientos remotos no sólo amenazaba las ambiciones del gobierno en materia de energía nuclear al aumentar los costos, sino que era una señal reveladora de sus peligros inherentes; no obstante, la A.E.C. quería dejar que siguieran adelante los planes de construcción de cientos de grandes centrales nucleares cerca de las zonas urbanas. Wellock descubre que los comisarios de la agencia intervinieron para detener la emisión de la carta. (Samuel Jensch, que presidió el comité que concedió la licencia a la planta de Indian Point, escribió más tarde que las licencias para muchas instalaciones podrían haberse denegado si el gobierno hubiera sido comunicativo con sus preocupaciones internas; el suministro de esta información reveladora a las juntas de concesión de licencias, sugirió, bien podría haber significado el fin de la energía nuclear comercial). A partir de los años sesenta, la A.E.C. utilizó argumentos que presentaban los riesgos de accidentes nucleares catastróficos como “extremadamente bajos” e “increíblemente pequeños”. Las fusiones -accidentes en los que el sobrecalentamiento incontrolado del combustible nuclear de un reactor crea el potencial de dispersión de la lluvia radiactiva en una gran zona- se caracterizaban como “sucesos increíbles” que, a todos los efectos de la elaboración de políticas, podían tratarse como imposibles. Se suponía que una fusión era tan improbable que los ciudadanos no tenían que perder el sueño preocupándose; a los diseñadores de las centrales se les permitió centrarse exclusivamente en la prevención de percances menores, como el mal funcionamiento temporal del sistema de refrigeración, y se les eximió de la responsabilidad de construir sistemas de seguridad para intentar mitigar los accidentes en los que se perdiera la refrigeración y no se pudiera restablecer con la suficiente rapidez.
Para quienes están profundamente preocupados por la seguridad de la energía nuclear, el libro de Wellock pinta un panorama inquietante. El reto técnico de garantizar la seguridad nuclear, y de calcular numéricamente el riesgo de un accidente grave, está en la base de muchas incertidumbres. “Los aproximadamente veinte mil componentes de seguridad de una central nuclear tienen una calidad de Rube Goldberg”, escribe Wellock. “Como fichas de dominó, numerosas bombas, válvulas e interruptores deben funcionar en la secuencia requerida para simplemente bombear agua de refrigeración o apagar la planta. Había innumerables combinaciones improbables de fallos que podían causar un accidente”. Y sin embargo, incluso cuando las centrales empezaban a construirse en mayor número, los reguladores se daban cuenta de que no tenían las herramientas necesarias para hacer estimaciones de seguridad fiables. Si se dispone de datos sustanciales, los riesgos pueden calcularse fácilmente. Las compañías de seguros, pioneras en las técnicas estadísticas de análisis de riesgos, examinan la frecuencia con la que se producen accidentes de tipos específicos en diversas circunstancias. Pero la industria de la energía nuclear que surgió en los años cincuenta y sesenta estaba construyendo grandes centrales antes de haber desarrollado un historial de explotación de las más pequeñas. No disponía de estadísticas sobre la seguridad de las grandes unidades que construía, máquinas novedosas, complejas y hechas a medida. Stephen Hanauer, un alto cargo de la administración federal de la época, que era doctor en física, resumió esta “incómoda realidad” en numerosos memorandos internos. Los envió a otros funcionarios de la A.E.C., a menudo abogados y cargos políticos, no científicos, que los archivaron.
A menudo, las centrales nucleares fueron diseñadas por empresas que nunca habían hecho este trabajo y operadas por compañías de servicios públicos que tenían poca experiencia en hacer mucho más que quemar carbón y tender cables de transmisión. De forma astuta, la industria trató de protegerse de los riesgos que podría imponer a otros: se negó a considerar la construcción de un gran número de plantas hasta 1957, cuando el Congreso aprobó la Ley Price-Anderson, que le concedió una protección general para no pagar el coste total de las posibles responsabilidades en caso de accidente. Para complicar aún más las cosas, la incipiente industria nuclear funcionaba bajo un marco regulador poco estricto. La A.E.C. publicó poco más que “Criterios Generales de Diseño” para que la industria los siguiera. La edición de los criterios publicada en 1965 incluía un piadoso edicto de que se proporcionaran “sistemas de eliminación de calor”. Pero el sector no recibió muchas orientaciones sobre cómo realizar esta difícil tarea; la agencia confió en la industria para que la resolviera y aprobó en gran medida los diseños que proponía. Al mismo tiempo, las centrales se hacían increíblemente grandes. El primer reactor nuclear, construido en 1942 bajo un estadio de fútbol en la Universidad de Chicago, apenas podía alimentar una bombilla, pero ahora el gobierno quería complejos de reactores que pudieran alimentar todo Chicago. Como dijo un presidente de la A.E.C., la energía nuclear se estaba transformando, en sólo veinte años, del avión Kitty Hawk de los hermanos Wright en un Boeing 747. Según el punto de vista de cada uno, este enfoque desenfrenado era una alternativa loable al avance tecnológico incremental o bien imprudente, caro y temerario.
Aunque los expertos del gobierno no podían precisar la probabilidad de un accidente, sí podían utilizar una aritmética sencilla para predecir los daños que podrían producirse. Los resultados se presentaron en un estudio realizado en 1957 por el Laboratorio Nacional de Brookhaven de la A.E.C. El estudio, que se basaba en la investigación sobre el impacto de la radiación ionizante, realizado tras los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, indicaba que en el peor de los casos un accidente grave, en lo que entonces se consideraba una gran central nuclear, podría causar treinta y cuatro mil muertes y siete mil millones de dólares en daños materiales, unos setenta y cuatro mil millones de dólares en dinero actual. Ocho años más tarde, en 1965, Brookhaven actualizó su análisis del peor escenario posible. Las centrales nucleares habían crecido en escala, y las implicaciones eran devastadoras: una fusión podría causar cuarenta y cinco mil muertes, y la contaminación radiactiva crearía una potencial “zona de desastre del tamaño del Estado de Pensilvania”. Cuando la actualización de 1965 llegó a la sede de la A.E.C., Wellock escribió: “La comisión optó por suprimir los resultados. Durante los ocho años siguientes, el borrador de la actualización permaneció como un tumor en remisión en los archivadores de la A.E.C., a la espera de hacer metástasis”. Sólo se hizo público en 1973, después de que el abogado de Chicago Myron Cherry exigiera su publicación.
En el humor negro de la comunidad de ingenieros nucleares, el tipo de percance que podría llevar a la catástrofe se denominaba el Síndrome de China: la idea era que una avería importante podría causar la formación de una mancha blanca de uranio fundido, y que esta mancha comenzaría a hundirse en la tierra, en dirección general a China. Según Wellock, este escenario se convirtió en una obsesión para el gobierno, a partir de finales de los años sesenta, ya que suponía un problema de relaciones públicas que podía acabar con el programa de energía nuclear, especialmente teniendo en cuenta el auge del movimiento ecologista. A James Schlesinger, economista nombrado por el presidente Richard Nixon como presidente de la A.E.C. en 1971, le preocupaba que la agencia -que entonces era cuestionada por la base científica de sus afirmaciones sobre seguridad nuclear- careciera de respuestas satisfactorias, y apoyó una importante investigación sobre la probabilidad de accidentes. Pero el estudio, que finalizó en 1975, no puso fin a la cuestión de la seguridad y, para sus críticos, sus deficiencias pusieron de manifiesto lo mucho que el gobierno no sabía. Más tarde, la Comisión Reguladora Nuclear (N.R.C.) se vio obligada a rechazar sus conclusiones, ampliamente difundidas. Según las notas tomadas por un empleado de la agencia llamado Thomas Murley, y obtenidas por Wellock, hubo un debate sobre dejar que “las fichas cayeran donde pudieran”, es decir, publicar cualquier resultado que los expertos informaran. Schlesinger y otros instaron a la cautela; en un momento dado, aconsejó a los miembros del personal que trabajaban en el informe que “mantuvieran todas las referencias a muertes, lesiones o daños materiales en los términos más vagos posibles.”
El libro de Wellock no aporta ninguna prueba de que alguien dentro de la A.E.C. estuviera implicado en una conspiración criminal para ocultar los riesgos que planteaban las centrales nucleares; al fin y al cabo, él es el historiador de la agencia y no un fiscal. En su lugar, parecía haber una abundancia de arrogancia y de creencia verdadera en la idea de un futuro nuclear en el que el riesgo de un accidente catastrófico se aceptaba, como una cuestión de doctrina, como muy bajo. "Todos nos creíamos nuestras propias tonterías", me dijo Murley, que llegó a ser director de regulación de reactores nucleares en la N.R.C. Para algunos, la esperanza era que se estaban haciendo progresos, o que de alguna manera se podía contar con ellos, a través del programa de investigación de seguridad en curso de la agencia, para conseguir que se desarrollara y probara la tecnología, como los sistemas fiables de refrigeración de emergencia. Los funcionarios también se consolaron con la creencia de que incluso si un sistema de seguridad no funcionaba, el peligro de fallos catastróficos podría reducirse mediante la acumulación de muchos sistemas de seguridad. Poner un reactor nuclear dentro de una especie de caja fuerte, por ejemplo, que pudiera contener los materiales radiactivos en caso de percance, fue una de las primeras y más obvias ideas. Los funcionarios se dieron cuenta entonces de que, a medida que se ampliaban los reactores, una caja fuerte de acero y hormigón no era suficiente: se necesitaban sistemas de respaldo adicionales. Los reguladores temían que un suceso como un terremoto pudiera inutilizar tanto el sistema primario como el de reserva, permitiendo que grandes cantidades de residuos radiactivos fueran arrastrados por el viento. Se descubrieron debilidades aún más mundanas: los edificios de contención podrían no funcionar como se pretendía si, por ejemplo, se dejaban abiertos para permitir el mantenimiento y otras tareas rutinarias; si se producía un accidente de forma repentina, las aberturas podrían no cerrarse con la suficiente rapidez.
Los edificios de contención sí resultaron útiles durante el desastre de Three Mile Island, en 1979, y en Fukushima, en 2011, como ha señalado el físico Frank von Hippel, de Princeton. Las instalaciones de contención de la central japonesa, aunque no eran estancas, redujeron la liberación de materiales radiactivos y proporcionaron el tiempo suficiente para que más de cien mil personas escaparan del daño inmediato de la lluvia radiactiva. En cambio, más de una década después, unas treinta y cinco mil personas no pueden regresar a sus hogares, muchos de los cuales han sido contaminados con cesio-137, una sustancia radiactiva de larga duración que emite una intensa radiación gamma y aumenta el riesgo de cáncer. Lo más alarmante es que el accidente de Fukushima estuvo a punto de provocar un incendio en una piscina de almacenamiento de combustible gastado que estaba fuera de la caja fuerte. Según análisis recientes de von Hippel y otros, si eso hubiera ocurrido, la liberación de material radiactivo podría haberse multiplicado por cien, lo que podría requerir la reubicación de hasta una cuarta parte de la población japonesa, dependiendo de hacia dónde soplaran los vientos. Un resultado así habría amenazado al área metropolitana de Tokio, a ciento cincuenta millas de distancia.
Un lector atento del libro de Wellock desea urgentemente que dé una respuesta a la pregunta subyacente: ¿Cuál es el riesgo real, hoy en día, de un accidente potencialmente catastrófico en una central nuclear? Wellock esquiva la cuestión por deferencia a su dificultad técnica, y quizás como una sutil indicación de que sigue trabajando para el gobierno. (Durante mi entrevista con Wellock, un funcionario de relaciones públicas de la N.R.C. se sentó y dijo que Wellock podía responder a preguntas sobre asuntos históricos, pero no sobre la política actual de la agencia). El libro de Wellock señala que algunos analistas han presentado estadísticas aproximadas basadas en la historia de la industria nuclear mundial: los reactores del mundo llevan funcionando más de catorce mil “años-reactor”, y hasta la fecha ha habido “cinco accidentes con daños en el núcleo”: Three Mile Island, Chernóbil y los tres reactores de Fukushima. Estas cifras, en un sentido de la palabra, sugieren que el mundo debería esperar una fusión total o parcial cada seis o siete años. Si esta estimación es plausible -Wellock no la pone en duda-, el programa nuclear mundial debería haber recibido su próxima gran sorpresa. Otro estudio, publicado en el Bulletin of the Atomic Scientists en 2016, llegó a una conclusión similar: la “probabilidad global” de una fusión en la próxima década era de casi el setenta por ciento.
En 1982, escribí en esta revista sobre el riesgo de otro gran accidente tras el de Three Mile Island. En aquel momento, hice el mismo tipo de cálculos. Los números sugerían que otro gran accidente nuclear se produciría en unos tres años. La catástrofe de Chernóbil ocurrió más o menos en la fecha prevista, cuatro años después, en 1986. Según estos cálculos, que no requieren una bola de cristal, Fukushima llegó un poco tarde. Pero como se trataba de tres fusiones, el cálculo rápido que había hecho seguía siendo un indicador suficientemente bueno del riesgo que corre el mundo. La próxima fusión, aritméticamente hablando, está a la vuelta de la esquina; la única cuestión que no puedo resolver es dónde se producirá. ¿En Diablo Canyon, en California? ¿En uno de los reactores nucleares franceses en su bonita campiña? No pretendo ser clarividente, pero en 1986 estaba en las noticias de la NBC, siendo entrevistado sobre el accidente de Chernóbil, y Tom Brokaw me preguntó qué planta nuclear estadounidense creía que podría convertirse en nuestro Chernóbil. Adiviné la planta de Davis-Besse, que estaba cerca de Toledo, Ohio, debido a varios informes que había visto sobre las prácticas de seguridad descuidadas allí. No se produjo ninguna fusión, aunque al día siguiente la empresa de servicios públicos propietaria tuvo una, por la publicidad que generaron mis comentarios. Pero en 2002 se descubrió que una corrosión no detectada había creado un agujero del tamaño de un pomelo en la parte superior de la vasija del reactor y había estado a un cuarto de pulgada de provocar un accidente grave. La central tuvo que cerrarse durante años, y las reparaciones costaron millones; su empresa operadora pagó la mayor multa de la historia de la regulación nuclear, junto con sanciones civiles y restituciones. Wellock describió el problema descubierto en Davis-Besse como “uno de los sucesos potencialmente más peligrosos de la historia de la energía nuclear comercial estadounidense”.
Tras el incidente de Three Mile Island, una comisión presidencial, presidida por John Kemeny, matemático y presidente del Dartmouth College, emitió un informe aleccionador. Expresaba su asombro por el hecho de que se realizara un mantenimiento arriesgado en el sistema de refrigeración del reactor mientras la central estaba en funcionamiento, en lugar de hacerlo cuando estaba apagada de forma segura, y señalaba cómo se permitía que los graduados de la escuela secundaria, que habían recibido poco más que un curso intensivo en los fundamentos de la supervisión de los reactores, estuvieran a cargo de la instalación nuclear. (La N.R.C. no exigía que un ingeniero formara parte del personal que operaba una central nuclear). Entre otras recomendaciones, el comité instó a volver a la práctica inicial de ubicar los reactores lejos de las ciudades. Murley, cuando se convirtió en director de regulación de reactores nucleares en la N.R.C., se tomó en serio esta sugerencia, y me dijo que a principios de los años noventa dio instrucciones a su personal para que desarrollara nuevas normas sobre dónde construir centrales nucleares; de acuerdo con la cooperación informal que existía entre su agencia y las autoridades reguladoras internacionales, consultaron con sus homólogos europeos para conocer sus opiniones. “Los europeos se volvieron locos”, dijo Murley. Las altas densidades de población en Europa hacían que las normas propuestas para el emplazamiento remoto fueran difíciles de cumplir; las normas también podrían poner en duda la seguridad de las centrales nucleares existentes. La nueva normativa no se promulgó. Murley dijo que recibió una llamada de Ivan Selin, el presidente de la N.R.C. Y añadió: “No creo que le haya contado esa historia a Tom Wellock”.
El libro de Wellock tampoco explora la cuestión de si la energía nuclear es algo que realmente queremos para mitigar el calentamiento global. Esto es comprensible -la cuestión va mucho más allá del mandato de Wellock como historiador de la agencia- pero está en la mente de mucha gente. Uno de los argumentos que se han esgrimido entre los partidarios de la reactivación del programa nuclear es que fue un grave error que los críticos de la energía nuclear de los años setenta y ochenta pasaran por alto la inminente crisis climática. Algunos de estos partidarios de la reactivación nuclear han sugerido que las normas de seguridad establecidas tras la catástrofe de Three Mile Island podrían haber sido exageradas, y sostienen que los mayores costes impuestos por estas normas a la industria provocaron el descenso de la construcción de centrales nucleares.
Como alguien que escribió sobre el tema en aquella época, quizá pueda añadir algo de perspectiva. No dejé de lado el problema del CO2 en mi propia investigación de los riesgos nucleares, que comenzó en 1970, en el Proyecto de Investigación Económica de Harvard; de hecho, fue debido a la contaminación atmosférica causada por las emisiones de los combustibles fósiles y a la amenaza del calentamiento global que estudiamos la energía nuclear, preguntándonos si podría ser ideal para generar electricidad. En una serie de artículos, Henry Kendall y yo intentamos analizar los riesgos de las centrales nucleares en comparación con los riesgos conocidos creados por seguir quemando combustibles fósiles. Es ingenuo, por supuesto, esperar que la política pública se base en una cuidadosa ponderación de costos y beneficios. Cuando las decisiones son tomadas por el gobierno, a menudo se hacen por decreto ejecutivo, impulsado en parte por los grupos de presión de las empresas, con sólo una aportación tangencial del público o de expertos independientes. El único freno real del sistema es el económico. En última instancia, el programa nuclear no se detuvo por cuestiones académicas ni por las protestas de los miembros del Sierra Club, sino por la realidad económica: los costos de construcción y funcionamiento de las centrales nucleares se volvieron insostenibles, incluso para las empresas de servicios públicos, a las que se permitió transferirlos a los consumidores.
En los años setenta, Con Ed y otros se dieron cuenta de que la energía nuclear no era, de hecho, "demasiado barata para medirla". Construir centrales era una pesadilla de ingeniería. Las empresas tenían que pagar los sobrecostos y los retrasos causados por el hecho de que la construcción se iniciaba a menudo sin un diseño finalizado; había que hacer obras, derribarlas y hasta rehacerlas porque los constructores debutantes improvisaban las centrales. De hecho, el certificado de defunción de la industria nuclear estadounidense puede fecharse precisamente en el verano de 1974. Los tipos de interés estadounidenses se acercaban a los dos dígitos y las empresas de servicios públicos dejaron de encargar unidades nucleares en masa, cancelaron sus contratos pendientes para nuevas unidades e incluso desecharon proyectos de construcción nuclear que ya estaban muy avanzados. Esto supuso pérdidas de cientos de miles de millones de dólares para las empresas de servicios públicos y condujo a una cascada de impagos sin precedentes en la industria nuclear. No se encargarían nuevas centrales nucleares en Estados Unidos durante treinta y cuatro años.
En las últimas décadas, las pocas incursiones en la construcción de centrales nucleares -como la malograda planta de Vogtle, en Georgia- se han convertido en debacles multimillonarias. Y, según los datos del Organismo Internacional de la Energía Atómica, que realiza estudios en todo el mundo sobre los planes de generación de energía en el futuro, la energía nuclear está condenada, tal vez porque los proyectos de libre elección no se ajustan al modelo de negocio sensato de nadie. Un informe reciente del Organismo Internacional de Energía Atómica estima que la energía nuclear será casi irrelevante como fuente de energía mundial en 2050, y que su cuota de generación de energía mundial probablemente caerá en un solo dígito. Mientras tanto, el desarrollo de la energía eólica y solar a precios asequibles avanza de forma constante.
Décadas de evidencia atestiguan la dificultad, el gasto y el peligro de convertir las espadas en arados. Todavía se está acumulando. Las empresas europeas de servicios públicos, que se enfrentan a la reducción del suministro de gas natural ruso como consecuencia de la guerra de Ucrania, han recurrido a la electricidad del sistema nuclear francés -el mayor del continente- como un posible regalo del cielo. Sin embargo, la promesa de esta ayuda se ha visto alterada por el reciente descubrimiento de grietas por corrosión en las tuberías situadas en los sistemas de refrigeración críticos de numerosas unidades nucleares francesas. Una docena de reactores han sido cerrados, y nadie sabe cuánto tiempo llevará arreglarlos. Puede llevar años. Mientras tanto, la ola de calor y la sequía de este verano en Europa han obligado a desconectar otras unidades, ya que el caudal de agua de los ríos ya no es suficiente como refrigerante. En total, la capacidad nuclear francesa se ha reducido a la mitad. El hecho de que la energía nuclear haya caído en picado cuando más se necesita es un indicio de que no es la clave de la seguridad energética mundial. ♦
Daniel Ford, antiguo director ejecutivo de la Union of Concerned Scientists, empezó a colaborar con The New Yorker en 1979, con sus valoraciones sobre el accidente de Three Mile Island de ese mismo año.
Fuente:
Daniel Ford, How Safe Are Nuclear Power Plants?, 13 agosto 2022, The New Yorker. Consultado 14 agosto 2022.
Este artículo fue adaptado al español por Cristian Basualdo.
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