Cien años después, Estado argentino reconoce (y juzga) masacre indígena

por Daniel Gutman

BUENOS AIRES - Es un juicio penal extraño, en el que no hay acusados. Su objetivo no es dictar una condena, sino hacer visible un hecho atroz ocurrido hace casi cien años en el norte de la Argentina, que el Estado durante décadas ocultó con singular éxito: la matanza por parte de fuerzas de seguridad de cientos de indígenas que protestaban por el maltrato laboral y la discriminación.

“Buscamos sanar las heridas y reivindicar la memoria de los pueblos”, explicó la jueza federal Zunilda Niremperger, al abrir el martes 10 la primera audiencia realizada en Buenos Aires del juicio por la verdad de la llamada Masacre de Napalpí, en la que fueron asesinados a balazos un número indeterminado de indígenas, en la mañana del 19 de julio de 1924.

El juicio comenzó el 19 de abril en la norteña provincia del Chaco, una de las más pobres del país, cerca de la frontera con Paraguay, pero se trasladó momentáneamente a la capital, donde vive aproximadamente la tercera parte de los 45 millones de habitantes de este país sudamericano, justamente en busca de darle mayor visibilidad.

En una decisión fuertemente simbólica, el escenario elegido en Buenos Aires fue el Espacio de Memoria y los Derechos Humanos, instalado en la antigua Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó el más emblemático centro clandestino de tortura y exterminio durante la última dictadura militar (1976-1983), que secuestró y asesinó a miles de personas por razones políticas.

Las audiencias en Buenos Aires concluyen el jueves 12, antes de volver a sesionar el tribunal en Resistencia, capital del Chaco, a partir del día 19, cuando se prevén los alegatos de la fiscalía y los querellantes, antes de emitirse la sentencia, para la que aún no hay fecha.

“Es un juicio para que se conozca la verdad que necesitamos y que vengo a apoyar, en el lugar donde trajeron a mi hija cuando la secuestraron. Esto demuestra que los genocidios se repiten en la historia”, dijo a IPS, sentada en la primera fila de la sala, con su cabeza cubierta por el pañuelo blanco que identifica a las Madres de Plaza de Mayo, Vera Vigevani de Jarach.

Vera tiene 94 años, es judía y emigró con su familia a Argentina cuando tenía 11 desde Italia, debido a la persecución racial desatada por el líder fascista Benito Mussolini en 1939. En 1976 sufrió la desaparición de su única hija, Franca Jarach, quien entonces tenía 18 años.

Los juicios por la verdad no son una novedad en la Argentina. Remiten a la investigación de los crímenes de la dictadura, ya que con esa modalidad se realizaron a partir de 1999, cuando las leyes de amnistía dictadas luego de la condena a los máximos jerarcas del régimen militar impedían juzgar al resto de los responsables.

Entonces, un reclamo de una Madre de Plaza de Mayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) terminó en un acuerdo con el Estado argentino, que reconoció el derecho de la mujer a que el Poder Judicial investigara cuál fue el destino de su hija desaparecida, a pesar de que la imposibilidad de castigar a los responsables.

Más tarde, las leyes de amnistía fueron derogadas y volvieron a realizarse juicios con acusados y condenas.

Una reparación histórica

“Mi abuela era sobreviviente de la masacre y yo crecí escuchando los relatos de la explotación laboral en Napalpí y de lo que sucedió ese día. Para nosotros este juicio es una reparación histórica”, contó a IPS Miguel Iya Gómez, quien es maestro bilingüe multicultural y hoy preside el Instituto de Aborigen Chaqueño, organismo provincial que tiene la misión de mejorar las condiciones de vida de las comunidades originarias.

El juicio está construido sobre la base de documentación oficial y periodística y de la época y los testimonios grabados en video de sobrevivientes de la matanza, como así también de sus descendientes, y de investigadores de la historia indígena en el Chaco.

La provincia argentina del Chaco es apenas una parte de la ecorregión de la cual tomó su nombre: una extensa llanura boscosa, calurosa y seca, que en gran medida no fue colonizada durante la Conquista Española. Solo a fines del Siglo XIX el Estado argentino moderno lanzó campañas militares para someter a los indígenas chaqueños e imponer allí su autoridad.

Una vez conquistado el Chaco, muchas de las familias indígenas fueron forzadas a instalarse en campamentos llamados “reducciones”, donde debían trabajar en tareas rurales.

“Las reducciones funcionaron en el Chaco entre 1911 y 1956 y eran campos de concentración y sometimiento para los indígenas, a los que se disciplinaba a través del trabajo”, declaró en la audiencia el sociólogo Marcelo Musante, integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena en Argentina, que reúne a académicos de distintas disciplinas.

“Al ingresar a la reducción, se les entregaba ropa a instrumentos de labranza y eso les generaba una deuda que les imponía una gran presión. Luego, no se les permitía a los indígenas hacer compras fuera de los almacenes de la reducción”, agregó.

El algodón invasor

El historiador Nicolás Iñigo Carrera contó que era común que los indígenas del Chaco fueran a trabajar temporalmente a ingenios azucareros de las vecinas provincias de Salta y Jujuy, pero que el escenario cambió a partir de la década de 1920, cuando el gobierno argentino introdujo en el Chaco el cultivo del algodón, en busca de aprovechar la creciente demanda mundial de la industria textil.

“Entonces los colonos criollos, que muchas veces no tenían mano de obra, reclamaron que se garantizara la presencia de indígenas para levantar la cosecha de algodón y, en 1924, el gobierno prohibió salir del territorio chaqueño a los aborígenes, que se negaban a trabajar en el algodón y fueron declarados subversivos”, narró Carrera.

La antropóloga Lena Dávila Da Rosa contó que la protesta involucró a entre 800 y 1000 indígenas de Napalpí, que el 19 de julio fueron atacados a balazos por unos 130 policías con apoyo de un avión que arrojaba caramelos para que los niños salieran a buscarlos y de esa manera revelaran donde se hallaban las víctimas que se buscaban.

“Es imposible saber exactamente cuántos indígenas fueron asesinados, pero fueron varios cientos. El informe oficial habló de cuatro muertos, que se enfrentaron entre ellos, y hubo una investigación judicial que se cerró rápidamente. Quedaron las memorias subterráneas de las comunidades”, explicó a IPS Alejandro Jasinski, investigador del Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Esas memorias subterráneas fueron rescatadas y hechas públicas en los últimos años en buena parte gracias al impulso de Juan Chico, un escritor e investigador indígena del Chaco que falleció en 2021 por covid-19.

“Juan empezó hace casi 20 años a recolectar testimonios. Yo trabajé al lado de él para dar a conocer el genocidio indígena y en 2006 fundamos una ONG que hoy es la Fundación Napalpí. Fue una lucha larga hasta llegar a este juicio”, dijo a IPS David García, traductor e intérprete de la lengua qom, una de las principales naciones indígenas del Chaco.

Indígenas en el Chaco de hoy

De la población de la provincia del Chaco, 3,9%, o 41 304 personas, se reconoció indígena en el último censo nacional realizado en Argentina, en 2010, lo que supera la media nacional, que es de 2,4 %.

Son muchos los datos del censo que muestra las duras condiciones de vida de los indígenas del Chaco y sus desventajas en relación al resto de la población. Más de 80 % habita en viviendas calificadas como deficitarias mientras que más de 25 % vive en condiciones de “hacinamiento crítico”, con más de tres personas por cuarto. Además, más de la mitad de los hogares cocina con leña o carbón.

Hoy, el lugar donde ocurrió la masacre de Napalpí se llama Colonia Aborigen Chaco y es un terreno de 20 000 hectáreas que es propiedad comunitaria indígena, donde según datos oficiales viven unas 1300 indígenas, de los pueblos qom y moqoit, los más numerosos en el Chaco junto con la etnia wichi.

Allí, en 2019, fueron encontradas fosas comunes por el Equipo Argentino de Antropología Forense, una prestigiosa organización que nació en 1984 para identificar restos de las víctimas de la dictadura militar y ha trabajado en todo el mundo.

“Lo que esperamos de la sentencia es que se conozca la verdad sobre un hecho que necesita ser conocido para que el racismo y la xenofobia no prendan en la Argentina. Es necesario que se sepa toda la sangre que ha corrido por culpa del desprecio a indígenas”, dijo a IPS Duilio Ramírez, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno del Chaco, que actúa como querellante.

“Esperamos que con la sentencia el Estado argentino se haga cargo de lo que pasó y eso se traduzca en políticas públicas de reparación a las comunidades indígenas”, concluyó.

ED: EG

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Fuente:

Daniel Gutman, Cien años después, Estado argentino reconoce (y juzga) masacre indígena, 11 mayo 2022, Inter Press Service.