El siguiente texto es una versión editada de Amigos de la Tierra Rusia y la Unión Social Ecológica Rusa. El texto original está disponible aquí.
Artículo publicado originalmente en Beyond Nuclear International.
Viene de la primera parte.
Problemas con el desmantelamiento
Pese a sus generosas licencias, la mayoría de las centrales rusas están bastante cerca de su cierre definitivo. En los próximos 15 años el proceso de desmantelamiento de NPP tendrá lugar. En la actualidad hay 36 unidades en activo en 11 NPPs rusas, y siete unidades han cerrado ya. Aunque se haya retirado el combustible de cinco de estas últimas, no se han desmantelado. Este proceso supondrá cantidades descomunales de residuos nucleares. Es más, sigue sin conseguirse fondos suficientes para dicho desmantelamiento.
La organización Green World ha trabajado durante años en Sosnovy Bor, Leningrado, que es una ciudad dominada por la industria nuclear. Desde 1988, esta organización se ha opuesto a varios proyectos nucleares en el Baltico, proveyendo a la ciudadanía de información independiente sobre estos.
Green World ha presionado todo este tiempo por el desmantelamiento de Leningrado NPP, e incluso preparó un informe a este efecto, de acuerdo con las experiencias de varios países. Han prestado una atención particular a la transparencia de la información y la toma colectiva de decisiones incluyendo, por ejemplo, a antiguos trabajadores de la industria nuclear.
En vez de encontrar cooperación, la organización y sus activistas solo han conocido, desde su fundación, la presión de las autoridades y del lobby nuclear. Han sufrido denuncias, despidos e incluso amenazas contra su propia vida.
En 2015, Green World cayó en la lista de agentes extranjeros y se vio obligada a disolverse. En su lugar, surgió otra organización, el Consejo Público de la Costa del Sur y Golfo de Finlandia. Misma actividad, distinto nombre.
Protestas contra la minería de uranio
En la región de Jurgan, la subsidiaria de Rosatom, Dalur, mina uranio, haciendo temer a las poblaciones locales por la posibilidad de un desastre medioambiental. En el verano de 2019, se evaluó la documentación de Dalur, llegandose a la conclusión de que no cumplía con la la legalidad rusa, pero Dalur ha continuado con sus actividades.
El depósito de uranio Dobrovolnoe se encuentra en una llanura de la cuenca del río Tobol. Esto significa que todo el agua que pase por el río necesariamente lo hará por el acuífero, liberando radioactividad y componentes tóxicos al entorno cercano.
Desde 2017, varios y varias activistas de Kurgan han protestado contra el desarrollo de este depósito. Han realizado videos explicando la situación, alcanzando a decenas de miles de personas. Han luchado varias veces por un referéndum y exigido un plan de impacto medioambiental independiente pero, hasta ahora, solo han encontrado la negativa de las autoridades locales.
En febrero de 2018, Natalia Shulyatieva, esposa del activista Andrey Shulyatiev y madre de tres hijos, murió en coma. Se ha especulado con que lo que la condenó a ese estado fue descubrir que Dalur había denunciado a su marido, acusandole de atentar contra la reputación de la empresa. Se retiró la denuncia tras su muerte.
Rosatom y su importación de residuos nucleares
En otoño de 2019, varias organizaciones ecologistas revelaron que se estaban importando residuos radiactivos (hexafluoruro de uranio, UF6) de Alemania, pasando por el puerto de Amsterdam hasta Rusia. Estos residuos irán a los Urales y Siberia, almacenándose en contenedores al nivel de superficie. Así, por medio de una transacción comercial, la empresa alemana Urenco se libra del problema de los residuos y Rosatom obtiene beneficios trasladándolos a territorio ruso.
Criticando esta transacción, los grupos Unión Social Ecológica Rusa, Ecodefensa y Greenpeace Rusia llamaron a la sociedad civil a protestar. Se unieron a este llamamiento más de 30 organizaciones y movimientos, y han tenido lugar varias manifestaciones en Rusia, Alemania y Holanda.
Como resultado de las mismas, la Asamblea Legislativa de San Petersburgo se vio obligada a considerar la cuestión de los residuos, paralizando su importación durante tres meses. Pero en marzo de 2020, cuando se impuso la cuarentena en Rusia por el COVID y no se podían tomar las calles para protestar, Rusia reanudó la importación, pasando los residuos por pueblos menos habitados, como Ust-Luga, en Leningrado. Por esta decisión, se han sumado varias organizaciones y residentes de la zona al movimiento antinuclear.
Tras estas protestas, ha habido varias personas que han recibido acoso. Novouralsk es una ciudad controlada por el lobby nuclear de la región de Sverdlovsk y destino final del hexafluoruro de uranio transportado. Como respuesta a las protestas antinucleares, las autoridades iniciaron causas judiciales contra tres pensionistas en diciembre de 2019. Retiró los cargos más adelante.
Otro ejemplo es el de Rashid Alimov, experto de Greenpeace Rusia, que protestó en el centro de San Petersburgo. Más tarde, el mismo día, dos policías, junto con otros seis encubiertos, detuvieron a Alimov frente a su casa. Le denunciaron, exigiendo una fianza muy alta. Después se retiraron los cargos.
Varias organizaciones ecologistas que se habían opuesto a los residuos acabaron en la lista de agentes extranjeros. Ecodefensa fue la primera de todas, en 2014. En 2019, la presión seguía y la líder de la organización, Alexandra Korolyova, entró en el punto de mira. Se le abrieron cinco causas judiciales, forzándola a abandonar el país.
La central de Mayak: la cara sucia de Rosatom
La central de Mayak, en la región de Chelyabinsk, era una central de reprocesamiento de residuos. Uno de los lugares que más han sufrido por la industria nuclear, muy seguramente. En primer lugar, se lanzaban los residuos al río Techa desde 1949 hasta 2004, algo que hasta la compañía ha admitido. De acuerdo con varios informes a posteriori encargados por la organización local For Nature, siguen lanzándolos. Como resultado, 35 pueblos junto al río han sido evacuados y destruidos. En segundo lugar, la explosion de la central en 1957, la tragedia de Kyshtym, se encuentra entre los peores accidentes nucleares de la historia.
Una de las primeras organizaciones que denunciaron el problema de la radiación en los Urales fue el Movimiento por la Seguridad Nuclear, fundado en 1989. Durante su trabajo, el Movimiento ha realizado varias campañas de concienciación, protección social de las poblaciones afectadas y publicado docenas de informes. Tras una presión y persecución sin precedentes, la líder, Natalia Mironova, tuvo que emigrar a los Estados Unidos en 2013.
Desde 2000, otra ONG, Planet of Hope, ha realizado miles de consultas a la ciudadanía. Nadezha Kutepova, abogada y líder de la organización, ha ganado más de 70 causas en la defensa de las víctimas de Mayak, incluyendo dos ante la Corte Europea de Derechos Humanos. Sin embargo, varios casos importantes aguardan su resolución. Tras estos nos encontramos con víctimas de segunda generación, mujeres embarazadas durante las evacuaciones, junto con varios escolares del pueblo Tatarskaya Karabolka, a los que forzaron a regresar y recoger la cosecha contaminada después del accidente.
El Estado ruso y Rosatom han reaccionado contra las acciones de Nadezhda Kutepova, persiguiéndose a ella y a Planet of Hope. La organización ha sobrevivido inspecciones arbitrarias en 2004 y 2009, pero fue calificada como agente extranjero en 2015 y cerró en 2018. Después de que se les acusara por ‘espionaje industrial’ bajo amenaza de proceso penal, Nadezhda huyó del país junto con sus hijos. Ha continuado con su lucha por las víctimas de Mayak.
Desde 2002, For Nature ha cuestionado la actividad nuclear en la región. Han llevado el caso de la importación de residuos de Paks, Hungría, al Tribunal Supremo de la Federación Rusa. El Tribunal declaró el decreto gubernamental como inadecuado, previniendo la importación de 370 toneladas de residuos.
En marzo de 2015, For Nature también recibió la calificación de agente extranjero y tuvo que pagar una multa. En 2016, les forzaron a cesar sus actividades. En su lugar, surgió una organización con el mismo nombre al sur de los Urales.
Lucha contra el cementerio nuclear
En la ciudad de Krasnoyarsk, Rosatom planea construir un cementerio nuclear para residuos de alto nivel. Se ha escogido un lugar junto al río Yenisei, el más largo de Siberia, a solo 40 km de una ciudad. Varios y varias activistas consideran este proyecto como un crimen contra las generaciones futuras y una violacion de muchas leyes rusas, de llevarse a cabo. Preocupa que se trasladen allí residuos de Ucrania, Hungría, Bulgaria (y en el futuro, de Bielorrusia, Turquía, Bangladesh y otros países).
Varios casos importantes aguardan su resolución. Tras estos nos encontramos con víctimas de segunda generación, mujeres embarazadas durante las evacuaciones, junto con varios escolares del pueblo Tatarskaya Karabolka, a los que forzaron a regresar y recoger la cosecha contaminada después del accidente.
La comunidad local está enfadada, ya que nadie quiere vivir en el cementerio nuclear del mundo. Desde 2013, y durante más de siete años, la gente de Krasnoyarsk ha protestado. Más de 150.000 personas han firmado una petición al presidente ruso contra la construcción de este cementerio.
La mayor parte de las centrales nucleares se encuentran en la parte europea de Rusia, pero los residuos terminarán en Siberia. Se ha llamado a este plan la “colonización nuclear” de Siberia por parte de Rosatom.
En 2016, se acusó a Fedor Maryasov, un periodista independiente y cabeza de las protestas, por incitar al odio contra los trabajadores de la industria nuclear como grupo social. Siguiendo la legislación contra extremismo, se le abrió caso por vía penal. La base de esta acusación eran 125 publicaciones en redes sociales y prensa contra la energía nuclear. Se rebuscó en su apartamento, llevándose su ordenador junto con un informe impreso sobre las actividades de Rosatom en Krasnoyarsk.
El Servicio Federal de Seguridad también inició cargos contra Maryasov por traición. Solo una intensa campaña en los medios y por parte de abogados defensores de derechos humanos ha impedido que se le acusara de aún más cargos.
Conclusión
La energía nuclear es un problema, no una solución. Pese a la pesadilla que hemos descrito, Rosatom sigue intentando convencer de la pureza de la industria nuclear y su supuesta neutralidad de dióxido de carbono. Es más, Rosatom está construyendo más centrales nucleares usando dinero del presupuesto de la Federación Rusa. La nuclear no solo no salvará el clima, sino que creará más problemas con los residuos, radiactivos durante miles de años.
Exigimos:
- Que Rusia abandone todo desarrollo de la energía nuclear.
- Que las centrales actuales sean cerradas y desmanteladas lo antes posible.
- Que los fondos destinados a la nuclear se redirigiran al desarrollo de energías renovables a nivel local, a la restauración de territorios contaminados y al apoyo de las personas afectadas por la industria nuclear.
- Que se discuta largo y tendido sobre el problema de los residuos de manera pública e inclusiva, con la participación de todas las partes interesadas, y que se tomen las decisiones de manera democrática, teniendo en cuenta los principios de justicia ecológica.
- Que desaparezca por completo la presión sobre activistas, personas defensoras del medioambiente y defensoras de los derechos de las víctimas.
- Finalmente, que se considere a Rosatom responsable por toda la contaminación del medio ambiente y por la violacion de derechos humanos.
Traducción de Raúl Sánchez Saura.
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Fuente:
Plantándole cara a Rosatom II, 13 septiembre 2021, El Salto Diario. Consultado 17 septiembre 2021.
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