El verdadero coste de la minería de uranio III

Los desechos de la mina de uranio de Tummalapalle, en India, ha contaminado el agua de la zona, causando la muerte de ganado, pérdida de cosechas y problemas de salud para la población local. A día de hoy, continúan luchando por sus derechos.

por Krishna Shree y Rajesh Serupally

Artículo publicado originalmente en Beyond Nuclear International.

Viene de la segunda parte.

Cuando un pueblo tras otro comenzó a quejarse, la oficina de Kurnool de la Junta de control de la contaminación de Andhra Pradesh (APPCBK por sus siglas en inglés) tomó cartas en el asunto. Como respuesta a estas protestas, enviaron un comunicado oficial a UCIL el 23 de marzo de 2018, en el que se lee: “Ustedes no han revestido la balsa, pese a las condiciones específicas tal como las estipulan las normativas de limpieza medioambiental (EC), consentimiento para el establecimiento (CFE) y consentimiento para la operación (CFO), y por tanto han violado la legislación”. Se lee más adelante acerca de las muestras de agua tomadas en las inmediaciones que “UCIL y el honorable parlamentario de la circunscripción de Kadapa, [han consentido que] los niveles de uranio excedan el estándar”, exigiéndose una respuesta por parte de UCIL de querer evitar que la APPCBK tome acciones en base a la Ley del Agua de 1974.

A esto la UCIL respondió el 2 de abril de 2018, juzgando que los niveles de uranio presentes en los terrenos se debían a aguas subterráneas contaminadas ajenas a su balsa. También aseguraban que esta la habían revestido con arcilla, siguiendo el dictamen de la Junta Reguladora de Energía Atómica (AERB), aunque olvidaron mencionar el tipo de arcilla empleada. Asimismo, declararon utilizar técnicas de minería innovadoras en Jharkhand y Andhra Pradesh “con resultados beneficiosos para el medioambiente” que les habría reparado un gran apoyo social. UCIL culpaba de todas las alegaciones contra sus actividades a organizaciones antinucleares con “una agenda”.

En Jaduguda, la opinión pública difiere bastante de las declaraciones de UCIL. Ashish Birulee cree que sus operaciones allí han dañado el medio natural. “La gente sufre de enfermedades hasta ahora desconocidas. Antes no había problemas de salud aquí. ¿Cómo es que todo esto comenzó conforme empezaron a minar uranio? La compañía no respeta las medidas de salud pública internacionales. A UCIL nunca le han importado”.

Siguiendo la correspondencia entre APPCBK y UCIL, aquella respondió el 19 de abril de 2018 con una carta exigiendo evidencias del revestimiento de la balsa. También recordaba que la AERB y la APPCB eran organismos distintos, y que debían respetarse las normativas de ambos. Asimismo, rechazaba categóricamente las afirmaciones de la UCIL de que las aguas subterráneas estuviesen contaminadas por razones distintas. En 2013, las muestras de agua tomadas en Mabbuchintalapalle indicaban unos niveles de uranio de entre 1 y 7 partes por mil millones (ppb), mientras que las últimas tomas de los pozos cercanos a la balsa reflejaban unos niveles de entre 690 y 4000 ppb (siendo el estándar de 60).

La APPCBK ha formado un comité para investigar acerca de la mina de uranio de Tummalapalle, que visitó los pueblos afectados a finales de junio de 2018. Aún no han hecho públicas sus averiguaciones.

Es más, la UCIL no ha movido un solo dedo para colocar una cubierta vegetal sobre la balsa, lo que evitaría la difusión de partículas radioactivas por el aire. Eso sí, han descuidado completamente el desarrollo de vegetación en y alrededor de las paredes de la balsa, lo que vuelve el terreno más poroso, aumentando la filtración.

De sobra se sabe en la zona que UCIL solo se pronuncia para defender sus actividades y para nada más. La audiencia pública en la oficina de la UCIL de Tummalapalle se condujo bajo tremendas presiones, e incluso entonces se prohibió el acceso a terceros. En una reunión en abril de 2018, la UCIL invitó a miembros del Centro de Investigación Atómica Bhabha (BARC) como asesores para su defensa, pero no consintieron que participara en la audiencia el Dr Babu Rao (quien se retiró siendo el científico principal del Instituto Indio de Tecnología Química) a modo de representante de la ciudadanía. De hecho, se le detendría ilegalmente en la comisaría de policía de Vemula, y fue solo después de las protestas de los y las vecinas que le liberaron y pudo participar. También se ha exigido que la UCIL celebre sus audiencias en territorios neutrales en vez de sus propias oficinas, así como facilitando la atención y comprensión de las poblaciones afectadas.

Rajnish Rai, que ejercía como responsable de seguridad para UCIL en 2014, realizó un informe en el que aseguraba que existían “varios fallos procedimentales y de gestión en el proyecto de Tummalapalle”, lo que supuestamente habría supuesto al gobierno 9.700.000.000 de rupias. Señalaba la existencia de varios casos de corrupción y mala gestión en UCIL, apuntando incidentes durante la decomisión de las minas de Mosabani y Rakha por no seguir la normativa de seguridad ni reclamar la supervisión de la AERB. En el caso de la mina de Tummalapalle, Rai recomendó una auditoría “independiente, objetiva y de confianza para examinar si el proyecto de Tummalapalle se está ejecutando y/o llevando a cabo de acuerdo con los principios de economía, eficiencia y efectividad”.

Dada la presión de activistas y vecinos, tuvo lugar una reunión el 13 de julio de 2018 entre la oficina del distrito, dirigida por C Hari Kiran, y representantes de UCIL, para que estos respondieran a las protestas.

T Rajendra Reddy, de la oficina de Kurnool de la APPCB, nos confirmó que el comité creado para aseverar el impacto de la mina de Tummalapalle y, potencialmente, guiar las acciones a tomar en caso de mala gestión, estaba formado por físicos nucleares y demás académicos de peso. Mencionó asimismo que habían confirmado un aumento del contenido de uranio en el agua y que, pese a las afirmaciones de la UCIL, no se debía a formaciones geológicas o demás causas ajenas. A día de hoy, UCIL no ha enviado las pruebas exigidas por la APPCB y se espera que el comité tome una decisión sobre cómo proceder.

Cuando le contactamos, el gerente general adjunto de Tummalapalle nos indicó que escribiésemos al jefe de personal, que respondería a nuestras preguntas. Dijo que “las actividades de la UCIL son de gran importancia estratégica para la nación y por tanto, no podemos divulgar información alguna sin obtener un permiso por medio de las canales oficiales”.

Al hablar con el Dr EC Gangi Reddy, un médico de pueblo vecino, Pulivendula, nos dijo que había notado “un aumento de casos de enfermedades cutáneas en los últimos años, especialmente en los pueblos alrededor de la balsa”. Añadió que “se debería averiguar la causa lo antes posible”.

Dados sus años de experiencia en el área de Jaduguda, Ashish Birulee nos desveló la dificultad para los vecinos de marcharse a otro lugar. “A quienes poseen tierras nunca les recompensarán ni por completo ni de manera adecuada. En vez de eso, les ignorarán in más remedio que protestar y luchar por lo que es suyo”.

Jayasree Kakumani, activista ecologista del Foro por los Derechos Humanos (HRF), una persona muy conocida para las víctimas de Tummalapalle tras sus años de trabajo en la zona. Lucha por una “compensación para las personas afectadas y el fin de toda actividad minera hasta que se revista la balsa”.

Ashish Birulee dice que “una vez han comenzado a minar, costará pararles incluso cuando se sepan la verdadera dimensión de este problema. Tenemos el ejemplo de Jaduguda. El sufrimiento de la gente allí es real, hablamos de problemas muy graves de salud, de cánceres. Y el futuro promete ser peor, no queda otra. UCIL nunca se responsabilizará por el impacto de su modelo de negocio, ni por el hecho de que sus residuos están haciendo enfermar a las personas y al medioambiente”.

“Pasó casi medio siglo antes de que se evidenciaran los efectos de la radiación allí. Pero en 15 anhos, Tummalapalle puede convertirse fácilmente en el nuevo Jaduguda”, añade. Llama la atención sobre el hecho de que UCIL aún no ha respondido a una pregunta que la gente de este pueblo les preguntara hace décadas: “¿Qué va a ser de nosotros cuando cierren la mina?”

Si Jaduguda sirve como ejemplo, UCIL desaparecerá en cuanto deje de ganar dinero con la mina, dejando atrás las toneladas de residuos radioactivos. ¿Dónde encontrará esta gente ayuda? ¿A quién podrán quejarse, una vez sus sistemas de vida hayan quedado destruidos en nombre del desarrollo y de la prosperidad económica? Más allá de las culpas, aún se desconoce una solución real.

Krishna Shree, Rajesh Serupally, First Post.

Traducción de Raúl Sánchez Saura.

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Fuente:

Krishna Shree, Rajesh Serupally, El verdadero coste de la minería de uranio III, 5 julio 2021, El Salto Diario.