Esta catástrofe pone en evidencia la necesidad de una Ley de Humedales que proteja esa zona que posee una muy variada flora y fauna.
por Enrique Viale
Las imágenes apocalípticas que se observan de los extendidos incendios intencionales en el Delta del Paraná cobran más dramatismo en el marco de la pandemia. Con la misma lógica que los incendios que azotaron a la Amazonia y con los mismos intereses detrás: un agronegocio que corre permanentemente su frontera sin preocuparse por lo que arrasa con su accionar.
Esta catástrofe ambiental se da en el Delta del Paraná que es un inmenso humedal y como tal, además de albergar una rica diversidad biológica, cumple funciones como la recarga y descarga de acuíferos, el control de inundaciones, la retención de sedimentos y nutrientes, la estabilización de costas, la protección contra la erosión y la regulación del clima. Según los expertos, este delta alberga unas 700 especies de vegetales y 543 especies de vertebrados, con una gran riqueza en aves de 260 especies.
La presión para lograr nuevas tierras, en este caso para uso ganadero, es una de las facetas de un modelo agropecuario que devasta con bosques y humedales. Desde hace más de una década que está situación se repite cada año con estos recurrentes incendios en sus pastizales, que este año se vieron potenciados por una histórica bajante del río Paraná y una notable sequía, combinación que potencia el desastre. Así, desde febrero a julio de este año, los incendios habrían consumido, al menos, un total de 50 mil hectáreas, una superficie que equivale a tres veces la ciudad de Rosario. Hoy, el cálculo es más aterrador, casi duplicando esa cifra de superficie destruida. Detrás de estos incendios no sólo está el agronegocio, tambien el extractivismo urbano, la especulación inmobiliaria, que apetece esas tierras para convertirlas en barrios cerrados o countries. Paradójicamente luego serán vendidos como “una vuelta a la Naturaleza”.
Una de las herramientas que Argentina necesita para conservar estos ecosistemas es una Ley Nacional de Humedales que, por sí sola no revertirá mágicamente estos procesos destructivos. De todos modos, será un punto de inflexión en esta brutal historia para empezar a proteger y conservar uniformemente estos ambientes tan importantes.
Está ley tiene una largo derrotero. En 2013, impulsada por el entonces Senador Rubén Giustiniani, se logró una primera media sanción en Senadores pero luego, al no tratarse, perdió estado parlamentario en Diputados. Exactamente lo mismo ocurrió en 2016 con un proyecto del ex Senador Fernando Pino Solanas, que también logró media sanción pero terminó en algún coqueto cajón de la Cámara Baja. Así se echó por tierra a un trabajo de más de tres años que incluyó decenas de reuniones con organizaciones ambientalistas, varias audiencias públicas y el apoyo de un abanico muy amplio de expertos y universidades.
Una correcta Ley debe disponer pautas mínimas para la conservación, protección, restauración ecológica y uso racional y sostenible de los humedales tanto por su valor en sí mismos como para preservar los servicios ecosistémicos que estos brindan. Debe establecer la realización de un inventario nacional y un ordenamiento territorial de los humedales en el marco de un proceso participativo. Asimismo es indispensable que la futura norma tenga una moratoria en base al principio precautorio y contenga consecuencias penales a quienes destruyan estos vitales ecosistemas.
Pero si la Ley de Bosques (2007) fue difícil de conseguir por chocar con el agronegocio y la Ley de Glaciares (2010) por el boicot de la minería transnacional, la Ley de Humedales se enfrenta no sólo a estos dos lobbies en conjunto sino también al de la especulación inmobiliaria, que ya ha destruido miles de hectáreas de humedales con sus barrios cerrados y que se caracteriza por sus aceitados y silenciosos vínculos con la más variada fauna política. Los grandes capitales mineros tampoco quieren una Ley de Humedales atento que el apreciado litio se encuentra en humedales de altura, como lo son los salares del norte argentino, y que actualmente se llevan sin control. Ninguno de estos lobbies acepta límites a su actividad extractiva, ni siquiera una norma, como las Ley de Humedales que no establece prohibiciones expresas sino una regulación mínima y uniforme para todo el país.
Esta particular conjunción de intereses contra la Ley de Humedales provoca que las resistencias políticas y mediáticas sean enormes, transversales y muy traicioneras.
Con este contexto, el 5 de agosto pasado se dio inició nuevamente al tratamiento de una Ley en el Congreso Nacional. Como un mensaje de la Naturaleza el viento ese día llevó el humo de los brutales incendios en dirección de la Ciudad de Buenos Aires, allí donde, dicen, se decide todo.
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Fuente:
Enrique Viale, Incendios en el Delta del Paraná: ¿Quién apagará este fuego?, 14 agosto 2020, Clarín.
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