por
Baskut Tuncak
En
cuestión de semanas, el Gobierno del Japón tendrá la oportunidad
de demostrar al mundo cuánto valora la protección de los derechos
humanos y el medio ambiente y de cumplir sus obligaciones
internacionales.
Tras
el desastre nuclear de Fukushima Daiichi, yo mismo y otros relatores
especiales de las Naciones Unidas, planteamos constantemente
preocupaciones sobre los enfoques adoptados por el Gobierno del
Japón. Nos ha preocupado que el aumento de los "límites
aceptables" de exposición a la radiación, para instar al
reasentamiento, violara las obligaciones del gobierno en materia de
derechos humanos de los niños.
Nos
ha preocupado la posible explotación de los migrantes y los pobres
para trabajos de descontaminación radiactiva. Nuestra preocupación
más reciente es cómo el gobierno utilizó la crisis de COVID-19
para acelerar drásticamente su calendario para decidir si vertía
las aguas residuales radiactivas acumuladas en Fukushima Daiichi en
el océano.
Dejando
de lado las obligaciones que incumben al Japón de consultar y
proteger en virtud del derecho internacional, me entristece pensar
que un país que ha sufrido los horrores de ser el único país en el
que no se lanzaron una sino dos bombas nucleares durante la guerra,
continuaría por ese camino para hacer frente a las secuelas
radiactivas del desastre de Fukushima Daiichi.
La
liberación de las aguas residuales tóxicas recogidas de la planta
nuclear de Fukushima sería, sin duda, un terrible golpe para el
sustento de los pescadores locales. Independientemente de los riesgos
para la salud y el medio ambiente, el daño a la reputación sería
irreparable, una cicatriz invisible y permanente en los mariscos
locales. Ninguna cantidad de dinero puede reemplazar la pérdida de
cultura y dignidad que acompaña a este modo de vida tradicional de
estas comunidades.
Las
comunidades de Fukushima, tan devastadas por los trágicos
acontecimientos del 11 de marzo de 2011, han expresado en las últimas
semanas su preocupación y oposición a la descarga de las aguas
contaminadas en su entorno. Es su derecho humano a un medio ambiente
que les permita vivir una vida digna, disfrutar de su cultura y no
estar expuestos deliberadamente a una contaminación radiactiva
adicional. Esos derechos deben ser plenamente respetados y no deben
ser desatendidos por el gobierno de Tokio.
La
descarga de desechos nucleares en el océano podría perjudicar las
relaciones internacionales de Japón. Los países vecinos ya están
preocupados por la liberación de grandes volúmenes de tritio
radiactivo y otros contaminantes en las aguas residuales.
El
Japón tiene el deber, en virtud del derecho internacional, de
prevenir el daño ambiental transfronterizo. Más concretamente, en
virtud del Convenio de Londres, el Japón tiene la obligación de
tomar precauciones con respecto al vertimiento de desechos en el
océano. Dada la incertidumbre científica sobre los efectos para la
salud y el medio ambiente de la exposición a la radiación de bajo
nivel, la eliminación de estas aguas residuales sería completamente
incompatible con el espíritu, si no la letra, de esta ley.
Los
pueblos indígenas tienen un derecho internacionalmente reconocido al
consentimiento libre, previo e informado. Esto incluye la eliminación
de los desechos en sus aguas y las acciones que puedan contaminar sus
alimentos. No importa lo pequeño que el gobierno japonés crea que
será esta contaminación de sus aguas y alimentos, hay una
obligación incuestionable de consultar a los pueblos indígenas
potencialmente afectados que no ha cumplido.
El
gobierno japonés no se ha asegurado, y no puede asegurarse, de
realizar consultas significativas como lo exige la ley internacional
de derechos humanos durante la actual pandemia. No hay justificación
para un calendario tan dramáticamente acelerado para la toma de
decisiones durante la crisis del Covid-19. Japón tiene el espacio
físico para almacenar aguas residuales durante muchos años.
He
informado anualmente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante
los últimos seis años. Ya sea que el tema fuera sobre los derechos
de los niños o los derechos de los trabajadores, en casi todos y
cada uno de los debates en las Naciones Unidas, la situación de
Fukushima Daiichi es planteada por observadores preocupados para que
el mundo la escuche. Las organizaciones intervinientes han rogado año
tras año al gobierno japonés que extienda una invitación para
visitarlo y así poder ofrecer recomendaciones para mejorar la
situación. Lamento que mi mandato esté llegando a su fin sin esa
oportunidad, a pesar de mis reiteradas solicitudes de visitar y
evaluar la situación.
El
desastre de 2011 no se puede deshacer. Sin embargo, el Japón todavía
tiene la oportunidad de minimizar los daños. En mi opinión, existen
graves riesgos para los medios de vida de los pescadores en el Japón
y también para su reputación internacional. Una vez más, insto al
Gobierno del Japón a que se piense dos veces su legado: como
verdadero defensor de los derechos humanos y el medio ambiente, o no.
Baskut
Tuncak ha ejercido el cargo de relator especial de las Naciones
Unidas sobre las consecuencias para los derechos humanos de la
gestión y la eliminación ambientalmente racional de sustancias y
desechos peligrosos desde 2014.
Fuentes:
Baskut Tuncak, Fukushima nuclear waste decision also a human rights issue, 10 julio 2020, Japan Today.
La obra de arte que ilustra esta entrada es "Fuku", del artista Michael Proepper.
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