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| Jóvenes Qom golpeados por la policía chaqueña, junio 2020. Foto: Revista Cítrica. |
El
crimen filmado de George Floyd en Estados Unidos revivió el debate
global sobre el racismo. A nivel local la repercusión fue enorme y
justificada, cosa que casi nunca ocurre cuando el problema estalla en
el propio país, con los pueblos originarios como protagonistas
muchas veces invisibilizados de esa discriminación. El reciente caso
qom fue una excepción, por la viralización de un video. La
violencia, los conflictos territoriales y los insultos en plena
pandemia: “indios infectados”. Presidentes y presidentas que
reinvidican para el país ascendientes europeos e ignoran a pueblos
preexistentes al Estado. Un genocidio que no tiene su Nunca Más.
por
Darío Aranda
Disparos
por la espalda a un adolescente que queda al borde de la muerte.
Ningún procesado.
Detienen
a un referente wichí, lo mantienen incomunicado en la comisaría y
lo dejan, durante toda la noche, atado y desnudo a la intemperie.
Asesinato
de un abuelo qom en un corte de ruta. Ningún policía condenado.
Una
decena de niños wichí mueren de hambre. Se inauguran “mesas
contra el hambre”. Pasan las semanas. Nada estructural cambia.
Otro
disparo por la espalda. Asesinato. Ningún detenido.
Los
hechos sucedieron en Chaco, Formosa, Salta y Río Negro.
Lo
sufrieron integrantes de los pueblos Qom, Wichí y Mapuche.
Asesinatos
impunes
El
10 de noviembre de 2010, la policía de Formosa reprimió el corte de
ruta de la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera). Asesinó
al abuelo qom Roberto López. A casi diez años del hecho, aún no
hubo juicio. Y los únicos procesados son los propios qom. No se
investigó a los efectivos policiales y mucho menos al poder político
que ordenó la represión.
El
25 de noviembre de 2017, la Prefectura Naval Argentina (PNA) reprimió
a la comunidad Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi (cercanías de
Bariloche). Rafael Nahuel, de 22 años, murió por un disparo por la
espalda. También fueron heridas otras cuatro personas. Se identificó
quién disparó, el prefecto el cabo Francisco Javier Pintos. Está
en libertad, a la espera de un juicio que no tiene fecha.
Dos
nombres de una larga lista.
En
los últimos años se sucedieron asesinatos y muertes dudosas de
indígenas y campesinos (catalogados como “accidentes” por la
policía pero denunciadas como asesinatos por las organizaciones
sociales). Javier Chocobar (octubre de 2009, diaguita de Tucumán),
Sandra Juárez (marzo de 2012, Santiago del Estero), Roberto López
(noviembre de 2010, qom de Formosa), Mario López (noviembre de 2010,
pilagá de Formosa), Mártires López (junio de 2011, de Chaco),
Cristian Ferreyra (noviembre de 2011, de Santiago del Estero), Miguel
Galván (octubre de 2012, lule-vilela de Santiago del Estero),
Celestina Jara y Lila Coyipé -beba de 10 meses- (ambas qom de La
Primavera, Formosa), Imer Flores (enero de 2013, qom de Chaco), Juan
Daniel Díaz Asijak (enero de 2013, qom de La Primavera), Florentín
Díaz (22 de mayo del mismo año, qom de Chaco). Son sólo algunos de
los nombres de una lista más extensa.
2020
1º
de abril. Pampa del Indio, Chaco. La comunidad qom Campo Medina
trabaja la tierra, siembra alimentos para autoconsumo y cosecha
algodón. Los qom también hacen changas fuera de la comunidad, pero
se terminaron por completo con la pandemia del coronavirus. El 1º de
abril, el qom Edgardo Peñaloza, de 17 años, fue al monte a
“mariscar”, recolectar frutos y cazar, en el campo vecino, la
estancia Don Panos, 96.000 hectáreas propiedad de Unitec Agro,
empresa del Grupo Eurnekian. Cuando estaba monte adentro, fue
emboscado por guardias privados y efectivos de la policía chaqueña.
Lo balearon por la espalda. Estuvo al borde de la muerte. Fue
trasladado de urgencia a la capital provincial y permaneció una
semana en terapia intensiva. Los agresores, empleados de la estancia
y policías, están en libertad y ni siquiera fueron procesados.
22
abril. La comunidad Mbya Guaraní de Perutí está ubicada en el
municipio de El Alcázar (en Misiones, a 100 kilómetros de Posadas).
Llegó hasta el lugar una comitiva de la Dirección Provincial de
Asuntos Guaraníes (dependiente del Ministerio de Derechos Humanos de
Misiones) y entregó tarjetas alimentarias e insumos al recientemente
destituido cacique de Perutí. Ante los reclamos de integrantes de la
comunidad (que exigían se reconozca al nuevo cacique, Hugo Cristian
Cabrera, y pedían ayuda alimentaria para enfrentar la pandemia),
efectivos policiales golpearon a hombres y mujeres. Dos adolescentes
(de 13 y 16 años) fueron heridos.
29
de abril. A las 11.30 una patota ingresó a la comunidad mapuche
Buenuleo en la ladera sur del Cerro Ventana (Bariloche, Río Negro).
En el marco de una disputa territorial, golpearon a hombres y mujeres
de la comunidad, realizaron destrozos en las viviendas. Hirieron con
un arma blanca a uno de los referentes mapuches. La Coordinadora del
Parlamento Mapuche Tehuelche había emitido un comunicado ante la
represión del 29 de abril: “Lo que ocurrió es de una violencia
institucional inusitada y una grave responsabilidad del secretario de
Seguridad de la provincia, Gastón Pérez Esteban, quien es jefe
político de la policía de Río Negro y de los efectivos de la
comisaría 42 de Bariloche que liberaron la zona para que se produzca
la agresión”.
7
de mayo. A las 8 de la mañana, la policía de Santa Fe realizó un
gran operativo policial en el barrio municipal Toba de Rosario, zona
oeste de la ciudad. Los efectivos rompieron puertas y esposaron a una
decena de habitantes, sin explicar qué buscaban ni mostrar orden
judicial. La mayor parte de las personas del barrio pertenecen a los
pueblos originarios Qom y Moqoit. Además de la rotura de puertas y
otros elementos de las viviendas, también denunciaron el robo (por
parte de los efectivos) de electrodomésticos y de dinero en
efectivo.
13
de mayo. La organización “Guardia Comunitaria Whasek Wichí” se
movilizó en Sauzalito (Chaco) denunciando la complicidad policial
con el tráfico de drogas y en reclamo por falta de agua potable y
postas sanitarias. La policía provincial reprimió la protesta y
detuvo a uno de sus referentes (Carlos José Peñaloza). Fue liberado
recién dos días después, el 15 de mayo a la noche. “Me
maltrataron. A la noche me sacaron toda la ropa. Me colgaron con
esposas a cada mano, estaba desnudo… Toda la noche desnudo hasta el
amanecer y ahí recién me dieron mi ropa. Yo nunca he visto que los
policías actúen así. Para mí es un dolor. Yo no me canso, pase lo
que pase, no me voy a cansar, voy a luchar por mi gente, por mi
pueblo”, relató Peñaloza. La Guardia Comunitaria denunció la
detención arbitraria y las torturas. También señaló que la
Fiscalía de Nueva Pompeya se negó a brindarle asistencia legal. Los
wichí denunciaron al Poder Judicial y al poder político de Chaco:
“A muchos les molesta que denunciemos y mostremos la realidad que
vivimos como pueblo y como cultura, abandonados, sin derechos. A
muchos les molesta que como Guardia tengamos voz. Simplemente a
muchos les molesta que existamos”.
14
de mayo. A las 5.30 de la mañana, más de 130 efectivos de la
policía de Salta llegaron hasta un predio ubicado en la vera de la
ruta 34 (Tartagal), vecino a tres barrios de mayoría indígena. El
campo, abandonado por sus dueños, había sido ocupado por 150
familias que necesitaban construir sus viviendas. El desalojo fue
violento, con el saldo de una decena de heridos. La policía ni
siquiera permitió que las familias retiren sus pertenencias. Luego
del desalojo, además, la policía inició una persecución por los
barrios Nacional, Misión Cherenta y Misión Los Tobas.
21
de mayo. La comunidad indígena Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi
(Bariloche, Rio Negro), la misma donde fue asesinado Rafael Nahuel,
denunció que fue agredida por la policía local, con ataques de
armas de fuego y alertaron que los efectivos también provocaron un
incendio. «Hacemos responsable al Estado nacional, provincial y
municipal ante cualquier suceso que les pase a nuestros peñi pu
lagmien. Denunciamos los montajes y la persecución, quieren que nos
vayamos de este territorio tan fértil para nosotros y tan valorado
monetariamente para ellos. Nosotros somos mapuche y no nos vamos por
más que tengamos otro caído en el territorio, vamos a seguir firmes
luchando en este lugar. Por la memoria de Rafita Nahuel seguimos
resistiendo y vamos a seguir estando acá en este territorio que nos
pertenece como mapuche», advirtió en el comunicado el Lof Lafken
Winkul Mapu.
31
de mayo. La policía de Chaco ingresó a los golpes a una vivienda de
una familia qom, en el el barrio Bandera Argentina, en la localidad
de Fontana (el Gran Resistencia). El momento fue filmado con un
teléfono desde adentro de la casa. Golpes de puño para hombres y
mujeres. Ya en la comisaría, las víctimas denunciaron abusos a las
mujeres y torturas para todos.
“Indios
infectados”, denunció la Mesa Multisectorial Feminista de Chaco
que les gritaban a los qom detenidos. También precisaron que les
arrojaron alcohol y amenazaron con prenderlos fuego.
En
el contexto del asesinato George Floyd en Estados Unidos, con el
racismo en la agenda pública internacional, los medios de
comunicación porteños dieron espacio a los hechos de Fontana.
El
domingo 31 de mayo en Fontana hubo una cámara que filmó la
violencia policial. Una imagen puede más que mil palabras e incluso
más que años de denuncias. El hecho llegó a medios provinciales,
luego porteños. Quienes habitualmente no miran a los pueblos
indígenas, esta vez sí dieron la noticia. Los funcionarios no
pudieron mirar para otro lado.
La
Secretaría de Derechos Humanos de Chaco solicitó ser querellante en
la causa. Pero el gobernador Jorge Capitanich no se refirió en
ningún momento sobre el accionar de su policía.
El
presidente Alberto Fernández emitió un twitt el 2 de junio: “Las
imágenes de violencia institucional que hemos visto en las últimas
horas en el Chaco son inaceptables. Celebro que el Ejecutivo
provincial haya apartado a los efectivos, pero debemos trabajar más
profundamente en una problemática que es una deuda de la
democracia”.
Cinco
días antes, el Presidente visitó la vecina Formosa, gobernada desde
1995 por Gildo Insfrán, que en diciembre pasado asumió su séptimo
mandato consecutivo. Insfrán acumula denuncias de todo tipo, desde
corrupción hasta despotismo y vulneración de los derechos humanos.
En particular quedó al descubierto su accionar desde 2010, por la
violencia oficial sobre la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La
Primavera). Amnistía Internacional, Servicio de Paz y Justicia
(Serpaj) y Nora Cortiñas, entre otros, denunciaron en reiterados
momentos el accionar de Insfrán.
El
presidente Alberto Fernández lo abrazó en público y no dejó dudas
de su evaluación sobre Insfrán: «La mayor obsesión de Gildo es
que sus comprovincianos vivan cada vez mejor. Eso no habla de un buen
político, que lo es, habla de su gran condición humana».
Genocidio
sin Nunca Más
Desaparecidos.
Torturas. Robos de niños. Campos de concentración. Asesinatos. Son
acciones que ejecutó la última dictadura cívico militar en
Argentina.
Un
siglo antes, el Estado argentino cometió las mismas atrocidades
sobre los pueblos indígenas, pero aún hoy amplios sectores de la
población (y de la casta dirigente) niegan que se trate de un
genocidio.
El
Ejército ejecutó campañas militares hacia el Sur (quizá la más
conocida, la mal llamada “Conquista del Desierto”), al Oeste y al
Norte. “La Argentina se fundó sobre un genocidio”, gritan desde
hace décadas los pueblos indígenas. Diana Lenton, referente de la
Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, lo explicó
ya en 2010 con destreza docente: “No sólo el Estado se construye
sobre un genocidio sino que también nuestro marco de pensamiento se
construye sobre el genocidio, de tal manera que no hemos salido aún
de él. El genocidio realizado por el nazismo tiene fecha de
finalización. El fin de la guerra, el suicidio de Hitler, los
tribunales de Nuremberg. El genocidio de la dictadura tuvo una
Conadep, juicios. El genocidio indígena no tiene fecha de
finalización y no hay juicios”.
¿Cuál
podría ser la reparación para el genocidio indígena? Lo debieran
decidir las propias comunidades originarias. Pero sin dudas
incluirían algo elemental para la vida: el territorio.
Justamente
el territorio es lo que los gobiernos no quieren ceder a los pueblos
originarios. Si hay una política de Estado en Argentina es el
extractivismo (minero, petrolero, de agronegocio, forestal). Las
leyes extractivas las sancionó el menemismo y se aplicaron a
rajatabla durante los últimos gobiernos. Alberto Fernández en plena
campaña anunció que el agro transgénico, la megaminería (de oro,
cobre, plata, litio) y Vaca Muerta serían su prioridad. Y está
cumpliendo esa palabra.
“Blanquitos
y europeos”
“Todos
los que estamos sentados en esta mesa somos hijos, nietos y bisnietos
de inmigrantes. Esto es la Argentina”, remarcó Cristina Fernández
de Kirchner en abril de 2015.
“Soy
hijo de inmigrantes. Todos los somos”, afirmó Mauricio Macri en
enero de 2017. Reforzó su idea en enero de 2018, en Davos: “Yo
creo que la asociación entre el Mercosur y la Unión Europea es
natural porque en Sudamérica todos somos descendientes de europeos».
Alberto
Fernández, en febrero de 2020, en su visita a Francia, reversionó
el dicho: «No tengo empacho en decir que soy un europeísta y eso
tiene que ver directamente con la historia que tenemos en la
Argentina. Nuestra sociedad se formó con gente que bajaba de los
barcos que llegaban de Europa».
Ante
la violencia en Chaco, el Colegio de Graduados en Antropología de
Argentina emitió un comunicado de repudio y preocupación ante la
represión y discriminación que sufren los pueblos indígenas. “La
matriz racista con la que se han sentado las bases de la Argentina
‘que bajó de los barcos’ no ha sido más que un obstáculo en el
reconocimiento de las múltiples identidades que constituyen al país,
y ha servido de legitimación al genocidio de los pueblos
originarios”, afirmó el Colegio de Antropogía.
La
abuela huerpe Paz Argentina Quiroga, de San Juan, ya lo había
alertado en 2012: “Vivimos en una sociedad con aristas bien
marcadas de racismo y xenofobia. Nuestras banderas son negadas porque
buena parte de la sociedad argentina reniega de su origen, muchos
argentinos quieren ser blanquitos y europeos. Pero a esa sociedad le
tenemos malas noticias: somos pueblos preexistentes a la propia
Argentina, relegados en los 200 años de conformación del Estado, y
seguiremos luchando hasta que se cumplan nuestros derechos”.
Darío Aranda, periodista, autor de Argentina originaria (Lavaca editora).
Fuente:
Darío Aranda, El racismo argentino: genocidio sin fin para los pueblos originarios, 4 junio 2020, Lavaca.
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