No Queremos Inundarnos: A maltempo, peor cara

Tres ejemplos de destructiva expansión inmobiliaria en el distrito de Juan José Mussi.

por Alberto Moya

El amigo presidencial Nicky Caputo, la familia Béccar Varela y varios CEOs macristas son responsables de countries que inundarán a los vecinos pobres; destruyen un ecosistema y fueron mal habilitados mediante ordenanzas ocultadas al registro de la sociedad.

Un ex presidente del Concejo Deliberante admitió en sede judicial que cobraban coimas por ello.

Estos son sólo tres ejemplos de lo que sucede en los 33 barrios privados creados en un solo distrito durante una misma administración comunal. Concentrados a mitad de camino entre las capitales Federal y provincial, representan una situación tan llamativa que fue objeto de sendos estudios por parte de la Universidad Nacional de La Plata.

Incurrieron en delitos e irregularidades que iban a ser presentadas a la jueza Silvia Maltempo en un expediente que “se extravió”. Lo mismo pasó con un segundo cuerpo probatorio. “Una denuncia contra tres de las multinacionales más grandes del negocio inmobiliario se pierde en dos oportunidades dentro del mismo organismo provincial. Es difícil creer que sea casual”, argumentaron desde el Foro Regional en Defensa de Río de la Plata, la Salud y el Ambiente.

Según esa entidad ecologista, la AFIP señaló un 80% de irresponsabilidad fiscal en esos emprendimientos.

Arboles tapados con arena

“Fue el primer ecocidio”, dice Edgardo Boyraz, el docente que más sabe de ambientalismo en Berazategui. Se refiere a la “sociedad fallida” de los Béccar Varela, según los términos de su expediente de quiebra. («Puerto Trinidad SA s/quiebra«)

“Puerto Trinidad fue el paradigma del descalabro natural. Allí se hizo todo lo incorrecto de forma irreparable: construyeron diques en la franja costera; dragaron para rellenar el interior del dique y elevar la cota más de 5 metros hasta sepultar flora y fauna. Dejaron las copas de los árboles al ras del piso, pudriéndose. Al sector no rellenado lo arrasaron con topadoras y lo quemaron”, describió ya en 2008 en una audiencia pública.

Los Beccar Varela habían comprado esas 300 hectáreas por 10 millones de dólares. Se habilitaron en 1994, sin aptitud hidráulica. Recién en 1997 fueron desafectadas de Reserva para ser de Urbanización Especial. El frente costero quedó privatizado.

PT empezó como una SA presidida por Isidro BV, con Emilio (Beccar Varela-SEPRA) que desarrolló los planos; Santiago (SBV Operadores Inmobiliarios) que comercializó, y Ricardo que dirigía las obras, según detalló Alfonso BV en un blog de recuerdos.

Todos ellos, además de Arturo y Emilio BV, se retiraron de PTSA a partir de junio de 1997. Hubo un intento de salvataje con una suerte de cooperativa VIP, pero no prosperó.

El ambientalista Antonio Paravia supo contar al autor que “a los que pusieron plata para la compra de lotes no les dieron nada, y a nosotros nos dejaron cientos de árboles en pie enterrados en la arena sacada del río”.

Desde aquel boom post reelección menemista, los barrios cerrados proliferaron; también en Hudson, donde está la Selva Marginal destacada por la ONU en la reunión de Río de Janeiro ECO-92. Esta zona “se caracteriza por ser de alta fragilidad ecológica y una de las de mayor biodiversidad de la provincia, con influencia de las mareas del estuario. Los humedales de la llanura aluvional, incluyen la selva en galería más austral del mundo, con una flora y fauna muy especial”, según un Informe final sobre suelos de Berazategui, del Instituto de Geomorfología (UNLP, 2006).

Ante toda esa avanzada resistieron los ambientalistas y los vecinos que empezaban a inundarse con cada emprendimiento que elevaba los suelos y levantaba barreras contenedoras de agua que, al rebotar, caen sobre los más humildes.

Otra famiglia, Caputo

Entre los últimos emprendimientos están los cuatro barrios privados sobre 600 hectáreas de Caputo Hnos. e Inmobiliaria Achaval, paralelos a Puerto Trinidad, hacia el sur.

Esta obra fue denunciada por el Foro hacia septiembre de 2014, ante el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y la Defensoría del Pueblo.

Dadas sus condiciones de urbanización, un estudio de la UNLP (Ludmila Cortizas y Leonel Andreoni, 2018) se refiere a “la invasión de la constructora del complejo Pueblos del Plata, en parte, debido a la pasividad municipal, cómplice del avance desenfrenado del capital privado sobre la ciudad”.

Desde otro Instituto de la UNLP, el Ringuelet, de la Facultad de Ciencias Naturales, se confirmó una salinización descomunal que la constructora Caputo-Achával comenzó para que los bosques se sequen en silencio, de un modo menos burdo que los incendios forestales de la Costanera porteña.

Ante la negativa de detener la obra, el Foro presentó un Recurso de Amparo que el juez platense Luis Arias acogió en 2016. Revalidó la medida en marzo de 2017, cuando la Municipalidad fue a sacar la cara por la empresa.

Ese año, la gobernadora Eugenia Vidal nombró titular de Ordenamiento Urbano a Dante Galeazzi, familiar del empresario inmobiliario Eduardo Costantini.

Durante ese forcejeo judicial se acopló el tercer negociado, en paralelo al sur del de Caputo.

El Monarca

El tercer proyecto es el del grupo Monarca, cuyos CEOs integraron el gobierno de Mauricio Macri.

Antes, en 2013, ese grupo había logrado que le reafectaran la Zona como Residencial para Crystal Lagoons Hudson.

Ese año, el gerente general de Monarca era el contador Marcelo Orfila, quien en 2015, con la asunción de Macri, pasó a la Operadora Ferroviaria Trenes Argentinos Sociedad del Estado (SOFSE). Asumió como presidente de Trenes Argentinos Operaciones, convocó a ejecutivos de otras inmobiliarias; alquiló oficinas en Puerto Madero (a pesar de tener las propias en Retiro) y anunció la venta de codiciados terrenos ferroviarios, entre los que se interesó el Grupo Monarca.

A seis meses de asumir, Orfila fue imputado por una contratación directa de 300 millones de pesos anuales para asegurar los ferrocarriles. De acuerdo a la denuncia seguida por el fiscal Federico Delgado y el juez Sebastián Casanello, la adjudicación buscaba favorecer al grupo Socma: el gerente de la aseguradora AON, Jorge González Gale, era el broker histórico del Grupo Macri.

Monarca proveyó a otra de sus CEO, Natalia Zang, denunciada ante la Oficina Anticorrupción por “sus vínculos comerciales y profesionales”, a la vez que fungía como subsecretaria de Evaluación de Proyectos con Financiamiento Externo, dependiente de la Jefatura de Gabinete.

Orfila y Zang fueron incluidos por el diputado Héctor Recalde en un informe de “conflictos de interés”, al igual que otros funcionarios del Ministerio de Transporte, como Guillermo Fiad, domiciliado en un country de Berazategui, y el imputado socio del vicepresidente de Flybondi que a la vez era asesor del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, Lucas Werthein, director en su Grupo familiar.

Con sus CEOs en el gabinete nacional, Monarca pasó a tener otro asociado, Enrique Pedro Basla, Presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Desde Provincia, el pariente del inmobiliario a cargo de Ordenamiento Urbano y Territorial avaló todo. Y en el distrito, algunos concejales de Cambiemos siguieron al mussismo para, a mediados de 2018, aprobar la ordenanza complementaria 5594 que reafectó en Zona Residencial 900 hectáreas desde la Autopista hasta el Canal Baldovinos.

Gonzalo Monarca viene de crear otro Lagoon, en Pilar, donde prometió una laguna cristalina por la que cobraron adelantos de 200.000 dólares a 500 clientes que se sienten estafados. Tan mal confeccionaron la laguna que debieron modificarla cuatro veces. En el complejo Pasionaria, de San Isidro, quisieron golpearlo debido a que tardó diez años en entregar departamentos con paredes de durlock; ascensores rotos y sin agua corriente. En emprendimientos similares, dos jueces federales frenaron avances de obras. Las de Pilar habían contado con la aprobación del intendente Nicolás Ducoté (Cambiemos), quien participó de una inauguración en 2016. En el sur, también Juan José Mussi encabezó inauguraciones.

Según un estudio el Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales, “en el eje metropolitano norte se verifican las mayores transgresiones al Ordenamiento Territorial; Berazategui replica el escenario en el eje metropolitano sur”.

Y agrega sobre esos emprendimientos: “Sólo el 35% ha obtenido la aprobación. Los casos más graves los constituyen los emplazados en la zona de reserva ribereña, donde la mitad fueron habilitados por ordenanzas de excepción, los restantes se encuentran con ejecución de obras de movimiento de suelo y polderización, sin haberse modificado la zona mediante ordenanza convalidada ni haber obtenido la factibilidad certificada por organismos provinciales. Al conjunto de transgresiones se suma la promoción de productos inmobiliarios que no encuadran en figuras legales”.

Los políticos

Para conseguir las aprobaciones, los ilustres apellidos de Tradición, Familia y Propiedad coimearon a la administración de JJ Mussi, según la admisión autoinculpatoria de uno de sus protagonistas. El presidente del Concejo Deliberante, Ruben Aicardi, le dijo a este periodista que tanto Béccar Varela como otros “emprendedores” le habían pagado más de cien mil dólares cada uno para “agilizar” la sanción de las ordenanzas que les permitieran hacer sus negocios.

La sorprendente declaración periodística que en su momento fue llevada a la Televisión Pública (Huella Digital, 2005), originó una mega causa judicial, la 256.522, en los Tribunales de Quilmes que se frustró cuando el municipio recibió un escrito en el que se daba cuenta de un posible allanamiento. El aviso fue enviado por el entonces fiscal Luis Armella, quien en 2012 será denunciado ante la Corte por facilitar obras estatales a sus parientes y empresarios amigos de Mussi.

Hacia 2009, el denunciante Aicardi salió muerto del Hospital Evita que dirigía José Potito, quien había ostentado el doble cargo de presidente de aquel Cuerpo Deliberante. Aicardi no era un inocente. Mientras presidía el Deliberante, se vendía droga en su casa, como constató en 1996 un allanamiento que encarceló a sus hermanas; demoró a una sobrina menor y requirió de la defensa de Fernando Burlando.

El cuarto hermano, Carlos Aicardi, quien encabezó una patota que quiso matar a patadas a otro de los periodistas que participó de la divulgación de las denuncias, fue premiado hace seis meses con otra concejalía.

Desde la admisión de Ruben Aicardi, los negocios continuaron pero ya sin la posibilidad de cotejar los documentos que lo permitieron: las ordenanzas 3010, para Puerto Trinidad; la 4807/13 para Pueblos Del Plata, y la 4933/13 para Crystal Lagoons, resultan “objeto no localizado” en donde deberían estar.

La movilización popular contra estos atropellos acorraló a JJ Mussi al punto de justificarse en que eran cosas de su hijo, el intendente. Pero cuando él lo reemplazó, en diciembre pasado, dijo en su discurso inaugural que detendría las obras en Hudson. Seis meses después, todo sigue igual.

Bibliografía

Los estudios de la Universidad:

Sgroi, Alejandra; Rocca, Julia; Estarellas Mullin, Consuelo: “Modos de producción de suelo y transformaciones socioespaciales recientes en el área sur de la región Metropolitana de Buenos Aires. El caso de los desarrollos inmobiliarios en Berazategui”. Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales. Facultad de Arquitectura y Urbanismo (UNLP, 2018).

Cortizas, Ludmila y Andreoni, Leonel: “De frente al río, de espaldas a la población. La construcción de barrios náuticos en los humedales de Hudson, Berazategui”. Facultad de Humanidades (UNLP, 2

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