por
Emilio Godoy
MÉXICO,
10 ene 2020 (IPS) - El gobierno del izquierdista Andrés Manuel López
Obrador desea ampliar la generación eléctrica de energía nuclear,
a pesar de los riesgos de la tecnología y de que no contribuye a la
lucha contra la crisis climática.
La
estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó el 10 de
diciembre de sus planes de construir otra planta, preferiblemente
donde opera la Central Nuclear Laguna Verde (CNLV), en el municipio
de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, en el sudoriental estado de
Veracruz, a unos 250 kilómetros de la capital mexicana.
Gustavo
Ampugnani, director ejecutivo de la oficina mexicana de la no
gubernamental Greenpeace, calificó el plan de “pésima idea”.
“Lejos
de ser una solución al problema climático, es una falsa solución.
Es una tecnología o apuesta política que desvía la atención de lo
que realmente se tiene que hacer, reducir los combustibles fósiles,
descarbonizar procesos productivos y promover energías renovables.
Es
una visión obsoleta”, dijo a IPS.
La
intención inicial de la CFE es edificar dos reactores de 1.400
megavatios (Mw) de capacidad cada uno, a un costo de unos 7.000
millones de dólares por unidad, en el terreno de la CNLV, que posee
dos generadores con capacidad conjunta de 1.600 Mw. La Unidad 1
inició operaciones en 1990 y la 2, en 1995, para las cuales la
empresa inició en 2015 el trámite de renovación de licencia por
otros 30 años.
Para
delinear la estrategia y el diseño de la obra, la CFE pidió al no
gubernamental Instituto de Investigación de Energía Eléctrica
(EPRI, en inglés), con sede en California, la elaboración de un
estudio técnico-económico sobre costos, opciones tecnológicas y
ubicación para instalar la generadora, que estaría listo en 2020.
El
argumento del gobierno a favor de la nucleoelectricidad gira en torno
a las cuantiosas importaciones de gas natural de Estados Unidos y su
poca inclinación hacia las alternativas renovables. El plan de López
Obrador es fortalecer a la CFE y la también pública Petróleos
Mexicanos (Pemex) y profundizar la explotación y quema de
combustibles fósiles.
Pemex,
en el puesto 12 como productor mundial de petróleo y en el 17 de gas natural, y sus socios privados obtuvieron hasta noviembre pasado un
promedio diario de 5.015 millones de pies cúbicos de gas, cinco por
ciento más que el volumen extraído en el mismo mes de 2018.
Mientras, el país importó 1.024 millones, principalmente de Estados
Unidos, el mismo nivel que en 2018.
En
esa línea, la adición de energía nuclear podría minimizar la
dependencia mexicana del gas natural y diversificar la cartera
energética del país, según EPRI.
México
necesita satisfacer una demanda eléctrica que crece cuatro por
ciento al año y que a inicios de 2020 se ubica en 32.046 megavatios
(Mw).
En
el primer trimestre de 2019, la generación bruta totalizó 80.225
gigavatios-hora (Gwh), por encima de los 78.167 del mismo periodo del
año anterior. Las plantas de ciclo combinado a gas aportaron 40.094,
la termoeléctrica convencional, 9.306 y la carboeléctrica, 6.265.
Las
hidroeléctricas contribuyeron con 5.137 Gwh, los campos eólicos,
con 4.285; CNLV con 2.382, 32 por ciento menos que el año anterior,
y las estaciones solares con 1.037. Las variantes renovables
mostraron el mayor repunte.
>La
Ley de Transición Energética de 2015 estipula que la energía
limpia debe representar 25 por ciento de la generación para 2018, 30
por ciento para 2021 y 35 por ciento para 2024. La generación
nucleoeléctrica puede ayudar a alcanzar esas metas, según el
gobierno mexicano.
La
CNLV, que representa cuatro por ciento de la generación eléctrica y
dos por ciento de la capacidad instalada, enfrenta problemas
técnicos, paros forzados no programados, riesgo de saturación de
desechos radiactivos y exposición de trabajadores a emisiones
radiactivas, según documentos de CFE y de la gubernamental Comisión
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS).
Si
bien la energía atómica no genera dióxido de carbono, la minería
del uranio, que México importa de Estados Unidos y Rusia, es
contaminante y el carburante requiere de transporte desde su lugar de
origen.
Además,
la energía nuclear no puede competir económicamente con las
energías fotovoltaica y eólica, cuyo costo ha caído en años
recientes.
El
índice Global de Infraestructura 2018, una encuesta realizada en 28
países por la Asociación de Inversionistas en Infraestructura
Global y el Instituto de Investigación Social Ipsos MORI, con sede
en Londres, halló que solo 30 por ciento de los consultados en México considera buena o muy buena la infraestructura de generación
nuclear en el país, en línea con la percepción global, y 51 por
ciento respondió “mala o muy mala”.
Esa
visión concuerda con la visión social mexicana respecto de la
viabilidad de la nucleoenergía, aversión que el gobierno tendrá
que vencer. De hecho, desde 2006 se registra un incremento paulatino
de oposición a la variante atómica.
Una
encuesta realizada por la CFE y el también estatal Instituto
Nacional de Investigaciones Nucleares concluyó que 61 por ciento de
los consultados se oponían a la construcción de más centrales
atómicas y 50 por ciento, a su uso para producir fluido.
“El
rechazo social siempre ha sido un elemento que complementa otros
esfuerzos e información técnica y científica existente. Es un
elemento que puede hacer que el plan nuclear no prospere. Tendríamos
que estar discutiendo el plan de cierre y contención” de la CNLV,
planteó Ampugnani.
Desde
la administración del conservador Enrique Peña Nieto (2012-2018),
este país latinoamericano consideró la ampliación de la capacidad
nuclear. El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional
2016-2030 (Prodesen) incluyó la construcción de tres reactores para
2028 en Veracruz y uno de los temas electorales de la Estrategia
Nacional de Energía 2013-2027 era definir el alcance del programa
atómico.
Ese
apartado contempló la expansión de Laguna Verde, elaborar estudios
para la construcción de centrales nucleares y fortalecer a la CNSNS,
el regulador nuclear. Pero la versión 2019-2033 del Prodesen no
incluye más capacidad nuclear.
La
CNSNS calcula que la construcción de una estación nuclear podría
llevar menos de cuatro años, pero podría extenderse a ocho, si se
toma en cuenta el tiempo necesario para organizar licitaciones
públicas.
La
estatal pero autónoma Comisión Reguladora de Energía dibujó un
escenario energético alterno, en el cual el abandono de combustibles
fósiles implica que la nucleoenergía llegue a casi cuatro por
ciento. En el decenio 2017-2027, las inversiones nucleares tendrían
que alcanzar casi 6.400 millones de dólares.
El
“Reporte ambiental” de la instalación, que forma parte del
expediente de renovación de licencia consultado por IPS, indica que
el reemplazo por una nueva estación es posible, pero inviable, pues
la autorización, la construcción y los costos de arranque no son
comparables con los de la continuación de la generación de la CNLV.
Su
sustitución por una planta alimentada con fósiles es técnicamente
posible, pero inviable por razones ambientales y operativas. También
son inviables las alternativas renovables, pues no hay suficiente
irradiación solar ni condiciones climáticas para una granja
fotovoltaica o un campo eólico.
Para
legitimar sus megraproyectos, López Obrador ha recurrido a consultas
públicas que no cumplen con estándares internacionales, y la
construcción de una planta nuclear no sería la excepción.
Fuente:
Emilio Godoy, México apuesta por más energía nuclear pese al rechazo social, 10 enero 2020, Inter Press Service.
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