La
modificación de una ley generó tensión social. "Hay muchísima
bronca que se va a seguir expresando en calles, rutas y plazas",
aseguró Marcelo Giraud, de la Asamblea Popular por el Agua. Desde
2007 la actividad se encontraba limitada como resultado de un extenso
reclamo popular.
por
Nahuel Lag
En
poco más de diez horas, las dos cámaras de la Legislatura de
Mendoza modificaron la Ley 7722 para habilitar el uso de sustancias
químicas como cianuro, ácido sulfúrico y otras similares, lo que
significa la apertura de la provincia a la explotación de la
megaminería. La actividad se encontraba limitada desde 2007 como
resultado de un extenso reclamo popular y bajo el principio de
tutelar el agua. "Hay muchísima bronca que se va a seguir
expresando en calles, rutas y plazas", aseguró Marcelo Giraud,
de la Asamblea Popular por el Agua.
La
votación ocurrió con una Legislatura vallada y una fuerte custodia
policial ante una Plaza de la Independencia colmada por integrantes
de las asambleas ciudadanas de toda la provincia. "El agua no se negocia", "La 7722 no se toca" eran las expresiones
repetidas por los manifestantes, que el martes pasado ya se habían
expresado también de manera multitudinaria durante el tratamiento en
comisión del proyecto.
En
la jornada de este viernes los reclamos frente al palacio legislativo
se replicaron en las rutas de toda la provincia con ocho cortes
informativos y cortes totales de algunos accesos a la ciudad para
expresarse en contra de la avanzada de senadores y diputados. Los
asambleístas y una decena de organizaciones ambientales como
Greenpeace, Fundación Biodiversidad y Vida Silvestre habían
advertido que la modificación de la norma va en contra del principio
de no regresividad de la Ley General de Ambiente, lo que abre, como
reconocieron algunos legisladores, un camino de anulación vía
judicial.
"Una
vez que se conozca la promulgación de la ley, antes de fin de año,
se presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte
Sumprema por la violación al principio de no regresión",
confirmó Giraud a PáginaI12.
La
Cámara Alta mendocina aprobó la modificación de la norma por una
amplía mayoría, con los votos de los senadores del radicalismo, el
PRO y el Frente de Todos. Situación similar se repitió una hora
después en la Diputados, donde no hubo tratamiento previo y se
aprobó sobre tablas. "¿Por qué este tema que es trascendental
para Mendoza? ¿Lo tenemos que estar tratando de esta forma exprés
con la tensión social que se siente?", lamentó una de las
legisladoras que votó en contra.
Desde
la Asamblea Popular por el Agua señalaron que el lobby minero nunca
descansó desde 2007 y "quería a toda costa llegar a fin de año
con la modificación". El contexto de la crisis económica y el
aumento de la desocupación en la provincia acompañó, según
Giraud, a un "cerco mediático brutal" por parte de los
principales medios mendocinos que silenciaron las voces disidentes,
entre ellas, un pronunciamiento de más de 500 científicos y
académicos.
El
agua sin tutela
Entre
los artículos modificados de la Ley 7722 -ratificada en 2015 por la
Corte Suprema mendocina-, el central es el 1º. Prohibía la
utilización de sustancias tóxicas "a los efectos de garantizar
debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela
del recurso hídrico" en una provincia que se encuentra hace 11
años en emergencia hídrica. La megaminería utiliza cientos de
litros de agua por segundo para limpiar el material extraído de la
montaña.
El
proyecto tratado por el Senado fue la primera decisión del flamante
gobernador Rodolfo Suárez, sucesor de Alfredo Cornejo. La base del
proyecto fue otro presentado en 2018 por el senador del Frente de
Todos Alejandro Abraham. Suárez celebró el lunes pasado haber
recibido el respaldo del presidente Alberto Fernández en la reunión
que mantuvieron los gobernadores radicales en la Casa Rosada. Durante
un encuentro con la Asociación Empresaria Argentina, Fernández
calificó a la minería como "primordial" y se adelantó a
la votación favorable en Mendoza, como también la vuelta de la
actividad minera a cielo abierto en Chubut, donde aún no hay fecha
de debate legislativo.
En
el tratamiento en la Cámara alta el acuerdo fue casi homogéneo.
Solo dos senadores del Frente de Todos, tres de Cambia Mendoza y los
monobloques del Frente de Izquierda y Protectora se opusieron a la
modificación. En la Cámara baja los votos negativos llegaron a 11,
sobre 36 positivos y una abstención.
Modificaciones
Los
legisladores que respaldaron la iniciativa subrayaron la creación de
una Agencia de Control Ambiental, redundaron en el cumplimiento de
los parámetros ordenados por la legislación internacional y
destacaron la creación de un fondo fiduciario para volcar el 1,5 por
ciento de las regalías en obras hídricas y de saneamiento en los
municipios explotados, además de un cupo de mano de obra mendocina
para la generación de puestos de trabajo.
Detrás
de esos artículos defendidos por los legisladores que fueron contra
el espíritu de la Ley 7722, otro de los centrales que se modificó
fue aquél que obligaba a que los futuros proyectos mineros otorgados
por el Ejecutivo fueran aprobados por parte del cuerpo legislativo.
"Tenemos
demasiada experiencia de proyectos muy mal aprobados por el
Ejecutivo, que eran frenados por la Legislatura, incluso varios de
los diputados que hoy votaron la reforma han festejado, tiempo atrás,
haber frenado esos proyectos", recordó Giraud.
Entre
los proyectos que fueron rechazados por la Legisltura está el de San
Jorge, explotación de cobre en la localidad de Las Heras, descartada
en 2011, pero que ahora podría ser el primer empredimiento en
reactivarse. "Si San Jorge hubiera estado en explotación este
año habría pagado de regalías, apenas, el 0,28 por ciento del
presupuesto", graficó el asambleísta.
Por
otro lado, el integrante de la Asamblea apuntó un caso respecto de
los controles internacionales que destacaron quienes votaron a favor:
"Las certificaciones internacionales no se condicen con una
efectiva rigurosidad. La mina Veladero, al momento del derrame de septiembre 2015, tenía certificación de normas ISO y respeto del
código internacional de manejos del cianuro".
Preguntas
a boca de pozo
La
diputada del Frente de Todos Silvia Stocco fue una de las que plantó
su voto negativo. "Lo que nos están pidiendo que votemos es una
mala ley", advirtió la diputada, aunque se declaró a favor de
impulsar todas las actividades productivas.
Stocco
repasó los artículos destacados por quienes respaldan la reapertura
de la provincia a la megaminería y señaló que la imprecisión de
cómo se aplicarán los montos del fondo fiduciario refleja apenas
"una declaración de buenas voluntades". Entiende que la
Agencia de Control Ambiental quedará en manos del Poder Ejecutivo
sin contralor.
Como
ejemplo de la falta de controles, Stocco subrayó que la autoridad de
aplicación dependerá del secretario de Ambiente y Ordenamiento
territorial, Daniel Mingorance. Sobre Mingorance recordó que días
atrás aseguró que "si tuviera que controlar toda la actividad
productiva que hay Mendoza, no habría actividad productiva en la
provincia".
Cortes de ruta en toda la provincia en defensa de la 7722. Cortes totales en General Alvear, Eugenio Bustos, Uspallata!!! Vamos Mendoza en defensa del agua pura! 💦✊💥 #MendozaEstaDespierta #LaLey7722NoSeToca #ElAguaValeMásQueElOro #ElAguaDeMendozaNoSeNegocia #NoEsNo pic.twitter.com/cAVBuAakUU— Asamblea Popular por el Agua (Gran Mendoza) (@AsambleaporelAg) December 20, 2019
Precisamente,
uno de quienes se posicionó de manera crítica a la modificación
fue Eduardo Sosa, ambientalista y ex jefe de Gabinete de la cartera
que conduce Mignorance desde la gestión de Alfredo Cornejo. "Si
el gobernador y sus funcionarios creen que hay una mayoría que
impulsa la modificación de la ley 7722, entonces no tendrán
problema de recurrir a la Ley 6902 que permite hacer una audiencia
pública para tratar este proyecto de ley", lanzó.
Sosa
compartió además un extenso documento en el que analizó punto por punto la norma votada y apuntó sobre algunos argumentos que
circularon por los medios mendocinos: "¿Cómo podría llegar a
17.000 empleos en el corto plazo cuando la provincia de San Juan
tiene poco mas de 6.600 empleos pero para toda la actividad minera
provincial, tal como afirma el INDEC?". Respecto de los futuros
controles que tendrá la actividad minera, Sosa se preguntó: "¿Por
qué la autoridad ambiental nunca creó la policía ambiental minera
que obliga la misma Ley 7722?".
"Tenemos
que empezar a rezar en Lavalle", lamentó el diputado Edgardo
González del Frente de Todos, otro de los que se opuso a la
modificación. "Siempre hemos luchado por el tema del agua y es,
cada vez, una problemática más grande, que no sabemos cómo
solucionar. Va a ser muy difícil si río arriba contaminan las
aguas. ¿Cómo vamos a entender que con los proyectos mineros se nos
van a solucionar los problemas?", cuestionó el diputado.
El pueblo de #Tunuyán está en la ruta, informando porqué no queremos la modificación de la #Ley7722. Gran aceptación de las personas que pasan. Tocan bocina, aplauden, sonríen, agradecen que estemos luchando por el agua. pic.twitter.com/GFOBLhSOJu— Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Tunuyán (@tunuyanxelagua) December 19, 2019
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Fuente:
Nahuel Lag, Luz verde a la megaminería en Mendoza, 21 diciembre 2019, Página/12.
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