por
María Elvira Gauna
Hay
quienes elegirán dar cuenta de este escenario desde el análisis de
variables macroeconómicas entre tantas otras, otras elegimos hacerlo
desde la marca en el cuerpo del lugar que nos toca en la HISTORIA.
Así podremos dar cuenta de lo que implica para nuestras vidas sentir
el embate de un nuevo proceso colonizador, la dolorosa marca del
asedio del extractivismo depredador en nuestro cuerpo social.
La
historia del pueblo chubutense en la defensa de los bienes comunes
naturales, nuestra casa común, reconoce entre sus hitos la lucha
contra el basurero nuclear en Gastre en la década del 90, y el
movimiento No a la Mina que desde Esquel se extendió a toda la
provincia, país y otros lugares del mundo, en plena vigencia por
estos días.
En
su metodología pacífica y asamblearia de resistencia confluyen las
cosmovisiones ambientalista occidental y de Pueblos Originarios que
habitan el territorio. Se basa en la presencia en el espacio público,
el estudio y difusión comunitaria de aquello por lo que se resiste,
en el ejercicio de la autodeterminación de los pueblos: los
emprendimientos mineros a gran escala de extracción metalífera y de
radioactivos mediante el uso de sustancias tóxicas.
Como
habitantes de esta tierra hemos experimentado a lo largo de estos
años varias arremetidas del lobby minero, al compás de escenarios
de crisis socioeconómica, en consonancia con los vaivenes de la vida
institucional y política de la provincia y el país.
El
año 2019 transcurrió con una creciente conflictividad social tras
el incremento de toma de deuda por parte del gobierno y crisis
económica, en el contexto de iguales condiciones a nivel nacional.
Su consecuencia fue la imposibilidad de pago de salarios a todos los
sectores de trabajadorxs estatales activos y pasivos, incumplimiento
de acuerdos paritarios, paros, toma de instituciones, escuelas sin
clases por casi cinco meses, represión, muerte de dos docentes en el
contexto de las protestas, e incendio de la casa de gobierno y la
legislatura provincial.
Un
escenario similar se había vivido el año previo, pese al cual y
tras una aparente recuperación de las cuentas públicas, el
gobernador Mariano Arcioni fue reelecto en junio. Inició su mandato
con imposibilidad de pagar salarios en tiempo y forma, hecho que
muchos ciudadanxs entienden como una estafa electoral, que conlleva
además, el deterioro aún mayor de la credibilidad en las
instituciones y la democracia, abonando una profunda crisis
institucional.
La
respuesta desde diferentes voces gubernamentales fue que había que
"aguantar hasta diciembre al cambio de gobierno nacional";
pues a diciembre hemos llegado en similares condiciones y la
propuesta de solución es el desembarco del extractivismo a la
provincia.
Diciembre
El
último acto legislativo de lxs diputadxs salientes fue la aprobación
de la Ley de Ministerios que además de un incremento exorbitante de
salarios para la planta política, creó el Ministerio de
Hidrocarburos y Minería, quitándole a último momento la palabra
"Minería" por la fuerte presencia de las asambleas en la
legislatura, pero conservando intactas las características de ese
ministerio. Luego de una vigilia de todo un día de las asambleas
comunitarias en toda la provincia, esa noche hubo represión y
detenciones a las afueras de la legislatura.
Algunas
de las preguntas que amplios sectores de la ciudadanía se hacen son
quiénes sostuvieron, y por qué fue sostenido el gobierno de Mariano
Arcioni, o cuál fue el rol que jugaron las dirigencias sindicales de
los gremios estatales, atravesadas por intereses político
-partidarios, en un período signado por la campaña electoral.
En
este sentido es llamativo que el primer paro ambiental en la historia
de la provincia fuera convocado sólo por CTA Autónoma. También
vale preguntarse qué rol jugaron los otros poderes del estado, ante
la pasividad de diputados y poder judicial, ejecutivos y concejos de
cada municipio.
Ambos
años fueron signados por la amenaza latente y cada vez más concreta
desde el gobierno nacional de Cambiemos de avanzar con la explotación
megaminera en el territorio chubutense. Así fueron noticia durante
2018 el encuentro Macri-Putin en la cumbre del BRICS y sus
intenciones de exploración y explotación de uranio en Chubut.
También
lo fue la presencia del ministro de energía y minería de la Nación,
Juan José Aranguren, quien se reunió con intendentes de diferentes
comunas para reabrir el debate minero, con particular interés en el
proyecto Navidad (Plata, cobre y plomo) de la transnacional Pan
American Silver. Pero resulta que en ese momento como en la
actualidad permanece en vigencia la legislación provincial que
prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y con cianuro en
todo el territorio provincial.
¿Crisis
de diseño?
En
este contexto de crisis socioeconómica e institucional padecemos una
vez más el asedio de las corporaciones megamineras. Excede a este
análisis profundizar en los determinantes del fracaso de la
administración del Estado, pero hay un concepto que se hizo popular
en asambleas y mesas familiares, el de "crisis de diseño",
aquella generada para meta-propósitos que exceden el interés común
de quienes habitamos esta tierra. Porque lo cierto es que la
megaminería sigue sin lograr mayoritariamente la licencia social que
requiere para instalarse en territorio chubutense.
En
este sentido es oportuno repasar el concepto de "capitalismo del
desastre" doctrina formada bajo los presupuestos políticos,
económicos y sociales desarrollados por el padre de la escuela de
Chicago Milton Friedman, cuyo principal objetivo es desmantelar los
restos del estado de Bienestar y promover a nivel global el modelo
neoliberal. Postula que detrás de toda tragedia es posible ver una
oportunidad, como lo es aprovechar el trauma colectivo para promover
e implementar las reformas necesarias para la operación de capitales
privados.
Su
estrategia política es la "doctrina del shock", la que
orienta los procesos de reconstrucción implementados como respuesta
-en este caso la profunda crisis socioeconómica e institucional-
abriendo apetitosas oportunidades de negocios a los promotores del
"capitalismo del desastre". Es posible encontrar respuestas
aquí, como también es posible pensar que se trata de una cruel y
macabra coincidencia, o simplemente entender que son las
características del sistema capitalista en su estadío actual.
En
tiempos en que varios de los "países centrales"
reconfiguran sus matrices energéticas y productivas, prohibiendo
agrotóxicos y apostando a las energías limpias y renovables (a
costa de extractivismo en otras regiones del mundo), en estas tierras
"de la periferia" se apuesta a las centrales nucleares, al
extractivismo, al monocultivo transgénico y los agrotóxicos,
reafirmando nuestra condición de primarización económica y
dependencia. Dichas políticas tienen continuidad e incluso
profundización a lo largo de los últimos gobiernos en sus
alternancias de aparente diferencia ideológica, que al menos en el
tema que nos convoca no es tal.
Basta
para ello, haciendo un rápido paneo de los medios de comunicación,
observar los dichos de campaña y las primeras acciones del nuevo
Gobierno, que en medio de la "algarabía del cambio", con
sobrados fundamentos en muchos aspectos, avanza sobre los territorios
codiciados por los emprendimientos megamineros.
Ya
durante la campaña electoral el ahora presidente Alberto Fernández
había expresado la necesidad de "educar a la población en los
beneficios de la minería", la respuesta de la UACCH (Unión de
Asambleas de Comunitarias de Chubut) fue decirle que hace años que
estudiamos el tema, y entregarle el libro que al respecto se elaboró
colectivamente en 2018: "Hablemos de Megaminería".
Ya
electo, las designaciones de Juan Cabandié en el Ministerio de
Ambiente, sin trayectoria en el tema, y de Alberto Hensel al frente
de la Secretaría de Minería de la Nación -quien fuera ministro de
minería de San Juan durante los desastres ambientales de derrame de
cianuro en la localidad de Jáchal, en el emprendimiento minero de
Barrick Gold- no auguran un futuro promisorio para los territorios en
conflicto por el asedio de las transnacionales mineras.
El
flamante secretario Hensel ha declarado a la prensa que "a la
deuda pública hay que pagarla y eso se paga con actividades
económicas...entre ellas se incluye la minería." Los mensajes
son para las provincias de Chubut y Mendoza con sus leyes 5001 y 7722
protectoras del ambiente, también para la ley de glaciares por sus
"imprecisiones" respecto al ambiente periglaciar, y para un
marco de seguridad jurídica para Vaca Muerta -y su fracking- y la
explotación de litio en el norte del país. Todos territorios en
conflicto por falta de licencia social para la actividad, e
incompatibilidad con la coexistencia de comunidades de Pueblos
Originarios y sus derechos constitucionales.
La
ley de glaciares tantas veces cuestionada, debería ser política de
estado en la preservación de los hielos continentales, fuente
preciada de agua en el actual contexto de riesgo creciente de ese
bien por el calentamiento global.
El
pueblo dice
El
gobernador de Chubut en recientes declaraciones manifestó que "la
provincia está capacitada para desarrollar sus recursos naturales
con el debido control que requiere cualquier actividad extractiva".
El pueblo no confía en sus palabras, en una provincia donde tan sólo
dos años atrás el fallecido gobernador Das Neves hacía alusión a
coimas y sesiones legislativas vergonzosas relacionadas a la presión
del lobby minero. Dato de esta realidad fue la interacción de un
lobbysta minero que telefónicamente se comunicaba con el diputado
Muñiz durante el tratamiento de la Ley por Iniciativa Popular,
relacionada a la prohibición de megaminería, iniciativa que había
llegado a la legislatura avalada por más de 13.000 firmas
ciudadanas. En ese tiempo Arcioni era vice gobernador y se
desarrollaba en la oficina contigua al despacho del gobernador la
causa más escandalosa de corrupción de la provincia, la causa
Embrujo, que desembocó en importantes condenas para los funcionarios
involucrados en octubre de este año.
El
pueblo de Chubut informado no le cree cuando hay la suficiente
cantidad de evidencia de desastres ambientales que alcanzaría para
la decisión política de aplicar los principios preventivos,
precautorios y de sustentabilidad de la Ley General del Ambiente (N°
25675) de la Nación.
Echar
mano a la explotación megaminera para pagar deuda y asistir a las
poblaciones más vulnerables implica sacrificar algunos territorios
con sus habitantes para que otros vivan mejor, y satisfacer la renta
de capitales transnacionales a los que nada les importa nuestra vida.
El escenario parecería indicar que somos parte de los territorios y
habitantes a sacrificar.
El
Artículo 41 de la Constitución nacional dice: "Todos los
habitantes gozamos del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto
para el desarrollo humano y para que las actividades productivas
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las generaciones
futuras; y tienen el deber de preservarlo".
También
nos asisten los derechos humanos a la SALUD, la VIDA y a vivir en
PAZ. Estamos ante la confrontación de dos paradigmas
irreconciliables, es la voracidad depredadora de los capitales que
arrasan con todo a costa de nuestras propias vidas, o es una forma de
organización a la medida de la dignidad humana y en armonía con la
naturaleza. Es función de nuestros gobiernos superar el dilema en
pos del buen vivir de todxs.
Como
PUEBLO aspiramos a ejercer nuestros DERECHOS y OBLIGACIONES.
PARAFRASEANDO
A LAS UACCH: "O SE ESTÁ CON EL PUEBLO EN CONTRA DE LAS MINERAS,
O SE ESTÁ CON LAS MINERAS EN CONTRA DEL PUEBLO".
María
Elvira Gauna, médica generalista, militante por los derechos humanos
y habitante de Esquel.
Fuentes:
Agencia Cadena del Sur
Dibujo por Chelo Candia, de la serie Un dibujo por día contra la megaminería, el saqueo y la contaminación.
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