Pulpos
de la megaminería arman un instituto para atacar normas que
condicionan su actividad, rechazada por contaminante y destructiva.
El secretario de Minería y lobista Hensel será de la partida.
por
Valeria Foglia
Este
jueves 19, con la presencia del secretario de Minería de la Nación,
Alberto Hensel, se lanzará el Instituto Argentino de Derecho para la
Minería (Iadem), un agrupamiento de estudios jurídicos, empresas y
autoridades provinciales del sector para, según se consigna en
Télam, “promover el análisis jurídico que incide sobre la
actividad en el país y generar iniciativas para su mejoramiento”.
Tras
el lobby realizado durante la campaña electoral, cuando el propio
Alberto Fernández se reunió con directivos de multinacionales
mineras, las empresas sienten que es momento de poner “manos a la
obra” y avanzar cuanto se pueda para asegurar sus negocios.
El
texto publicado por Télam indica que el sector de la megaminería,
tan resistido en nuestro país, “espera definiciones sobre el marco
legal que permita fortalecer la actividad y promover el desarrollo de
proyectos millonarios, para lo cual se deben superar debates
pendientes sobre la adecuación normativa a los nuevos conceptos
tecnológicos, ambientales y de contexto económico-social”.
“Marco
legal”, “adecuación normativa”, “debates pendientes”:
eufemismos que, en el marco del impulso a “proyectos millonarios”,
pueden encubrir un nuevo intento de avanzar colectivamente sobre la
ley de glaciares, garantizar la continuidad de proyectos que ya
ocasionaron desastres ambientales severos y avasallar la prohibición
de la megaminería en provincias como Chubut, donde se acaba de
votar, represión mediante, una ley de ministerios que abre paso a la
arremetida de las mineras tras diecisiete años.
Curiosa
perspectiva de “análisis crítico” asumirá un instituto
encabezado por directivos y bufetes del sector: hasta 2020 su
presidente será Néstor Rigamonti, de Minera Santa Cruz; el
vicepresidente, Diego Parravicini, de Pan American Silver; el
secretario, Matías Argarate, de Patagonia Gold, y el tesorero
Leonardo Rodríguez, del estudio Marval, O’Farrell & Mairal.
Más patronal no se consigue.
A
este plantel empresarial se sumará la participación de Hensel, cuya
designación en la cartera fue rechazada por distintos agrupamientos
contra la megaminería y en defensa del agua. La Asamblea Jáchal No
se Toca expresó su preocupación en una carta dirigida al presidente
Fernández, donde señalan que “resulta al menos inoportuno tener
en cuenta a un reconocido lobbista megaminero para que cumpla función
pública, lugar reservado para quienes deben representar los
intereses de la gente, no de las corporaciones transnacionales”,
recordando su rol como garante de la impunidad de Barrick Gold en el
derrame de cianuro en ríos de San Juan. “Impidió que el pueblo de
Jáchal se exprese en consulta popular. […] el mismo Hensel que
antes de asumir ya reconoció que viene por la destrucción de la ley
de glaciares”, agregan.
Del
nuevo instituto los pulpos mineros esperan la elaboración y
presentación de proyectos para avanzar en “marcos jurídicos”
para la actividad minera, iniciando a su vez una intensa campaña de
congresos, conferencias y debates para instalar la idea de que los
megaproyectos son solución a la crisis económica y representan un
desarrollo para las comunidades.
En
una de sus visitas a San Juan durante la campaña, el ahora
presidente refería respecto de la minería: “La vamos a
desarrollar como se hizo en San Juan: responsablemente, con control
social, garantizándonos que la minería no arruine la vida de los
ciudadanos, pero que la vamos a desarrollar, obvio que es una
prioridad”.
“Minería
responsable”, de hecho, es el eslogan que usaba Barrick Gold,
causante del mayor desastre ambiental del país. La minera canadiense
comenzó a operar Veladero, en San Juan, dos años después de que
José Luis Gioja asumiera como gobernador. Luego llegó Uñac, que
mantuvo lazos profundos con la minera imperialista, al punto de que
la provincia se presentó contra la ley de glaciares ante la Corte
Suprema, que finalmente ratificó su constitucionalidad.
A
diferencia del relato de desarrollo y progreso, en San Juan se han
ido profundizando los niveles de pobreza, indigencia y desempleo, a
la par de, en contraste, una fuerte expansión de las exportaciones
mineras. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(Indec), el Gran San Juan es uno de los diez principales
conglomerados urbanos más pobres del país, con el 30,3 %
interanual.
Meses
atrás, la socióloga y escritora Maristella Svampa explicó a La
Izquierda Diario sus cuestionamientos al concepto de
“sustentabilidad”, apropiado por Gobiernos y mineras: “La
noción de sustentabilidad se fue convirtiendo en una noción débil,
muy en consonancia con la idea de modernización ecológica […],
donde no se cuestiona el crecimiento económico y se considera que
los impactos que acarrea el uso de tecnología nociva para el
ambiente pueden ser mitigados con el uso de más tecnología. Esa es
la idea central que hoy se encuentra en las grandes corporaciones a
sabiendas de que, en definitiva, detrás de la noción de desarrollo
sustentable, siempre la prioridad la tiene que definir lo económico,
no la protección del ambiente”.
La
investigadora, a su vez, rechaza la idea de que el modelo minero de
San Juan, festejado por Alberto Fernández y el nuevo ministro de
Ambiente, Juan Cabandié, sea un ejemplo de actividad sostenible. “En
realidad es lo contrario. Detrás de la acción de Barrick Gold, lo
que hay es destrucción de glaciares y también derrames de solución
cianurada, que han contaminado aguas. La Asamblea de Jáchal ha
denunciado esto, se ha denunciado penal y judicialmente la
responsabilidad de Barrick Gold y de los Gobiernos que han encubierto
estos impactos”.
Alicia
Kirchner en Santa Cruz tampoco se queda atrás en el impulso a estos
emprendimientos de saqueo y devastación a cielo abierto, que
consumen ingentes cantidades de agua de las comunidades para extraer
plata y oro. En otra muestra de su más completo desinterés por el
medioambiente, la gobernadora acaba de impulsar una ley, sancionada
en la Legislatura, que prohíbe la creación de nuevas áreas
protegidas por el plazo de un año.
Considerando
la designación de Luis Basterra, hombre de Insfrán, en Agricultura
y de Alberto Hensel, exfuncionario de Gioja en San Juan, en Minería,
no parece sorprender que hayan ubicado a Juan Cabandié a cargo del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En palabras del
flamante ministro: “Alberto Fernández me pidió que realice una
tarea política”, y no abundó en mayores definiciones. En el marco
de un Gobierno que mantiene lazos sólidos con el extractivismo que
saquea, contamina y daña los bienes naturales comunes, solo las
ganancias se sostienen.
3 definiciones de @juancabandie, flamante Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en la #COP25 sobre el futuro del país en esa materia.— RED/ACCIÓN (@redaccioncomar) December 11, 2019
Por @taisgadealara pic.twitter.com/80XihwUld9
Fuente:
Valeria Foglia @valeriafgl, Avance minero: cuando lo único “sostenible” es la rentabilidad de las multinacionales contaminantes, 15 diciembre 2019, La Izquierda Diario. Consultado 19 diciembre 2019.
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