Expectativas públicas e interrogantes políticos en tierras fracturadas.
por
Juan Antonio Acacio y Gabriela Wyczykier
Vaca
Muerta es un megaproyecto de extracción de hidrocarburos no
convencionales cuya explotación se está llevando adelante
mayormente en la provincia de Neuquén, en menor escala en Río
Negro, y posee proyecciones productivas en la provincia de Mendoza.
Con una superficie de 30.000 km2, esta formación geológica se
extiende también a la provincia de La Pampa, y su riqueza en
recursos hidrocarburíferos situó a la Argentina en el segundo lugar
mundial como reserva de gas no convencional y en el cuarto en
relación con el petróleo de estas características.
El
descubrimiento en 2010 de shale gas en Loma La Lata, en la provincia
de Neuquén, inauguró un período de transformaciones políticas,
sociales y regulatorias de impacto nacional y subnacional, en el
marco de una profunda crisis de abastecimiento de energía destinada
al consumo interno. De este modo, tanto en la gestión Kirchnerista
como en la de la Alianza Cambiemos, la esperanza pública depositada
en la extracción de estos hidrocarburos advino como un horizonte
revelador.
Vaca
Muerta excede sus límites geológicos y geográficos, y se inscribe
en un contexto geopolítico ligado a una etapa del capitalismo en la
cual se produce energía extrema [1]. Ciertamente, ante el
agotamiento de los hidrocarburos convencionales, empresas y gobiernos
se han lanzado a producir energía fósil en formaciones geológicas
que requieren técnicas y procesos de extracción más costosos y
complejos, con grandes impactos socioambientales, avanzando asimismo
sobre territorios campesinos, de pueblos originarios y también sobre
otras matrices productivas. La técnica conocida como fracking, o
fractura hidráulica, permitió el acceso a estos recursos.
“Se
abre una etapa de futuro para la energía del país”
Esta
frase, pronunciada por el presidente Mauricio Macri en relación con
Vaca Muerta, sintetiza en gran medida las expectativas públicas
depositadas por la gestión actual con respecto a su explotación. La
posibilidad de extraer recursos energéticos que se vislumbró hace
una década atrás, permitió proyectar a la Argentina como potencia
energética en un contexto histórico donde resalta el aumento
progresivo del consumo de hidrocarburos a nivel mundial. La Agencia
Internacional de Energía señala que en el 2018 el consumo global de
energía ascendió a casi el doble de la tasa promedio de crecimiento
desde 2010, relacionado con los requerimientos de la economía y con
mayores necesidades de calefacción y refrigeración en algunas
partes del mundo. El gas natural representó el año pasado casi el
45 % del aumento en la demanda total de energía, y los combustibles
fósiles alcanzaron casi el 70 % del crecimiento por segundo año
consecutivo.
Pero
no sólo el mercado mundial es una brújula para proyectar Vaca
Muerta, sino también el problema de autoabastecimiento energético
en Argentina, particularmente para el caso del gas. En la actualidad,
y según datos sistematizados por Pablo Bertinat en base al Balance
Energético Nacional del Ministerio de Energía y Minería de la
Nación, hacia el año 2017 la oferta interna primaria de energía
(lo que consumió la población) estaba representada en un 54 % por
el gas natural, un 31 % por petróleo, y un 4 % proveniente de la
energía hidráulica. Así, la Argentina es el país de América
Latina que cuenta con la mayor participación del gas natural en su
matriz energética, resultando casi el doble que el promedio de la
región (26,4 %).
Con
un 3 % de la superficie de Vaca Muerta actualmente en explotación, y
la caída de producción de los pozos convencionales, la demanda
interna de energía aún no logra ser cubierta por el gas no
convencional. Por lo tanto, Argentina depende de la importación de
este recurso que se utiliza no solamente para calefaccionar hogares y
como insumo en la producción, sino también para producir
electricidad. Dependiendo de la performance de Vaca Muerta, el actual
secretario de energía Gustavo Lopetegui, afirma que para el 2021 al
menos podría revertirse la importación de gas natural licuado
proveniente de barcos que atracan en Bahía Blanca y en Escobar, al
mismo tiempo que el funcionario renegoció condiciones contractuales
que regirán hasta 2026 con Bolivia para continuar importando gas.
Vaca
Muerta en acción
Ante
la situación de déficit de balanza energética y de la restricción
externa en cuanto a la tenencia de dólares para la economía
doméstica, la posibilidad de comenzar a explotar Vaca Muerta se
ungió como esperanza pública en el segundo gobierno de Cristina F.
de Kirchner. Para ello, sucedieron cambios institucionales de
importancia: en el año 2012 se sancionó la ley N° 26.741 de
soberanía hidrocarburífera, cuyo planteo principal estribó en la
expropiación del 51 % de las acciones de YPF y en la promoción de
la explotación masiva de los no convencionales como medio para
lograr el autoabastecimiento. Pero además, resultó un mecanismo que
buscaba movilizar al conjunto de la producción, impulsando el
desarrollo de empresas que proveyeran insumos y servicios para la
explotación, a fin de lograr saldos exportables para equilibrar la
balanza de pagos y obtener divisas.
Este
proceso obtuvo envión con la reglamentación, por parte de la
legislatura de la provincia de Neuquén, de la Ley Provincial 2.867
en agosto de 2013, que ratificaba el acuerdo que el Poder Ejecutivo
nacional había firmado un mes atrás con YPF para llevar adelante un
proyecto piloto en Vaca Muerta en asociación con la empresa
multinacional Chevron. Como sintetiza Rebossio[2], en el 2014 la
Argentina ya se había constituido en uno de los cuatro únicos
países del mundo con explotación comercial de shale, junto con
Estados Unidos, Canadá y China. YPF totalizaba en ese entonces el 86
% de los 361 pozos perforados, 91 % de la producción petrolera y 89
% de la de gas en la formación.
La
experiencia petrolera de la Provincia de Neuquén, donde se emplaza
la mayor parte de la formación geológica en explotación, fue
fundamental para darle vida a este proyecto. Sus antecedentes
económicos, productivos e identitarios con referencia a los
hidrocarburos se combinaron para fortalecer la expectativa pública
en Vaca Muerta, y los dirigentes locales abrazaron y promovieron
exultantes este proyecto. Es importante considerar este punto, ya que
los rendimientos monetarios que percibe la provincia a través de la
regalías fueron en aumento, incrementándose un 43 % en el 2018
comparado con el registro de un año atrás. El gas lideró la suba
de los fondos.
Además
de las regalías, la actividad genera trabajo directo e indirecto.
Algunas fuentes estiman que el sector petrolero promueve alrededor de
25.000 empleos directos, que es el que está ligado a las operadoras
(quienes llevan adelante la inversión principal y lideran el proceso
extractivo) y el de las empresas de servicios de hidrocarburos
(aquellas que transportan agua y arena, perforan, instalan ductos de
gas, de agua y de petróleo crudo, instalan plantas de almacenamiento
y de procesamiento temprano). Por cada empleo directo, se estima la
creación de dos empleos indirectos, vinculados con empresas
radicadas en Neuquén (inmobiliaria, electricidad, comunicación,
transporte, finanzas, construcción).
Ello
explica que, en un contexto de crisis nacional en relación con
distintos sectores productivos y del aumento progresivo del
desempleo, Neuquén se revele como un polo de atracción migratoria.
En consecuencia, y como se registra por lo menos desde el 2017,
arriban en promedio entre 22 y 25 familias por día que aspiran a
vincularse a la actividad hidrocarburífera, generando como
contrapartida un desborde en la capacidad de los servicios urbanos
(hospitales, escuelas, viviendas, rutas y caminos) que no han podido
atender adecuadamente esta mayor demanda producto del crecimiento de
la población.
La
explotación de Vaca Muerta adquirió así la forma de un
megaproyecto. Como bien destacan Álvarez Mullally, Arelovich,
Cabrera y Di Risio[3] definirlo como tal implica que a) La cadena de
valor se organiza desde procesos anteriores a la perforación hasta
la refinería, pasando por ductos, insumos específicos para cada
etapa y culminando en plantas tratadoras de residuos; b) Requiere la
inversión y desarrollo de infraestructura, como caminos, viviendas,
servicios, y la reorganización de pueblos y ciudades; c) Se
articulan una multiplicidad de empresas de distinta envergadura tanto
de capitales nacionales como trasnacionales.
El
entramado empresarial de la actividad se puede graficar en términos
de anillos: el primero está conformado por las grandes operadoras
que consiguen la concesión de las áreas a perforar, el segundo está
compuesto por empresas multinacionales abocadas a la perforación y
fractura de los pozos, y el tercero se encuentra integrado en su
mayoría por las PyMES locales que proveen servicios a las del primer
y segundo anillo.
Puestas
en nombre y cifras, en la Provincia de Neuquén son 44 empresas
operadoras, pero diez de ellas concentran el 70% de la explotación
de hidrocarburos. De las diez petroleras con mayor cantidad de
kilómetros cuadrados que conforman el primer anillo, cuatro son
extranjeras: Total, Exxon, Shell y Vista Oil and Gas. Además, otras
compañías como Statoil y Petronas, tienen asociaciones y
participaciones en desarrollos junto a las operadoras locales. Entre
las seis firmas de capitales nacionales se destaca YPF, que concentra
la mayor porción de la superficie explotada y es la que más
inversiones aportó, convirtiéndose en la principal productora de
gas y petróleo no convencional.
Miradas
y acciones de resistencia
Si
bien entre la dirigencia política, los sectores empresarios y del
trabajo existe una aceptación generalizada en torno a los beneficios
de la explotación de los hidrocarburos no convencionales, se
advierten críticas y resistencias de distintos actores colectivos.
En efecto, el fracking como técnica de explotación de hidrocarburos
ha despertado dudas en varios países donde ha ingresado, y la
Argentina no permanece ajena a los efectos de este proceso. Las
advertencias se relacionan, en primer lugar, con la incertidumbre de
los riesgos respecto a los impactos en el ambiente, entre los que se
destacan la contaminación de acuíferos, del aire, del suelo, y el
surgimiento de actividad sísmica en zonas donde no se registraba
anteriormente este tipo de sucesos.
Al
mismo tiempo, la técnica del fracking es cuestionada por la emisión
de gases que contribuyen al efecto invernadero, como el metano.
Conjuntamente, estudios realizados en otras latitudes dan cuenta de
la vinculación de la actividad no convencional con distintas
afecciones referentes a la salud de las poblaciones: cáncer,
problemas respiratorios, contaminación sonora, lumínica, y aumento
de accidentes de los trabajadores de la actividad petrolera son
algunos de los que se describen como preocupantes.
La
explotación de hidrocarburos con métodos tradicionales ya había
resultado foco de conflictos y detracciones en la provincia de
Neuquén, sobre todo por parte de las comunidades y organizaciones
mapuches que habitan territorios con riqueza en petróleo y gas. El
canto de sirenas con respecto al fracking generó, hacia el año
2013, un proceso de organización de distintos colectivos y de
sectores de la ciudadanía local, cuando se votó en la legislatura
neuquina apostar a la explotación no convencional con la empresa
Chevron. Distintos sectores se nuclearon en la Asamblea Permanente
del Comahue por el Agua, y posteriormente en la Multisectorial contra
la Hidrofractura. En este proceso tanto las comunidades y
organizaciones mapuches, como también el Observatorio Petrolero Sur,
tuvieron un papel central en la construcción de un corpus de
información orientado a la comunicación y la divulgación de los
riesgos de la actividad.
Aunque
el movimiento que se oponía a la fractura hidráulica tuvo sus
derivas, continúa con fuerza principalmente por la resistencia de
las organizaciones y comunidades mapuches que enfrentan el despojo y
la intervención de las empresas en sus tierras.
Recientemente,
algunos eventos han reactualizado los cuestionamientos a la actividad
extractiva, vinculados con derrames de gran magnitud como el que tuvo
lugar en Bandurria Sur, un yacimiento explotado por la operadora de
bandera nacional, YPF. Por otro lado, vecinos de algunos barrios de
Neuquén evidenciaron mediante distintas protestas el mal manejo de
los desechos que realizan las plantas de tratamiento, donde intervino
en febrero de este año la organización ambientalista Greenpeace,
ganando la problemática repercusión a nivel nacional.
Por
otro lado, es importante prestar atención a las acciones colectivas
que en algunos municipios buscaron prohibir la actividad. Este ha
sido el caso, por ejemplo, del municipio de Vista Alegre, donde se
gestó un proceso de articulación asambleario de los pobladores, en
diálogo con el concejo deliberante de dicho municipio, ante la
posibilidad de iniciarse exploraciones de no convencionales en su
localidad. Ello culminó con la sanción de una ordenanza que
prohibía el desarrollo de la actividad. Al igual que otros casos en
las provincias de Río Negro y Neuquén, dicha ordenanza fue vetada
por orden del poder judicial de la provincia. A pesar de esto,
lograron dinamizarse en estos lugares redes organizativas que
continúan en alerta y prestando atención a los movimientos de las
empresas.
La
sucesión de una serie de sismos hacía fines del 2018 y comienzos
del 2019, en la zona de un pueblo llamado Sauzal Bonito, cercano al
corazón de la explotación no convencional, emergió también como
una cuestión problemática. Los temblores de la tierra fueron
denunciados por organizaciones sociales como posibles movimientos
originados por el fracking. Estas advertencias resultan sin embargo
neutralizadas con un discurso público que niega la relación entre
la actividad y los riesgos geológicos a los que puede conducir,
mientras en otras partes del mundo se están realizando estudios que
buscan aportar información científica para demostrar el vínculo
entre la técnica desarrollada por el hombre para acceder a los
hidrocarburos y la actividad sísmica.
La
lógica controvertida de los subsidios
La
promoción de la actividad hidrocarburífera de convencionales y no
convencionales estuvo fuertemente subsidiada tanto por el gobierno de
Cristina Fernández de Kirchner, como por el de Mauricio Macri. Sin
embargo, con este último, el esquema de subsidios fue ajustado con
motivos de urgencia fiscalista, produciéndose una transferencia
directa de recursos desde los usuarios hacia las empresas a través
del aumento de tarifas. Se desarmó entonces el Plan Gas destinado a
la producción de gas natural convencional, y se aseguró la
continuidad hasta 2021 del Plan Gas sólo para Vaca Muerta
(Resolución 46-E/2017) y otras formaciones no convencionales en la
Cuenca Neuquina.
Sin
embargo, esta resolución no pasó desapercibida en el escenario
político. A principios de este año el grupo Techint, uno de los
principales beneficiarios del programa dirigido a incentivar la
producción de gas no convencional en el área de Fortín de Piedra,
ubicada en Vaca Muerta, tensó sus vínculos con el gobierno. El Plan
Gas había asegurado a las petroleras que si vendían el gas a
valores menores al fijado en aquella resolución, el Estado
compensaría la diferencia con subsidios. Sin embargo, Tecpetrol
logró producir en 2018 volúmenes mayores de los presentados en el
proyecto original, demandando al gobierno la aplicación del subsidio
por el total de lo producido. El gobierno se negó a pagar esa
diferencia habida cuenta de los compromisos asumidos por el ejecutivo
con el Fondo Monetario Internacional.
La
viabilidad productiva de Vaca Muerta en cuestión
Lo
que sucede con los subsidios pone en alerta el problema de la
viabilidad productiva de Vaca Muerta. En concomitancia con los
efectos e impactos ambientales y en la salud que advierten distintos
actores sociales, políticos y científicos con referencia a la
técnica del fracking, un informe del Institute of Energy Economics
and Financial Analysis[4], destaca los fuertes obstáculos que
enfrenta el desarrollo de este proyecto por cuestiones fiscales, de
mercado, y políticas, que pueden perjudicar su continuidad. Entre
las principales razones sostienen que: a) el proyecto requiere
importantes subsidios de largo plazo, pero el problema es que el
gobierno no puede sostenerlos, y ello se verifica en la reducción de
estas erogaciones en un 54% en los últimos años; b) YPF tiene la
tarea de impulsar el desarrollo de los no convencionales, y por ello
firmó acuerdos con importantes compañías extranjeras. Sin embargo
la empresa estaría poco preparada para asumir este rol porque su
plan de negocios se encuentra ligado a los subsidios, no pudiendo
afrontar a los mercados globales de petróleo y gas; c) el apoyo de
los inversores extranjeros es fundamental para el éxito energético
de la Argentina, y el gobierno esperaría que el costo lo paguen las
empresas, resultando poco realista, ya que los actores económicos
aspiran a invertir en tanto reciban subsidios como contraparte.
En
términos globales, los problemas de desinversión en la extracción
de recursos no convencionales afecta a otras economías, así como
los subsidios resultan ser el estímulo que las empresas privadas
requieren para invertir en el sector. En esta línea analistas como
Honty[5], afirman que desde el año 2015 escasea la inversión en
nuevos proyectos de exploración y explotación de petróleo. Si bien
podría ser fruto de la influencia de las políticas para reducir las
amenazas del cambio climático que lentamente van aplicando los
países, resulta también una consecuencia de la inviabilidad
económica que representa extraer los escasos y costosos recursos
petroleros que restan en la tierra.
Por
lo tanto, la expectativa política depositada en Vaca Muerta no se
encuentra solamente cuestionada por las resistencias sociales que
denuncian efectos nocivos sobre la salud, el agua, y los territorios,
sino además, por los recursos económicos y de inversión en
infraestructura que estos procesos extractivos requieren. Mientras
las empresas de capital trasnacional son requeridas con ansias por el
Estado, la erogación de recursos colectivos para sostenerlas resulta
una condición ineludible, al tiempo que la promesa pública en
motorizar el megaproyecto se encuentra complicada por ajustes
fiscales.
Los
interrogantes sobre la viabilidad de Vaca Muerta afloran entonces en
múltiples niveles y en diversas dimensiones, que deben aportar a un
debate informado y democrático sobre la producción de energía en
la Argentina.
Juan
Antonio Acacio (IdIHCS-UNLP/CONICET/GECIPE) y Gabriela Wyczykier
(UNGS/CONICET/GECIPE)
- Avedaño, T. R., y H. Scandizzo (2017). “Qué entendemos por energía extrema”. En Extremas. Nuevas fronteras del extractivismo energético en Latinoamérica, Oilwatch Latinoamérica; Svampa, M. (2019). “Vaca Muerta: De la promesa eldoralista a la cruda realidad de los impactos”. Fractura expuesta, OPSUR (en prensa).
- Rebossio, A. (2015). “Vaca Muerta: quiénes son los dueños del yacimiento”. Recuperado de: https://www.lanacion.com.ar/1785554-vaca-muerta-quienes-son-los-duenos-del-yacimiento
- Álvarez Mullally, M., Arelovich, L. Cabrera, F. Di Risio, D. (2017). “Megaproyecto Vaca Muerta: informe de externalidades”. EJES, OPSUR, Taller Ecologista. Recuperado de: http://ejes.org.ar/InformeExternalidades.pdf
- Institute of Energy Economics and Financial Analysis (2019). “Retrasado el financiamiento de infraestructura crítica para cumplir las metas del fracking en Vaca Muerta”. Recuperado de: http://ieefa.org/actualizacion-ieefa-retrasado-el-financiamiento-de-infraestructura-critica-para-cumplir-las-metas-del-fracking-en-vaca-muerta/
- Honty, E. (2018). “Gracias Trump”. Recuperado de: https://www.alainet.org/es/articulo/197199
Fuentes:
Juan Antonio Acacio, Gabriela Wyczykier, Vaca Muerta en debate, 17 septiembre 2019, Revista bordes. Consultado 23 septiembre 2019.
Dibujo Chelo Candia.
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