Palomares como cementerio nuclear. La impunidad que no cesa

Edificación dentro del núcleo urbano (calle Diseminado La Punta) donde se han almacenado 670 Kg de basura nuclear, con una radiactividad de más de 3 millones de Bequereles de plutonio (239+240) entre otros. Foto: J.H.

por José Herrera Plaza

Desde 2011 se han realizado 4 transportes secretos con más de 3.000 kg de basura nuclear a Palomares (Almería) desde la sede del CIEMAT en Madrid. Los residuos estaban ubicados en una instalación radiactiva (IR-17), dotada con todo tipo de medidas de seguridad y control por parte del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), mientras que su destino ha sido un par de contenedores marítimos para hortalizas y lo que es peor, una edificación en medio de la población. Ello ha generado una significativa alarma social en la zona y un innegable perjuicio económico a su agricultura y pujante turismo. No solo no se inicia el esperado plan de descontaminación, sino que se refuerza el rol impuesto en 1966 por los Estados Unidos y España de lo que constituye el primer cementerio nuclear ilegal de España.

Recordemos que ello es una consecuencia más del accidente aéreo de 1966, en plena dictadura y Guerra Fría, de un bombardero estratégico norteamericano que dejó caer 4 bombas termonucleares, cada una 70 veces más potentes que las de Hiroshima. En su día invitaron a los medios de comunicación a que informaran de los 1.000 m³ de tierras contaminadas que se llevaban a los Estados Unidos, mientras a poca distancia, escondida entre las colinas, enterraban subrepticiamente 4 veces más en dos fosas. Sin contar con los kilos de plutonio que dejaron en los campos, condenando al área a ser el primer cementerio nuclear de España donde cohabitan seres humanos, carente de cualquier instalación, expediente o medidas de caución.

Los transportes han sido admitidos por la Audiencia Nacional como hechos nuevos, en la causa promovida por Ecologistas en Acción Almería contra la inacción del CSN. También el Parlamento Europeo ha admitido a trámite la petición de una inspección por este tema. La impunidad por este tipo de acciones, execrables desde el punto de vista legal y moral, es continua desde 1966.

Llevamos años denunciando los riesgos para la salud de las personas y el medioambiente, más el lastre que para la economía de Palomares y Villaricos (Almería) suponen el inventario radiactivo de 41 hectáreas valladas y restringidas al acceso y uso. Los últimos gobiernos han escurrido el bulto, más allá de algún gesto de cara a la galería, sin promover, ante la inhibición del país causante, una descontaminación unilateral, pronta y efectiva.

Desde el año 2010 existe un Plan de Rehabilitación de Palomares (PRP), aunque antes España ha poseído la capacidad tecnológica para descontaminar el área de una manera modélica, sin la ayuda de los Estados Unidos. Era un plan preliminar, pendiente de desarrollar otros planes complementarios (residuos, seguridad de los trabajos, control posterior) o la de decidirse por un almacén temporal individualizado (ATI) anejo al Cabril (Córdoba) o donde se considere, mientras se halle el momento de devolvérselo a sus legítimos propietarios (Estados Unidos).

Los transportes de basura nuclear

Cuando era director del CIEMAT Juan Antonio Rubio, definía la situación radiológica de Palomares como un «problema social». Más allá de los importantes riesgos para la salud que habían sufrido los vecinos, Rubio focalizaba sobre el estigma social y económico que supone el tener uno de los inventarios radiológicos de plutonio más altos del planeta en una zona habitada. Por ello luchó, hasta su muerte en 2010, por una descontaminación definitiva, materializada en el PRP. También era partidario de la descontaminación del CIEMAT en la Ciudad Universitaria de Madrid, por lo que apoyó decididamente el Plan Integral de Mejora de las Instalaciones del CIEMAT (PIMIC). Esteúltimo siguió ejecutándose sin restricciones de presupuesto ni de plazos, de hecho lleva 19 años de ejecución y más de 100 millones de euros gastados, mientras lo único que hacía el Gobierno con Palomares era encargar infructuosamente a Exteriores que le solicitaran por favor a los Estados Unidos que se llevaran el plutonio que dejaron en 1966, al tiempo que el mismo organismo impulsaba con éxito las relaciones comerciales y la inversión española en ese país.

Desde 1966 que dio comienzo el «Proyecto Indalo», o seguimiento de la contaminación dejada en las personas y el medioambiente, se han recogido más de 13.000 muestras de tierras, productos vegetales y filtros de aire de los dispositivos que controlan la contaminación del aire. De esas, casi 4.000 fueron arrojadas irresponsablemente por la Junta de Energía Nuclear - CIEMAT, en unas escombreras anejas a la sede (parcela Ñ), transformada con los años en el campo de deportes y zona infantil [1].

No había transcurrido un año y medio de la muerte de J.A. Rubio, cuando se aprobó el primer envío secreto de las más de 9.000 muestras que no se habían tirado, con un peso de 1.280 kg. y una radiactividad de 24 y 96 millones de Bequereles de americio y plutonio (239+240) respectivamente. Ese sería el primero de un total de 4 viajes clandestinos, con más de tres toneladas de basura radiactiva, sin informar al CSN, ni a los representantes de los ciudadanos. Material al que se han de sumar los 2.724 kg. de restos de muestras y sondeos que se quedaron en la zona y cuyo detalle se muestra en la tabla que sigue

La noticia había saltado en un periódico local y tuvo repercusiones en los medios de ámbito nacional. Como suele suceder cuando el nivel de perversión es elevado, las iras de algunas fuerzas vivas del lugar se polarizaron en el mensajero, en el periodista que firmaba la noticia, en vez de unirse y presentar una inmediata denuncia judicial contra el organismo causante. Incluso la editora del periódico recibió amenazas de retirada de publicidad por parte de alguna empresa del área. Pero la reacción más generalizada fue de indignación hacia un organismo que tornaba súbitamente a los modos y maneras de los años 70 - 80. El periódico comarcal Actualidad Almanzora reflejaba en su portada cómo se sentían: Ultraje extremo. El desprecio que los sucesivos gobiernos de España han dedicado al problema de la contaminación de Palomares supera el insulto.

La única medida que adoptaron los regidores municipales de Cuevas del Almanzora, del que depende la pedanía de Palomares, fue solicitar una pronta reunión con los responsables del CIEMAT para pedir explicaciones. Pero esta plausible iniciativa lo único que hizo fue empeorar las cosas, ahondar en la humillación sufrida y en la postración de los representantes locales. En la reunión celebrada con la presencia de los alcaldes y de dos diputados del PSOE por Almería con el cuadro directivo del CIEMAT, los demandantes fueron informados falsamente con importantes sesgos, que fueron ocultados sin escrúpulos y sin importarles su rol como representantes de la ciudadanía; la misma que sufraga con sus impuestos las nóminas y el presupuesto del que se nutre el organismo. En la nota de prensa, inusitadamente conjunta y sin una palabra de reproche, el CIEMAT reconocía solo dos viajes, cuando en realidad fueron cuatro; 1.466 kg. de residuos, cuando fueron más del doble y una radiactividad de 6,68 millones de Bequereles de plutonio (239+240), cuando sobrepasaron los 112 millones. Nadie de ese cuadro directivo parece haber sufrido las consecuencias de sus actos referentes a Palomares y la falta de respeto a los representantes políticos de la ciudadanía. La impunidad que no cesa.

Pero hay quienes piensan que las leyes las han de cumplir todos, no solo los estratos inferiores de la pirámide social. Ecologistas en Acción Almería lo incluyó como hecho nuevo en la demanda que tenía interpuesta en la Audiencia Nacional contra la inacción del CSN respecto a la descontaminación pendiente de Palomares porque, según aducen en el escrito de conclusiones: es obvio que el almacenamiento no cumple los más mínimos requisitos legales exigidos. Se ha llevado a cabo sin expediente alguno y sin conocimiento del CSN.

La Sala 7ª la admitió y solicitó un informe completo al CIEMAT. Gracias a ese requerimiento, hemos podido informarnos adecuadamente.

En los últimos años hemos asistido al discurso de algunos colectivos por el maltrato del poder central con determinadas autonomías. En el ámbito nuclear los hechos son concluyentes, inequívocos. Parece no existir nada personal con ninguna región en especial. Lo sucedido en Palomares en estos 53 años lo avala sobradamente, pero también si repasamos el mapa de España con las 6 zonas que padecen contaminación radiactiva, reconocidas recientemente por el CSN. Solo una de ellas se halla en el centro, y porque ha sido descubierta hace poco. El resto están ubicadas en la periferia y el premio se lo lleva Andalucía, con 3 lugares (Palomares y dos en Huelva). Es simplemente la distancia física del centro la que marca las ubicaciones.

Existían otras alternativas menos malas que la de sacar esas tres toneladas de material radiactivo y llevarlas de mala manera a un área ya muy machacada por el poder político y los organismos reguladores. Una solución hubiese sido el mantenerlas en la misma instalación radiactiva, con todo tipo de garantías de caución y control, hasta que se ejecutara el Plan de Rehabilitación. Otra hubiese sido la creación de un almacén temporal individualizado (ATI) en cualquier otro punto, como los que existen en las centrales nucleares.

Se optó por la peor de las opciones, porque prevalecieron una vez más los intereses del centro frente a la periferia, lo que supone una política continuista padecida por Palomares desde 1966, con la excepción del periodo de Juan Antonio Rubio en la dirección del CIEMAT hasta 2010. El resto ha sido el incesante quebranto, el suma y sigue en los rigores de un sino impuesto por otros, con intereses ajenos y contrarios a los de los claudicantes afectados.

Notas:

1. Dentro de las acciones del PIMIC, nada menos que en el arenero infantil del campo de deportes, hallaron en 2005 radio-226, además de americio y plutonio de Palomares.

Fuente:

José Herrera Plaza, Palomares como cementerio nuclear. La impunidad que no cesa, 6 septiembre 2019, Rebelión.