La
selva está siendo devastada a tasas aceleradas también en Perú,
Colombia y Bolivia, señal de cómo aun con estabilidad política e
integración económica puede crecer la deforestación.
por
Simon Romero
Tres
años de relativa paz con las guerrillas en Colombia ha abierto el
acceso para la ocupación ilegal en zonas de la selva que antes
estaban prohibidas. La minería ilegal de oro está avivando la
pérdida de los bosques en Perú. Rancheros y ganaderos en Bolivia
están arrasando con la vegetación para surtir la demanda de carne
que hay en China.
La
deforestación a tasas desmedidas está devastando grandes partes de
la Amazonía en las naciones vecinas de Brasil. La pérdida de
bosques en esos países, que componen el 40 por ciento de la
Amazonía, es muestra de cómo los incendios que han azotado la parte
brasileña y ha causado alarma a nivel mundial no son más que parte
de una crisis regional más amplia.
El
adentramiento hacia la cuenca del Amazonas por parte de los que
llegan a asentarse ilegalmente en esas tierras, así como de
rancheros o de mineros, también subraya cómo aún los avances en la
estabilidad política y la integración económica pueden ser
conducentes para la deforestación si las salvaguardas de los bosques
siguen siendo débiles.
“En
Colombia pasamos de intentos de conservación a punta de pistola con
las guerrillas a un alza enorme en la deforestación”, dijo Liliana
Dávalos, bióloga de campo de la Universidad Stony Brook. Calculó
que la deforestación se disparó en 50 por ciento de 2017 a 2018 en
los parques nacionales colombianos que antes estaban bajo control de
los rebeldes armados.
El
temor a que crezcan de nuevo los combates en Colombia aumentó esta
semana cuando un excomandante de la mayor guerrilla del país acusó
al gobierno de incumplir lo establecido en los acuerdos de paz de
2016. Ese comandante, que tuvo un papel destacado en las
negociaciones del acuerdo, lanzó un llamado a retomar las armas que
podría llevar al fin del pacto.
La
posibilidad de que se reagrupen las guerrillas es un factor cuyo
impacto están analizando los líderes medioambientales en Colombia,
donde las décadas del conflicto interno habían dejado partes de la
selva inaccesibles.
Por
ahora, Colombia es emblemática del aumento de la deforestación en
Suramérica. El año pasado, el gobierno reportó que la nación
perdió unas 200.000 hectáreas, una de las tasas más altas
registradas en la historia colombiana. La apropiación de tierras y
el uso de estas para cultivar materia para drogas son algunos de los
factores que han impulsado la deforestación.
Los
científicos afirman que la deforestación fue resultado,
principalmente, de la desmovilización de la principal guerrilla, las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), como resultado de
los acuerdos de paz.
Antes
del pacto, las Farc imponían límites claros a la quema de tierras
en control del grupo. Los rebeldes querrían mantener el área
boscosa para proteger los campamentos de posibles ataques aéreos o
vigilancia con drones.
Ahora
que no existe esa motivación, los integrantes de los grupos armados
ilegales y algunos exguerrilleros disidentes de las Farc están
peleándose la ocupación de las tierras donde despejan los árboles,
según un reporte del Diálogo Interamericano, grupo de análisis e
investigación política de Washington.
La
toma de tierras con fines especulativos de construcción está detrás
de gran parte de la situación en Colombia, pues los desarrolladores
inmobiliarios se están beneficiando de que no hay registros de
tierras completos o de métodos escabrosos para conseguir títulos de
tierras e impuestos de tenencia reducidos en áreas despejadas.
“Parte
del problema de la deforestación es que el Estado no entra con
acciones inmediatas”, dijo Humberto Sánchez, alcalde de San
Vicente del Caguán, alguna vez bastión de las Farc en el sur de
Colombia que ahora está rodeado de áreas deforestadas.
“Las
autoridades, como militares y fiscalía, demoran en entrar. Después
viene la represión, pero el daño ya está hecho”, señaló
Sánchez.
El
gobierno colombiano afirma que ha tomado pasos para reducir la
pérdida de los bosques: dice que expandió el terreno del parque
nacional Chiribiquete; que hay mayor cooperación entre los pueblos
indígenas y el sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia,
y que ha movilizado a unidades de las fuerzas armadas para detener la
quema y tala.
El
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
(Ideam) colombiano de hecho dijo que aunque la tasa de deforestación
es alta, fue relativamente menor en 2018 en comparación con el año
previo. Aun así, esa tasa fue 59 por ciento más alta el año pasado
que en 2015, antes de que se desmovilizaran las Farc.
Algunas
de las medidas recientes implementadas en Colombia para la
preservación de la Amazonía están inspiradas en políticas
similares en Brasil, que fue pionero en desarrollar estrategias con
presupuestos de países en desarrollo para la protección de la selva
tropical y redujo los índices de deforestación en alrededor de 80
por ciento entre 2004 y 2012.
Cuando
esas medidas fueron relajadas en 2012 durante el gobierno del Partido
de los Trabajadores (PT), de izquierda, la deforestación empezó a
aumentar de nuevo. Durante el actual gobierno de Jair Bolsonaro,
nacionalista de derecha cuyo canciller ha dicho que el cambio
climático es un “complot marxista”, las agencias de protección
ambiental han visto impedimentos a su trabajo.
La
remoción agresiva de las protecciones a la selva en el gobierno de
Bolsonaro parece ser una influencia para los países vecinos, al
igual que sucedió -en el sentido opuesto- en temas medioambientales
con el liderazgo brasileño previo. Por ejemplo, el gobernador de una
provincia colombiana donde se ha disparado la deforestación ha
instado a que la cranza de ganado aumente más del doble.
Los
presidentes de Colombia, Iván Duque, y de Perú, Martín Vizcarra,
están organizando para la próxima semana una reunión de los
líderes de naciones amazónicas para coordinarse en estrategias de
protección. No queda claro si Brasil participará en ese encuentro,
que se realizará en la ciudad colombiana de Leticia.
Venezuela,
que padece una crisis económica severa, tiene una tasa de
deforestación relativamente baja en comparación con los demás
países con los que comparte la selva amazónica. “Los niveles de
deforestación cayeron en los últimos dos años, pero hay
probabilidad de que reboten en medio de la inestabilidad venezolana”,
dijo Matt Piotrowski, analista sénior de Climate Advisors, grupo de
asesoría y análisis político con sede en Washington.
En
diciembre, Vizcarra redujo la independencia del Organismo de
Supervisión de los Recursos Forestales, lo que le ganó acusaciones
de que estaba violando compromisos que asumió en 2007 como parte de
un acuerdo comercial con Estados Unidos. Como resultado, el gobierno
de Donald Trump amenazó con imponer sanciones por degradación
ambiental, un recurso poco utilizado por la Casa Blanca.
En
abril, Perú revirtió las medidas y restauró la independencia del
organismo forestal. Aunque el país sigue enfrentando una
deforestación impulsada por mayores cultivos de coca, utilizados
para la cocaína, y por la minería ilegal de oro.
El
aumento de las minas pequeñas en Perú ha destruido unas 68.000
hectáreas en tan solo cinco años, de acuerdo con un estudio
publicado en 2018 por investigadores de la Universidad Wake Forest.
En
respuesta a la deforestación en la provincia peruana de Madre de
Dios, Vizcarra declaró estado de emergencia en febrero y desplegó a
1500 oficiales de policía y soldados para lidiar con las minas
ilegales.
Luis
Hidalgo, gobernador de Madre de Dios, dijo en entrevista telefónica
que su gobierno también está batallando para contener los incendios
que hay actualmente en partes de la región.
“No
estamos preparados para responder a un incendio de magnitudes
grandes”, dijo, al recalcar que en toda la provincia solamente hay
una unidad de bomberos y está ubicada en la capital, Puerto
Maldonado.
Hidalgo
añadió que los incendios en la región también han provocado
desplazamientos internos por cuestiones económicas: asentadores en
tierras altas se han movido tierra abajo porque ven mayores
oportunidades y, ya ahí, han quemado sitios para cultivos agrícolas
en parcelas pequeñas.
Los
líderes medioambientales en Perú también se están preparando para
el posible efecto de la Carretera Interoceánica Brasil-Perú. El
proyecto, que busca fomentar el comercio entre esos dos países, ya
está causando pérdida de cubierta forestal en áreas adyacentes al
camino que ahora están abiertas para la agricultura.
La
agricultura y el ganado también han tenido como consecuencia la
deforestación en Bolivia, donde el presidente Evo Morales ha
priorizado la expansión del sector agrícola, a veces con la
distribución directa de tierras.
El
ingreso al mercado cárnico de exportadores bolivianos también
estaría provocando pérdida de bosques este año, a medida que los
ganaderos buscan el espacio para que pasten sus rebaños que son cada
vez más grandes. Morales primero minimizó los incendios en la
Amazonía boliviana, pero la semana pasada cambió su postura y
movilizó a soldados para ayudar a contener las llamas.
El
27 de agosto, Morales dijo que su gobierno había suspendido la venta
de tierras en Chiquitania, la región más afectada por los incendios
de este mes. Aun así, las flamas facilitaron que sus rivales
políticos y grupos ambientales criticaran a Morales.
“Seamos
claros: esto no es un desastre natural”, dijo Carlos Mesa, el
principal candidato opositor postulado para las elecciones de
octubre. “Este incendio ha sido causado por Evo Morales y sus
políticas”.
Los
investigadores apenas empiezan a registrar las consecuencias de los
incendios de este año. De enero a julio, la deforestación y los
incendios subsecuentes en la Amazonía brasileña liberaron entre 115
y 155 millones de toneladas de dióxido de carbono, uno de los gases
que provoca el cambio climático, según un análisis publicado este
30 de agosto.
Esa
cantidad es casi igual a las emisiones de dióxido de carbono totales
para el estado de Carolina del Norte, en Estados Unidos, según Wayne
Walker, científico asociado del Woods Hole Research Center, quien
estuvo a cargo del análisis. Tan solo entre el 1 de enero y el 14 de
agosto en la Amazonía brasileña hubo deforestación causada por
humanos de un área mayor a 3000 kilómetros cuadrados
(aproximadamente el tamaño del estado de Rhode Island, Estados
Unidos), según el mismo centro de investigación.
Susan Abad colaboró con el reportaje desde Bogotá; Andrea Zarate lo hizo desde Lima, Perú, y Kendra Pierre-Louis, desde Nueva York.
Simon Romero es corresponsal nacional de Estados Unidos radicado en Albuquerque, Nuevo México. Cubre noticias de migración y otros temas. Antes fue el encargado de la corresponsalía en Brasil y en Caracas, y previo a eso reportaba sobre la industria energética global desde Houston. @viaSimonRomero
Fuente:
Simon Romero, La deforestación amazónica se extiende más allá de Brasil, 30 agosto 2019, The New York Times. Consultado 5 agosto 2019.
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