por
Elisabetta Piqué
ROMA.-
Con una nutrida delegación argentina, encabezada por el exjuez de la
Corte Suprema Raúl Zaffaroni, comenzó hoy en el Vaticano una Cumbre
Panamericana de jueces sobre Derechos Sociales y Doctrina
Franciscana, que cerrará mañana el papa Francisco .
"Pensamos
que este va a ser un encuentro decisivo", dijo el arzobispo
argentino Marcelo Sánchez Sorondo, canciller de la Pontificia
Academia de las Ciencias Sociales, al inaugurar el evento en el aula
magna de la Casina Pío IV, espectacular edificio del Renacimiento
enclavado en los Jardines del Vaticano. "Si no se reconocen
primero los derechos humanos de cada hombre y mujer, no hay otros
derechos. El Papa justamente lo sintetiza como Trabajo, Tierra y
Techo pero el tema de los derechos es más complejo. Este encuentro
no va a ser sólo expresión de discursos, sino decisiones concretas
para tratar que realmente los derechos humanos se apliquen y sean
disponibles para todos los habitantes del mundo. Tenemos los
instrumentos globales para hacerlo, pero no siempre las fuerzas
internacionales, las multinacionales, nos ayudan a la realización de
los mismos", agregó.
Sánchez
Sorondo ya había convocado a jueces de todo el mundo en junio de
2016 para disertar sobre la trata de personas y el crimen organizado
y a juezas y fiscales, en noviembre de 2017. Esta vez, tal como
explicó Andrés Gallardo, titular del juzgado N° 2 en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires
y organizador de la cumbre, la reunión es una continuación de la
"Primera Jornada sobre Derechos Sociales y Doctrina Franciscana"
que se realizó el 4 de junio del año pasado en la Facultad de
Derecho de la UBA.
"Espero
que podamos juntos desarrollar la misma sinergia que hubo entonces y
que logremos corrernos del rígido papel que se le suele asignar a la
figura judicial, para sensibilizarnos y comunicarnos desde otro
perfil. Que humanicemos nuestro discurso para humanizar luego
nuestras prácticas", dijo en la apertura Gallardo, hablando
ante magistrados de Estados Unidos, Ecuador, Perú, Bolivia,
Paraguay, Brasil, Colombia, México y demás países del continente.
Formada
por más de 20 jueces, la delegación argentina es la más numerosa.
Al margen de Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, que disertará mañana, al igual que sus colegas Carlos
Balbín, Fabiana Schafrik, Guillermo Treacy y Roberto Pompa, asisten
como observadores Inés Weinberg -Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de la CABA y candidata del Gobierno para liderar la
Procuración General de la Nación-, Alejandra Villasur, Graciela
Christe, Horacio Corti, Silvia Escobar, Francisco Ferrer, María
Jazmín Gallardo, César Raúl Jímenez, Elena Liberatori, Mable
López Oliva, Adriana Alicia Micale, Juan Manuel Olmos, Alejandra
Petrella, Mariana Pucciarello, Bruno Quadri, Luis Raffaghelli, Darío
Reynoso, Guadalupe Quillén Reynoso, Felipe Silva Camilo, Graciela
Slavin.
Gallardo,
autor de "Francisco vs. Moloch. Ideas para una revolución
ecosocial", destacó que la cumbre culminará no sólo con un
documento final, sino también con la conformación de un Comité
Permanente de jueces Panamericano. "La idea es lograr la mayor
concreción posible de derechos sociales y ambientales y a su vez,
que sea una herramienta de defensa recíproca al magistrado, porque
no se nos escapa que la concreción de estos derechos nos genera a
veces conflictos entre el poder político y el poder judicial",
explicó a La Nación. "Como dice Francisco, queremos ser
levadura. Somos una minoría, pero la idea es que con esa función de
levadura logremos expandir rápidamente los derechos sociales y que
se sume mucha más gente. Creemos que hay una necesidad, sobre todo
en la Argentina, de encontrar agrupamientos genuinos, transparentes,
claros, con mensajes alejados de las cuestiones partidarias,
coyunturales", agregó.
En
su exposición, el juez Gustavo Moreno, Asesor Tutelar ante la Cámara
de Apelaciones N° 2 porteño, aseguró que el desafío de la cumbre
es "la exigibilidad y la justiciabilidad" de los derechos
económicos y sociales. Subrayó que pese a que, por ejemplo, 196
países ratificaron la Convención sobre los Derechos del Niño, la
realidad es que pocos respetan este tratado internacional. "Al
menos en mi país, más del 40 % de los niños y adolescentes son
pobres, según cifras de la Unicef, o de la UCA", lamentó.
"¿Cuál es la relación de un tratado internacional, de
aplicación inmediata, frente al 40% de niños pobres?",
preguntó. "Algo estamos haciendo mal", reconoció.
"Ajustes
estructurales"
"Hay
muchos obstáculos a los derechos económicos y sociales que son
puestos, generalmente, para reconocer no sólo la posibilidad de la
garantía, sino para que estos se apliquen directamente. Y un tema
central es la Ley de Presupuesto, los fondos que son necesarios para
los derechos sociales", también puntualizó Moreno. El
magistrado, que citó al Papa y destacó la triste realidad de los
descartados, por otro lado criticó "los ajustes estructurales
potenciados por organismos de financiamiento internacional que
generan más pobres", aludiendo silenciosamente al Gobierno, sin
nombrarlo y desencadenando un aplauso de parte de varios colegas
argentinos.
"Recientemente
Francisco dijo que 'donde hay un buen juez, la sociedad anda bien'.
Me atrevería humildemente a interpretar que el buen juez al que se
refiere el Santo Padre es sin duda aquel hombre o aquella mujer que
en cumplimiento de su magistratura garantiza frente a los poderosos
la sed de justicia que tienen los movimientos populares que reclaman
tierra, techo y trabajo, como otras personas descartadas y
desplazadas con el mismo clamor de justicia", concluyó Moreno.
En
una pausa Zaffaroni -que contó que ya se encontraba en Italia porque
fue profesor invitado de un curso en Nápoles-, adelantó a La Nación
que mañana, en su exposición, hablará sobre agroquímicos y lo que
se puede hacer judicialmente para proteger a la población de su
abuso. "Somos el país que tiene el mayor consumo de glifosato
por cabeza. Eso tiene efecto inmediato en el caso de la fumigación y
tiene un efecto más tardío sobre la alimentación de todos, porque
quedan residuos", explicó. "Judicialmente se puede
controlar lo que es la fumigación. El problema es que hay que
enfrentarse con todo un aparato de política económica de
exportación", apuntó. En cuanto a las expectativas de la
cumbre, se manifestó esperanzado en que quede algo permanente;
aunque opinó que "habría que hacer un observatorio, más que
una comisión, para que haya un monitoreo de los derechos sociales en
toda la región".
Fuente:
Elisabetta Piqué, Zaffaroni expone en el Vaticano sobre agroquímicos, 3 junio 2019, La Nación.
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