El cierre de una
compuerta de la presa de Hidroituango en Colombia puso en jaque al
río Cauca. El derrumbe de la presa en Brumadinho causó graves
impactos en Brasil. DW repasa estas infraestructuras en la región.
por Judit Alonso
Aunque las de
Hidroituango y Brumadinho puedan ser las más conocidas tras sucesos
ocurridos recientemente en Colombia y Brasil, respectivamente, según
la Comisión Internacional de Grandes Represas (ICOLD, por sus siglas
en inglés), existen 59.071 presas en el mundo. "América Latina
es, junto con el sureste asiático y África, una región de
acelerada expansión de la industria de construcción de represas,
actualmente, en su mayoría, hidroeléctricas”, explicó a DW
Daniela del Bene, coordinadora de EJAtlas, un mapa colaborativo que
recoge 2.700 conflictos medioambientales existentes en el mundo.
Aunque para esa
organización internacional, las represas son una infraestructura
clave para los países en desarrollo de "garantía de suministro
de agua para riego, uso doméstico e industrial durante las sequías
y reducción de los impactos negativos de las inundaciones”,
representan uno de los conflictos medioambientales "más
violentos junto con los conflictos por extracción de petróleo y los
conflictos mineros”, según Del Bene.
"Los
conflictos ambientales relacionados con el agua no hacen referencia
solo a represas hidroeléctricas, aunque estos están aumentando
mucho en ciertas zonas del mundo. También, hay conflictos por
trasvase de agua, conflictos de minería, que indirectamente afectan
el uso y contaminación del agua”, señaló a DW, por su parte,
Joan Martínez Alier, director de esa plataforma creada en 2014,
señalando que hay contabilizados 364 casos situados en la Amazonia
de Brasil, así como en Perú y Bolivia, entre otros países
latinoamericanos.
La cara sucia de
la energía limpia
Las grandes
reservas hídricas de América Latina han contribuido a la promoción
de dicha energía. En Colombia, "se han construido una treintena
de este tipo de infraestructura sobre los principales afluentes del
país, convirtiéndola en el mecanismo que abastece el mayor
porcentaje de la energía requerida a nivel nacional”, apuntó en
entrevista con DW Rosario Rojas, Coordinadora del Observatorio de
Conflictos Ambientales de ese país.
Aunque están
consideradas como un instrumento de desarrollo, diversos informes
apuntan a que las represas generan numerosos impactos sociales y
ambientales que repercuten en la pérdida de biodiversidad y
desplazamiento de personas, así como un aumento de las emisiones
debido a la destrucción de bosques y otras áreas naturales. "En
el caso de Belo Monte fueron impactadas más de 500 hectáreas en la
Amazonía de Brasil”, dijo a DW Astrid Puentes, codirectora de
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
La organización
ya elaboró un informe sobre esta cuestión en la región en 2009. No
obstante, "en esta década ha continuado un boom de represas
para energía, incluyendo la de Belo Monte en Brasil e Hidroituango
en Colombia, ambas con impactos muy graves e irreversibles”,
afirmó. "Hoy vemos los impactos de proyectos mal planeados”,
lamentó.
Para Martínez
Alier, estos sucesos, "no son accidentes inesperados porque se
dan con cierta regularidad”. Así, recordó que existen dos tipos
de desastres: "las enormes inundaciones y desplazamientos de
gente y de animales, como Belo Monte en Brasil, además del riesgo de
derrumbe. Nadie responde económicamente de los pasivos ambientales
de las represas hidroeléctricas ni de las represas de residuos
mineros. Son pasivos que no aparecen en los balances de las
compañías, ya sean privadas o estatales”, denunció.
El río Cauca,
amenazado
En Colombia, la
presa de Hidroituango está en la mira después de que el cierre de
una de sus compuertas hizo disminuir el caudal del río Cauca,
amenazando la supervivencia de las comunidades de la zona. Esta
infraestructura comparte factores que se repiten en otros países
latinoamericanos. "Estos proyectos se planean y desarrollan sin
consultar, ni tener en cuenta a las comunidades que van a ser
afectadas por el proyecto o represa”, alertó Rojas.
En octubre de
2018, el Tribunal Latinoamericano del Agua recomendó realizar el
desmantelamiento inmediato de esa obra por considerar que la
población se encuentra expuesta al riesgo de manera permanente. Los
responsables del proyecto, el Estado colombiano, la Gobernación de
Antioquia y Empresas Públicas de Medellín (EPM), hicieron caso
omiso. "No puede seguir estando bajo control de la empresa y del
orden regional de Gobierno, pues ya se dispone de antecedentes de
ocultamiento de información”, criticó la coordinadora del OCA.
Aunque ahora se
ha pedido suspensión la licencia ambiental a Hidroituango, "de
retirarse podría dar margen para que no haya un resarcimiento
efectivo de los daños que ha provocado y seguirá provocando este
proyecto”, consideró Rojas, que alabó la movilización ciudadana
que se llevó a acabo la semana pasada en diferentes ciudades del
país. Por ello, apostó por la continuidad de esta presión pública.
"De allí se desprende, además, la solución a éste y otros
conflictos ambientales que vive Colombia”, dijo.
¿Lecciones
aprendidas?
"Será
importante comprender la causa completa de este fracaso para que se
puedan compartir lecciones importantes con otras naciones y
propietarios para prevenir futuras fallas en las represas”, declaró
el presidente de la ICOLD, Michael F. Rogers, en un comunicado tras
el colapso de la presa de relaves de la mina brasileña.
Rogers defendió
el papel de las represas, no obstante reconoció que "presentan
altos riesgos que deben abordarse durante las fases de planificación,
diseño, construcción, operación y cierre”. Por ello, anunció
el lanzamiento de una actualización tecnológica en el diseño de
presa de relaves, a finales de este año.
No obstante, para
Puentes la solución pasa por desarrollar otras fuentes energéticas.
"Si al final, los impactos son mayores que los beneficios, es
hora de identificar y escoger otras alternativas”, apuntó,
señalando el caso de Uruguay. Sin embargo, Del Bene va más allá y
aboga por un cambio de sistema que tenga en cuenta que la energía
sea considerada "no como una mercancía sino como una necesidad
humana y del resto del medioambiente”.
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