Jujuy:
comunidades originarias resisten el avance de las grandes mineras. Los pueblos de la
Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc realizaron esta
semana una asamblea contra la autorización otorgada por el
gobernador Morales a un emprendimiento minero de litio. "La
empresa no puede actuar sin el acuerdo de todas las comunidades que
se encuentran en el territorio y que se verán afectadas por los
trabajos”, denunciaron.
por Sabrina Roth
Desde Jujuy.
Mientras el gobernador Gerardo Morales continúa su pelea con Bolivia
para cobrarle la atención de salud a los extranjeros, los pueblos
indígenas de Jujuy resisten el avance de las grandes mineras sobre
la provincia. A pesar de la dispersión en el territorio y la
asimetría entre las comunidades originarias y el poder económico de
estas empresas que cuentan con el aval del Estado, los pueblos de la
Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc realizaron esta
semana una asamblea en la que reafirmaron que están dispuestas a
luchar por sus derechos. A más de 3700 metros de altura, en el
Paraje Pozo Dulce, en medio de un paisaje desierto, integrantes y
referentes de los distintos espacios bloquearon el ingreso a un
emprendimiento minero que autorizó el gobierno provincial y enviaron
una carta a los empresarios a través de la cual los intiman a
abandonar el campamento. Además, reclamaron al gobierno provincial
que anule el llamado a licitación para nuevos proyectos de
explotación de litio. Exigen a Gerardo Morales que respete las leyes
nacionales e internacionales vinculadas con la Consulta Previa, Libre
e Informada que establece el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y denuncian que la extracción del
litio deja una zona llamada de “sacrificio ambiental” que elimina
toda forma de vida en el lugar.
Verónica Chávez
es de Santuario Tres Pozos, una pequeña localidad en el departamento
de Cochinoca que se encuentra a 150 kilómetros de la capital jujeña.
“Nosotros estamos aquí haciéndonos respetar. Somos los dueños de
este territorio y aquí entraron las empresas sin nuestra consulta y
no sé cómo los autorizó el gobierno”, dijo a Página/12 apenas
concluyó la asamblea. Además, recalcó que la explotación del
litio consume las reservas de agua dulce. “Nosotros vamos a
resistir hasta que se desaloje la empresa que está aquí. Le pido al
señor Gobernador que nos respete”.
De las tres
comunidades que están en el área donde se encuentra el pedimento
minero en el cual las empresas Luis Losi S.A., Ekeko S.A y A.I.S.
Resources –contra las que se realizó la protesta el pasado
martes—realizan las tareas de exploración, sólo una aceptó el
acuerdo. “Les dan 1000 dólares mensuales para toda la comunidad
–señaló Chalabe. La tonelada de litio hoy está en 14 mil
dólares. Se aprovechan de una situación de vulnerabilidad en la que
se encuentran los habitantes y les dan migajas. Las empresas cuando
terminan de explotar los recursos se van, pero en el camino destruyen
por completo el medio de vida de las comunidades que viven
ancestralmente en esos territorios. Pero además, la empresa no puede
actuar sin el acuerdo de todas las comunidades que se encuentran en
el territorio y que se verán afectadas por los trabajos”.
Walter Alancay,
de la comunidad Aborigen de Aguas Blancas explicó: “Hace poco
empezaron a trabajar en nuestro territorio, en la laguna de
Guayatayoc. Es una empresa de litio, propiedad de la empresa Losi y
le da trabajo a otra empresa que se llama Ekeko. Están haciendo
tareas de perforación para la explotación de litio, pero en ningún
momento nosotros como Cuenca hemos tenido una consulta ni tampoco nos
han informado. Nosotros tenemos un acuerdo que establece que todos
los trabajos que se lleven a cabo en el territorio, específicamente
en cuestión de litio, tiene que ser informado a las 33 comunidades
de la cuenca y todas deben dar su consentimiento”.
El año pasado,
durante una jornada organizada por la cátedra de Economía Agraria
de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), la abogada Pía
Marchegiani, docente de la Facultad de Derecho de la UBA y directora
del área de Política Ambiental en la Fundación Ambiente y Recursos
Naturales (FARN) advirtió: “Las empresas generan la información
para los estudios de impacto ambiental, pero sólo en un área de
influencia definida por su propio proyecto. No están obligadas a
hacer los estudios que contemplen la cuenca hídrica en su totalidad,
que es mucho más grande que el área específica asignada al
proyecto”, advirtió. Eso es lo que reclaman las comunidades. Que
cualquier exploración que se realice en un punto de la Cuenca,
afecta a las demás y por eso exigen ser consultadas en su totalidad.
Los pueblos
indígenas de la zona viven de la agricultura y la ganadería en
medio de ecosistemas frágiles donde el agua es escasa. La producción
de carbonato de litio amenaza con agotar las reservas acuíferas que
hay en la zona. “Tenemos experiencia porque los hermanos del
departamento de Susques están sufriendo lo mismo. Son daños y
perjuicios que están dejando las empresas. Semejantes trabajos de
exploración y trabajo de pileta que hacen para la evaporación del
agua. La verdad que prácticamente desaparece la identidad,
desaparece la cultura, desaparece la forma de organizarse como
comunidad, desaparece la cosecha que se hace en el campo, el tema del
ganado, el tema de la artesanía”, señaló Alancay.
Si bien el
Congreso de la Nación aprobó en 1992 a través de la ley 24071 el
Convenio 169 de la OIT según el cual los gobiernos deben realizar
consultas previas, libres e informadas antes de adoptar cualquier
decisión que de alguna manera pueda afectar a los pueblos indígenas,
la provincia de Jujuy no reglamentó, al día de hoy, dicho
procedimiento. En el año 2016, Gerardo Morales se reunió junto a su
gabinete de ministros con las comunidades originarias en la localidad
de San Francisco de Alfarcito. Ahí se comprometió a aprobar por
decreto el Kachi Yupi, también conocido como “Huellas de la Sal”.
Se trata de un protocolo que elaboraron las propias comunidades, en
un proceso participativo, que llevó dos años de debate y en el que
se establece de qué manera se deben realizar las consultas para que
se cumplan con los derechos de los distintos pueblos. A casi tres
años de dicha promesa, al estilo Mauricio Macri, Morales continúa
sin cumplirla.
A la hora de
aprobar los proyectos mineros, actualmente en Jujuy sólo se aplica
el decreto 5772, que dictó en 2010 Eduardo Fellner y que establece
el procedimiento de protección ambiental para la actividad. Cada vez
que se va a desarrollar un emprendimiento, explicó Chalabe, el juez
de Minas envía un oficio a la Secretaría de Pueblos Originarios
para que informe cuáles son las comunidades que existen en ese
territorio. Las propias empresas son las encargadas de notificarlas
del emprendimiento que van a realizar y deben entregarle el informe
de impacto ambiental a los representantes de los pueblos afectados.
“El Estado delega en las empresas el cumplimiento de un derecho que
hoy tiene un vacío legal. Porque llevar el informe ambiental a un
representante de una comunidad no cumple con los requisitos de una
consulta previa, libre e informada. Incluso ha habido casos en los
que las compañías entregaron a las comunidades los informes de
impacto ambiental en inglés. Para que se cumpla el procedimiento que
establece la OIT y que está incorporado a nuestro sistema normativo,
se debe aprobar una ley en la provincia a través de la cual se
garantice el debido proceso, se establezca qué organismo del Estado
va a llevar adelante el proceso de consulta, que se defina la
representatividad de las comunidades y que se establezcan mecanismos
para que las comunidades puedan interpretar los proyectos y tomen
conocimiento de cuál va a ser el impacto real que van a tener en sus
comunidades los proyectos de explotación minera. Hoy nada de eso
ocurre”, aseguró.
Hoy vence el
plazo de 72 horas que las comunidades le dieron al Gobernador de
Jujuy para que públicamente cumpla y responda al pedido efectuado en
una carta que entregaron el martes en la Casa de Gobierno.
“Advertimos explícitamente la amenaza, el perjuicio y el daño
irreversible que no tiene fronteras de afectación a los recursos
naturales, ambientales, culturales y el buen vivir de las comunidades
indígenas en el territorio. Solicitamos se dé cumplimiento a la
consulta y el consentimiento previo, libre e informado y que frene y
deje sin efecto los emprendimientos mineros en nuestro territorio y/o
de caso contario cuenten con nuestra resistencia firme y determinada
para defendernos”.
Entrada
relacionada:
No hay comentarios:
Publicar un comentario