El Gobierno provincial y los municipios aseguran que las obras fueron terminadas y la situación ambiental está bajo control. En cambio, pobladores afirman que la ayuda fue insuficiente y que aún queda mucho por hacer.
por Matías
Calderón
El 15 de febrero
de 2015, una tormenta de lluvia que parecía no acabar nunca hizo
crecer todos los ríos y arroyos de Sierras Chicas llevándose ocho
vidas, más de 200 casas y 10 puentes durante la inundación más
grande que vivió esa zona en toda su historia, superada en la
provincia sólo por la de San Carlos Minas, en 1992. Tras la
tragedia, un serie de actos de solidaridad por parte de vecinos y
varios anuncios seguidos de acciones gubernamentales llevaron apenas
un suspiro de alivio a los miles de afectados.
Habitantes de
estos caminos que serpentean los arroyos serranos señalan que,
cuatro años más tarde, la situación sigue casi igual. Aseguran que
la ayuda estatal llegó a medias -o que nunca apareció- y que
proyectos urbanísticos amenazan el monte nativo y ponen a la zona
nuevamente en riesgo ante una eventual tormenta como la de aquella
fatídica noche de febrero de 2015.
El reclamo de los
vecinos de Sierras Chicas llama la atención porque desde el Gobierno
de la Provincia aseguran todo lo contrario. Que cumplieron con las
obligaciones firmadas y que se realizaron todas las obras prometidas,
en conjunto con los municipios.
“Los cambios
fundamentales que dejó este evento se dieron en el plano hídrico:
modificamos desagües, se recalculó toda la obra de Circunvalación,
y todos los proyectos que desde entonces se diseñaron tomaron en
cuenta los volúmenes de esa crecida”, destacó Ricardo Sosa,
ministro de Obras Públicas de la Provincia.
El funcionario
infirió que las consecuencias tuvieron relación con la falta de
planificación urbanística en la zona. “En algunas zonas se
construyó en forma anárquica y muchas casas sufrieron más porque
estaban sobre el curso de las aguas. La gente no toma en cuenta que
los ríos tienen memoria, y si pasó el agua por ahí, va a volver a
pasar”, dijo.
Omar Albanese,
intendente de Río Ceballos, hizo un balance positivo de lo hecho
hasta el presente. “Las obras están terminadas en su mayoría.
Faltan pasarelas sobre el río en algunos sectores y la pavimentación
de 800 metros de una avenida. Se hizo la limpieza y profundización
del cauce”, informó.
Alejandra Henot,
vecina de la localidad, tiene una mirada distinta de la del
intendente. “Vení, mirá. Arriba del techo tengo una garrafa y
algunos alimentos no perecederos. No sé cuándo voy a bajar si el
río vuelve a inundar mi casa. Acá estamos peor que antes, porque
nunca recibí ayuda más que de los vecinos de la zona, y las obras
de ensanchamiento del río aumentaron el peligro. Ahora el agua baja
con más furia”, planteó la vecina.
Jorge Fabrissin,
intendente de Unquillo, evaluó, en diálogo con La Voz, que se
avanzó en varios aspectos, aunque reconoció una deuda estructural.
“Lo que hay que hacer es elevar puentes y crear una laguna de
retención en el tramo del arroyo Cabana, además de bajar el río.
Es una obra que está en gestión y la Provincia prometió la
inversión, enmarcada en el plan integral”, afirmó.
Más allá de
este señalamiento, Fabrissin considera que la situación está
controlada. “Cuando ocurre un hecho grave estamos preparados. Hay
un protocolo de aviso en casos de tormentas graves. El dique siempre
está a la altura suficiente para cuando llegue una cantidad
desmesurada de agua”, planteó Fabrissin.
Pero en el parque
Integrador, a la entrada de la localidad, hay un grupo de vecinos que
opina diferente. Se organizan cada año para recordar lo que ocurrió
el 15-F y exigir que se avance en la ayuda y en las obras. “En
Unquillo somos pobres y, a pesar de nuestra condición, nunca nos
brindaron ayuda”, dice Carina. “Hay un nuevo proyecto urbanístico
que pretende arrasar con una zona amplia de bosque nativo. El río
crece cuando el monte desaparece. Por eso este festival tiene
sentido, cuando los intendentes y las autoridades se desentienden de
sus responsabilidades y habilitan la deforestación que acarrea
inundaciones y tragedias ambientales”, agrega Cecilia Michelazzo,
vecina de la localidad.
Rosa Cativa es
vecina de Mendiolaza y fue una de las personas que, a cuatro meses de
la inundación, recurrió a la Justicia para pedir soluciones. “Los
ciudadanos y vecinos de Sierras Chicas deben saber que el recurso de
amparo que firmé en 2015 tuvo un fallo favorable y a cuatro años de
la tragedia aún continúan los reclamos”, dice.
La Cámara en lo
Contencioso Administrativo de 2ª Nominación ordenó registrar como
“proceso colectivo” una acción de amparo ambiental iniciada por
vecinos de Sierras Chicas en la que solicitaron la implementación de
un sistema de alertas tempranas que permitan detectar, evaluar,
informar y prevenir todo fenómeno meteorológico serio en la
provincia.
En la causa,
también se pidió la implementación de un protocolo de coordinación
de las distintas áreas de la administración pública encargadas de
la seguridad, tanto provinciales como municipales, entre otros
planteos.
Los vecinos piden
bajar la cota de La Quebrada
Dicen que ello
podría evitar un nuevo #15F.
1,5 metros. El
miércoles pasado, el nivel del dique La Quebrada estaba casi a 1,5
metros del vertedero. Si bien puede ser un alivio por la crisis
hídrica, para un grupo de vecinos significa riesgo de inundación.
4,5 metros. Un
grupo de vecinos autoconvocados de Sierras Chicas reclama que la
Provincia mantenga el nivel a 4,5 metros por debajo del vertedero.
“El dique es el único embalse de retención de la cuenca”,
argumentan. El 15 de febrero de 2015, el dique estaba lleno. La
lluvia extraordinaria que cayó ese día lo hizo rebasar.
Bosques. “Los
microembalses de retención, la cota del dique y la salud del bosque
serrano son imprescindibles para retardar las corrientes y para que
las aguas no lleguen todas al mismo tiempo al curso principal del
río”, agregan.
Fuente:
Matías Calderón, A 4 años del 15-F, las aguas siguen divididas entre obras y quejas, 15/02/19, La Voz del Interior.
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