El juez federal Gustavo Lleral cerró la investigación por la muerte de Santiago Maldonado. “El solo, sin que nadie lo notara, se hundió”, escribió el magistrado, pero no explicó qué pasó durante el operativo de Gendarmería que terminó con el joven desaparecido y ahogado. La familia denunció que el juez “fue apretado”.
“Es la verdad”,
afirmó el juez citando a Aristóteles y como si fuera su dueño.
Pero lo que hizo fue tomar sólo una parte de lo sucedido el 1º de
agosto de 2017 en Cushamen, cuando desapareció Santiago Maldonado.
Gustavo Lleral decidió omitir la responsabilidad estatal y judicial
en el operativo represivo de Gendarmería que puso en fuga al joven
tatuador anarquista y a los mapuches. “Esta construcción de los
hechos, a la que el juez presenta como la verdad, no hace más que
justificar la violencia estatal”, dijo el Centro de Estudios
Legales y Sociales (CELS), querellante en la causa. Luego de escribir
casi 300 fojas con florido lenguaje, el magistrado llamó a la madre
de Maldonado, Stella Peloso, para avisarle que iba a cerrar la causa
y, según relató la familia, el juez justificó la decisión porque
estaba siendo “apretado”.
Curiosamente, el
magistrado dio a conocer el fallo pocas horas después de haber
recibido el resultado del peritaje al DNI de Santiago, hallado en el
bolsillo de su pantalón cuando su cuerpo apareció sin vida en el
río Chubut luego de 78 días. La querella de la Asamblea Permanente
por los Derechos Humanos (APDH) anticipó a PáginaI12 que además de
apelar el fallo hará una “grave denuncia al juez sobre los
elementos que se peritaron porque no fue resguardada la cadena de
custodia y porque el polímero es de una degradación centenaria”.
Sobre estas pericias, dos fuentes expertas consultadas coincidieron
en afirmar que el someter un plástico a peritaje “es una burla al
sentido común y una burrada científica”.
Mientras tanto,
la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich festejó el cierre de la
causa como si hubieran ganado un partido, pero la final aún está
pendiente y se jugará en los tribunales de alzada e internacionales,
adonde acudirá la familia Maldonado porque en su condición de
víctima siente que este fallo vino a ratificar su planteo de que “la
verdadera e imparcial investigación sobre la desaparición forzada
seguida de muerte de Santiago jamás comenzó”.
Al dar por
cerrada la causa el juez federal de Rawson dijo que “los hechos que
se presentaron en el presente caso no constituyen delito”. Lleral
sobreseyó al gendarme Emmanuel Echazú, único imputado, y sostuvo
que “nadie fue penalmente responsable” por el crimen, a pesar de
que él mismo admite que sucedió mientras el joven huía. En la
resolución mencionó una “sumatoria de incidencias” que
terminaron con su vida: “la desesperación, la adrenalina y la
excitación naturalmente provocadas por la huida; la profundidad del
pozo, el espeso ramaje y raíces cruzadas en el fondo; el agua helada
humedeció su ropa y su calzado hasta llegar a su cuerpo hicieron que
le fuera imposible flotar, ni emerger para tomar alguna bocanada de
oxígeno. Por la confluencia de esas simples y naturales realidades,
inevitables en ese preciso y fatídico instante de soledad, sus
funciones vitales esenciales se paralizaron”, indica un fragmento
de la sentencia. Ni una sola mención a las balas de las cuales
escapaba Maldonado. “Nadie forzó la desaparición de Santiago.
Nadie resultó señalado por la prueba que se colectó”, planteó
el fallo. “El solo, sin que nadie lo notara, se hundió”, afirmó
el magistrado.
¿Cierre o volver
a empezar?
El 17 de octubre
del año pasado buzos de Prefectura encontraron el cuerpo de Santiago
flotando en un sector del río Chubut revisado seis veces antes. Las
pericias judiciales, algunas cuestionadas por la querella, indicaron
únicamente que murió ahogado y las preguntas sobre las
circunstancias de esa muerte que hizo la familia jamás fueron
respondidas. En la misma resolución con que cierra el caso, el juez
Lleral transcribe los dichos del testigo Lucas Pilquiman, quien
relató: “Veo que Santiago no puede cruzar y se resguarda bajo los
sauces en la costa del río, porque en ese momento los efectivos de
Gendarmería nos estaban disparando con sus armas nueve milímetros y
con escopetas”. Poco antes de fundamentar que Gendarmería no
cometió delito alguno, el magistrado afirmó que “tengo por
probado que Maldonado fue visto por última vez escondido entre los
sauces allí existentes”. Respecto de los dichos de Matías
Santana, que afirmó haber visto que al Brujo, como le decían, se lo
llevaron los gendarmes por la barranca, Lleral indicó que son
“suposiciones”. Es un hecho que hay otros seis jóvenes mapuches
que vieron lo mismo pero la justicia no procuró los medios para
preservarlos de las persecuciones que ya venían sufriendo, sobre
todo luego del sangriento allanamiento del 1º de enero cuando le
rompieron un tímpano a Fausto Jones Huala y la mandíbula a Emilio
Jones, y por las cuales se negaron a dar testimonio. La mayoría de
ellos tiene más de una causa abierta por hechos de protesta social.
Dice Lleral que
no hubo detenciones, cuando la misma orden de Otranto que él
menciona era “aprehender” a los manifestantes y el gendarme
Daniel Gómez declaró que uno de sus compañeros gritó “tenemos a
uno”, como consta en el expediente. El juez sostiene que si hubiera
habido detenciones las personas que estaban en la tranquera las
hubieran visto. Sin embargo, en las filmaciones se ve claramente la
camioneta de Gendarmería cargada de bultos cubiertos con bolsas
negras. A los mapuches nunca les devolvieron las herramientas que
secuestradas en esos vehículos, que entraron y salieron varias
veces. Tuvieron entre cinco y seis horas para disponer de todo lo que
había en la Lof, y casualmente en ese lapso dejaron de filmar el
operativo. Insiste el juez con que no hay registro de la detención
en las comisarías ni dependencias de Gendarmería, como si las
fuerzas de seguridad y policiales que cometen actos de violencia
institucional respetaran la legalidad. Nadie interrogó a fondo a
Ricardo Bustos, quien afirmó en redes sociales que Maldonado había
sido “detenido por Gendarmería”.
Una ofrenda al
G-20
“El juez Lleral
emitió un fallo político, una ofrenda para el gobierno y el G-20,
cerrar los casos Maldonado y Jones Huala”, dijo a PáginaI2
Mauricio Rojas, abogados querellante de la APDH. “Lleral era el
director del procedimiento y al momento de la autopsia sacó a los
abogados que hacemos el control de la prueba, no embolsó la plata
que era más importante que el DNI, una prueba descuidada por él”,
explicó.
El aparato
judicial, como en todos los casos de desapariciones forzadas y
violencia institucional, operó para encubrir los delitos de los
gendarmes. Lleral buscó diferenciarse de Guido Otranto, el primer
juez del caso, el mismo que había dado la orden de reprimir el corte
de ruta. Iba a la Pu Lof sin custodia y recibía a los familiares
pero luego archivaba todas las medidas que le pedían. En dos
oportunidades acaparó la comunicación del caso, obligando a las
querellas a callarse: el día del hallazgo del cuerpo y en la Morgue
Judicial. Así, a dos días de las elecciones de 2017 eligió sus
palabras al decir que no había signos de que el cuerpo haya sido
lastimado o movido. Entre las medidas que nunca hizo está el
análisis de la fogata que hicieron los gendarmes el día que
irrumpieron a balazos en la Pu Lof, donde podrían (o no) estar los
restos de la mochila del joven tatuador que nunca apareció.
A pesar de los
ataques, la familia Maldonado luchó impecablemente durante más de
un año contra el aparato estatal y mediático. Pero esta historia
seguirá en Washington, en la sede de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de la OEA, donde la Argentina ya tiene una condena
por la desaparición forzada del joven mapuche Iván Torres.
“Santiago por propia voluntad se internó en las heladas aguas del
río Chubut y ahí murió sin testigos de ese trágico final”, dijo
Lleral a pesar de lo testigos mapuches y también gendarmes que
declararon que lo vieron correr.
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Fuente:
La segunda muerte de Santiago Maldonado, 30/11/18, Página/12. Consultado 30/11/18.
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