En Brasil, las
comunidades indígenas están luchando por sus tierras frente a la
amenaza de las grandes empresas, la minería y la destrucción del
medio ambiente. En algunos casos, su propia supervivencia está en
juego.
por Zoe Sullivan
A principios de
2018, Ageu Lobo Perreira se encontraba huyendo. Había recibido la
noticia de que su vida y la de otros dos miembros de la comunidad
tradicional de la ribera del Amazonas que dirige, estaban en peligro.
La advertencia se
produjo después de que Lobo Perreira y otras personas del
asentamiento de Montanha y Mangabal, que se encuentra disperso a lo
largo del río Tapajos, cerca de la ciudad de Itaituba, al norte de
Brasil, se dispusieran a marcar los límites reconocidos por el
gobierno de su comunidad.
Fue entonces
cuando encontraron evidencia de minería ilegal en sus tierras,
incluyendo la contaminación del agua por residuos producidos por la
extracción de oro. Según Lobo Perreira, los mineros vieron el
proceso de demarcación como una amenaza para su sustento y enviaron
un mensaje diciendo que matarían a los líderes comunitarios que se
interpusieran en el camino de sus actividades.
"En la
primera etapa del proceso, nos vimos enfrentados a leñadores
ilegales”, cuenta el líder de la comunidad. "En la segunda,
nos enfrentamos a los mineros artesanales. Vieron que sus actividades
ya no eran viables, así que empezaron a amenazarnos”.
Lobo Perreira
pasó un mes escondido, durante el cual la policía federal comenzó
a interrogar a los mineros artesanales. Esto aumentó las tensiones.
Tras su regreso, la comunidad presentó un informe sobre la situación
ante las autoridades brasileñas en un intento de obtener ayuda.
"Les hemos
pedido controles e investigaciones y esperamos que tomen cartas en el
asunto”, dice Lobo Perreira, añadiendo que la agencia
gubernamental responsable de la titulación de tierras, el Instituto
Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) de Brasil, no ha
cumplido con su "obligación de marcar el territorio”. Eso
hace que la ya aislada comunidad sea aún más vulnerable.
Caza y
recolección de tradiciones
La minería ha
sido parte integral del estado de Pará, donde se encuentra la
comunidad de Montanha y Mangabal, desde que la fiebre del oro de los
años 80 hiciera estragos en el paisaje.
Aunque la época
en la que cientos de hombres entraban en tropel en las minas a cielo
abierto saqueando la tierra, capturada en sorprendentes imágenes por
el fotógrafo Sebastiao Salgado, ha pasado a la historia, los
investigadores y lugareños todavía observan contaminación en los
ríos causada por las actividades mineras de hoy en día.
"La minería
con máquinas tiene consecuencias trágicas”, dice Lobo Perreira
sobre el impacto de la maquinaria, como las excavadoras y dragas
utilizadas en la minería a gran escala, en el bosque, que alberga
animales como tapires y jaguares.
Incluso la
minería artesanal a pequeña escala tiene un impacto sobre el medio
ambiente y la salud humana.
"Hoy en día,
el oro fino que está apareciendo se obtiene mejor usando mercurio”,
explica José Pacheco Peleja, que coordina el laboratorio de biología
ambiental de la Universidad Federal del Oeste de Pará.
Cuando se emplea
mercurio para ayudar a separar el oro de otros materiales, éste
puede filtrarse al suelo y al agua, contaminando así el suministro
de alimentos. Una exposición prolongada al mercurio puede causar
deterioro cognitivo.
Aumentan los
asesinatos
En 2013, Incra
declaró a la comunidad de Montanha y Mangabal como un asentamiento
de actividad agraria y de extracción. Los residentes habían luchado
durante mucho tiempo por ese reconocimiento, que les permite tener
derechos sobre sus tierras ancestrales, así como continuar con sus
actividades tradicionales de caza, pesca y recolección. Los miembros
de la comunidad afirman que no se dedican a la minería.
Sin embargo,
critican que tienen poca protección y que se han visto obligados a
defenderse de las amenazas violentas de la industria agraria, minera
y maderera. Especialmente desde que en 2017 se recortaran los fondos
para la Fundación Nacional del Indio (Funai), órgano del Gobierno
brasileño que establece y desarrolla políticas relacionadas con los
pueblos indígenas, así como para la oficina de protección del
medio ambiente.
La historia se
repite en todo el país. Según la Comisión Pastoral de la Tierra,
dirigida por la Iglesia Católica, y que hace un seguimiento de los
asesinatos asociados a los conflictos por la tierra, 2017 fue uno de
los año más violentos, con un aumento del 15 por ciento en los
asesinatos comparado con 2016. El estado de Pará fue el más
violento, con 21 personas asesinadas como resultado de las tensiones
relacionadas con la propiedad de la tierra.
La policía
federal, que se encarga de los reclamos del uso ilegal de la tierra y
del allanamiento de morada, se niega a comentar esta historia. No
obstante, Incra afirma haber estado trabajando en la demarcación de
la tierra. Todavía quedan 30 kilómetros de frontera por establecer.
Estos esfuerzos deberían reanudarse en octubre, según la agencia.
También está
estudiando la comunidad de Montanha y Mangabal para catalogar sus
estructuras existentes, como casas y bienes, así como a sus
habitantes. Hasta ahora, ha identificado cinco mineros que no
formaban parte de la comunidad.
Conflicto
profundamente arraigado
Establecer los
límites no resolverá todos los problemas de la comunidad,
particularmente cuando los nuevos proyectos de infraestructura
importantes chocan con los derechos de la tierra de la comunidad y
tienen un impacto sobre el medio ambiente, según Marco Antonio Silva
Lima, director de ciencia y tecnología del Departamento de Educación
de Pará.
"Estos
conflictos son históricos”, aclara Silva Lima a DW. "Lo que
está sucediendo ahora es que hay una gran inversión en sistemas
logísticos para mandar soja por barco y construir represas
hidroeléctricas. Esto está empeorando los conflictos que ya
existían. Es realmente preocupante”, explica.
Brasil planea
construir varias represas más en la cuenca del río Tapajos, a pesar
de la resistencia de grupos conservacionistas e indígenas a los
proyectos que, según ellos, inundarían un ecosistema rico en vida
vegetal y animal.
Mientras tanto,
Silva Lima cree que una manera de proteger a los grupos indígenas
sería establecer un plan de desarrollo estratégico para la región
de Tapajos, creando empleos alternativos para los mineros artesanales
y los leñadores.
"En mi
opinión, esto tendría que involucrar a las entidades estatales,
locales y federales, así como a las comunidades tradicionales, a fin
de establecer mecanismos de diálogo”, afirma Silva Lima, quien
añade que es primordial para la supervivencia de estas comunidades,
que sus voces sean escuchadas por las empresas y el gobierno.
Fuente:
Zoe Sullivan, La tala ilegal y la minería amenazan a una comunidad del río Amazonas, 02/10/18, Deutsche Welle. Consultado 04/10/18.
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