Se trata de un
informe de 21 ONG de Argentina, Perú, Bolivia, Brasil y Ecuador que
será presentado ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos;
alertan sobre graves denuncias en proyectos financiados por los
chinos.
por Martín
Dinatale
Los proyectos de
millonarias inversiones que realiza China en América Latina estarán
bajo una severa evaluación el próximo 6 de noviembre en las
Naciones Unidas y la perspectiva parece demoledora para el gobierno
de Xi Jinping: un total de 21 organizaciones de la sociedad civil
presentarán una evaluación sobre 18 proyectos financiados por los
chinos en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú donde se
muestra que existe un "incumplimiento sistemático" de la
obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos.
El informe se
presentará en el Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU)
de China que tendrá lugar el próximo 6 de noviembre en Ginebra ante
la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que es
donde se evaluará si el gobierno de Xi Jinping cumple con una serie
de convenios y tratados internacionales en materia de derechos
humanos en otras latitudes.
Según este
informe elaborado por 21 ONG de diferentes países de América latina
y al que tuvo acceso Infobae, el financiamiento chino se ha tornado
en un factor determinante para la vigencia de los derechos humanos en
América latina ya que entre 2009 y 2017, los préstamos chinos a la
región alcanzaron USD 145.000 millones, sobrepasando los del Banco
Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Para
2017, la inversión directa china alcanzó un acumulado de USD 113.6
mil millones.
Entre las
observaciones más relevantes que expondrán ante la ONU estas
organizaciones civiles se destaca que los proyectos en América
latina muestran una violación a los derechos humanos en cuanto a los
siguientes puntos: no se efectúan consultas previas a las
comunidades para el desarrollo de un proyecto; no existe una
protección a la vivienda digna y la tierra de quienes participan en
los proyectos, no hay parámetros de trabajo digno, existen en muchos
casos un avasallamiento a los pueblos originarios y no se desarrollan
actividades en ambientes sanos.
Entre los 18
proyectos evaluados en Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú se
destacan 7 proyectos mineros, 6 proyectos petroleros y 5 proyectos
hidroeléctricos además del caso argentino que contempla la
intención de establecer una central nuclear con tecnología
exclusivamente china. Todo estos proyectos están operados por 15
consorcios de Beijing que tienen una plena participación estatal
además del apoyo de 6 bancos chinos.
En todos estos
casos el informe de las 21 organizaciones civiles denuncia que se
afectan a 15 territorios indígenas; 12 corresponden a la región
amazónica, 11 proyectos están enclavados en áreas naturales
protegidas y 5 estan ubicados en zonas de patrimonio cultural de la
humanidad declarados por la Unesco.
Desde Argentina,
María Marta Di Paola, directora de Investigación de Fundación
Ambiente y Recursos Naturales (FARN) expresó a Infobae que "los
resultados encontrados en los proyectos de China tanto en nuestro
país como en el resto de la región son devastadores tanto por los
daños a las comunidades locales como a la naturaleza".
El caso argentino
En el informe que
se presentará ante la ONU para el caso de la Argentina se analizó
el proyecto de las centrales hidroeléctricas de Santa Cruz pero
también los proyectos petroleros en Vaca Muerta de empresas chinas
que cambian permanentemente de nombre y el plan de inversión de Xi
Jinping para la construcción de una central nuclear que se está
negociando con Mauricio Macri para tener listo el acuerdo antes de la
cumbre del G20.
"En todos
estos proyectos de China en la Argentina y en otros países de la
región vemos que hay un patrón sistemático de avasallamiento de
los derechos de las poblaciones y de las áreas protegidas",
remarcó Di Paola.
El capítulo
argentino del informe que se presentará en la ONU sobre el caso de
inversiones chinas en América latina también señala los problemas
de falta de insumos hospitalarios que hay en la zona de la
construcción de represas en Santa Cruz por el hecho de dar prioridad
a los operarios del proyecto de las hidroeléctricas, el acceso a
agua potable en la localidad de Luis Piedra Buena, el impacto en el
medio ambiente, el retaceo de información oficial sobre el proyecto
de la central nuclear con tecnología china exclusiva y el perjuicio
que están sufriendo los pueblos indígenas tanto en Vaca Muerta como
en la zona de las represas.
También se
alerta que las represas en el Río Santa Cruz en Argentina que tienen
una inversión de USD 4.7oo millones (la más grande inversión china
fuera de China en el sector hidroeléctrico) se encuentra enclavada
en la mayor concentración de hielo (fuera de la Antártida) en el
hemisferio Sur.
"Todo esto
demuestra una falta de compromiso de China con el ambiente y el
desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la
región", añadió la directora ejecutiva de FARN.
Además, el
informe de este grupo de 21 ONG señala que después de casi 10 años
de haber experimentado una ola masiva de financiamiento chino en
América Latina, cabe preguntarse: ¿Qué consecuencias ha tenido
este financiamiento en la vida de las comunidades donde se
desarrollan los proyectos?
"Las
empresas y los financistas chinos han vulnerado los derechos de los
pueblos indígenas de muchas formas. Su presencia sólo ha traído
más destrucción y tristeza justamente a quienes debemos la
protección de los bosques que todavía están en pie", señala
Karla Sessin de la agrupación Proteja Amazônia en Brasil. En el
caso de la hidroeléctrica de São Manoel en Brasil, operada por la
china Three Gorges, se han destruido dos espacios sagrados de
fundamental valor cultural para los pueblos indígenas Munduruku,
Kayabi y Apiaka. Mientras que en Bolivia y Ecuador, tres pueblos
indígenas en aislamiento están siendo amenazados por las
operaciones de China Petroleoum Corporation Company, Sinopec y China
National Petroleum Corporation.
En Perú, donde
las empresas chinas dominan la extracción minera, las comunidades
afectadas por la operación de China Minmetals Corporation en Las
Bambas han vivido, por más de dos años, bajo repetidos estados de
emergencia sin poder ejercer sus derechos a la libre asociación,
libre tránsito y libre expresión. Los estados de emergencia también
han sido medidas populares en los proyectos chinos en Ecuador y
Brasil. Lo que dejó un triste saldo de media docena de personas
fallecidas en los enfrentamientos con militares y policías en
Ecuador y Perú; así como centenares de personas criminalizadas por
la defensa de sus derechos.
Tanto los
préstamos como la inversión directa china se han concentrado en la
construcción de infraestructura energética y de transporte, y en
proyectos de extracción de recursos naturales, ambos sectores
ambiental y socialmente sensibles.
"Estas
tendencias se van a profundizar en el futuro, dado que China ha
comprometido millonarios fondos para la región y que conjuntamente
con los gobiernos, ha acordado una serie de compromisos de
inversión", sostiene Marco Antonio Gandarillas del Centro de
Documentación e Información de Bolivia.
Para Sofía
Jarrín del Centro de Derechos Económicos y Sociales en Ecuador, "la
cooperación bilateral no puede darse a expensas de los derechos
humanos y ambientales de las comunidades a quienes justamente se
pretende servir con los proyectos." Jarrín explica que según
los principios de derecho internacional en materia de derechos
humanos "China está obligada a respetar los derechos
económicos, sociales y culturales de las comunidades afectadas por
sus inversiones en donde quiera que se encuentren".
"Las
empresas que han invertido en nuestros países se han aprovechado de
la debilidad de leyes nacionales y de la complacencia de los
gobiernos de turno. Pero al fin del día, en el contexto global, la
responsabilidad no es sólo de esas empresas o de los gobiernos
nacionales, sino también de los Estados a los que responden esas
empresas. Es por ello que el EPU de China es una oportunidad crítica
para que China nos escuche, asuma responsabilidad y cambie",
señala Julia Cuadros, miembro del Consejo Directivo de CooperAcción
en Perú.
Finalmente, el
informe sostiene que China debe incorporar los principios, convenios
y tratados de derechos humanos en sus estrategias, políticas, planes
y proyectos de inversión en América Latina, y establecer mecanismos
que garanticen su implementación.
También se
alertará ante el grupo de revisión de la ONU que China deberá
ratificar el Convenio 169 de la OIT ante la violación al trabajo
digno en muchos de los proyectos; realizar exámenes de debida
diligencia en derechos humanos durante todo el ciclo del proyecto;
establecer medidas de acceso a la justicia y la reparación de las
víctimas, y abandonar los proyectos en que se siguen violando leyes
nacionales e instrumentos internacionales de derechos humanos.
Para el grupo de
estudio sobre el financiamiento e inversiones chinas en América Latina, "la relación ganar-ganar y la cooperación Sur-Sur
entre China y América Latina, por el momento, está sólo en los
discursos de los políticos".
Entre los que
forman parte de este estudio que se presentará ante la ONU se
encuentran el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES,
Ecuador), el Centro de Documentación e Información de (Bolivia),
CooperAcción (Perú), y Fundación Ambiente y Recursos Naturales
(Argentina) y el Colectivo Proteja Amazônia (Brasil).
Todas estas
denuncias se presentarán en la ONU para la evaluación anual sobre
derechos humanos que hacen los estados miembros a través de un
mecanismo abierto a la sociedad civil. El EPU fue concebido por el
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el 2006 y en este
caso podría constituir una oportunidad para que China cumpla con los
derechos humanos en los países donde tiene inversiones, establezca
obligaciones extraterritoriales y realice una rendición de cuentas
de sus empresas.
Fuente:
Martín Dinatale mdinatale@infobae.com, Denuncian a China ante la ONU por la violación a los derechos humanos en 18 proyectos de América latina, 07/10/18, Infobae.
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