por Marina Franco
CIUDAD DE MÉXICO - La investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes
normalistas en 2014 en México “no fue pronta, efectiva,
independiente ni imparcial”, señala un fallo emitido por una corte
federal este lunes, y por tanto debe establecerse una Comisión de
Investigación de la Verdad y la Justicia a modo de “procedimiento
alternativo”.
En una sentencia
inédita, el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con
sede en Ciudad Reynosa, Tamaulipas, estableció que se debe “reponer
el procedimiento” de la investigación debido a “que hay indicios
suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones” de
quienes presentaron los recursos de amparo -varios acusados de
participar en las desapariciones- fueron “obtenidas por medio de
tortura“, entre otras irregularidades.
Organismos
internacionales, entre ellos la ONU, ya habían denunciado este tipo
de anomalías en el desarrollo de la investigación.
La corte señala
que la investigación por parte de la Procuraduría General de la
República (PGR) fue parcial, ya que “en general estuvo dirigida a
practicar y poner solo énfasis en aquellas pruebas que pudieran
apoyar una versión de los hechos” y, por tanto, “se dejaron de
explorar otras líneas de investigación”. Por tanto, la comisión
sería una manera de que “el asunto sea conducido bajo una nueva
óptica y etapa”.
Para el Centro de
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que
actúa en defensa de los familiares de los jóvenes desaparecidos, se
trata de un fallo histórico: “La acusación de la PGR es
insostenible y toda la investigación debe ser revisada de manera
autónoma e imparcial”, señalaron en un comunicado.
Según el fallo,
la comisión deberá “quedar conformada en un plazo no mayor a diez
días naturales” y estaría compuesta por representantes de las
víctimas, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por
oficiales ministeriales federales.
Los dos primeros,
según el anuncio del Consejo de la Judicatura, determinarán las
líneas de investigación a seguirse y podrán invitar a
organizaciones “tanto nacionales como internacionales de derechos
humanos” a participar. El Centro Prodh indicó que ya analizan
sumarse a la iniciativa.
Avanzada la noche
del lunes, la PGR respondió que no “comparte el criterio de los
magistrados”. Por medio de un comunicado, la procuraduría indica
que el tribunal colegiado “desconoce la división de poderes” y
las facultades que corresponden a los oficiales ministeriales
públicos.
Un largo camino
El caso por la
desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de
Ayotzinapa -en el estado de Guerrero-, el 26 de septiembre de
2014, sacudió a todo el país y recorrió los medios del mundo. Los
jóvenes habían tomado una serie de autobuses para viajar a Iguala
con planes de ir hasta Ciudad de México para la marcha anual del 2
de octubre, cuando se conmemora la matanza de estudiantes en la plaza
de Tlatelolco de 1968.
Pero los
normalistas nunca llegaron más allá de Iguala. Fueron interceptados
por las autoridades en circunstancias que no han sido esclarecidas,
aunque se sospecha que los policías involucrados estaban coludidos
con un grupo criminal local, Guerreros Unidos. Una investigación
indica que las detenciones podrían deberse a que en uno de los
autobuses tomados por los estudiantes había drogas de un grupo rival
del narcotráfico sin que los normalistas lo supieran, pero esto no
ha sido confirmado.
De acuerdo con la
investigación inicial de la PGR -lo que el titular de entonces,
José Murillo Karam, calificó como la “verdad histórica”-,
los jóvenes fueron incinerados en un basurero en la cercana ciudad
de Cocula por presuntos integrantes de un grupo de narcotráfico. Sin
embargo, invesigaciones independientes posteriores, entre ellas la de
expertos internacionales enviados por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, desmintieron varias afirmaciones de las autoridades -entre ellas la de la incineración de los cuerpos en el basurero-,
y hallaron indicios de posible tortura de sospechosos y un mal manejo
de las evidencias.
La misma PGR
reconoció en un informe interno estas falencias, que llevaron en
parte a la renuncia del responsable del caso, pero cuando el reporte
se hizo público esa las partes autocríticas habían sido eliminadas
del documento.
En marzo de este
año, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones
Unidas emitió el informe Doble injusticia, en el cual señaló que,
además de que no se había esclarecido el paradero de los jóvenes
en la investigación, durante su desarrollo se cometieron violaciones
a las garantías básicas de varias personas, como detenciones
arbitrarias y tortura de sospechosos. Los amparos presentados frente
al tribunal colegiado justamente se basan en estas razones para
argumentar que no se cumplió el debido proceso para algunos de los
detenidos.
Según cifras
oficiales, alrededor de 33.000 personas han sido reportadas como
desaparecidas en México desde 2007. En este contexto, el caso de los
43 normalistas se convirtió en un ejemplo emblemático de las
sospechas de colusión entre funcionarios locales y grupos de la
delincuencia organizada.
El tema también
se ha colado a la campaña presidencial de cara a las elecciones del
1 de julio. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha sido
acusado de no tomar acciones suficientes ante una escalada de
violencia que sacude al país y por los problemas con la
investigación de casos como el de Ayotzinapa. Por su parte, el
candidato puntero en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, ha
prometido que resolverá el caso y ya había sugerido crear una
comisión de la verdad para esto.
Fuente:
Marina Franco, Un tribunal mexicano ordena investigar de nuevo el caso Ayotzinapa, 04/06/18, The New York Times.
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