Greenpeace
asegura que el medio ambiente no justifica el tarifazo. La organización
ambiental sostuvo que la decisión oficial de avalar los aumentos de
luz y gas por razones ambientales “es, como mínimo,
malintencionada y falaz” dado que el Gobierno continúa subsidiando
combustibles fósiles y apostando por Vaca Muerta.
por Fernando
Krakowiak
“La
argumentación del Ministerio de Energía y Minería, a cargo del ex
directivo de Shell Juan José Aranguren, que justifica el incremento
en las tarifas por razones ambientales es, como mínimo,
malintencionada y falaz.” Así comienza la carta que el responsable
de política climática y energética de Greenpeace Argentina, Mauro
Fernández, envío a PáginaI12 luego de que el lunes pasado este
diario informara que el Ministerio de Energía había hecho una
presentación en el Juzgado Federal Nº2 de La Plata donde se
aseguraba que el tarifazo ayuda a proteger el medio ambiente,
argumento que también utilizó para intentar bloquear las cautelares
que buscan frenar los aumentos y para denunciar al Centro de Estudios
para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad.
“Si bien es
razonable evaluar que la estructura tarifaria de hace unos años
estaba disociada de los verdaderos costos de la energía -motivo
por el cual Greenpeace renunció a los subsidios en cuanto la ex
presidenta Fernández de Kirchner habilitó esa posibilidad-, lo
cierto es que el gobierno actual está abordando el problema desde el
lado equivocado. Mientras las tarifas de luz y gas le cuestan hoy al
usuario residencial entre 1600 y 1000 por ciento más que hace dos
años, las erogaciones a las grandes petroleras continuaron”, dice
Fernández, quien justifica su afirmación con datos oficiales, a los
que accedió la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que
muestran que en 2017 las corporaciones energéticas recibieron 20 mil
millones de pesos directos del Estado Nacional, mientras que sólo en
lo que va de 2018, YPF percibió casi 1700 millones de pesos, Shell
375 millones y Axion 180 millones.
Greenpeace
recuerda que en 2015, antes del triunfo de Cambiemos en las
elecciones, Aranguren aseguró en un artículo publicado en el diario
inglés The Guardian que “subsidiar la producción de hidrocarburos
no sigue siendo una medida racional”. Sin embargo, el gobierno de
Mauricio Macri no solo subsidia a la industria petrolera sino que a
fines de 2017 se negó a firmar en Buenos Aires una declaración para
abandonar los subsidios a los combustibles fósiles suscripta por
cuarenta países miembros de la Organización Mundial de Comercio.
“Argentina no acompañó la iniciativa, fundamentalmente para
continuar subsidiando el desarrollo de la segunda reserva de gas no
convencional del mundo, que se encuentra en su territorio: Vaca
Muerta. Incluso, a pesar de haber incluido un impuesto a la emisión
de dióxido de carbono (CO2) en la reforma tributaria de fines del
año pasado, exceptuó del pago a los proyectos de producción de gas
mediante la técnica del fracking que debe utilizarse en ese
megaproyecto”, remarcó Fernández.
El responsable de
política climática y energética de Greenpeace aseguró también
que el objetivo principal del Acuerdo de París firmado en 2015 es
mantener el aumento de la temperatura en este siglo muy por debajo de
los 2 grados centígrados, e impulsar los esfuerzos para limitar el
aumento de la temperatura incluso más, por debajo de 1,5 grados
sobre los niveles preindustriales. El límite de los 1,5 grados es
significativamente una línea de defensa más segura frente a los
peores impactos del cambio climático y para eso sería necesario
dejar bajo tierra un 80 por ciento de las reservas fósiles
descubiertas y avanzar drásticamente hacia una matriz energética
global proveniente en su totalidad de energías renovables para 2050,
pero el gobierno está lejos de colaborar con ese objetivo y no por
culpa del aumento de tarifas.
“Vaca Muerta
supone una bomba de gases de efecto invernadero que podrían ser
liberados al ambiente, haciendo virtualmente imposible el
cumplimiento del objetivo más ambicioso del acuerdo climático.
Defender el incremento de tarifas a la población mientras se
sostiene el desarrollo de una fuente sucia y contaminante, parece una
tomada de pelo para los afectados por la `actualización´
tarifaria”, remarca Fernández.
Greenpeace
Argentina subraya además que, al tener la presidencia del G20,
Argentina podría trabajar para continuar los pasos del G7 que en
2016 se comprometió a abandonar estas subvenciones a los fósiles,
pero no lo hará. “¿Cuál es la posición oficial? Dejarlos como
están, argumentando que no hay consenso, producto de la presión del
gobierno de Donald Trump para bajar la ambición climática al mínimo
común denominador. Cuando tantas señales van en el sentido
contrario, justificar una política de alto impacto en el bolsillo de
la gente por cuestiones ambientales sólo puede leerse como una más
de las estrategias del gobierno para retroceder en materia ambiental
como están haciendo al querer modificar la ley de glaciares a nivel
nacional, la ley de Basura Cero en la ciudad de Buenos Aires
habilitando la incineración, o con los desmontes ilegales que
realiza el primo del jefe de Gabinete, Marcos Peña, en la provincia
de Salta”, agrega Fernández.
Por último, la
organización ambientalista sostiene que si Aranguren está realmente
preocupado por alinear las políticas energéticas con el cuidado del
medio ambiente debería abandonar la explotación de Vaca Muerta,
cortar los subsidios a la producción de combustibles fósiles e
impulsar su adopción en el G20 y presentar una estrategia de
desarrollo a largo plazo coherente con el Acuerdo de París que
requeriría tener un 100 por ciento energías renovables para 2050.
“Ese sería el único guiño que desde Greenpeace podríamos ver
con buena cara”, concluye Fernández.
fkrakowiak@pagina12.com.ar
Fuente:
Fernando Krakowiak, “Es una tomada de pelo”, 14/05/18, Página/12. Consultado 14/05/18.
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