¿Cómo impactaron los countries y la planta de EPEC en el sur de Punilla?

El Diario de Carlos Paz dialogó con referentes de ADARSA, la ONG que presentó un recurso de amparo contra las urbanizaciones, quienes dieron a conocer cómo este tipo de construcciones impacta sobre las sierras de Punilla y sus poblaciones.

Carlos Paz. La justicia llevará a juicio a los ex funcionarios de la Secretaría de Ambiente que aprobaron la construcción de dos emprendimientos inmobiliarios de GAMA y una planta de EPEC en el límite entre Carlos Paz y San Antonio de Arredondo. El Diario de Carlos Paz dialogó con referentes de ADARSA, la ONG que presentó un recurso de amparo contra las urbanizaciones, quienes dieron a conocer cómo este tipo de construcciones impacta sobre las sierras de Punilla y sus poblaciones.

Tal como dio a conocer este medio en el mes de abril, el juez de Primera Instancia, Esteban Díaz Reyna, elevó a juicio la causa contra Raúl Costa y Federico Luis Bocco, por haber autorizado las urbanizaciones «El Dorado II» y «El Dorado III» y la subestación transformadora. La abogada de la Asociación de Amigos del Río San Antonio, Marcela Fernández, destacó la importancia de luchar por el cuidado del ambiente y explicó: «Son numerosos los impactos negativos que tienen este tipo de obras y tienen que ver también con los objetivos de las leyes ambientales que se sancionan por motivos importantes y no son caprichosas. La protección de los bosques tiene relación con la calidad de vida de la gente, la calidad de una cuenca de agua, con el clima, con muchos factores biológicos y geológicos, entre otros. Por eso, cuando uno impacta sobre un bosque, se incide en la calidad de vida de todos e influye en nuestra agua. Si diezmamos el bosque, no se podrá retener el agua como se necesita, sino que el agua se va a perder con mayor velocidad, porque el bosque capta y almacena el agua que viene de las lluvias y hace que se infiltre en el suelo en el invierno».

«Como vivimos en una zona semiárida, si el bosque no puede cumplir con su función de almacenar el agua, en invierno se produce escasez de la misma y se deteriora, todo su ciclo. Hay que tomar conciencia porque este ciclo de agua nutre a varias ciudades de la provincia, le da el recurso a miles de habitantes y por eso es tan importante preservarlo. Además, contribuye a regular la temperatura climática. Recordemos que estamos en épocas de grandes desequilibrios climáticos en el mundo entero, el famoso cambio climático»; expresó Fernández, en diálogo con este medio.

Asimismo, es importante destacar que este tipo de emprendimientos inmobiliarios hacen que las localidades que no están preparadas para brindar infraestructura a la población que albergan, gestionen irresponsablemente las toneladas de basura que generan; que falten los caminos, o incluso quede al descubierto la incapacidad para brindar servicios fundamentales a la población, como la salud en general o la educación de los jóvenes, entre otros. «Al ser ésta una zona amarilla de protección de bosques, está prohibido cualquier tipo de emprendimiento privado»; concluyó.

Juicio y castigo para los responsables

«Ahora queda que los funcionarios como Raúl Costa paguen eventualmente con un sanción de penal (que en este caso corresponde de 1 mes a 2 años de prisión) y con una inhabilitación para ejercer cargos públicos por este atropello. Por eso son tan importantes las luchas previas a que se concreten las ilegalidades, dado que una vez que se efectúan, no hay posibilidad de volver atrás»; explicó la abogada Marcela Fernández, integrante de ADARSA. En el caso del Gran Dorado, que no se construyó porque se presentó un amparo cuando salió la licencia, la letrada destacó: «Quienes han comprado, deberán reclamarle al dueño de la empresa responsable (GAMA) que les haya vendido terrenos sin la autorización. Incluso podría investigarse si cabe la figura de defraudación».

«La estación de EPEC que se construyó para suministrar energía al Gran Dorado, cuyos terrenos fueron donados por la empresa GAMA, también se emplazó ilegalmente. Estos empresarios decidían en qué lugar se ubicaría una obra que presta un servicio público. En realidad todo esto sirve para preguntarnos como sociedad qué pasó con los ciudadanos que no participaron en el diseño de la política de gestión. Esa usina era para el emprendimiento del Gran Dorado, algo que finalmente no prosperará, por lo cual deberá prestar algún servicio a la comunidad y no podrán ampliar su capacidad de prestación porque difícilmente pasen un estudio de impacto ambiental, o una audiencia pública. Nunca tuvo legitimidad, porque fue denunciada»; completó la abogada.

La historia del reclamo

La ONG ADARSA hace años que viene advirtiendo sobre la aprobación de los emprendimientos El Dorado I y II, pidiendo continuamente información al municipio de San Antonio y a la Secretaría de Ambiente de la Provincia, sobre la existencia de los estudios de impacto ambiental para los dos emprendimientos (por encontrarse éstos dentro de la reserva natural recreativa Valle del Cóndor).

«Esa información no aparecía, se hicieron un par de amparos por mora, uno de ellos, en el que justamente se cuestionaba la falta del estudio de impacto del Dorado II. La Provincia de Córdoba demoró siete años en dar la respuesta, y en ese interín, cuando ya no quedaban más instancias para demorar, lo hicieron. Recién allí le dieron la aprobación», recordó Marcela Fernández. A partir de octubre del 2012, ADARSA puso en conocimiento del fiscal de la causa las irregularidades en la aprobación de la construcción de los countries y la planta de energía de EPEC. «Denunciamos en su momento que estaban desmontando zonas de bosque protegido, sin un estudio de impacto ambiental y audiencia pública. El fiscal tomó la investigación y tras cuatro años, pidió la elevación a juicio de los dos ex secretarios de Ambiente, Costa y Bocco, por la probable comisión del delito de abuso de autoridad, que se da cuando el funcionario autoriza un proyecto sin avales legales»; dijo.

Posteriormente, ambos funcionarios se opusieron a dicha elevación a través de su defensa y el juez de control, Díaz Reyna, en el mes de abril pasado, ratificó lo que el fiscal había investigado y rechazó la oposición a la elevación. Por tal motivo la causa sigue adelante, llevándose a la Cámara para que los juzgue y eventualmente los condene. «Fue un proceso de muchos años, el amparo ambiental que logró frenar la construcción del Gran Dorado también fue juzgado e investigado por el fiscal, quien terminó involucrando a los dos funcionarios; por la aprobación del Dorado II y la planta de EPEC a Costa, y del Dorado III o Gran Dorado, a Bocco»; concluyó la vocera de ADARSA.

Fuente:

¿Cómo impactaron los countries y la planta de EPEC en el sur de Punilla?, 23/05/18, El Diario de Carlos Paz.