Un grupo de 25
niños y jóvenes colombianos denunció al gobierno por su falta de
acción contra la deforestación de la Amazonía. Ahora, la Corte
Suprema les ha dado la razón. Se trata de un logro histórico en la
región.
por Judit Alonso
La lucha
ciudadana contra el cambio climático ha dejado las calles para
instalarse en los tribunales. En diversos lugares del mundo,
numerosos casos están incrementando esta tendencia que cuenta ahora
con un logro histórico en la región. Un grupo de 25 jóvenes, de
los 17 departamentos más afectados por el cambio climático en
Colombia, denunció la falta de acción del gobierno en la
deforestación de la Amazonía.
"Es su
compromiso frenar la deforestación en la Amazonía. Nuestra
reclamación es sencilla", dijo a DW César Rodríguez, director
de Dejusticia, organización de incidencia encargada de acompañar el
proceso. Así argumentó que a falta de datos del pasado año, según
cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales (Ideam), en 2016, la tala del bosque aumentó un 44 % en
relación en 2015. "En lugar de retroceder ha avanzado",
criticó recordando el compromiso de deforestación cero para el
2020. "El 2020 está a la vuelta y la tendencia es contraria a
lo que el gobierno se comprometió", añadió.
La demanda surge
a raíz de un estudio comparativo que recoge litigios sobre la falta
de acción o ambiciones tímidas de países en cuanto a compromisos
contra el cambio climático se refiere. "Hay 800 casos en el
mundo", apuntó.
Tomando como base
los casos de Urgenda (Holanda), en el que, por primera vez en el
mundo, los ciudadanos demandaron a su gobierno para reducir las
emisiones en carbono, así como el de jóvenes en Estados Unidos, que
demandaron al gobierno por violar su derecho constitucional a la
vida, el litigio de la Amazonía combina argumentos jurídicos y
científicos e involucra a las futuras generaciones. "Es una
demanda sin precedentes en América Latina que requería una
argumentación y una estrategia novedosas", aseguró.
El directivo
colombiano se mostró satisfecho con el resultado de la demanda. "La
Corte acogió un conjunto de evidencias científicas como base para
establecer el vínculo empírico y jurídico entre deforestación,
cambio climático y violación de los derechos de las futuras
generaciones", subrayó.
Trabajando juntos
El gobierno
colombiano, que anunció que acata el fallo, tiene cuatro meses para
diseñar un plan eficaz de acción contra la deforestación y un
pacto intergeneracional por la vida del Amazonas colombiano. "Esta
es una responsabilidad de todo el Estado, pero más que el Estado, es
una responsabilidad de la sociedad colombiana", dijo el ministro
de Ambiente de Colombia, Luis Gilberto Murillo, en un comunicado en
el que apuntó que se trata de una oportunidad para que Estado y
sociedad colombianas lleven a cabo acciones eficaces contra la
deforestación y el cambio climático.
"El
Ministerio de Ambiente ya está formulando ideas sobre los primeros
pasos a tomar y nos ha contactado para participar en el proceso, en
el que deberán estar también los jóvenes demandantes, entidades
científicas y comunidades amazónicas", avanzó el directivo de
la entidad. Asimismo, la organización ya está trabajando en el
diseño de un texto del Pacto intergeneracional para que sea adoptado
en los próximos meses. "Los jóvenes sienten que su generación
puede marcar una diferencia en la protección del planeta, mediante
acciones como la demanda exitosa", consideró Rodríguez.
Jóvenes al poder
Yurshell Yanishey
Rodríguez es una de ellos. "Es una manera de contribuir, un
grano de arena a todo proceso de construcción de personas más
conscientes por el medio ambiente y que tenemos que cuidar",
dijo emocionada a DW.
Estudiante de
último semestre de ingeniería ambiental, la joven nació y creció
en Providencia, la región del país con mayor riesgo por el cambio
climático según el Ideam. Este prevé que para 2070, la temperatura
suba en 1,4 grados y las lluvias se reduzcan 32%. "Las islas
padecemos los efectos del cambio climático", aseguró la joven
enumerando algunos de ellos como el blanqueamiento de corales por la
acidificación de los océanos y el aumento de las tormentas
tropicales. "Son situaciones diferentes que han venido pasando y
que antes no ocurrían", lamentó. "Para el 2080 se prevé
que se haya perdido buena parte de la isla, por los efectos de la
subida del nivel del mar", alertó explicando sus motivaciones
para participar en el proceso.
Apasionada del
medio ambiente desde la infancia, la estudiante ha llevado a cabo una
pasantía en la isla de San Andrés el pasado año en la sede de la
Universidad Nacional de Colombia, en la que colaboró con una
investigación sobre la absorción de dióxido de carbono de los
ecosistemas marinos y costeros y cómo ayudan a contrarrestar el
cambio climático. "Podemos hacer acciones que mitiguen ese
efecto y nos ayuden a a adaptarnos al cambio climático de una manera
positiva, no de manera destructiva", consideró. Por este
motivo, instó a incentivar "el cambio desde nuestras
comunidades" ya que "lo que pasa en la Amazonía, tiene
unos costos muy importantes para la humanidad".
¿Sentando
precedente?
Según Michael
Gerrard, director del Centro Sabin contra el Cambio Climático de la
Universidad de Columbia, este fallo "es uno de las más robustos
en materia ambiental que haya dictado un tribunal en cualquier parte
del mundo". "Vincula explícitamente deforestación, cambio
climático y violación de derechos humanos, incluyendo los de las
nuevas generaciones, y declara un ecosistema (la Amazonía) como
"sujeto de derechos", lo que implica que cualquier
ciudadano puede exigir su protección independientemente de que
habite en esa región, y sin necesidad de mostrar que la
deforestación afecta comunidades especificas", explicó
Rodríguez.
No obstante, la
decisión, de carácter vinculante, debe implementarse en un plazo de
cuatro meses, en plenas elecciones presidenciales. "En agosto de
2018, Colombia tendrá cambio de Gobierno y si bien se está hablando
de una decisión obligatoria, que además de ser acatada por el
gobierno central, deben acatar las corporaciones de desarrollo de la
región amazónica y las autoridades locales de la Amazonía",
aclaró a DW Hubert Gehring representante en Colombia de la
Konrad-Adenauer-Stiftung.
Sin embargo, "los
gobiernos locales de la región Amazónica no cuentan con
presupuestos robustos que les permitan implementar por sí mismos
estrategias y programas de envergadura", lamentó. Así, recordó
que según las distribuciones de los recursos del sistema general de
participaciones (DNP), para 2018, el departamento del Amazonas tiene
asignado un presupuesto de 20.797.400 euros mientras que Antioquia
obtuvo 333.861.000 euros.
Para el
representante de la fundación alemana, a pesar de la diversidad de
población en los departamentos, que es de 56.036 habitantes y
7.465.000 respectivamente, "si se le diera valor a la protección
de un cuerpo de biodiversidad tan rico y clave en la preservación de
recursos naturales como el Amazonas, quizás los presupuestos para la
región aumentarían".
Autora: Judit
Alonso (RRR/LGC)
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Fuente:
Judit Alonso, Jóvenes colombianos obligan al gobierno a actuar contra la deforestación de la Amazonía, 22/04/18, Deutsche Welle.
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