Salta, 27 de
abril de 2018.- Greenpeace detectó, mediante sobrevuelos e imágenes
satelitales, que los empresarios Alejandro Braun Peña, Pedro
Cignetti y Bruno Varela Marín siguieron desmontando a pesar de las
resoluciones de hace dos meses del Ministerio de Ambiente de la
Nación y del gobierno de Salta que les ordenaba parar las topadoras.
Desde entonces arrasaron cerca de 1.300 hectáreas de bosques
nativos.
“La impunidad
para arrasar los bosques en Salta es total. Primero consiguieron
permisos del gobierno de Salta para desmontar donde la ley no lo
permite y, a pesar de que hace dos meses tanto la Provincia como la
Nación les ordenaron frenar las topadoras, siguen deforestando. Esto
demuestra claramente por qué el desmonte ilegal debe ser considerado
un delito penal”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la
Campaña de Bosques de Greenpeace.
La resolución 56/2018 del Ministerio de Ambiente de la Nación, publicada el 24 de
enero en el Boletín Oficial, respaldó el principio de no regresión
ambiental, garantizado por la Constitución Nacional; declaró
ilegales los 32 permisos otorgados para deforestar en áreas
protegidas e instó a la provincia a suspender su ejecución y
reforestar los desmontes ya realizados.
Ese mismo día,
el Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable de la
Provincia de Salta resolvió, mediante la resolución 019, “suspender
la ejecución de las autorizaciones de re-categorización de Uso
Predial y Cambio de Uso del Suelo” y “hacer conocer -a través de
la Secretaría de Ambiente de éste Ministerio- a los titulares de
las autorizaciones suspendidas por el Artículo 1°, el contenido de
la Resolución N° 56/18 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación”.
La organización
ambientalista detectó que, a pesar de dichas resoluciones, las
topadoras siguieron arrasando bosques nativos en las estancias Cuchuy
(550 hectáreas deforestadas), Los Pozos (540 hectáreas) y La
Peregrina (200 hectáreas). Sus dueños son Alejandro Braun Peña
(primo del Jefe de Gabinete de la Nación e integrante del directorio
de empresas de la familia Macri), Pedro Cignetti (empresario puntano)
y Bruno Varela Marín (empresario uruguayo). Greenpeace había denunciado los casos en 2014.
“El gobernador
Urtubey no puede seguir siendo cómplice de la destrucción de los
bosques. Debe controlar que se cumpla la normativa vigente,
aplicarles multas significativas y obligarlos a reforestar. Más allá
de la suspensión de la ejecución de esos desmontes, el gobierno de
Salta debe cancelar en forma inmediata los 32 permisos que otorgó
violando la Ley de Bosques”, señaló Giardini.
Fuente:
Greenpeace: “La impunidad para arrasar los bosques en Salta es total”, 27/04/17, Greenpeace Argentina.
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