El exsecretario
de Ambiente está imputado por abuso de autoridad junto a otro
exfuncionario, Federico Bocco. Los acusan de autorizar loteos
privados y una obra de EPEC en zona de bosques en San Antonio de
Arredondo.
El exsecretario
de Ambiente de la Provincia, el villamariense Raúl Costa, afrontará
un juicio oral en su contra por una causa que le inició una ONG. Lo
denunciaron por haber autorizado desmontes en San Antonio de
Arredondo, en las sierras chicas, para construir barrios privados y
una planta de EPEC.
Además de Costa,
otro extitular de la carteta ambiental, Federico Bocco, también
enfrentará a los tribunales de la capital provincial. El sitio web
punillaalsur.com informó que el juez de Primera Instancia, Esteban
Díaz Reyna, desestimó el pedido de los abogados defensores de Costa
y Bocco y elevó a juicio la causa penal contra ambos exfuncionarios.
Costa está
acusado de autorizar el proyecto de loteo “El Dorado II” y la
estación transformadora de EPEC; mientras que Bocco de autorizar el
loteo “El Dorado III”. Están imputados por abuso de autoridad.
“La
investigación arranca con una denuncia que hacemos en octubre de
2012”, le contó la abogada de la ONG ADARSA, Marcela Fernández, a
este matutino vía telefónica. Explicó que en San Antonio de
Arredondo se desarrollaron emprendimientos inmobiliarios “en plena
zona de bosques protegidos sin estudios de impacto ambiental que
hayamos conocidos en audiencias públicas”.
Al respecto, la
letrada detalló: “En uno de los casos hubo un aviso de proyecto,
que era la subestación, que sin audiencia pública se autorizó. En
este caso fue Raúl Costa. En ese momento un amparo judicial fue
rechazado, pero insistimos. La planta de EPEC se construyó en un
terreno donado por Petrone, son cosas media raras. No es casualidad.
Y a su vez, ‘El Dorado II’ ya estaba casi construido cuando le
dieron la aprobación del estudio de impacto ambiental luego de que
interpusimos un pedido de acceso a información pública. Tardaron
siete años en darnos respuestas. Agotaron todas las instancias
posibles hasta que finalmente mostraron que el estudio de impacto
ambiental estaba aprobado. Allí nos dimos que no habían hecho la
audiencia pública”.
Respecto a “El
Dorado III”, que autorizó Bocco, Fernández comentó que lograron
impedir la construcción del barrio privado “porque en febrero de
2013 presentamos un amparo ambiental resuelto de manera favorable el
año pasado, que frenó las 22 torres de GAMA en plenas laderas de
las sierras chicas”.
Según el
dictamen del juez, citado en el mismo portal, a los imputados se les
atribuye haber autorizado los proyectos de loteo “El Dorado II” y
“El Dorado III”, que preveían el desmonte y cambio de uso de
suelo en un área natural protegida, contrariando así las normas
ambientales consagradas en leyes provinciales y nacionales, por
tratarse de zonas amarillas de bosque nativo.
“Ellos (por los
exfuncionarios) dicen que las audiencias públicas no eran exigible
antes de la 10.208, que es la nueva Ley de Ambiente de la Provincia.
Pero todos los jueces están entendiendo que sí era aplicable, y así
lo dijo el TSJ. Ya estaba en vigencia la Ley Nacional de Ambiente,
que en su Artículo 19 y 20 fija la obligatoriedad de audiencias
públicas para cuando se afecte el medioambiente. Como no lo
observaba la provincia de Córdoba, en el amparo ambiental la jueza
ordenó la realización de audiencia pública. Las omisiones implican
también la comisión de esta figura penal”, afirmó la abogada de
la mencionada ONG.
Ahora, si las
defensas de ambos exsecretarios de Ambiente no interponen un recurso
de apelación, el paso siguiente será el sorteo de la Cámara del
Crimen que los juzgará en Córdoba capital. Fuentes allegadas a Raúl
Costa (actual vice de Lotería de Córdoba) dijeron que por el
momento no realizará declaraciones.
“Celebramos que
la Justicia dé estas buenas señales porque estamos con una
provincia que a nivel ambiental tiene una enorme crisis. No se cuidan
los recursos, los bienes turísticos. Córdoba tiene innumerables
problemáticas ambientales y es hora de que la Justicia dé señales
positivas”, concluyó Fernández.
Dos
exfuncionarios de Ambiente, a juicio por autorizar desmontes ilegales
en la zona de Punilla
El juez de
Primera Instancia Esteban Díaz Reyna desestimó el pedido de los
abogados defensores de Federico Luis Bocco y Raúl Costa y decidió
elevar a juicio la causa penal contra los exfuncionarios de la
cartera ambiental de la provincia de Córdoba acusados por desmontes
ilegales.
Según el
dictamen del magistrado, a los imputados se les atribuye haber
autorizado los proyectos de loteo "El Dorado II" y "El
Dorado III", que preveían el desmonte y cambio de uso de suelo
en un área natural protegida, contrariando así las normas
ambientales consagradas en leyes provinciales y nacionales, por
tratarse de zonas amarillas de bosque nativo ubicado en la localidad
de San Antonio de Arredondo, departamento Punilla.
Tras tomar
conocimiento de la resolución judicial, PUNTAL tomó contacto con la
doctora Marcela Fernández, abogada que patrocinó la denuncia penal,
quien sostuvo: "Hemos recibido la notificación con esta
resolución, en la cual se ratifica el pedido de elevación a juicio
que había realizado el fiscal en lo penal y económico hace algunos
años. Es una denuncia que habíamos realizado en octubre de 2012 y
en diciembre de 2016 elevó a juicio, hubo una oposición y ahora el
juez ratificó lo actuado por el fiscal", señaló la letrada.
“Es por los
mismos hechos, haber aprobado dos emprendimientos inmobiliarios en
zona de bosque protegida por ley y una subestación eléctrica sin
estudio de impacto ambiental ni audiencia pública", subrayó,
Entre los
fundamentos del fallo conocido, figura que la Empresa Provincial de
Energía Eléctrica de Córdoba –Epec– fue autorizada a construir
una Estación Transformadora "Carlos Paz Sur", con
equipamiento de alta tensión, también en zona amarilla y sin
Audiencia Pública.
En esta decisión
histórica, el juez de Control de Tercera Nominación valoró la
prueba incorporada por Adarsa ONG al proceso, de la que se desprenden
elementos suficientes para acreditar participación penalmente
responsable de los exfuncionarios de la Secretaría de Ambiente.
También, se les endilga a Bocco y Costa haber incumplido con la
convocatoria a Audiencia Pública, habiendo negado esa instancia de
participación ciudadana, por lo que se los acusa del delito de abuso
de autoridad.
“Los
funcionarios tenían a su cargo la aplicación de la leyes. En el
caso de Costa, había promulgado la ley de bosque nativo (9.814), no
podía alegar que no conocía las leyes y además de unos dictámenes
en contra que había dentro de los mismos expedientes que habían
sido expedidos por el Área de Bosques, específico de la Secretaría
de Ambiente. Desoyendo esto sacaron la autorización", señaló
la letrada y agregó: "Uno de los miembros de la ONG, el geólogo
Juan Carlos Ferrero, se constituyó en querellante y fue uno de los
primeros. Fue el primer precedente donde se admitió la figura del
querellante particular en defensa de intereses colectivos",
indicó.
La letrada
aseguró que el fallo es de "carácter histórico", y
afirmó que de las causas que se habían investigado en el foro Penal
Económico sólo había llegado a juicio “la de Kamerath, y si uno
revisa la lista hay varias denuncias contra funcionarios pero no
habían llegado a mayores instancias. Y ahora con esto se visibiliza
a los responsables de la política desastrosa que ha tenido en
materia de ambiente la provincia de Córdoba", subrayó.
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Fuentes:
Desmontes: elevan a juicio oral una causa contra Raúl Costa, 25/04/18, El Puntal de Villa María. Consultado 27/04/18.
Dos exfuncionarios de Ambiente, a juicio por autorizar desmontes ilegalesen la zona de Punilla, 25/04/18, El Puntal de Villa María. Consultado 27/04/18.
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