A los pobres rurales de Perú, la agenda social les queda lejos

por Mariela Jara

HUARO, Perú, 20 feb 2018 (IPS) - “Llegará el día en que la población no tenga que irse a las ciudades para superar la pobreza”, afirma convencido Elmer Pinares, alcalde de un municipio altoandino de Cusco, en el sur de Perú, donde la desnutrición y la falta de apoyo a la agricultura de subsistencia se encuentran entre sus principales problemas.

“Si yo fuera presidente del Perú reactivaría la serranía apoyando la pequeña agricultura y capacitando a mujeres y hombres frente al cambio climático, para que las comunidades aprovechen sus recursos y las familias tengan calidad de vida”, declaró a IPS el alcalde de Huaro, una localidad de 4.500 habitantes y situada a 3.100 metros sobre el nivel del mar.

Huaro es uno de los 12 distritos (municipios) de la provincia de Quispicanchi, a su vez una de las 13 que conforman Cusco, un departamento con altos índices de desigualdad y pobreza, pese a ser el epicentro turístico de Perú y la cuna de alimentos de gran valor proteico, como la quinua, el tarwi (Lupinus mutabilis) y la kiwicha o amaranto (Amaranthus caudatus).

Estos problemas se traducen en altos índices de desnutrición y anemia infantil en las zonas altas de su territorio, cercenando oportunidades a su población rural desde la más temprana infancia, contó Pinares, quien tras terminar su mandato trienal está decidido a volver desde 2019 a la docencia en la escuela local.

Unos 38.533 niñas y niños menores de tres años se encuentran en esa situación en las llamadas comunidades altoandinas de Cusco, todas de población mayoritariamente quechua, aseguró.

Perú, con 31,5 millones de habitantes, avanzó en la reducción de la desnutrición infantil en la última década, pero cifras oficiales muestran que en esta región de 1,4 millones de personas, se mantiene muy elevada, con una tasa de 53,1 por ciento, casi 10 puntos por encima de la media nacional, de 43,5 por ciento.

“Esta es la realidad en las comunidades de zonas altas de los Andes peruanos y que el gobierno nacional ignora”, comentó Pinares, quien durante su mandato ha impulsado el desarrollo de proyectos productivos en beneficio de las familias, con el soporte de un pequeño equipo técnico local.

Lo que ocurre en Huaro, comprobó IPS durante un recorrido por localidades rurales del área, se repite en los distritos ubicados por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar y parte del territorio donde se concentra la pobreza rural peruana.

Según los últimos datos al respecto del Instituto Nacional de Estadística e Informática, de 2016, la pobreza general en Perú alcanza a 20,7 por ciento de la población, pero la pobreza rural trepa a 43,8 por ciento, y de ella, 13,2 por ciento es extrema.

Para ese grupo de peruanos, la seguridad alimentaria es todavía una meta lejana, reconoció otro estudio oficial de 2017.

Las comunidades se sienten solas

En ese contexto se inscribe la sensación de soledad respecto del poder central que expresan las autoridades locales de las comunidades más postergadas del Perú, quienes con limitados recursos intentan promover el desarrollo en sus territorios.

“En la gestión apuntamos a combatir la desnutrición crónica infantil y nuestros esfuerzos se orientan a garantizar la seguridad alimentaria de las familias en extrema pobreza, después vendrá la comercialización si es que hay excedentes”, señaló a IPS el gerente municipal del distrito de Andahuaylillas, Enrique Achahui.

En su localidad, a casi 3.200 metros de altura, otro nuevo y urgente problema es la falta de agua, porque los manantiales en la cordillera andina están reduciéndose debido al cambio climático.

“Aquí la mayoría de familias se dedica a la pequeña agricultura, de allí comen, pero sin agua no habrá alimento. Pese a la gravedad de lo que vivimos no hay una atención prioritaria del gobierno central”, indicó el funcionario.

Un poco más arriba, a 3.553 metros sobre el nivel del mar, las autoridades municipales del distrito de Quiquijana, también en la provincia de Quispicanchi, están empeñadas en promover el desarrollo económico con proyectos productivos conducidos por las familias campesinas.

“En las comunidades altas la desnutrición infantil supera 50 por ciento y puede aumentar porque con el cambio climático se pierden los cultivos. Estamos desarrollando capacidades para la siembra y cosecha de agua, biohuertos orgánicos y crianza de cuyes (roedores andinos) para la alimentación”, dijo a IPS el funcionario municipal Efraín Lupo.

Su colega, Rosmary Challco, agregó que las heladas y granizadas están cayendo de manera imprevista quemando los cultivos, y poniendo en riesgo futuras siembras.

“Las familias no solo pierdan dinero, trabajo, pierden su alimento y esto es muy grave para quienes viven en las zonas altas. Lamentablemente no hay iniciativas de cambio desde el gobierno central”, dijo con desaliento.

La funcionaria llamó también la atención sobre la necesidad de impulsar políticas públicas focalizadas en los territorios altoandinos para reforzar la intervención local y sensibilizar con ella a la población en los cambios de patrones sociales para mejorar la vida de las comunidades.

“Necesitamos erradicar el machismo que impide que en las comunidades altas las niñas y mujeres se eduquen y vivan sin violencia (de género), para que puedan tener una profesión, se desarrollen y aporten a sus familias”, explicó.

Precisamente, la educación fue para Janed Nina la puerta que le abrió las oportunidades a su realización integral.

Ella cuenta con el apoyo de su familia para seguir estudios universitarios después de terminar el colegio (educación media), y hoy, como ingeniera agrónoma, contribuye al crecimiento de la finca familiar ubicada en la comunidad de Saclla en el distrito de Calca.

“Sembramos más de 40 hortalizas y lo que cosechamos enriquece nuestra dieta alimenticia. Los excedentes lo comercializamos y de esa forma tenemos un ingreso que ayuda al desarrollo de la finca”, declaró a IPS.

Ella, junto a sus dos hermanos también ingenieros, se dedica a cultivar la finca familiar y a compartir sus logros.

“Aquí hacemos capacitación en agroecología a las mujeres productoras, también hacen pasantías personas interesadas en aprender”, contó.

Para Nina la debilidad en la pequeña agricultura tiene que ver con la falta de visión del gobierno central que no la incluye como un área estratégica de producción, y con el hecho de que en vez de promover la capacitación productiva en las comunidades, se limite como Estado a brindar asistencia social.

“Necesitamos trabajar y poner manos a la obra para aprovechar nuestros recursos”, remarcó.

En el distrito de Cusipata, a 3.100 metros de altura y con unos 4.700 habitantes, la preocupación central de las autoridades es generar condiciones para que la población pueda mejorar su seguridad alimentaria y así reducir los índices de anemia y desnutrición entre la infancia local.

“Buscamos trabajar con grupos de mujeres organizadas, se han formado asociaciones de productoras de flores, de artesanía y de crianza de cuyes (Cavia porcellus). Pero se necesita sostener la asistencia técnica para dar sostenibilidad a sus proyectos”, expresó Vladimir Boza, gerente de desarrollo económico del municipio.

Desde la lejana Lima, analizó para IPS, el gobierno tiene escasa comprensión de la realidad en las zonas alto andinas, de allí la debilidad y falta de eficacia en las intervenciones.

“Por ejemplo hablan de especializar al productor agrícola para que se dedique a la agroexportación, y eso no es posible de realizar en las alturas porque con el cambio climático es inviable plantear los monocultivos”, dijo.

“Por el contrario, lo que hay que impulsar es la diversificación”, sentenció desde la experiencia.
 

Lo social cae en presupuestos latinoamericanos

Cerrar las brechas de desigualdad entre las zonas urbanas y rurales forma parte de las metas en la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para así lograr el ejercicio de derechos sin distinción de sexo, raza, etnia, origen u otra condición, recuerda La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en su último Panorama Social para la región.

Pero la agencia de las Naciones Unidas destaca que en los países de la región se impuso la cautela del gasto social después del periodo 2000-2015, cuando hubo un impulso que facilitó que sus países tuviesen en general un buen cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, precedentes de los ODS.

Es el caso de Perú, donde los presupuestos de 2015 y 2016 se destinaron 7,1 y 7,0 por ciento del producto interno bruto (PIB) al gasto social, mientras el año pasado la cifra se redujo a 6,5 por ciento.

La Cepal ha instado a resguardar el financiamiento para las políticas sociales, para hacer sostenibles los logros alcanzados, asumir los desafíos vigentes y avanzar en los 17 ODS.

Editado por Estrella Gutiérrez

Fuente:

Mariela Jara, A los pobres rurales de Perú, la agenda social les queda lejos, 20/02/18, Inter Press Service. Consultado 22/02/18.