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| Acción de Greenpeace en la finca Cuchuy, Salta, el 10 de enero de 2018. Foto: Greenpeace Argentina |
Un video muestra a militantes de Greenpeace enfrentar el desmonte en terrenos de la familia de Marcos Peña. Se viralizó un video en el que se ve a militantes de Greenpeace interponiéndose a las topadoras en Cuchuy, Salta. Esos bosques están protegidos por ley. La finca pertenece a un primo del jefe de Gabinete.
por Juan Funes
Un grupo de
activistas de Greenpeace lucha por frenar las topadoras en la finca
salteña Cuchuy -propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña, primo
segundo del Jefe de Gabinete, Marcos Peña-, en la que de 8962
hectáreas que había de bosques protegidos sólo quedan 3000. La
región está protegida por el Ordenamiento Territorial de Bosques
Nativos, pero fue rezonificada por el gobierno provincial de Juan
Manuel Urtubey a pedido de los propietarios de la finca para poder
plantar soja. Entre diciembre y lo que va de enero las topadoras
arrasaron con 400 hectáreas y avanzan hacia un poblado en donde
viven 10 familias wichi y 7 familias criollas.
“Estamos en
momentos críticos porque es uno de los pocos bosques que quedan en
pie en la zona. Si siguen desmontando nosotros vamos a seguir
protestando hasta que se detengan, pero sabemos que la solución, más
allá de nuestra lucha, es política: el empresario que está
haciendo esto participa en empresas de la familia Macri; el gobierno
nacional puede frenarlo con sólo levantar un teléfono”, dijo en
diálogo con PáginaI12 el coordinador de la campaña de Bosques de
Greenpeace, Hernán Giardini. “El primer día que llegamos a la
finca íbamos caminando y a lo lejos veíamos caer los árboles. Las
máquinas avanzan a un ritmo tremendo. Pudimos filmarlas y ponernos
adelante para que se detuvieran; ese día no pudieron seguir. Pero la
zona tiene la superficie de la mitad la Ciudad de Buenos Aires, por
lo cual nos resulta muy difícil frenar todas las máquinas”,
relató el activista.
La finca Cuchuy está ubicada en el departamento salteño de San Martín, a 70 kilómetros de la ciudad de Tartagal, y contiene bosque nativo de la ecorregión del Chaco Seco. El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos clasificó esa zona en la Categoría I–Rojo y II–Amarillo, lo que implica que no se permiten desmontes. Sin embargo, Urtubey autorizó la deforestación en esa región a pedido de los propietarios de la finca, entre los que se encuentran Alejandro Jaime Braun Peña y el Secretario de Legal y Técnica de la Nación, Pablo Clusellas, que forma parte del directorio de la firma. La organización ecologista ya había denunciado el caso en el año 2014 y frenado el desmonte hasta que sus activistas fueron detenidos.
La finca Cuchuy está ubicada en el departamento salteño de San Martín, a 70 kilómetros de la ciudad de Tartagal, y contiene bosque nativo de la ecorregión del Chaco Seco. El Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos clasificó esa zona en la Categoría I–Rojo y II–Amarillo, lo que implica que no se permiten desmontes. Sin embargo, Urtubey autorizó la deforestación en esa región a pedido de los propietarios de la finca, entre los que se encuentran Alejandro Jaime Braun Peña y el Secretario de Legal y Técnica de la Nación, Pablo Clusellas, que forma parte del directorio de la firma. La organización ecologista ya había denunciado el caso en el año 2014 y frenado el desmonte hasta que sus activistas fueron detenidos.
Giardini apuntó
que en el caso de la finca Cuchuy “se ve muy clara la relación
entre los políticos y los empresarios para poder deforestar y
plantar soja”. “El gobernador de Salta autorizó el desmonte en
32 fincas que se encontraban en zonas en donde no se podía
deforestar por la Ley Nacional de Bosques, un total de 144.984
hectáreas de bosque protegidos. En Cuchuy se rezonificó un total de
8962 hectáreas prohibidas, de las cuales quedan unas 3000”,
advirtió. Para los empresarios, el atractivo de estas tierras es la
relación entre su fertilidad y su valor: “mientras que en
Pergamino, provincia de Buenos Aires, una hectárea cuesta 15 mil
dólares, en esa zona se paga 500 dólares. Es más barato comprar un
campo allí y desmontarlo, que comprar un campo ‘limpio’ en la
pampa húmeda”, detalló el activista. En noviembre, el ministro de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman,
manifestó que el gobierno consideraba “revisar” la Ley de
Bosques, lo cual facilitaría el avance sobre los
bosques protegidos por parte de los empresarios sojeros.
Según explicó
Giardini, el área de monte que queda en pie es fundamental para la
vida de las comunidades indígenas Corralito, Cuchuy, San José, y
Chaguaral, al tratarse de su único sustento de alimentos y hierbas
medicinales. “Para estas comunidades los bosques son su base de
subsistencia: son la casa, el almacén y la farmacia de varias
comunidades indígenas. Destruirlos es un crimen”, señaló el
ambientalista. El desmonte en fincas linderas de la región y las
plantaciones de soja ya destruyeron la laguna de la cual estas
comunidades obtenían el agua para vivir. “La laguna quedó
totalmente contaminada por los agrotóxicos de los campos de soja de
las fincas linderas. Ahora para conseguir agua dependen de que el
municipio de General Ballivián les mande camiones cisterna. Estos
días hizo más de 40 grados y la situación del agua se agravó
todavía más”, afirmó. Ángel Amancio, miembro de la comunidad de
Corralito, contó a este diario que, en distintos momentos durante la
semana, “cortamos la Ruta Nacional 34 porque el intendente, Samuel
Córdoba, se había comprometido con mandarnos agua y no lo cumplió”.
Al igual que con
lo que ya ocurre con el agua, Giardini apuntó que “si desmontan
las hectáreas que quedan de monte, las comunidades tampoco van a
tener comida o medicina, y van a tener que acudir al gobierno
municipal también para este tipo de provisiones. El Estado no sólo
los tiene abandonados, sino que destruye sus medios naturales de
subsistencia”. Más allá de la vida material de las comunidades,
el activista describió que el bosque “es un lugar espiritual para
estas familias”. “Había un cementerio wichi que quedó tapado
por el desmonte. Donde nosotros vemos árboles ellos ven sus lugares
espirituales. Ahora no saben en dónde está su cementerio; no saben
en dónde están enterrados sus ancestros porque barrieron con todo
el bosque”, denunció.
Si bien la
zonificación establecida por la Ley 26.331 de Bosques fue modificada
por el gobierno salteño, hay otros artículos de esa norma, y de la
Ley de Emergencia Territorial Indígena (ley 26.160), que prohíben
el desmonte en la zona. El artículo 19 de la ley 26.331 establece
que “todo proyecto de desmonte o manejo sostenible de bosques
nativos deberá reconocer y respetar los derechos de las comunidades
indígenas originarias del país que tradicionalmente ocupen esas
tierras”. En el caso de Cuchuy, el avance de las topadoras no
cumple con este punto. En cuanto a la Ley 26.160, Giardini explicó
que “mientras el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)
está haciendo el relevamiento para evaluar si se trata de territorio
indígena que debe ser protegido -es decir, que no puede ser
desalojado- las topadoras avanzan, lo que es un desalojo de facto”.
La épica
legislativa
En noviembre del
año pasado el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación, Sergio Bergman, sostuvo en el marco de la Conferencia
Internacional de Cambio Climático (COP23), en Bonn, Alemania, que el
Gobierno considera necesario “revisar” la Ley de Bosques y la Ley
de Glaciares.
“Los proyectos
de leyes de ordenamiento territorial requieren revisión porque son
grandes ideas irreales que no tienen mecanismos de implementación,
fiscalización y de ejecución eficientes para su fin. Terminan
siendo una épica legislativa que se hizo el lobby para que se
proclame, y después no tienen ninguna trazabilidad sobre cómo esa
ley tiene un impacto real en el cambio de la matriz, del recurso
natural y el territorio que queremos preservar”, aseguró el
ministro. Bergman consideró entonces que las leyes de ordenamiento
territorial eran “épicas legislativas” y destacó “la pobreza
ejecutiva de impacto de todas las leyes de ordenamiento territorial”.
También afirmó que “entre todos tenemos que buscar balances entre
desarrollar actividades productivas y cuidar nuestros recursos
naturales”.
El coordinador de
la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, señaló a
PáginaI12 que “vamos a estar al pie del cañón para que eso no
pase”. El activista aseguró que “son leyes muy simples, que
establecen en qué lugares se puede explotar el territorio y en dónde
no. No hay ningún problema con la aplicación de estas leyes, sino
que es una voluntad política aplicarlas o no. En el caso de la finca
Cuchuy, depende del gobierno nacional y del gobierno de la Provincia
de Salta detener el desmonte”.
Negocios en
familia
La finca Cuchuy
es propiedad de Alejandro Jaime Braun Peña –primo segundo del Jefe
de Gabinete, Marcos Peña Braun– quien integra el directorio de
Finca Cuchuy S.A. con Pablo Clusellas, Secretario de Legal y Técnica
de la Nación. Braun Peña y Clusellas forman parte, además, de los
directorios de las empresas Salta Cotton S.A.; Latin Bio S.A.; Cremer
y Asociados S.A.; Hierros S.A. y Sideco Americana S.A., empresas
vinculadas al Grupo Socma, de la familia Macri, según rastrearon
integrantes de Greenpeace. Braun Peña compró en 1997 la finca El
Yuto, cercana a Cuchuy, para la empresa Yuto S.A., también de la
familia Macri.
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Fuentes:
Juan Funes, Poner el cuerpo a las topadoras, 15/01/18, Página/12. Consultado 15/01/18.
La épica legislativa, 15/01/18, Página/12. Consultado 15/01/18.
Negocios en familia, 15/01/18, Página/12. Consultado 15/01/18.
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