El gobierno
chileno multa y expulsa a la Barrick Gold. La utopía reaccionaria del Tercer País.
En memoria del
gran luchador
ambiental Javier Rodríguez Pardo
ambiental Javier Rodríguez Pardo
En octubre de
2011, publiqué el libro “El Mal. El Modelo K y la Barrick Gold.
Amos y servidores en el saqueo de la Argentina”, donde revelé los
antecedentes criminales de la megaminera canadiense (que supo ser en
sus orígenes tapadera de la CIA), denuncié el gigantesco peligro
ambiental que suponía el proyecto Pascua-Lama y cuestioné que
varios gobiernos de Argentina y Chile hubieran firmado un Tratado y
diversos Acuerdos Bilaterales (algunos secretos), hechos a medida
para favorecer a la empresa.
En aquel momento,
Cristina Fernández de Kirchner había ganado las elecciones con el
54 por ciento de los votos y mi libro era manifiestamente inoportuno,
porque recordaba que la Presidenta había vetado la ley de glaciares
para beneficiar, directamente, a la Barrick Gold.
Apenas cuatro
años después, mis previsoras advertencias se convirtieron en
noticia, con un primer derrame de agua cianurada al que siguieron
otros dos, al año siguiente, ya en la era de Mauricio Macri, tan
sometido como Cristina a las supuestas bondades de la empresa
canadiense.
En total los
derrames superaron el millón de metros cubicos, unas diez veces más
que el desastre ocurrido en el sistema fluvial Tisza-Danubio, que
motivó -a nivel de toda Europa- la prohibición de la megaminería
que utiliza cianuro.
Las multas
aplicadas fueron ridículas y el ministro de Ambiente, Sergio
Bergman, sólo atinó a disfrazarse de rúcula, en un happening que
hubiera envidiado Martha Minujin.
Parecía que el
gatopardismo se impondría, hasta que el 18 de enero último, la
Superintendencia de Medio Ambiente de Chile dispuso -entre otras
medidas punitivas- “la clausura total y definitiva” del Proyecto
Pascua Lama y la Compañía Minera Nevada SpA, que es como quiso
llamarse allí la Barrick Gold.
De este modo se
ponía fin a la utopía reaccionaria del Tercer País, inventada por
las mineras e institucionalizada por los políticos corruptos de
Argentina y Chile. Ese tercer país de las alturas infranqueables,
flojo de aduanas y controles estatales, que describió con agudeza el
economista chileno Julián Alcayaga.
¿Cómo hará el
macrismo en el poder para seguir beneficiando a la Barrick y otras
megamineras que están violando la Ley de Glaciares y la de Ambiente?
¿Se animará en marzo a presentar su propia Ley de Glaciares, en
favor de quienes vienen a contantaminar y saquear el territorio
nacional? ¿Habrá algún legislador argentino que proponga la
denuncia de un Tratado Binacional, que ha dejado de tener vigencia?
¿Avanzará ahora el proceso que está llevando a cabo, con honradez,
el juez Sebastián Casanello?
Mientras estas
preguntas esperan respuesta, conviene repasar las razones que tuvo el
gobierno chileno para clausurar Pascua Lama y expulsar a la empresa,
tras el pago de una multa que para el monstruo es la papa del loro.
“Daño
ambiental irreparable”
La
Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) de Chile determinó que
cinco de los incumplimientos de la empresa “merecen la sanción de
clausura total y definitiva”. De estos cinco, dos “produjeron
además daño ambiental irreparable”.
Además de la
clausura se impuso una multa de 6.973 millones de pesos chilenos, que
equivalen a 11.570.482 dólares, cifra manifiestamente insuficiente
para compensar daños ambientales de gran magnitud. Realmente exigua,
si agregamos los estragos considerados “irreparables” y otros que
no suelen estimarse en las indemnizaciones: nadie ha calculado hasta
ahora cuánto vale una montaña dinamitada o un glaciar envenenado.
La SMA recordó
que en junio de 2016 se unificaron dos procedimientos de sanción
contra la minera (uno de los cuales se había originado en 2013). La
acumulación de ilícitos ambientales, que conforman un verdadero
ecocidio, más la presión social de ambientalistas y regantes
permitió que este monopolio, nacido en las oscuridades del poder
imperial, fuera finalmente sancionado. No hay exageración: baste
recordar que la Barrick Gold tuvo accionistas tan influyentes como el
ex director de la CIA y Presidente de los Estados Unidos George
Herbert Walker Bush y el traficante de armas saudita Adnan Kashoggi.
No es de
extrañar, entonces, que el procedimiento significara “un enorme
esfuerzo de investigación y análisis llevado adelante por un equipo
multidisciplinario de la SMA, incluyendo la revisión de miles de
páginas de documentación e informes especializados de diversos
peritos y solicitudes de información a servicios públicos, entre
otras diligencias”.
Entre los
múltiples incumplimientos de la empresa canadiense que justifican la
aplicación de la clausura definitiva “se encuentra la intervención
de vegas altoandinas; la afectación de diversas especies de fauna y
flora nativa (entre ellas, algunas protegidas por categorías de
conservación), el monitoreo incompleto de glaciares y glaciaretes;
la descarga de aguas ácidas al río Estrecho sin cumplir con las
normas de calidad del agua, entre otros. Esta sanción toma en cuenta
la importancia del daño causado, como también la criticidad,
extensión y duración del efecto generado”.
Si a estas
gravísimas irregularidades perpetradas en territorio chileno, le
sumamos los tres derrames de agua cianurada ocurridos en nuestro
suelo, entre 2015 y 2016 (o sea, entre CFK y Macri), podemos afirmar
que estamos ante un verdadero “ecocidio” andino.
Este ecocidio
hubiera sido impensable sin la complicidad dolosa de los dirigentes
políticos locales (tanto provinciales como nacionales) y por eso
vemos ahora a Mauricio Macri, tratando de “reformar” la ley de
glaciares por los mismos motivos inconfesables que tuvo Cristina en
su momento para vetarla de manera total. Unos son cipayos “nacionales
y populares” y otros cipayos gerenciales y oligárquicos. Ninguno
de los dos responde al interés nacional, que se resume en el
sencillo slogan acuñado por los verdaderos ambientalistas de todos
los tiempos: “sin oro podemos vivir, sin agua, no”.
Fuente:
El cierre de Pascua-Lama, 25/01/18, El hombre que sabía morir.
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