El largo proceso para demoler los edificios dañados genera una gran tensión entre los vecinos y el Gobierno local.
por Mónica Cruz
En la calle Paseo
del Río no hay paso, ni para los autos, ni para los peatones. Una
malla de plástico anaranjado bloquea esa vía de Paseos de Taxqueña,
en el sur de la Ciudad de México. “Es por nuestra seguridad y la
de ustedes”, dice una mujer que mata el tiempo insertando perlas de
fantasía en un hilo transparente. Confeccionar rosarios es su
pasatiempo cuando cumple el turno de vigilancia vecinal tres veces
por semana. El ama de casa, quien prefiere que no se publique su
nombre, está sentada en una silla plegable a unos 20 metros de su
edificio. Esa es la distancia más cercana a la que puede estar de su
hogar desde el sismo del pasado 19 de septiembre.
Los vecinos de la
colonia resguardan la zona para evitar que los ladrones saqueen sus
edificios, desalojados desde hace dos meses por órdenes del Gobierno
capitalino. “El nuestro no sufrió ningún daño estructural,
afortunadamente”, dice la vecina después de apuntar, sin soltar el
hilo, al edificio anaranjado en el que ha vivido la mayor parte de su
vida adulta. Pero el terremoto de 7,1 grados destruyó el interior
del inmueble de al lado, Paseo de Río 10, sin posibilidad de ser
reconstruido, según las conclusiones de Protección Civil. “Están
permitiendo a la gente sacar sus pertenencias”, dice la vigilante
improvisada. “Una vez que saquen todo, ya empiezan con la
demolición”. De eso depende que ella y su familia se muden de un
espacio de oficina en el que han vivido desde septiembre y regresen a
su hogar. “Hemos sentido mucha desesperación, pero hay que ser
pacientes”, dice. “No nos queda otra”.
Paseo del Río 10
forma parte de una lista de 24 edificios en la Ciudad de México que
fueron diagnosticados como irreparables tras el sismo. De esos, solo
cuatro han sido tirados a dos meses del terremoto. Las demoliciones
que normalmente llevan de tres a cuatro semanas en concluirse han
sido postergados por la resistencia de los habitantes y propietarios,
quienes temen la pérdida total y no reembolsable de su patrimonio.
El aplazamiento del plan también prolonga el bloqueo de las calles
en las que se encuentran los edificios y el desalojo de las
residencias y negocios aledaños.
La parálisis ha
tensado la relación entre vecinos y lastima la ya dañada imagen del
Gobierno de la Ciudad por su respuesta ante la emergencia, percibida
por los afectados como tropezada y tardía. La desesperación por
regresar a la normalidad diluye rápidamente el sentimiento de
solidaridad que inspiró en su momento la tragedia de septiembre.
Para Jaime Valencia, propietario de cinco negocios en la calle de
Génova, en la famosa Zona Rosa de la capital, el bloqueo de la vía
significa también millones de pesos en pérdidas. “Este año ha
sido el peor para nosotros, porque nuestras ventas cayeron un 40% por
las obras de remodelación que terminaron el 8 de agosto”, comenta
el empresario. “Unas semanas después ocurrió el desastre”.
La fuerza del
sismo terminó con la columna vertebral de Génova 33, un edificio de
ventanas triangulares que destaca entre los locales de la angosta
vía. El inmueble residencial de 10 pisos está rodeado de más de 50
negocios, entre bares, restaurantes y tiendas. De esos, tan solo
pueden operar dos: una papelería y una relojería ubicadas casi en
la esquina con paseo de la Reforma, área que también está
acordonada desde el sismo. “He tenido que pararme en la calle para
atraer clientes al negocio”, comenta Enrique Tellez, dueño de la
relojería que comenzó su familia hace medio siglo. “Esta calle es
muy transitada y ahora está completamente desolada, como un
fantasma”. Detrás de él, un par de personas hablan con una de sus
empleadas a través de las ranuras de la cortina de metal que el
negocio debe mantener extendida todo el tiempo por órdenes de
Protección Civil. “No hay quien nos informe de lo que está
pasando y cuando nos dicen algo, luego no lo cumplen”, dice Tellez,
mientras muestra en la pantalla de su celular los mensajes sin
respuesta que ha enviado a los representantes del Gobierno y la
Delegación.
Después de dos
meses de reuniones esporádicas entre las autoridades y los
empresarios de la zona, los representantes de la Delegación
Cuauhtémoc han prometido reabrir la calle el 23 de noviembre. En la
lista de edificios por demoler, Génova 33 se encuentra en la columna
titulada En proceso. “En Génova 33 no existe demora”, asegura un
representante de la Secretaría de Obras de la Ciudad en un
comunicado. “Las labores preliminares se realizaron a través de
cuatro puntos de topografía tridimensional, tecnología de punta que
nos permitió conocer la situación real de la zona y su cuidado”.
Una serie
estudios meticulosos también se realizaron antes de derribar el
edificio Miramontes 3010, asegura Gerardo Báez, director general de
Construcción de Obras para el Transporte de la Ciudad de México y
uno de los principales encargados de las demoliciones tras el sismo.
“El proceso puede llevar entre tres y cuatro semanas, depende de la
altura del edificio y las condiciones. Por ejemplo, hay avenidas
amplias dónde sí se puede demoler, otras donde de plano es muy
difícil”. Frente a él, la garra de un vehículo de excavación
arranca pedazos de lo que queda del edificio de cinco pisos. La
máquina avanza bajo una montaña de escombros que sirve como escalón
para derribar los pisos más altos. Entre la pila de metal y concreto
se asoman restos de ropa y muebles despedazados que los inquilinos
optaron por abandonar.
La lista de 24
edificios por demoler no es definitiva. El número puede aumentar
conforme los representantes de las 16 delegaciones de la Ciudad de
México entreguen los reportes de revisión de los inmuebles a las
juntas de la Comisión de Emergencia de la capital, creada tras el
sismo. “No hay prioridad. Como se van liberando de la Comisión así
se van atendiendo.”, explica Báez. “A veces aunque ya están
listos para demoler luego suele pasar de que hay instalaciones
ocupadas o los propietarios se amparan para retirar sus pertenencias
o porque no quieren que se demuela el edificio. Esto detiene el
proceso”.
La recuperación
de esos inmuebles dependerá de lo que establezca la Ley de
Reconstrucción por el sismo. La propuesta continúa paralizada en la
Asamblea Legislativa de la Ciudad, en parte por una guerra política
dentro del Congreso local.
Mientras tanto,
los representantes del Gobierno capitalino le han comentado a Rosa
Suárez sobre la posibilidad de obtener un crédito en caso de que su
departamento en Miramontes 2990 deba reconstruirse o no tenga remedio
y deba mudarse a otro sitio. “No podemos ser damnificados y además
deudores”, dice con ojos llorosos la propietaria de 65 años.
“Tardé 30 años en pagar mi departamento, 30 años de esfuerzo y
te lo quieren volver a cobrar”. Desde septiembre ha vivido en la
casa de unos familiares, pues su edificio colinda con el 3010 que
comenzó a ser demolido a mediados de noviembre. Los inspectores de
la ciudad no le darán un diagnóstico de su vivienda hasta que
finalice el derribo del edificio vecino. Mientras las máquinas tiran
la estructura, Suárez pasa la mañana en un centro de acopio
instalado a unos metros de la zona de demolición. El campamento
también funciona como caseta de vigilancia, desde la que Suárez se
asoma de vez en cuando para mirar su edificio, acordonado, solo
habitado por sus muebles y los de sus vecinos.
Fuente:
Mónica Cruz, La pesadilla del terremoto no ha terminado en la Ciudad de México, 24/11/17, El País.
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