La Amazonia no es nuestra

Vista del sitio de construcción de la presa Belo Monte, sobre el río Xingú, Brasil, el 13 de marzo de 2014

El Gobierno de Temer y la bancada ruralista del Congreso se empeñan en transformar la mayor selva tropical del mundo en la propiedad privada de unos pocos.

por Eliane Brum

La movilización que llevó a Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), a echarse atrás en su decisión de permitir que empresas mineras explotasen la RENCA (Reserva Nacional de Cobre y Asociados) muestra que la Amazonia sigue teniendo un fuerte poder simbólico en el imaginario de los brasileños. Temer también ha sido duramente criticado en el exterior por la deforestación de la Amazonia y ha tropezado con los números, cometiendo una metedura de pata tras otra. Es bastante significativo que las principales derrotas simbólicas del grupo que ocupa hoy el poder ejecutivo y domina el legislativo en Brasil estén relacionadas con la Amazonia. Pero es fundamental darse cuenta de que ninguno de estos momentos vergonzosos, dentro o fuera del país, ha estancado el proceso acelerado de privatización de las tierras en la mayor selva tropical del planeta, ni ha frenado la creciente violencia contra campesinos y pueblos tradicionales. Para entender lo que sucede hoy en la Amazonia, es necesario no solo el famoso follow the money (seguir el dinero), sino también otro movimiento: seguir la sangre.

Desde que Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), fue destituida sin base legal de su puesto de presidenta del país, 76 personas han sido asesinadas en la Amazonia por conflictos de tierra. La violencia en la región ya era alta durante el Gobierno de Rousseff y ha empeorado mucho y a un ritmo acelerado durante el Gobierno de Temer. En 2016, hubo 48 homicidios: 19 en el Gobierno de Rousseff y 29 en el Gobierno de Temer. En 2017, ya van 47 asesinatos en la Amazonia y 59 en todo el país. Este año, el estado de Pará lidera el ránking de muertos por conflictos de tierra, con 18 asesinatos, seguido del Estado de Rondonia, con 15. Desde que Temer asumió el poder, cada seis días se produce un asesinato por disputa de tierras en la Amazonia. Y la tendencia es que aumente. Las cifras son del Atlas de Conflictos en la Amazonia, que acaba de ser publicado por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) y la Red Eclesial Panamazónica (REPAM).

Para quien actúa en la Amazonia, la tensión es algo que casi se puede tocar. El momento se parece mucho al que se vivió al inicio de los años 2000, cuando varios líderes fueron ejecutados en lo que se denomina en la región el "consorcio de la muerte", que culminó con el asesinato de la misionera Dorothy Stang, en 2005. Es importante tener muy claro que, cuando Brasilia emite señales de que la bancada ruralista domina el Gobierno, el crecimiento de la violencia es inmediato en la Amazonia.

En el sudoeste de Pará, la apropiación ilegal de tierras públicas avanza sobre el corredor de áreas protegidas de las orillas de los ríos Xingú y Tapajós, incluyendo las reservas extractivas [tierras protegidas donde recolectores del bosque emplean prácticas sostenibles] de la Terra do Meio. Los avisos de los líderes, de que el "consorcio de la muerte" se organiza y actúa con cada vez más desenvoltura, llegan de todos lados. Y los órganos que deberían reprimirlo, como la Policía Federal y el IBAMA (Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables), dan respuestas lentas o no dan ninguna, haciendo que los más frágiles estén todavía más desprotegidos. La situación es cada vez más explosiva. Y que nadie finja que no lo sabe en un futuro próximo.

Si las muertes de los campesinos, indígenas, quilombolas y ribereños les suenan lejanas a los que viven en el centro-sur del país, hay que entender que las razones por las que se ejecuta a las personas son muy cercanas. Y la fuerza tanto de su resistencia como el hecho de que las hagan desaparecer concierne a todos. Y no solo en Brasil, sino en el planeta. Hay que entender que estas muertes están directamente relacionadas con algo grave y determinante para el futuro: la transformación de la selva amazónica en propiedad privada.

Aunque la transformación de tierras públicas en privadas sucede en la Amazonia desde el siglo XIX, el proceso se sofisticó a finales de la primera década de los años 2000 y, en este momento, avanza a una velocidad apabullante. Para entenderlo, vale la pena adentrarse en un libro publicado este año y disponible en Internet: “Dono é quem desmata” – conexões entre grilagem e desmatamento no sudoeste paraense ["Quien deforesta es el dueño": conexiones entre la apropiación ilegal y la deforestación en el sudoeste de Pará]. Los autores Mauricio Torres, Juan Doblas y Daniela Fernandes Alarcon muestran como la "ilegalidad" se ha convertido en "irregularidad". Y así, la "lucha contra la apropiación ilegal" se ha convertido en esfuerzo para "regularizar las tierras", lo que casi mató de alegría a los grandes ladrones de tierras públicas de la Amazonia, actores influyentes en Brasilia.

El proceso es sofisticado, el cambio de palabras es sutil. La apropiación fraudulenta de tierras públicas por parte de individuos o empresas privadas es un crimen. Lo que pertenece a Brasil lo toma, en general por la fuerza, un individuo o un grupo de individuos o una empresa. Históricamente, el robo de tierras públicas se regularizaba con títulos de propiedad falsos, obtenidos en una intrincada cadena en la que estaban implicados también dueños de notarías. Hoy en día, eso casi ya no es necesario. Como muestran los investigadores, las ilegalidades crean leyes, que, a su vez, crean otras ilegalidades. La acumulación de crímenes ambientales genera amnistías, que incentivan nuevos actos ilícitos, con la seguridad de que contarán con nuevas amnistías.

Y hay muchos más proyectos de ley para legalizar el crimen que esperan ser tramitados en el Congreso, dominado por la llamada "bancada ruralista". Siempre vale la pena repetirlo: cuando se menciona a la "bancada ruralista", no se trata de los productores rurales que ponen comida en la mesa de la población ni del agronegocio que utiliza la tecnología para mejorar la productividad, sino de las viejas oligarquías que definen la historia de Brasil, aquellas que solo saben amasar fortunas expandiéndose y apropiándose de lo que es público. Los productores rurales serios, conectados con los avances tecnológicos y preocupados con los efectos del cambio climático sobre la producción, no forman parte de este grupo.

Hay una conexión directa entre la apropiación ilegal, la deforestación y las muertes por conflictos de tierra en la Amazonia. Del mismo modo, donde hay apropiación ilegal y deforestación hay trabajo esclavo. Este es el Brasil que se extiende por la Amazonia en este momento. El más atrasado, el que funciona a base de motosierra, bala y esclavitud. Este es el "puente hacia el futuro" del que hablaban los grupos que llevaron a Brasil a los días actuales.

"Quien deforesta es el dueño", el título del libro, hace referencia a la declaración de un ladrón de tierras públicas de Novo Progresso, una de las regiones del Estado de Pará con más conflictos. Y él sabe lo que dice. El estudio muestra que la tierra deforestada llega a valer 20 veces más que otra equivalente cubierta de vegetación. Y ese es un valor medio. Los autores encontraron casos en que la tierra se había revalorizado hasta 200 veces. Apropiarse y deforestar y vender es un gran negocio. "No concuerdo con el hecho de que la soja o el ganado generan la deforestación. La genera la apropiación", afirma Mauricio Torres, doctor en Geografía Humana por la Universidad de São Paulo (USP) y uno de los mayores conocedores de los conflictos de tierra en el Estado de Pará, durante un evento para discutir la degradación de la selva realizado en Altamira el 29 de septiembre. "Quien deforesta, en general, no tiene reses, ni nunca ha criado un ternero o ha plantado un grano de soja. La tierra servirá para eso después. La deforestación y el precio de la tierra van de la mano".

La transformación de lo "ilegal" en "irregular" se intensificó durante el Gobierno Lula, cuando empezaron a quedar claras las alianzas con la bancada ruralista, que se volvieron todavía más íntimas durante el Gobierno de Dilma Rousseff y continuaron con Michel Temer. Algunos miembros del PT, que hoy vociferan contra la venta de la Amazonia, fueron hasta ayer muy activos en este proceso. Pero siempre se puede contar con la amnesia colectiva del país de la desmemoria. O con aquellos que piensan que nunca es el momento adecuado de criticar el PT. Estos también se olvidan rápidamente de los que mueren por acción o inacción. Deberían explicar por qué no es el momento adecuado a los familiares de los muertos.

Los autores citan el programa Tierra Legal, de 2009, durante el Gobierno Lula, como hito en el proceso de legalización de la apropiación en la Amazonia. Se instituyó con la Medida Provisional 458, que se sancionó como ley 11.952. Entre otras cosas, regularizaba todas las fincas que tuvieran hasta 1.500 hectáreas de tierras públicas en la Amazonia Legal y que hubieran sido ocupadas antes de diciembre de 2004. En teoría, el programa serviría para regularizar la situación de los pequeños ocupantes, aquellos que vivían en la tierra y de la tierra. En la práctica, el programa sirvió -y los autores defienden que se creó para eso- para regularizar la apropiación ilegal que practicaban los grandes. En aquella época, se bautizó como "MP de la apropiación" y, después, como "Ley de la apropiación".

Los números ayudan a ver mejor los objetivos: los pequeños eran casi el 90% de los beneficiarios, pero ocupaban menos del 19% del territorio; los grandes eran menos del 6%, pero ocupaban el 63% del territorio. Los pequeños conseguían resolver su situación y corregir las injusticias con la ley que ya existía. No hacía falta crear nada nuevo. Por eso, afirma Torres, el programa Tierra Legal se pensó para legalizar la apropiación. Ariovaldo Umbelino de Oliveira, profesor de la Universidad de São Paulo y uno de los principales estudiosos de la cuestión agraria en Brasil, afirmó, refiriéndose a la ley: "El 2009 pasará a la historia del origen de la propiedad privada capitalista de la tierra en Brasil de la misma forma que entró la ley de tierras de 1850".

Como ejemplo de la situación de aquel momento, el investigador Mauricio Torres relata: "En 2009, el municipio de São Félix do Xingu, en Pará, que tiene una extensión de 8,4 millones de hectáreas, contaba con registros de títulos que sumaban más de 28,5 millones de hectáreas de propiedades. Según esa cuenta, São Félix do Xingu tendría tres ‘pisos’. Un edificio modesto, si tenemos en cuenta la existencia de casos mucho peores, como el de Vitória do Xingu, también en Pará, donde los títulos de propiedad registrados sumaban centenas de veces la extensión del municipio".

El investigador hace una comparación para explicar el impacto del programa Tierra Legal: "Si tienes un coche sin documentación, estás cometiendo una irregularidad, pero el coche es tuyo. Pero si tienes un coche robado, es ilegal, no puedes regularizar un coche robado". Con la excusa de regularizar a los pequeños, los que realmente estaban irregulares, el Tierra Legal habría legalizado el crimen que practicaban los grandes. Si la historia de Brasil es también una sucesión de iniciativas para regularizar la apropiación, el Tierra Legal inaugura una serie de legislaciones que volvieron este proceso mucho más sofisticado e insidioso. Básicamente, consuma una perversión también en el lenguaje: lo que era "ilegal" se vuelve "irregular", lo cual lo cambia todo.

A partir de aquí, el falsificador de títulos "va tejiendo relaciones legítimas a partir de algo ilegítimo". Ya no le hace falta cometer más crímenes, como producir documentos falsos para legitimar la tierra pillada. Se puede hacer todo dentro de la ley. Los documentos ahora son "legales". El nuevo y controvertido Código Forestal, de 2012, cuya constitucionalidad será juzgada en breve por el Supremo Tribunal Federal, ha perfeccionado todavía más la producción de legalidad donde antes había crimen.

Los autores critican con contundencia el Registro Ambiental Rural, instituido por el nuevo Código Forestal, contrariando a muchos que lo ven como un instrumento importante de gestión ambiental. El registro, según Torres, tendría la intención de integrar a la finca la información referente a los parámetros ambientales, dividiendo en zonas las áreas de preservación permanente, las reservas legales, etc. Pero, de la manera como se hace, el registro se habría convertido en un instrumento de apropiación ilegal de tierras. Al ser un documento declarativo, en el que la información que se ofrece inicialmente es de responsabilidad del supuesto propietario, el registro se ha utilizado como instrumento para comprobar una posesión, y se ha convertido así en otra herramienta de la apropiación ilegal.

El cruce de datos sobre la deforestación, el Tierra Legal y el Registro Ambiental Rural, sumados a los datos obtenidos en campo, según el investigador, indican el fallo de esos mecanismos también en la cuestión ambiental. En la Operación Castañera, coordinada por la Fiscalía, la Policía Federal, el IBAMA y Hacienda en 2014, se divulgó la grabación de una llamada telefónica autorizada por la justicia. En el diálogo entre un ladrón de tierras públicas y una persona interesada en comprar tierras, el Registro Ambiental Rural aparece como la respuesta a la demanda de documentación de la tierra: "- Y la documentación, ¿cómo funciona? ¿Hay una escritura o todo se basa en un contrato? - La mayoría no tiene escritura. Hay una serie de documentos. Existe el Registro Ambiental Rural, para que puedas meter ganado, para tener la guía de tráfico de animales y tal. Y después podrás pedir el título de la tierra. Espera un poco, que el documento sale".

Para ejemplificar como el Tierra Legal y el Registro Ambiental Rural impactan en la realidad cotidiana de la Amazonia Legal, los investigadores reproducen un anuncio en internet de 2016, en el que se ofrece una hacienda de 100.000 hectáreas en el municipio de Jacareacanga, en el estado de Pará. El vendedor ofrece tierras públicas con un tamaño 50 veces mayor que el límite constitucional para adquirir tierras de la Unión sin autorización del Congreso Nacional. Y lo hace de la siguiente manera: "Es un área ocupada tranquila y pacífica y se está haciendo la Geo (georreferenciación) para después registrarla en el Registro Ambiental Rural, solicitar el título definitivo y consiguiente escritura definitiva. Se está haciendo la desmembración del área de hasta 1.500 hectáreas en el proyecto Tierra Legal".

Con Michel Temer y el que posiblemente es el Congreso más corrupto de la historia reciente de Brasil, el proceso se ha perfeccionado y acelerado. La ley 13.465/17, nacida de la Medida Provisional 759, fue sancionada en julio de este año por el presidente que ha sido denunciado dos veces por corrupción. Se conoce como "Ley de la Apropiación" porque es exactamente lo que es. Con la excusa de "regularizar" la situación de personas que muchos años atrás ocuparon áreas públicas "de buena fe" para vivir en ellas, la ley permite que los que ocuparon tierras públicas hasta 2011 -o sea, ayer- sabiendo que eran públicas puedan "regularizar" sus apropiaciones de hasta 2.500 hectáreas, un área equivalente a 57 Vaticanos. Solo hace falta expandir los testaferros para legalizar apropiaciones de 2.500 en 2.500 hectáreas. Mediante este acto "legal", Temer y el Congreso han amnistiado a los falsificadores de títulos. No solo los han amnistiado, sino que han convertido a criminales en "ciudadanos de bien", totalmente dentro de la ley.

Lo curioso es que la ley de 2009 se conocía como la "Ley de la Apropiación", y la ley de 2017 también se conoce como la "Ley de la Apropiación". El PT estaba en el poder cuando la primera, y hoy el PT denuncia judicialmente la segunda. Pero lo que hace la Ley de la Apropiación número 2 es abrir todavía más la puerta de lo que la abrió la Ley de la Apropiación número 1: ha pasado de 1.500 a 2.500 el número de hectáreas que se pueden regularizar y ha extendido de 2004 a 2011 el año de "ocupación". No es que Brasil tenga problemas solo con la memoria pasada. El país sufre pérdida de memoria reciente.

En la política para la Amazonia, lo que se ve tras la destitución de Dilma Rousseff es continuidad y no rompimiento, al contrario de otros sectores, como los de la salud y la educación. Continuidad con mucho menos pudor y de forma mucho más acelerada, pero aun así continuidad. Es importante darse cuenta también de que los proyectos de ley que legalizan la apropiación corren rápido, prácticamente vuelan, mientras que las demarcaciones de tierras indígenas y la creación de unidades de conservación están paralizadas o retroceden.

Se está fortaleciendo la apropiación y el latifundio, y se está fragilizando a los pueblos tradicionales, justamente los que no ven la tierra como propiedad sino como reproducción de la vida. Obviamente, esto es la decisión política de un proyecto que no ha sido elegido, con graves consecuencias para todos. Y no solo es una decisión política, sino que principalmente es el dibujo de un país. Lo que se dibuja en este momento con trazos rápidos es un Brasil todavía más injusto y predatorio.

¿Cómo resuena esto en la Amazonia, escenario donde suceden todos los crímenes, muy lejos de las capitales? Como una autorización total e ilimitada para robar tierras públicas y después deforestarlas. Y a los que estén en medio, como los pequeños, los que supuestamente deberían beneficiarse de la ley, se les expulsa, se les incendia las casas y los cultivos y, como ya se ha visto, a muchos se los mata. Si el Estado promueve la legalización del crimen, ¿quién los defiende?

Con la posible legalización de las actividades de los que los ordenan, los asesinatos a sueldo están en alza. En este contexto suceden las masacres como la del municipio de Colniza, en el noroeste del estado de Mato Grosso: nueve trabajadores rurales fueron ejecutados el 19 de abril, después de sufrir durante más de una década la violencia de los ladrones de tierras, sin que pudieran hacer nada. También es este el contexto de la masacre de Pau D’Arco, en el sudeste del estado de Pará, en la que policías torturaron y ejecutaron a diez trabajadores rurales, el 24 de mayo. ¿Y dónde está la justicia?

¿Los falsificadores y la bancada ruralista están satisfechos con la transformación de la ilegalidad en irregularidad y, después, en regularización? Claro que no. Por su naturaleza, siempre quieren más.

De esta forma, es importante entender otro hecho. Desde que se crearon, aprobaron y sancionaron leyes que legalizan el robo de tierras públicas, los falsificadores solo no consiguen legalizar las apropiaciones de tierras en unidades de conservación, aunque existan solo en el papel. Para esas tierras (todavía) no se pueden producir documentos. Esta es una de las razones de la presión, cada vez mayor, para reducir las unidades de conservación o desprotegerlas. Una de las estrategias es ocuparlas y deforestarlas y, a continuación, presionar para que, ya que están ocupadas y deforestadas, dejen de ser unidades de conservación y se abran a la explotación legal.

Entre las varias presiones para reducir las unidades de conservación y retroceder en la demarcación de las tierras indígenas, el caso de la Floresta Nacional del Jamanxim, en el estado de Pará, es casi un powerpoint sobre la operación para fragilizar la Amazonia. Primero, Michel Temer intentó desproteger centenas de miles de hectáreas con una medida provisional. La reacción dentro y fuera del país lo obligó a retroceder. Pero como para mantenerse en el Palacio del Planalto, no necesariamente en el poder, ya es rehén de la bancada ruralista, envió al Congreso un proyecto de ley todavía peor, en el que 354.000 hectáreas dejan de ser Floresta Nacional, una categoría legal más protegida, para convertirse en Área de Protección Ambiental.

El nombre es bonito, pero en la práctica significa que 354.000 hectáreas de selva amazónica serían legalmente aptas para actividades como la agricultura y la ganadería. La medida beneficia a los grandes ladrones de tierras, por lo menos dos de ellos alcaldes de municipios de la región, como mostró el reportaje del diario O Globo, que se apropiaron de por lo menos 44.000 hectáreas, un área mayor que la de la ciudad de Curitiba. Y ocuparon el área después de que se creara la Floresta Nacional del Jamanxim: o sea, sabiendo perfectamente que estaban cometiendo crímenes, pero siempre contando con sus amigos en el poder ejecutivo y en el Congreso, que, como sabemos, nunca los decepcionan. Pero el proyecto de ley, obviamente, se justifica como una acción para regularizar la situación de pequeños ocupantes de buena fe y blablablá.

Recapitulando. ¿Es una molestia arriesgarse a que lo detengan a uno en algún momento y comprar o utilizar una serie de personas para falsificar los títulos de tierras? No pasa nada. Los amigos del Ejecutivo y del Congreso hacen las leyes para legalizar el crimen. ¿Aun así las unidades de conservación y las tierras indígenas no se pueden robar? Pues las ocupamos, las deforestamos y ponemos unos sicarios, teniendo en vista que la pandilla del gobierno y del Congreso va a quitar la protección a las unidades de conservación o impedirá nuevas demarcaciones de tierras indígenas y todo resuelto. Dentro de la ley. Y es verdad. Todo está sucediendo siguiendo los famosos "ritos de la ley". Esta es la perversión máxima.

Siempre se ha dicho que el problema de la Amazonia era la ausencia del Estado. Lo que se identifica hoy es que no se trata solo de la ausencia del Estado, sino de la forma como el Estado se hace presente, cuando se hace presente. Y no se trata solo de no hacer cumplir la ley, sino de que la ley promueve la injusticia. Lo que vivimos en la Amazonia, gracias a Brasilia, es la descripción exacta de la frase del antropólogo estadounidense James Holston, autor de Insurgent Citizenship (Ciudadanía insurgente): "No solo la ley produce ilegalidad e injusticia, sino también la ilegalidad y la injusticia producen la ley".

Cuando el actual proceso de legalización de la apropiación se inició en el gobierno de Lula, se hizo con el silencio de antagonistas históricos del latifundio y de la apropiación. "Las principales centrales sindicales, los principales movimientos socioterritoriales y la mayoría absoluta de los intelectuales están en silencio, por lo tanto, en connivencia", escribió el profesor Ariovaldo Umbelino de Oliveira al analizar el proceso. Al convertirse en gobierno, los movimientos sociales y también los sindicatos se callaron, como el propio MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra). Esta también es parte de la explicación de cómo se impuso la hidroeléctrica Belo Monte en el Xingú tras décadas de resistencia en las que los movimientos sociales de la región de Altamira tuvieron un papel decisivo.

Pero lo que sucedió en la región de Altamira, donde la mayoría de los movimientos sociales fueron reclutados por el gobierno y los que no lo fueron tardaron en creer lo que estaba pasando y, por lo tanto, tardaron en actuar, se repite en toda la Amazonia (y posiblemente en todo Brasil). Cuando Temer y su pandilla, que incluye parte del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), tomaron el poder, se encontraron con un territorio más que propicio: la resistencia en las regiones con más conflictos de la Amazonia estaba desorganizada y dividida. El proyecto de conciliación de Lula también tuvo el efecto de minar la resistencia a la apropiación y al latifundio en la Amazonia Legal y de convertir la "reforma agraria" en casi una palabrota. La reforma agraria, como señalan los autores de "Quien deforesta es el dueño", fue sustituida por "regularización de tierras". Y, en este punto, ya podemos entender qué significa hoy "regularización de tierras".

Como señaló Cândido Neto da Cunha, ingeniero agrónomo y perito agrario del INCRA (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria) en el oeste del estado de Pará desde 2006, en la presentación del libro, "las grandes obras de infraestructura vendrían acompañadas de pretendidas preocupaciones sociales y ambientales, y deberían contar con diálogo y participación, implicar a actores antagónicos en planes de compensación, mitigación y desarrollo". Se estableció una dinámica que, en Belo Monte, por ejemplo, se vuelve explícita: la de confundir a propósito derechos con privilegios y, especialmente, confundir políticas públicas con favores al emprendedor, en este caso, la Norte Energia, concesionaria de la hidroeléctrica. "El ideario de que el acceso a los derechos básicos y a las políticas públicas estaban exclusivamente vinculados a la ejecución de las empresas estuvo presente durante ese momento político, en el que se practicó, exhaustivamente, la conciliación de intereses hasta entonces vistos como irreconciliables", afirma Cunha.

En el camino de ese proceso, que merece la construcción de un nuevo concepto de perversión, hay muy pocos personajes que resisten de hecho y luchan por la selva amazónica: los indígenas, ribereños, quilombolas y campesinos. Hay socioambientalistas, investigadores, periodistas, militantes de movimientos sociales y, a veces, defensores públicos, agentes de la Fiscalía y funcionarios que todavía mantienen la dignidad en órganos cada vez más desprestigiados y/o reducidos, como FUNAI (Fundación Nacional del Indígena), IBAMA, INCRA e ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad). Hay artistas y activistas que se movilizan en los momentos en que la tensión ultrapasa los límites de la selva y consigue alcanzar los medios de comunicación nacionales, a veces más difíciles de escalar que el Everest.

Pero los que están en la línea de frente, los que están en la línea de muerte, son los más frágiles. La mayoría de las veces, están allí solo con su cuerpo. Y acaba lleno de balas. Son ellos los que defienden hoy la mayor selva tropical del planeta en tiempos de cambio climático producido por la acción del ser humano. Y la defienden casi solos. Y es evidente que no pueden continuar solos defendiendo algo que es patrimonio de todos, y que se vuelve cada vez más esencial para la supervivencia de la propia especie humana.

La vuelta atrás de Temer y su pandilla con relación a la RENCA es una pequeña victoria, posiblemente provisional. Pero si los brasileños quieren luchar de hecho por la Amazonia, tienen que hacer mucho más. Las lágrimas de Gisele Bündchen tiene que sumarse a las lágrimas invisibilizadas de los familiares de aquellos que pierden la vida defendiendo la selva. Los que mueren uno a uno. Hay que producir memoria sobre cada uno de los que mueren y volver más viva su lucha para que no mueran más. Con cada uno de ellos muere un trozo de selva. Es uno menos. Es un mundo menos en el mundo.

La Amazonia moviliza todo el imaginario de Brasil. En un momento de tantas disoluciones, en que la propia ciudad de Río de Janeiro, con toda su simbología de ciudad maravillosa, se ha convertido en el retrato más explícito de las penurias actuales y de los conflictos históricos del país, la Amazonia como imaginario de potencia sea quizá todo lo que queda de una idea de Brasil que gira en falso hace mucho más tiempo.

En los tiempos de chovinismo de la dictadura civil y militar, el grito "¡La Amazonia es nuestra!" sirvió para legitimar la invasión de tierras indígenas y el genocidio indígena. Hasta hoy este grito se manipula siempre que les conviene a aquellos que quieren convertir la Amazonia no en nuestra, sino en suya. Para ello, inventan una supuesta amenaza extranjera, mientras entregan la selva a grandes empresas mineras. Como la canadiense Belo Sun, que hoy está instalada en la Vuelta Grande del Xingú para lo que se presenta como la mayor extracción de oro de la historia, amenazando todo el ecosistema, a los ribereños y a los pueblos indígenas de una región ya extremamente impactada por la hidroeléctrica Belo Monte. Aquellos que manejan los hilos de Belo Sun apuestan que las acciones judiciales en curso no le impedirán que se transforme en hecho consumado, como sucedió con Belo Monte y otros grandes emprendimientos en la Amazonia.

En este momento, la mayor selva tropical del mundo se convierte de forma acelerada en propiedad privada de criminales legalizados por aquellos que constituyen el gobierno y el Congreso posiblemente más corruptos de la historia reciente. Y quien la defiende son justamente los pueblos para quienes la selva no es propiedad, sino vida.

Y esta no es una frase de efecto, sino una diferencia profunda. Lo que se está disputando nos acompaña desde la fundación de lo que se llama Brasil, donde que la propiedad privada se sacraliza y el ladrón de tierras se ve como un "explorador". Lo que se está disputando es como mirar la selva: como propiedad privada de pocos o como vida para todos, humanos y no humanos. La sangre nos indica qué lado está perdiendo. Falta saber de qué lado está cada uno.

Eliane Brum es escritora, reportera y documentalista. Autora de los libros de no ficción Coluna Prestes - O Avesso da Lenda, A Vida que Ninguém vê, O Olho da Rua, A Menina Quebrada, Meus Desacontecimentos, y de la novela Uma Duas. Web: desacontecimentos.com. E-mail: elianebrum.coluna@gmail.com. Twitter: @brumelianebrum. Facebook: @brumelianebrum.

Fuente:

Eliane Brum, La Amazonia no es nuestra, 04/10/17, El País.