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| Central Nuclear de Garoña, en Burgos, España |
España. Gestionar el combustible gastado y los residuos radiactivos de alta actividad costará más de 8.753 millones hasta final de siglo. La clausura de las centrales, otros 4.175 millones.
por Manuel Planelles
Hablar de energía
nuclear -aunque sea después de echar el cierre como es en el caso
de las centrales de Zorita o de Garoña- es hablar de muchos ceros.
La peligrosidad de los residuos que se generan durante el proceso
para producir electricidad en las centrales nucleares -unos
desechos que se mantienen activos durante miles de años- hace que
sea muy costosa su gestión posterior.
Enresa (Empresa
Nacional de Residuos Radiactivos SA) es la entidad que en España
tiene encomendada la gestión de esos desechos y el desmantelamiento
de las centrales. Según la última actualización de Enresa sobre
los costes de la gestión completa de “los residuos radiactivos y
el combustible gastado”, la factura ascenderá a 17.397 millones
entre 2010 y 2088, según concretan fuentes de esta empresa pública.
El grueso de la
factura -más de la mitad- se lo come la gestión de ese
combustible gastado y los residuos de alta actividad; en total, 8.753
millones hasta 2088, según la última proyección de Enresa, que
anualmente debe actualizar esas cuentas. La clausura de las centrales
nucleares es la otra gran partida: 4.175 millones.
En ambos casos,
en el de la clausura completa de las centrales y en la gestión
definitiva de los residuos, se está en un terreno casi ignoto. La
energía nuclear es una tecnología joven. Y “en el mundo hay poca
experiencia en el desmantelamiento de reactores”, señalaba un
informe de la Comisión Europea sobre la industria nuclear de 2016.
Cuando se publicó ese documento, había 129 reactores en activo en
la UE, repartidos en 14 de los 28 miembros de la UE. Cerrados
permanentemente había otros 89. Pero el informe incidía en que solo
a tres -todos en Alemania- se les podía considerar desmantelados
completamente.
Partiendo de los
cuestionarios que cada miembro de la UE le envió, la Comisión
concluía que 50 de los 129 reactores europeos que están en
funcionamiento cerrarán de aquí a 2025. En el caso de España,
cinco de los siete que funcionan ahora tendrán que estar cerrados
para esa fecha si el Gobierno no consigue, como pretende, que operen
más allá de los 40 años para los que en principio fueron
diseñados.
Partiendo de la
información que los 14 países nucleares de la UE ofrecieron, la
Comisión concluyó que el coste total del desmantelamiento y el
manejo de los residuos radiactivos será de 253.000 millones de euros
hasta 2050. Se reparte casi a partes iguales: 123.000 para el
desmantelamiento de las centrales y 130.000 para la gestión de los
desechos. En esta última cantidad la Comisión incluía los
denominados almacenamientos geológicos profundos, ideados como
depósito definitivo, pero que aún ningún país ha conseguido poner
en marcha. Mientras, la solución que se ha buscado son los almacenes
temporales, pensados para periodos de entre 50 y 70 años.
Pero, ¿quién
debe asumir el coste de esta enorme factura? En España, se supone
que las empresas propietarias de las centrales, que son las que
financian a Enresa a través de varias tasas.
La gestión de la
basura radiactiva se rige en Europa por una directiva de 2011, que en
el apartado dedicado a la financiación establece que se debe tener
en cuenta “la responsabilidad de los productores de combustible
nuclear gastado y de residuos radiactivos”. En su artículo primero
advierte: “la presente directiva establece un marco comunitario
para asegurar la gestión responsable y segura del combustible
nuclear gastado y de los residuos radiactivos, con el fin de evitar
imponer a las generaciones futuras cargas indebidas”.
Pero un completo
informe del Tribunal de Cuentas de 2015 advertía, precisamente, de
que con el sistema actual de tasas las “generaciones futuras”
tendrán que asumir “parte de los costes derivados de la clausura y
desmantelamiento de las instalaciones nucleoeléctricas”. En ese
estudio se estimaba que, en 2028 -cuando las centrales ya no
pagaran las tasas por estar ya paradas al haber cumplido los 40-
quedaría por cubrir el 28,1% de lo que Enresa requerirá para
gestionar los residuos de las centrales hasta 2085. El tribunal cifró
en 2015 en 1.800 millones el desfase. Y pedía que se aumentaran las
tasas.
Sin embargo, los
propietarios de las centrales -las tres principales eléctricas-
han pedido justo lo contrario: que se le reduzcan las cargas
impositivas -el Gobierno creó en 2012 dos nuevos tributos que
gravan los residuos nucleares- porque consideran que ponen en
peligro la viabilidad de esta energía en España. El Ejecutivo ha
rechazado hasta ahora rebajar esa carga fiscal. Y el Tribunal de
Cuentas en su informe de 2015 resaltaba que la fórmula de los dos
nuevos impuestos de 2012 era “contradictoria con el modelo
garantista adoptado por España”, ya que, a diferencia de las
tasas, no eran finalistas y el Estado puede emplear para cualquier
fin lo recaudado.
A la espera de un
almacén temporal centralizado
Al margen del
económico, hay otro flanco técnico -y político- abierto en la
gestión de los residuos nucleares en España: la construcción en
Cuenca de un almacén temporal centralizado para los desechos de
todas las centrales, que acumula años de retraso. Tras las dudas
mostradas por algunos técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN), el Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó un decreto que
impedía la construcción del almacén en Villa de Cañas alegando
posibles daños ambientales.
Pero el Tribunal
Supremo suspendió a principios de este año aquel decreto, al
concluir que la “seguridad nuclear” está por encima de los
intereses medioambientales. Enresa, que es la encargada de este
proyecto, reanudó entonces la tramitación del almacén, que está
pendiente del visto bueno del Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente. Mientras, las centrales han tenido
que recurrir a almacenes individuales dentro de sus instalaciones
para guardar el combustible gastado y para poder seguir operando.
Fuente:
Manuel Planelles, Energía nuclear: Una enorme y duradera factura tras el cierre, 23/10/17, El País.
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